El presidente Fernando Clavijo y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, suscribieron hoy un acuerdo con representantes de las entidades Cajamar Caja Rural, Cajasiete, Caixabank y BBVA, que promueve el anticipo de fondos a las personas beneficiarias de las ayudas del PEPAC y del FEMPA así como el préstamo de las cuantías que deben asumir para la realización de las inversiones aprobadas

El Gobierno de Canarias ha formalizado hoy martes, 11 de febrero, un convenio de colaboración con cuatro entidades bancarias para facilitar el acceso a crédito a las personas beneficiarias de subvenciones previstas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) y en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

Mediante un acto celebrado en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, ratificaron este acuerdo junto a la directora de zona de la provincia de Santa Cruz de Tenerife de Cajamar Caja Rural, María Hernández Cuevas; el director de Instituciones de Canarias del BBVA, Salvador Raya Serrano; el director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido García; y el director de Instituciones de la Dirección Territorial de Caixabank en Canarias, Jesús Carlos Álvarez Domínguez.

En virtud de esta colaboración, las entidades bancarias firmantes se comprometen a dar asistencia crediticia a los profesionales y las profesionales del sector primario que se acogen a fondos de estos dos programas de ayudas europeos, que también cuentan con financiación de la Comunidad Autónoma, en forma de préstamos a su actividad en el ámbito agrario, agroalimentario o pesquero.

Tras la firma del acuerdo, el presidente Fernando Clavijo destacó que esta medida facilita el adelanto de los fondos que reciben los productores y productoras por parte de las administraciones en el marco de estos programas de ayudas, así como el préstamo en condiciones favorables de las cuantías que deben asumir para realizar las inversiones aprobadas y que son objeto de la subvención. “De esta forma, agricultores, ganaderos y pescadores disponen de mayor liquidez en el desarrollo de su actividad y las entidades bancarias contribuyen así a la consolidación del sector y la mejora de su rentabilidad”, agregó.

“Además, la Consejería ha conseguido adelantar el abono de distintas subacciones del POSEI, entre ellas algunas líneas a la ganadería, y ha implementado herramientas informáticas en la gestión de ayudas de la PAC que están permitiendo reducir tiempos y simplificar procesos, sentando las bases para agilizar los abonos, además de realizar modificaciones de los requisitos de concesión de las subvenciones del PEPAC para impulsar la instalación de jóvenes y reforzar el apoyo a quienes han creado una empresa agraria recientemente, entre otras mejoras”, añadió.

Por su parte, el titular del área, Narvay Quintero recordó que este tipo de colaboraciones con los bancos se remonta a su anterior etapa como consejero, durante la legislatura 2015-2019, “con la novedad de que en esta ocasión se ha logrado incorporar el programa de ayudas al sector de la pesca y la acuicultura, el FEMPA, lo que supone una importante mejora”.

El acuerdo contempla dos posibles modalidades de préstamo, de manera que, por un lado, quienes se acojan a esta iniciativa podrán solicitar el anticipo de los fondos una vez que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo canario haya emitido la correspondiente resolución definitiva de concesión.

Asimismo, por otro lado, según la segunda tipología que recoge el convenio existe la posibilidad de financiar la parte privada de la inversión aprobada para poner a disposición del beneficiario o beneficiaria un porcentaje del importe correspondiente al resto de la inversión, descontada la cuantía de la ayuda concedida, y por anticipado. Todo ello, además, con el compromiso de agilizar los plazos necesarios para la concesión del crédito correspondiente en el menor plazo y facilitando la tramitación de documentación.

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria se compromete a introducir los cambios y subsanaciones necesarias que posibiliten una eficaz gestión de los créditos, así como a facilitar el contacto e intercambio de documentación entre las entidades bancarias y los productores.

Para ello se conformará una Comisión de Seguimiento integrada por el titular de la Dirección General de Agricultura y una jefa o jefe de servicio o sección, así como representantes de cada una de las entidades bancarias. A través de este órgano se realizarán las funciones de vigilancia y control del cumplimiento, además de la coordinación y el asesoramiento técnico para asegurar la adecuada realización del convenio.

