El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, pone en valor el proceso participativo y anuncia que antes de finalizar el año propondrá un primer texto para consensuar con los grupos parlamentarios

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha informado esta mañana que la primera fase del proceso de escucha y debate sobre la actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias ha concluido con la participación de más de 700 profesionales en diferentes foros y mesas de trabajo, y anunció que antes de finalizar el año pondrá a disposición de los grupos parlamentarios un primer borrador para consensuar su aprobación.

El consejero ha detallado el proceso vivido en los últimos seis meses, en los que se han sucedido encuentros con el personal del Gobierno de Canarias y sus empresas públicas, además de con técnicos de municipios, cabildos y órganos ambientales, en un programa participativo coordinado por la empresa pública Gesplan.

La primera fase del proceso de debate y escucha dio comienzo a finales de 2023, durante la celebración del congreso anual de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (ACADUR), y ha terminado con la última de las tres jornadas organizadas por el Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, encuentro al que se han incorporado representantes de colegios profesionales, empresarios, sindicatos y colectivos ecologistas.

En concreto, han participado más de 200 técnicos municipales e insulares, así como una treintena de expertos de los órganos ambientales, además de unos 500 profesionales en las diferentes jornadas organizadas por las instituciones colaboradoras.

El consejero ha agradecido la felicitación pública manifestada por la Federación Canaria de Municipios (Fecam) respecto al proceso de escucha, y ha reiterado que el Gobierno “va a ser el principal aliado de cabildos y ayuntamientos para acabar con la paralización en la tramitación de algunos expedientes”.

Manuel Miranda: «El Gobierno de Canarias va a ser el principal aliado de cabildos y ayuntamientos para acabar con la paralización en la tramitación de algunos expedientes»

Manuel Miranda ha adelantado que, como primeras conclusiones, “se ha detectado que las administraciones locales requieren de mayor personal para aplicar la Ley”, y que es necesario “diferenciar entre instrumentos complejos de gran alcance y otras modificaciones de menor calado”. El consejero también ha destacado que del debate generado se deduce que será imprescindible “aportar más claridad a algunos artículos interpretables” o “analizar el procedimiento de comunicación previa o la motivación de los proyectos de interés insular”.

La Consejería de Política Territorial y el Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y el Hierro organizan una jornada sobre desafíos del planeamiento, protagonizada por urbanistas, técnicos de otras administraciones de todo el Estado y expertos universitarios

La viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate, ha defendido hoy la modificación de la Ley del Suelo, “profundizando en sus principios de agilización y simplificación y para asumir los nuevos retos surgidos desde su aprobación, como el desarrollo de las políticas relacionadas con la Agenda Urbana, con la propia modificación del Estatuto de Autonomía o las tensiones en el mercado de la vivienda”.

Estas declaraciones las ha hecho en el marco de una jornada de debate sobre los retos del planeamiento, que se ha celebrado hoy en la sede del Colegio de Arquitectos de Canarias y en la que han participado arquitectos y urbanistas, técnicos de otras comunidades autónomas y ayuntamientos de todo el Estado, y expertos de varias universidades del país.

Durante todo el día se han debatido asuntos relacionados con los desafíos de la planificación urbanística en Canarias, la simplificación del contenido y agilización de la tramitación de los planes generales, mejora de la seguridad jurídica o los retos de las leyes del territorio.

Elena Zárate, que estaba acompañada por el director general de Ordenación del Territorio, Onán Cruz, ha explicado que los años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley del Suelo, en 2017, nos permiten poder realizar un análisis, fruto de la experiencia de estos años, para evaluar los resultados de su aplicación.

Han sido casi 240 los instrumentos de planeamiento aprobados desde entonces, pero la experiencia “nos demuestra que necesitamos rescatar sus principios, de simplificación y racionalización, mejorando todo lo mejorable, escuchando a los técnicos de las corporaciones locales e insulares, colegios profesionales, expertos en planeamiento, colectivos ciudadanos y agentes sociales”.

