El consejero de Política Territorial recalcó la importancia de analizar el funcionamiento de la norma, vigente desde 2017, y mejorarla con el consenso de cabildos, ayuntamientos, colectivos y agentes implicados

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha explicado en sesión plenaria del Parlamento autonómico la necesidad de “recuperar el espíritu de simplificación y racionalización que inspiraron la redacción de la Ley del Suelo” y subrayó la importancia de “analizar la norma, vigente desde 2017, para mejorarla con el consenso de cabildos, ayuntamientos, colectivos y agentes implicados en la ordenación del territorio”, indicó el consejero.

Uno de los principales objetivos que se planteó el nuevo Gobierno al tomar posesión, fue el de actualizar la Ley del Suelo en el presente mandato, ya que “es el momento de modificarla para hacerla más efectiva”, dijo Manuel Miranda. Además, el responsable de la consejería de planificación y ordenación del territorio puso en valor el diálogo con todos los agentes implicados “para que cada uno, desde sus respectivos campos, pueda aportar su experiencia y hacer sus aportaciones”, prosiguió Miranda.

En su intervención Miranda subrayó que “el planeamiento no debe ser un obstáculo para la cohesión del territorio, la dinamización económica y el empleo; tiene que ser el motor de un desarrollo sostenible y de la protección del territorio en el Archipiélago. Paradójicamente, la mayor parte de los problemas que tienen hoy las administraciones canarias para desarrollar su planeamiento los hemos creados las propias administraciones”, concluyó.

La consejería de Política Territorial aboga por proyectar “la Canarias que queremos dejar a nuestros hijos y nietos”, por lo que la mejora de la Ley del Suelo pasa por analizar y estudiar qué medidas pueden mejorar su funcionamiento y aplicación, “escuchando y siendo aliados de las corporaciones locales e insulares, colegios profesionales, expertos en planeamiento, colectivos ciudadanos y agentes sociales” aseguró Miranda.

Como punto de partida, el Ejecutivo canario ya se reúne de manera interna con técnicos y funcionarios, tanto de la Consejería de Política Territorial como de otras áreas del Gobierno relacionadas e implicadas, para tener el conocimiento de cuáles son los principales escollos -a nivel administrativo y burocrático- con los que se encuentra la administración para impulsar de una forma ágil la aplicación de la Ley.

Posteriormente se llevarán a cabo las reuniones con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Federación Canaria de Islas (Fecai), además de encuentros con cabildos y ayuntamientos específicos para llegar a acuerdos y consensos.

En última instancia los responsables de ordenación urbanística y planificación de los espacios naturales protegidos mantendrán “encuentros con colectivos y agentes sociales, colegios profesionales y otros sectores implicados, así como con la ciudadanía en general”, explicó el consejero.

Manuel Miranda explicó en su intervención parlamentaria que “esta última fase se desarrollará mediante el formato de jornadas y una plataforma online que nos permita documentar todo el proceso y que sirva de nexo de comunicación a lo largo de todo el trámite de actualización de la Ley”, finalizó el consejero de Política Territorial.