En el ámbito de este convenio, que estará vigente hasta el 1 de diciembre de 2028, figuran las distintas subvenciones del PEPAC para el periodo 2023-2027, entre ellas las inversiones en modernización y/o mejora de explotaciones agrarias, inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agroalimentarios, establecimiento de personas jóvenes agricultoras, inversiones en infraestructuras de regadíos con objetivos ambientales de iniciativa privada y cooperación de grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola, todas ellas dirigidas a la consolidación, la rentabilidad del sector agrario, la renovación generacional y la mejora e innovación en el entorno rural.

Asimismo, en el marco de las subvenciones otorgadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, el FEMPA, el convenio pretende contribuir a alcanzar los objetivos de este plan, es decir, el impulso de la economía azul y lograr que los sectores de la pesca y la acuicultura sean más competitivos, por medio la transformación y comercialización de productos de la pesca y la acuicultura.

La Dirección General de Emergencias contará con el respaldo del CSIC para la actualización del PEVOLCA y la formación del personal de protección civil

El Gobierno de Canarias y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA), trabajan conjuntamente, mediante el proyecto europeo VOLCAN, para mejorar la gestión de los riesgos que llevan asociadas las erupciones volcánicas que puedan darse en el archipiélago.

El proyecto VOLCAN, financiado por la Comisión Europea, permitirá prestar al Gobierno de Canarias asesoramiento científico para modificar el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA), así como elaborar mapas de peligrosidad volcánica de todas las islas, que serán desarrollados por el servicio de evaluación y gestión de riesgos naturales (NRAMS) del IDAEA-CSIC.

Estos mapas, que ofrecerán una representación visual de las áreas potencialmente afectadas por peligros volcánicos, serán una herramienta crucial para establecer escenarios, diseñar medidas preventivas, priorizar recursos, coordinar intervenciones durante las emergencias y aumentar la conciencia ciudadana sobre los riesgos y los protocolos de actuación.

Además, el proyecto, en el que también colabora el Instituto Geográfico Nacional (IGN), contempla la formación de personal de Protección Civil e investigador y diferentes acciones divulgativas dirigidas a la población con el objetivo de que se familiaricen con el entorno volcánico en el que viven y conozcan los riesgos a los que se enfrentan y cómo actuar.

El análisis de todos los datos del proyecto VOLCAN permitirá integrar los resultados de la investigación científica sobre la actividad volcánica en el archipiélago con la gestión de la emergencia lo que facilitará la toma de decisiones ante los riesgos volcánicos a los que se enfrenta Canarias.

Como primera acción de este proyecto, Tenerife ha acogido esta semana las primeras jornadas de trabajo en las que el responsable del proyecto e investigador del IDAEA-CSIC, Joan Martí, ha compartido con científicos de diferentes entidades y personal de Protección Civil las líneas básicas de trabajo de este, los objetivos principales, los sistemas de evaluación de la peligrosidad volcánica a corto y largo plazo, así como las herramientas para los mapas de peligrosidad.

En estas primeras jornadas han participado personal de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, Cabildo de Tenerife, Consorcio de Emergencias de Lanzarote, Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Estas mismas jornadas se celebrarán en los próximos meses en las islas de El Hierro, La Palma y Lanzarote.

En el ejercicio económico que ahora comienza está prevista una partida de 2,2 millones de euros para la adjudicación de 90 contratos, frente a los 85 de 2024 o los 60 de cada anualidad de la pasada legislatura

Migdalia Machín: “Lo único que ha cambiado respecto a 2024 es que hemos aumentado el número de contratos y que las convocatorias serán gestionadas por las universidades para que los investigadores puedan cobrar lo antes posible”

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura (CUCIC), seguirá financiando los contratos predoctorales para el personal investigador de la comunidad autónoma en el ejercicio de 2025, tal como ha venido haciendo hasta la fecha.

En concreto, cada universidad recibirá de la CUCIC una partida de 1.100.000 euros destinada a financiar 90 contratos predoctorales en total, incrementando así el número de los mismos respecto a 2024, que fueron 80 inicialmente, incrementados hasta 85 posteriormente; sobre los 60 contratos presupuestados en la anterior legislatura en los ejercicios de 2020, 2021 y 2022, respectivamente.

La consejera del área en el ejecutivo autonómico, Migdalia Machín, ha manifestado que “el gobierno seguirá haciendo frente a este compromiso con el ecosistema investigador de Canarias”, reconociendo que “no estamos satisfechos porque, a pesar del esfuerzo económico, este no es suficiente y debemos seguir incrementando el número de contratos en las siguientes anualidades”.

