No hace falta recordar que existe un pacto de legislatura entre el PSOE y diversos partidos, entre ellos PNV, Bildu y los independentistas catalanes, y que mantener ese pacto no sale gratis.

En IUSPORT dimos cuenta recientemente de las enmiendas del PNV al proyecto de ley de presupuestos del Estado para 2022.

Una de ellas se refiere a los avales que deben prestar los directivos de los clubes que no son SAD, es decir, FC Barcelona, Real Madrid, Athletic Club y Atlético Osasuna (los 4 exentos en 1990). Ahora hay que incluir al Amorebieta, que acaba de llegar a la competición profesional.

Y uno de los frentes en los que ese pacto hace acto de presencia, como no podía ser de otra manera, es la Ley de Presupuestos, sin la cual un Gobierno tiene los días contados.

En ese contexto debemos interpretar la tramitación actual de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que ya superó la prueba más difícil (el Congreso de los Diputados) y se está dando un paseo triunfal por el Senado, donde el día 9 será aprobada tal cual llegó de la camara baja.

El proyecto de ley de presupuestos diseñado por el PSOE y Unidas Podemos consiguió el respaldo del 55% de los diputados de la Congreso gracias al voto de ERC, EH Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe y PNV. Entre esas 11 formaciones alcanzaron 188 escaños (la mayoría está en 176).

Y dentro de los múltiples temas que se negociaron entre los partidos que sustentan al Gobierno, el PNV pactó un par de enmiendas a las que el PSOE no puso obstáculo alguno, 'todo sea por la gobernabilidad del país'.

No importa que con las emmiendas se altere el régimen de responsabilidad de los directivos de los clubes deportivos y se ponga en peligro la estabilidad del sistema deportivo, lo importante es que salgan adelante los presupuestos de 2022. Y en esa estamos.

Podemos adelantar sin temor a equivocarnos que las enmiendas del PNV van a misa. Ya pasaron el filtro del Congreso y el día 9 recibirán el refrendo del Senado con toda seguridad. Pero hay una sorpresa que luego os contaremos.

Pero todo esto que hemos expuesto ya estaba previsto. La novedad que estamos desvelando ahora en IUSPORT es que han colado una tercera enmienda con la que, además de eliminar la obligatoriedad de los avales, que ya lo sabiamos, se faculta a las juntas directivas de estos clubes NO SAD a cancelar los avales ya prestados, ahí es nada.

Pero vayamos por partes.

Se elimina la obligatoriedad de los avales

Merced a las enmiendas del PNV, apoyadas por los grupos independentistas catalanes, para quienes Laporta es uno de los suyos, desaparece la obligatoriedad de que los directivos de los clubes no SAD avalen el 15% del presupuesto anual.

A Laporta esto le supuso prestar un aval de 125 millones hace escasos meses y justamente ahora se encuentra en trámite su renovación.

El presupuesto del Athletic para la temporada 2021-22, que fue aprobado en la Asamblea del pasado 30 de noviembre tras un anterior rechazo, es de 140,4 millones de euros, por lo que el aval está en torno a 21 millones.

Gracias a una de las enmiendas, se modificará el amplio y exigente (hasta ahora) apartado 4 de la disposición adicional séptima de la Ley del Deporte, que quedará reducida a dos líneas:

«4. Los Estatutos de estos Clubes deberán libremente establecer los requisitos para ser miembro de sus Juntas Directivas, tales como antigüedad, avales, etc.»

Este es el apartado 4 que desaparece:

"4. Los miembros de las Juntas Directivas de estos Clubes responderán mancomunadamente de los resultados económicos negativos que se generen durante el período de su gestión. Tales resultados serán ajustados teniendo en cuenta las salvedades de las auditorías. El ejercicio económico comenzará el 1 de julio de cada año y terminará el 30 de junio siguiente. Antes de comenzar cada ejercicio, la Junta Directiva deberá depositar, a favor del Club y ante la Liga Profesional, aval bancario que garantice su responsabilidad y que alcance el quince por ciento del presupuesto de gasto.

El aval será ejecutable por la Liga Profesional y exigible anualmente durante todo el período de su gestión. La acción de responsabilidad podrá ser ejercitada:

Por el Club, mediante acuerdo de su Asamblea, obtenido por mayoría simple de los asistentes.

Subsidiariamente, por socios que representen el cinco por ciento del número total de los mismos.

En todo caso, transcurridos cuatro meses después del cierre de ejercicio económico por la Liga Profesional correspondiente y por el Consejo Superior de Deportes.

Por vía reglamentaria se determinarán las condiciones y supuestos en que las Juntas Directivas, dentro del período de sus mandatos y siempre que éstos sean consecutivos, podrán compensar los avales satisfechos con los resultados económicos positivos de los ejercicios anteriores o subsiguientes o aquéllos en los que se hubiesen producido pérdidas.

El cómputo de las compensaciones aludidas en este apartado se realizará desde el inicio de la práctica de las auditorías realizadas bajo el control de la Liga Profesional".

Cancelación de avales

Aquí está la novedad que ahora desvelamos. No sólo se elimina la obligatoriedad de prestar aval, que dejan a merced de lo que digan los estatutos de cada club, sino que se apodera a las juntas directivas para cancelar los avales que ya han prestado.

