La Fiscalía tiene sospechas de "práctica de crímenes de fraude fiscal, estafa, abuso de confianza y blanqueo de capitales, relacionados con traspasos de futbolistas y circuitos financieros que involucren a intermediarios en estos negocios"

La Fiscalía y la Agencia Tributaria portuguesas han dado una vuelta de tuerca durante el último año y medio para fiscalizar las grandes operaciones del fútbol luso y ejercer un mayor control sobre el dinero y las comisiones que generan los millonarios traspasos de los futbolistas.

El Ministerio Público tiene en marcha tres mega-operaciones que afectan a clubes, agentes deportivos y despachos de abogados donde están investigadas decenas de personas y varias entidades ante sospechas de delitos de fraude fiscal o blanqueamiento de capitales.

Tarjeta Roja o Fuera de Juego han sido algunos de los nombres que han usado en la Fiscalía para denominar a las operaciones en curso, que acumulan cientos de registros y numerosa documentación incautada.

FUERA DE JUEGO

La primera intervención para fiscalizar las operaciones de traspasos y compra-venta de jugadores de clubes portugueses saltó a la luz el 4 de marzo de 2020 y adquirió gran dimensión internacional ya que fue registrada en Oporto la casa de Iker Casillas, exjugador del club de "los dragones".

La Fiscalía se centró en la búsqueda de pruebas para comprobar si en dichos negocios se habrían evadido impuestos al fisco luso, sobre todo desde el año 2015.

Tras los registros de ese día, fueron imputadas en calidad de "investigadas" 23 personas y 24 sociedades, entre los que se encuentran futbolistas, agentes deportivos, intermediarios, abogados o dirigentes.

Ese mismo día se practicaron registros en 76 dependencias, entre ellas en clubes como Oporto, Sporting o Benfica, que hicieron pública su intención de colaborar.

El propio guardameta español, ya retirado del fútbol en activo, comunicó entonces que estaba "absolutamente tranquilo" en relación a las investigaciones y que tenía "plena confianza" en la Justicia portuguesa.

La operación Fuera de Juego retomó este miércoles los registros y practicó una veintena de pesquisas para esclarecer posibles delitos de fraude al fisco o a la seguridad social y blanqueamiento de capitales.

El objetivo, según la Fiscalía, el esclarecimiento de supuestos "negocios simulados celebrados entre clubes de fútbol y terceros" para "ocultar rendimientos" que debían ser declarados al fisco y que también implican a "jugadores de fútbol profesional".

Fueron registradas las sedes del Braga y del Vitória de Guimaraes, como confirmaron sendos clubes, además de empresas y despachos de abogados.

Las cantidades de esta última investigación "rondan los 15 millones de euros" y, tras los registros, la Fiscalía constituyó cinco nuevos "investigados" a esta mega operación, tres personas y dos entidades.

INVESTIGACIÓN SOBRE EL PRESIDENTE DEL OPORTO

En el marco de otra investigación y de formada paralela a la Operación Fuera de Juego, el pasado 22 de noviembre fueron practicados 33 registros, sobre todo en la zona de Oporto.

El club del Oporto confirmó que ese día fueron registradas sus oficinas y, según trascendió en medios locales, la Fiscalía y Agencia Tributaria habrían inspeccionado los domicilios del presidente del Oporto, Jorge Nuno Pinto da Costa, y de su hijo Alexandre, entre otros.

En el punto de mira de esta operación, posibles delitos fiscales relacionados con comisiones de más de 20 millones de euros que se habrían practicado desde 2017 en el marco de traspasos de futbolistas.

TARJETA ROJA

La tercera operación en curso se desencadenó el pasado 7 de julio con la detención del entonces presidente del Benfica, Luís Filipe Vieira, que acabaría dimitiendo.

Fue arrestado por sospechas de fraude fiscal y blanqueo de capitales, entre otros posibles delitos, en el marco de una investigación para esclarecer posibles negocios fraudulentos de más de 100 millones de euros.

Ese mismo día también fue arrestado el hijo del presidente del Benfica y la Justicia imputó en la operación en calidad de investigados a dos empresarios.

Además, según medios portugueses, alguna persona aparece investigada en las tres operaciones en marcha que, de momento, están bajo secreto de justicia.