Preguntada sobre la posibilidad de que el gobierno dejara de financiar estos contratos, que para el personal investigador de Canarias representan una oportunidad significativa de formación y desarrollo profesional, Machín explicó “que no solo no es cierto, sino que en ningún momento se ha planteado dejar de hacerlo” y aclaró que lo único que ha cambiado “es la modificación del procedimiento de la tramitación para que sean las universidades, a las que la consejería les transfiere los fondos destinados a la financiación de los contratos del personal investigador, las que las ejecuten”.

En efecto, hasta la fecha, la convocatoria de los contratos predoctorales en Canarias era realizada por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), dependiente de la CUCIC. Esta entidad organiza las subvenciones para la contratación de personal investigador predoctoral inscrito en programas oficiales de doctorado, con financiación cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus.

Sin embargo, al objeto de reducir el tiempo de espera de la recepción de los fondos de los contratos por parte del colectivo investigador, se decidió que fueran las propias universidades quienes gestionarán los mismos.

El hecho de que las universidades gestionen los contratos predoctorales ofrece varias ventajas, “pero la principal por ser una cuestión fundamental –aclaró Machín–, es la simplificación administrativa ya que centralizar la gestión en las universidades reduce trámites burocráticos al coordinar directamente las convocatorias, contratación y seguimiento, con lo que el ecosistema investigador recibe los fondos en un espacio de tiempo sensiblemente menor”.

El procedimiento para que las universidades gestionen los contratos predoctorales en Canarias se enmarca en la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que regula la contratación de personal investigador mediante convenios específicos. Tanto la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) como la Universidad de La Laguna (ULL), han asumido esta gestión a través de sus vicerrectorados, publicando convocatorias propias bajo principios de concurrencia competitiva. Este cambio permite a las universidades adaptar los contratos a sus programas de doctorado y proyectos de investigación, financiados por fondos públicos o externos.

Por otra parte, también hay que añadir que la Orden de 8 de mayo de 2024, por la que se aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones del departamento, excepto del sector audiovisual, para el periodo 2024-2026 establece en la ficha denominada “Formación de personal investigador” un indicador de gestión de 150 contratos predoctorales al año. Esto significa que la acumulación de contratos de las convocatorias en vigor durante un año debe ser, como mínimo, de ciento cincuenta.

Los contratos tienen una duración de cuatro años. En 2024, por ejemplo, con el importe asignado, se están abonando los contratos correspondientes a convocatorias de años anteriores, además de los de la convocatoria de 2024. Son bastantes más de 150 ya que, en este momento, alcanzan la cifra de 235 contratos.

Por lo tanto, a modo de aclaración, lo que se refleja en el Plan Estratégico de Subvenciones no es el número de contratos que se subvencionan cada año, sino el número de contratos que se están financiando en total cada año, incluyendo las subvenciones concedidas en años anteriores.

Esther Monzón y Carlos Díaz y envían a la ministra de Sanidad un escrito respaldado por unanimidad de las organizaciones sindicales que conforman la Mesa sectorial de Sanidad reclamando la financiación necesaria para garantizar la adecuada asistencia sanitaria a las personas migrantes que llegan a las costas canarias

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, el viceconsejero de Sanidad y director del Servicio Canario de la Salud, Carlos Díaz, y todos los sindicatos del ámbito sanitario del archipiélago con representación en la Mesa sectorial de Sanidad reclaman al Ministerio de Sanidad la financiación adecuada para mantener los dispositivos sanitarios activados en las islas para dar respuesta a la crisis migratoria que vive el archipiélago desde hace meses.

Así, Monzón y los integrantes de la Mesa Sectorial han remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que le reclama “el apoyo del Ministerio y de todo el Gobierno del Estado para la dotación de los recursos necesarios para atender la demanda de asistencia sanitaria a las personas migrantes que llegan a nuestras costas, en lamentables condiciones que requieren de una atención inmediata, urgente y compleja, a la vez que multidisciplinar, suponiendo un desmesurado esfuerzo para el sistema y para los profesionales implicados”.

En el escrito recuerdan que esta situación, anómala y en crecimiento constante, supone una inversión presupuestaria que está siendo asumido por la Comunidad Autónoma de Canarias con sus propios medios, por lo que reclama al Gobierno de España que financie esta actuación que está asumiendo el Gobierno de Canarias, “de modo que contribuyan a paliar la ingente, continua y creciente necesidad de financiación que genera la citada prestación”.