En la nueva Disposición transitoria séptima del proyecto de Ley de Presupuestos, que actualmente se tramita en el Senado, se autoriza a los clubes no SAD (Barcelona, Real Madrid, Athletic y Osasuna) a cancelar los avales prestados por sus juntas directivas.

Como puede observarse, a Laporta le ha salvado la campana, como se dice en boxeo. Ha sido merced a unas enmiendas del PNV, luego apoyadas por Podemos y los 'indepes', las que le permitirán al presidente azulgrana quitarse de encima el aval de 125 millones que prestó -con ayudas externas- hace unos meses y, además, liberarse de prestar nuevos avales en el futuro, salvo que los estatutos digan otra cosa.

Dice la enmienda que ya ha sido aprobada en el Congreso y que deberá votar e Senado el día 9:

"Salvo que los estatutos prevean otra cosa, los avales no ejecutados otorgados para la temporada 2020-2021 o, en su caso, los otorgados para la temporada 2021-2022, conforme al régimen de responsabilidad anterior, podrán ser cancelados por los miembros de las Juntas Directivas de los clubes avalados desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley".

Pero ojo, no sólo los avales de esta temporada. Se faculta también a las juntas directivas de estos clubes para cancelar los avales de la anterior, la 2020/2021.

En cuanto al Barça, la anterior 2020/2021 fue de Bartomeu, por lo que no le afecta a Laporta, pero sí a Elizegi, ya que en la 2020/2021 el presupuesto del Athletic fue de unos 97 millones, por lo que tuvo que avalar en torno a 15 millones.

Por tanto, ya se ocuparán los dirigentes de los 4 clubes de llevar a sus asambleas la pertinente reforma estatutaria haciéndose cada uno un traje a medida.

Decimos traje a medida porque estamos seguros de que Florentino Pérez no eliminará el aval, pues hasta ahora le ha servido de factor disuasorio para quienes tenían aspiraciones a la presidencia del club blanco. Es un aval de una cuantía estrastosférica al alcance de muy pocos. No sólo eso, en el Real Madrid, además, el aval ha de ser personal, no caben avales de terceros.

Se elimina la conversión obligatoria a SAD

Por otro lado, como ya informamos, el PNV presentó otra enmienda, que también ha pasado el filtro del Congreso, según la cual los clubes que accedan a la competición profesional estarán exentos de la obligación de convertirse en SAD.

Esta emnmienda la presentó el PNV pensando en el Amorebieta, que acaba de ascender a la competición profesional y, gracias a la misma podrá quedarse como está, sin convertirse a SAD y, milagro, sin tener que avalar sus dirigentes sus presupuestos.

Si prospera la enmienda al artículo 19.1 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, como así parece, este precepto quedará redactado así

«Los Clubes, o sus equipos profesionales, que participen en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional y ámbito estatal, podrán adoptar la forma de Sociedad Anónima Deportiva a que se refiere la presente Ley. Dichas Sociedades Anónimas Deportivas quedarán sujetas al régimen general de las Sociedades Anónimas, con las particularidades que se contienen en esta Ley y en sus normas de desarrollo».

Obsérvese que dice "podrán", no "deberán", adoptar la forma de SAD.

Y, en concordancia con lo anterior, se modifica el primer párrafo y el apartado 4 de la disposición adicional séptima con el siguiente texto:

«Los Clubes que hayan decidido no constituirse en Sociedad Anónima Deportiva podrán mantener su estructura jurídica ...:»

Consecuencias

Si esta reforma se consuma, y todo indica que así será pues ya cuenta con 188 votos del Congreso de los DIputados, entraremos en una etapa peligrosa que no nos es desconocida pues fue la que vivimos hasta 1990, año en el que se aprobó la vigente ley del deporte para, entre otras cosas, sanear el fútbol español y evitar que se repitiera aquella situación de pérdidas millonarias de las que nadie respondía y un alocado endeudamiento de los clubes, que no eran aún SAD y que ponía en peligro su propia susbsistencia y, por ende, la de la propia competición.

La obligación de avalar un 15% del presupuesto es la solución que adoptó el legislador del noventa para compensar el defecto de garantía de los cuatro clubes que fueron autorizados a no convertirse en SAD por sus buenos números económicos, pero que su estructura asociativa les pone en una situación de peligro frente al conjunto de sociedades de capital que participan en una misma competición.

El capital opera como garantía en las SAD y cuando no se tiene, como ocurre en los clubes asociativos, se aportaban garantías, hasta ahora.

El esquema tiene una lógica cuya ruptura deberá explicarse detenidamente y, desde luego, huyendo de la idea de conformar un privilegio que es precisamente lo que se intentó con su establecimiento en 1990.

Dicho todo esto, sólo nos queda encomendarnos al Control Económico implantado por LaLiga para evitar que estos cambios legales, contrarios a la lógica de las cosas pero propios del mercadeo polìtico, no nos conduzcan a tiempos preteritos y vuelva a peligrar la mejor competición deportiva de España, de la que, por otra parte, se financia el conjunto del deporte español.