La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, afirma que la nueva Renta Canaria de Ciudadanía entra en vigor este mes de marzo pero será efectiva para las familias perceptoras en la nómina del mes de abril

La nómina relativa al mes de marzo de 2023 de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), la última de esta prestación ya que desaparece al ser efectiva la entrada de la nueva Renta Canaria de Ciudadanía en la nómina de abril, cierra el ciclo de esta prestación y lo hace, registrando el mayor número de familias protegidas en sus 16 años de historia, un total de 12.538.

Según indica la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, “la PCI se despide con el mayor número de perceptores de su historia, lo que es una gran noticia ya que demuestra que hemos trabajado para alcanzar al mayor número de familias protegidas y, además, para que de esta forma la primera fase de la Renta Canaria de Ciudadanía llegue a una mayor parte de esa ciudadanía que más lo necesita”.

“Pero nuestro objetivo es no detenernos aquí, queremos seguir avanzando para conseguir una Canarias en la que haya menos desigualdad”, aclara la responsable autonómica del área de Derechos Sociales quien enfatiza la importancia del esfuerzo e implicación de los equipos técnicos y profesionales que han venido trabajando en la gestión de la PCI en Canarias durante todos estos años.

La entrada en vigor de la Renta Canaria de Ciudadanía supone una avance con respecto a la PCI ya que permitirá ofrecer cobertura social a una mayor cantidad de grupos de población al ampliar la cuantía de la renta y los perfiles de las personas que se pueden beneficiar de esta renta así como al contemplar un conjunto de complementos en la nómina como los de rentas de trabajo, vivienda o pensiones no contributivas, ofreciendo una mayor protección a las familias canarias en situación de vulnerabilidad social.

Un total de 4.504 familias que reciben la PCI y cumplen esa condición en Canarias se beneficiarán de esta medida a partir de octubre

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, jueves 29 de septiembre de 2022, en Consejo el decreto ley por el que se actualiza el importe del complemento por menor a cargo de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), por lo que se incrementa la cuantía de las nóminas que reciben las familias beneficiarias de esa ayuda con menores a cargo en 30 euros al mes, pasando de 50 euros actuales a los 80 euros mensuales.

Esta medida supone que un total de 4.504 familias beneficiarias de la PCI que tienen menores a cargo, según datos de septiembre, así como las familias que, durante este año y hasta la entrada en vigor de la ley que regulará la Renta Canaria de Ciudadanía pudieran darse de alta en el sistema, se verán beneficiadas por ese incremento mensual a partir del próximo mes de octubre.

De esta forma, el decreto ley contempla la actualización del complemento fijo mensual que se incrementa pasando de los 50 euros por menor a cargo a una nueva cuantía de 80 euros, con el fin de garantizar la protección a la infancia y la lucha contra la pobreza infantil en el contexto de la situación económica actual marcada por subida de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de las familias, especialmente de las más vulnerables.

Según expuso la Consejería de Derechos Sociales, la evolución de la economía, que sigue marcada por la crisis social y económica ahora agravada con la guerra de Ucrania, así como el aumento de los precios de los productos básicos, han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la protección social en aquellos hogares más vulnerables en los que hay menores.

Esta subida se suma al refuerzo de otras prestaciones económicas llevadas a cabo por la Administración del Estado, que se ha recogido en subidas temporales, mientras dure la situación de inflación, del 15%, incrementos efectuados en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y en las pensiones no contributivas, correspondiendo a nuestra Comunidad Autónoma, igualmente, realizar los refuerzos propios de las prestaciones autonómicas destinadas a las personas con pocos ingresos, en especial en aquellas familias con menores a cargo.

El número de beneficiarios de la Prestación Canaria de Inserción alcanza las 10.868 familias en abril, lo que implica un aumento de más de 500 con respecto a marzo de 2022

“Estos incrementos son resultado de las cuatro reformas de la ley que regula la prestación social con el fin de ofrecer una mayor protección a la ciudadanía canaria”, asegura la consejera del área, Noemí Santana

“En abril, hemos registrado un nuevo récord histórico de familias protegidas por la PCI en Canarias, alcanzando las 10.868 familias, lo que supone 500 familias más que en marzo y casi el doble que desde el principio de la legislatura (en julio de 2019, eran 5.687 las familias beneficiarias)”, asegura la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana.

“Estas cifras no son producto de la casualidad, sino de las cuatro reformas de la ley que regula esta prestación económica, impulsadas por este Gobierno”, afirma Santana, quien recuerda que “nunca la Prestación Canaria de Inserción ha ofrecido tanta cobertura a las personas y familias en situación de vulnerabilidad social en nuestra tierra”.

Con este dato, sumado a las 20.000 familias que perciben el Ingreso Mínimo Vital, en este momento en Canarias están protegidas más de 30.000 unidades de convivencia.

“Todo ello demuestra el esfuerzo que desde el departamento de Derechos Sociales del Gobierno canario, a través de su equipo técnico, se está realizando para combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía canaria”, arguye Santana, quien recuerda que “este esfuerzo también se refleja en la reducción del tiempo de gestión de las solicitudes y de las renovaciones pendientes que se han reducido a la mitad de las de hace tres meses”.

En cuanto a financiación, hay que recordar que la financiación de la Prestación Canaria de Inserción alcanza este año una partida presupuestaria de 66,5 millones de euros, 30 millones más que en 2019, año cuya partida fue de 36 millones de euros. En 2020, la partida llegó a los 42 millones y en 2021, a los 51 millones de euros.

Los perceptores de la PCI, PNC y Fondo de Asistencia Social contarán con un pago único no renovable de 250 euros

Además, se contempla, un pago extraordinario para hacer frente a los gastos ocasionados por la situación derivada de la erupción

El Consejo del Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto-ley por el que se aprueba el abono de una prestación extraordinaria a las personas titulares de las Pensiones no Contributivas (PNC), del Fondo de asistencia Social, del subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), para paliar los efectos sociales derivados de la covid-19.

Además, se ha aprobado también un suplemento extraordinario a las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción residentes en los municipios de los Llanos de Aridane, el Paso y Tazacorte para paliar los efectos sociales derivados de la crisis volcánica y otras medidas en los ámbitos social y agrario.

El objeto de este decreto-ley es el establecimiento de una prestación social finalista y de carácter extraordinario de 250 euros a favor de las personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción; pensiones de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas (PNC), del Fondo de asistencia social (FAS), del Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), concebida como prestación económica para cubrir los gastos sobrevenidos por motivo del COVID 19, a fin de atender la adquisición de los medios de protección de obligado cumplimiento.

Se trata de una prestación finalista y personal destinada a compensar gastos que se realicen por las personas beneficiarias derivados de la pandemia del COVID-19, de carácter extraordinario de 250 euros, que se abonarán mediante un pago único.

Además, el decreto-ley contempla el establecimiento de una prestación social extraordinaria a favor de las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), residentes en los municipios afectados por la erupción volcánica en La Palma de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, con el objeto de hacer frente a los gastos directos o indirectos ocasionados por la situación derivada de la crisis volcánica.

Se trata de una prestación extraordinaria y de abono único cuya cuantía será la misma de la PCI tenga reconocida la unidad de convivencia, incluyendo el complemento por menor a cargo.