Para concluir la carta, Esther Monzón solicitó al Ministerio de Sanidad que contribuya “a sostener la asistencia sanitaria que requieren las personas migrantes que llegan en condiciones inhumanas a nuestras costas, que requiere un abordaje multidisciplinar complejo en un territorio particularmente sensible, y que conlleva el agotamiento de los recursos disponibles para ello”.

El presidente de Canarias advirtió en el Foro La Toja que “30 años después de la llegada de la primera patera a las islas, Canarias está peor que nunca”

Clavijo adelanta Canarias está avanzando en retos como el turismo, la vivienda o la distribución de la riqueza en las mesas de trabajo constituidas en la Conferencia de Presidentes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, urgió hoy en el Foro La Toja abordar la reforma del sistema de financiación, pero para ello pidió “transparencia”. De esta forma, el jefe del Ejecutivo canario que intervino este viernes en la mesa autonómica del conocido Foro de debate junto a la presidenta de las Islas Baleares, Margarita Prohens, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reconoció sobre el concierto catalán que “nadie sabe lo que se ha pactado sobre el papel” y advirtió sobre los peligros de romper el principio de “solidaridad”.

Sobre la emergencia migratoria en las Islas, el presidente Clavijo reconoció que “tanto la Unión Europea como determinados países han actuado muy bien cerrando la Ruta Mediterránea pero han provocado que toda la presión migratoria recaiga sobre la Ruta Atlántica”.

Fernando Clavijo puso el foco en la situación “crítica” que vive Canarias. Al respecto, subrayó que “30 años después de la llegada de la primera patera a las islas – concretamente, a Fuerteventura- Canarias está peor que nunca”.

Asimismo, se centró en la crisis de los menores no acompañados. En este sentido, reconoció que el archipiélago “no puede seguir soportando en solitario todo el peso migratorio. Tenemos un grave problema al que tenemos que dar respuesta pero no desde Canarias, que ya lo está haciendo, sino desde España, como país, y desde Europa”.

El presidente canario mostró su preocupación porque “se trate de hacer política con los niños cuando -insistió- el fondo de la cuestión es que a esos menores hay que atenderlos” y subrayó que “el Estado no puede mirar para otro lado”.

Fernando Clavijo abogó por la reforma de la ley de extranjería y apeló a la necesidad de “llegar a acuerdos”. En este sentido, reconoció que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, “ya ha dado un paso importante firmando un acuerdo con el Gobierno de Canarias” que confió pueda servir para “el gran acuerdo de país que venimos reclamando”.

La directora general de Transporte ha mantenido un encuentro con representantes de las administraciones insulares para establecer una hoja de ruta que permita la correcta implementación de la gratuidad del transporte público regular de viajeros en Canarias

La directora general de Transporte del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha convocado esta mañana a la Mesa Interadministrativa del Transporte, en la que están representada los Cabildos insulares, para informarle de la decisión del Ejecutivo de eliminar el límite requerido para acceder a la gratuidad del transporte público regular de viajeros en el Archipiélago.

María Fernández ha destacado que “el Gobierno de España inicialmente no vinculó esta subvención a un mínimo de viajes, por lo que el equipo anterior de la Consejería tomó una decisión caprichosa sin basarse en ningún dato fidedigno, creando, por un lado, un estrangulamiento a muchos de los cabildos a la hora de justificar esa subvención y, por otro, un efecto totalmente pernicioso en el modo de viajar de los propios usuarios del transporte”.

En este sentido, la directora ha destacado que la Dirección General de Transportes ha determinado rectificar esta decisión, ya que son los Cabildos los que tienen la competencia para poder discernir cuál es el dimensionamiento y el hábito de comportamiento del viajero medio.

“El Gobierno de Canarias no exigirá un mínimo de 15 viajes para justificar la subvención, y solicitaremos a los cabildos que apliquen los bonos habituales, beneficiando al viajero que use el transporte frecuentemente”.