Zárate ha explicado que desde 2017 se han sucedido algunos nuevos objetivos “a los que debemos adaptar nuestro planeamiento, y los instrumentos normativos como la Ley del Suelo”.

La aprobación de la Agenda Urbana, los proyectos sobre movilidad sostenible, los objetivos relacionados con la cohesión territorial, las tensiones en el mercado de la vivienda o la propia Ley de Cambio Climático suponen nuevos retos, a juicio de la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, que “debemos incorporar a nuestras normas sobre planeamiento”.

Esta jornada celebrada hoy forma parte del proceso de participación iniciado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y referido a escuchar a los diferentes agentes intervinientes en la gestión del territorio de la islas, y que la semana que viene tendrá un nuevo episodio, con las jornadas técnicas con los cabildos insulares para analizar diversos aspectos del planeamiento relacionados con las competencias de estas instituciones.

El consejero de Política Territorial recalcó la importancia de analizar el funcionamiento de la norma, vigente desde 2017, y mejorarla con el consenso de cabildos, ayuntamientos, colectivos y agentes implicados

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha explicado en sesión plenaria del Parlamento autonómico la necesidad de “recuperar el espíritu de simplificación y racionalización que inspiraron la redacción de la Ley del Suelo” y subrayó la importancia de “analizar la norma, vigente desde 2017, para mejorarla con el consenso de cabildos, ayuntamientos, colectivos y agentes implicados en la ordenación del territorio”, indicó el consejero.

Uno de los principales objetivos que se planteó el nuevo Gobierno al tomar posesión, fue el de actualizar la Ley del Suelo en el presente mandato, ya que “es el momento de modificarla para hacerla más efectiva”, dijo Manuel Miranda. Además, el responsable de la consejería de planificación y ordenación del territorio puso en valor el diálogo con todos los agentes implicados “para que cada uno, desde sus respectivos campos, pueda aportar su experiencia y hacer sus aportaciones”, prosiguió Miranda.

En su intervención Miranda subrayó que “el planeamiento no debe ser un obstáculo para la cohesión del territorio, la dinamización económica y el empleo; tiene que ser el motor de un desarrollo sostenible y de la protección del territorio en el Archipiélago. Paradójicamente, la mayor parte de los problemas que tienen hoy las administraciones canarias para desarrollar su planeamiento los hemos creados las propias administraciones”, concluyó.

La consejería de Política Territorial aboga por proyectar “la Canarias que queremos dejar a nuestros hijos y nietos”, por lo que la mejora de la Ley del Suelo pasa por analizar y estudiar qué medidas pueden mejorar su funcionamiento y aplicación, “escuchando y siendo aliados de las corporaciones locales e insulares, colegios profesionales, expertos en planeamiento, colectivos ciudadanos y agentes sociales” aseguró Miranda.

Como punto de partida, el Ejecutivo canario ya se reúne de manera interna con técnicos y funcionarios, tanto de la Consejería de Política Territorial como de otras áreas del Gobierno relacionadas e implicadas, para tener el conocimiento de cuáles son los principales escollos -a nivel administrativo y burocrático- con los que se encuentra la administración para impulsar de una forma ágil la aplicación de la Ley.

Posteriormente se llevarán a cabo las reuniones con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Federación Canaria de Islas (Fecai), además de encuentros con cabildos y ayuntamientos específicos para llegar a acuerdos y consensos.

En última instancia los responsables de ordenación urbanística y planificación de los espacios naturales protegidos mantendrán “encuentros con colectivos y agentes sociales, colegios profesionales y otros sectores implicados, así como con la ciudadanía en general”, explicó el consejero.

Manuel Miranda explicó en su intervención parlamentaria que “esta última fase se desarrollará mediante el formato de jornadas y una plataforma online que nos permita documentar todo el proceso y que sirva de nexo de comunicación a lo largo de todo el trámite de actualización de la Ley”, finalizó el consejero de Política Territorial.