Pablo Rodríguez lamenta que el Estado continúe rechazando todas las vías ofrecidas por Canarias para resolver este conflicto

El consejero aclara en sede parlamentaria que la transferencia de competencias a la comunidad autónoma está claramente recogida y fundamentada en la Ley Orgánica 1/2018

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha explicado este martes, durante la sesión plenaria del Parlamento, que los servicios jurídicos del Ejecutivo están ultimando los detalles del recurso que presentará la comunidad autónoma ante el Tribunal Constitucional sobre la gestión del litoral.

Rodríguez ha aclarado que, en primer lugar, es fundamental comprender la diferencia entre la transferencia de competencias y el traspaso de servicios y funciones. “El reconocimiento legal como responsables en exclusiva de esta materia ya está recogido en la Ley Orgánica 1/2018, por lo que no cabe discusión ni disputa ante este hecho”, ha subrayado.

En este sentido, el consejero ha explicado que, por tanto, el Real Decreto 713/2022 se enfoca al traspaso de servicios y funciones en relación con las competencias transferidas a Canarias. “Sin embargo, es con ese traspaso de servicios y funciones con el que no estamos de acuerdo, ya que lo consideramos insuficiente y por ello reclamamos su revisión”.

En la comisión bilateral celebrada el pasado 22 de abril, el Ejecutivo trasladó a los representantes del Ministerio la imperiosa necesidad de acometer su revisión. “Consideramos que esta norma es un engaño, ya que no se ajusta a las competencias exclusivas que, desde 2018, son responsabilidad de nuestra comunidad autónoma, para asegurar que se respeten plenamente las competencias reconocidas en nuestro Estatuto.

Asimismo, el consejero ha reconocido que las posiciones Canarias-Estado en este tema están muy encontradas y, además, son posturas firmes al estar respaldadas cada una por diferentes informes, entre otros, de los órganos consultivos, tanto del Estado como de Canarias. “Ante esta situación de discrepancia irreconciliable desde el plano político, solo el Tribunal Constitucional puede dirimir y resolver el conflicto que actualmente nos enfrenta”.

Para concluir, Rodríguez ha explicado que la intención del Gobierno de Canarias es impulsar la Ley Canaria de Costas para mejorar la gestión del litoral de las islas, disponiendo de medios que den respuesta al reto competencial recogido en el Estatuto de Autonomía de Canarias.

En este sentido, el consejero ha asegurado que “no planteamos, en ningún caso, que vayamos a superar lo que establece la Ley de Costas estatal, lo que queremos es lograr una gestión más eficaz y eficiente de los asuntos que afectan a nuestro litoral”.