El organismo ha concedido al Cabildo de Tenerife una subvención de 2 millones de euros que cubrirá, además de los costes de contratación, otros gastos como maquinaria, vehículos y equipamiento

La Consejería de Turismo y Empleo, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), ha concedido una subvención de 2.012.984,15 euros al Cabildo de Tenerife para poner en marcha un plan de empleo dirigido a reducir los efectos del incendio forestal que golpeó a la isla en el verano de 2023.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, explicó que esta partida “permitirá al Cabildo de Tenerife contratar a 63 personas en situación de desempleo, priorizando a aquellos colectivos que cuentan con mayores dificultades de inserción laboral, como parados de larga duración, mayores de 45 años, mujeres y personas con discapacidad”.

Entre los perfiles a contratar se requieren 38 operarios (30 peones forestales y ocho de construcción); dos auxiliares administrativos; un biólogo; un ingeniero de montes o agrónomo; cuatro capataces especializados en Gestión Forestal y del Medio Natural; nueve jefes de grupo forestales o agrícolas; dos jefes de grupo de construcción y seis auxiliares técnicos (motoserristas).

Los trabajadores llevarán a cabo distintas labores de recuperación en los 11 municipios afectados por el incendio forestal: Los Realejos, La Orotava, Santa Úrsula, La Victoria, La Matanza, El Sauzal, Tacoronte, El Rosario, Candelaria, Arafo y Güímar.

Las labores incluyen la restauración de infraestructuras forestales -principalmente senderos- en las zonas del Parque Natural de Corona Forestal, el Paisaje Protegido de Las Lagunetas y en el Paisaje Protegido de las Siete Lomas. También se realizarán trabajos de defensa contra la erosión del suelo, así como labores de restauración y limpieza de la vegetación afectada por las llamas.

Además de los costes de contratación, la subvención del SCE se destinará a cubrir otros gastos, como maquinaria, vehículos o equipamiento. El proyecto deberá finalizar antes del 30 de diciembre de 2024.

Ambas administraciones llevan suscribiendo este convenio desde el año 2002 y aportando el 50% de la financiación cada una, sin embargo en el presente convenio la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias aportará sólo el 40% de la financiación y el Cabildo el 60%

El Cabildo ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno el convenio de cooperación con el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y el Instituto Canario de Igualdad, para la consolidación y mantenimiento del sistema canario de prevención e intervención integral contra la violencia de género en la isla de Gran Canaria.

Este convenio tiene una vigencia de cuatro años (2023-2026) y está dotado con 28.385.763,85 euros que son financiados en un 60% (16.621.297,3 euros) por parte del Cabildo y un 40% por la Comunidad Autónoma de Canarias (11.764.466,5 euros), una diferencia de casi 5 millones de euros más que aporta la Institución insular.

“Con este convenio plurianual el Cabildo de Gran Canaria está garantizando que se cubran correctamente los servicios de la red de atención a las víctimas de violencia de género, a través de los que el año pasado se atendieron a 6.042 mujeres en Gran Canaria”, ha subrayado la consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, Isabel Mena que ha añadido que “no podemos olvidar que en los últimos 4 años, no sólo hemos crecido en servicios poniendo en marcha servicios especializados como la atención a las víctimas de ciberviolencia, sino que también hemos incrementado el personal de los servicios que ya existían y hemos adaptado la cuantía de esos servicios a las subidas salariales que se han producido los últimos 4 años. Por eso consideramos que ha sido un acto de responsabilidad que el Cabildo de Gran Canaria en este convenio financie el 60% porque de esta manera no se va a producir el cierre de ningún servicio de atención a las víctimas de violencia de género y además todos contarán con el personal necesario para que la atención sea de calidad y pueda darse en los 21 municipios de la Isla”.

La consejera Mena ha destacado además que “el incremento de la financiación del Gobierno de Canarias para suscribir el presente convenio de 387.986,28 euros al año, en total 1.318.239,15 euros en 4 años, no es suficiente, si el Cabildo hubiera hecho una aportación proporcional a la que ha hecho el Gobierno de Canarias, tendríamos que haber cerrado los servicios de atención a las víctimas de violencia de género de la Isla, por eso hemos hecho, insisto, un ejercicio de responsabilidad y hemos aportado el 10% más de la financiación que nos correspondía, ya que la cofinanciación de este convenio siempre ha sido a partes iguales, es decir, mitad y mitad”.

En el presente convenio, respecto al anterior (2019-2022), el Cabildo ha incrementado su financiación en 6.408.776,33 euros.

Estas subvenciones fomentan la práctica de la actividad física con plena integración para personas de atención especial, por lo que tienen gran importancia para sus destinatarios

El presupuesto de la Viceconsejería para el próximo ejercicio 2024 multiplica por tres los recursos destinados al fomento del deporte para personas con discapacidad

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias impulsa la realización de programas dedicados a la promoción del deporte para personas con algún tipo de discapacidad a través de su política de subvenciones. En concreto, 26 entidades y proyectos se han beneficiado de los 100.000 euros a los que asciende esta dotación para 2023.

La confirmación de estas ayudas coincide con la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este domingo 3 de diciembre, y se trata de un compromiso adquirido por el actual Gobierno, desde la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes, que dirige Ángel Sabroso, así como la Dirección General con José Francisco Pérez como titular, para contribuir al desarrollo, mejora y consolidación de la práctica deportiva en condiciones de igualdad de los canarios y canarias.

Con estas subvenciones, el departamento que dirige Poli Suárez apoya tanto a deportistas individuales como a entidades públicas, asociaciones o fundaciones residentes en el Archipiélago que, en algunos casos, participan en competiciones de carácter profesional o amateur.

En ese sentido, la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte del Gobierno de Canarias incrementará en un 200% los recursos destinados al fomento del deporte para personas con algún tipo de discapacidad, pasando de esta línea de subvenciones específica, dotada con 100.000 euros, al desarrollo de programas concretos para la discapacidad y el deporte por valor de 300.000 euros para el ejercicio 2024.

En consonancia con las líneas estratégicas del área de Deportes para esta legislatura, estas dotaciones permitirán atender los derechos de colectivos de atención especial al mismo tiempo que se propicia la eliminación de obstáculos para que puedan desarrollar actividades de índole deportiva con plena integración.

El objeto de esta línea de subvenciones, además de mejorar la experiencia de los beneficiarios, es una clara apuesta por el desarrollo de un nuevo modelo de gestión en materia de Deportes del departamento que dirige Poli Suárez enfocado hacia la actividad física como un medio de conexión y conocimiento para la reactivación del sector.

Así, potenciar políticas transversales entre Deportes y otras áreas del Gobierno de Canarias como Sanidad, Educación, Bienestar Social, Turismo, Cultura o Hacienda; poner énfasis en el en valor de la actividad física y el deporte vinculándolo a la igualdad, la familia o la sostenibilidad; además de fortalecer los deportes y juegos autóctonos y tradicionales, son algunas de las líneas estratégicas del actual Gobierno.

V Jornadas Deportivas del CEE Petra Lorenzo

Estos datos fueron expuestos por el viceconsejero Ángel Sabroso durante la celebración, este viernes, en el Pabellón Municipal Rita Hernández de Telde, y con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, previsto para el domingo, de las V Jornadas Deportivas del Centro de Educación Especial (CEE) Petra Lorenzo.

Bajo el lema ‘Di Capacidad’, las jornadas persiguen la creación de entornos más inclusivos que contribuyan a la participación social y a la igualdad de oportunidades del alumnado con diversidad funcional.

Como novedad, este año se ha sumado a esta experiencia, centrada en la etapa de Tránsito a la Vida Adulta, alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior de Actividades Físicas y Deportivas del CIFP Felo Monzón Grau-Bassas, el cual se encargó de dinamizar las actividades tras varias semanas en las que han compartido espacios y prácticas educativas con alumnado y profesorado del CEE Petra Lorenzo.

El Gobierno de Canarias ha autorizado a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias aprobar y conceder el incremento del gasto solicitado por los ayuntamientos canarios por importe de 3.605.923,46 de euros para financiar parte de la actividad relativa a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria

Los 3,6 millones de euros aprobados hoy fueron consignados y previstos en la orden de la Consejería de 29 de diciembre de 2022, por la que se aprobó, mediante tramitación anticipada, el gasto que conlleva las aportaciones dinerarias para 2023, a favor de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, para financiar parte de su actividad, relativa a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, por lo que los 3,6 millones de euros pasan a complementar el gasto ya aprobado en el ejercicio 2022.

Este gasto se corresponde con las aportaciones dinerarias que se concedan a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para llevar a cabo los programas del Plan Concertado de Servicios Sociales, de prestaciones básicas de servicios sociales y apoyo a la gestión de la Ley de Renta Canaria de Ciudadanía.