El Parlamento de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria abordan junto a decenas de colectivos la situación de la atención a la discapacidad en la isla

La Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias celebró hoy en Gran Canaria una jornada de trabajo destinada a conocer de primera mano la situación de los servicios y recursos destinados a las personas con discapacidad en la isla. La visita se enmarca en la ronda que este órgano parlamentario está desarrollando por todo el Archipiélago y que concluirá próximamente en Tenerife.

La delegación parlamentaria fue recibida por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, junto a la consejera de Política Social, Isabel Mena, y el gerente del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), José Ricardo Redondas. Posteriormente, los diputados visitaron varios centros de atención y, ya por la tarde, mantuvieron un encuentro con representantes de más de 60 colectivos sociales de Gran Canaria, algunos de ellos con ámbito de actuación regional.

Durante la reunión, Antonio Morales trasladó a los diputados autonómicos y a las organizaciones sociales la situación actual de los servicios de discapacidad en la isla, subrayando la urgencia de cerrar cuanto antes el convenio con las entidades del tercer sector. “Tras nueve meses de ejercicio seguimos sin un marco financiero aprobado, lo que genera una enorme incertidumbre a colectivos que son esenciales para la atención a miles de personas y familias”, advirtió.

El presidente insular remarcó que el reto de la discapacidad es un asunto de “especial sensibilidad y de singular relevancia en el marco del Estado de Bienestar”, y alertó de que los recortes, ajustes y privatizaciones que fragilizan los cuidados amenazan la universalidad y la calidad de los servicios públicos.

Entre las principales demandas, Morales destacó la necesidad de agilizar los plazos de reconocimiento de la discapacidad, la creación de una Formación Profesional dual adaptada para jóvenes que cumplen 21 años y no encuentran salida laboral, la puesta en marcha de recursos innovadores que fomenten la autonomía personal y la actualización anual de la financiación para las entidades. “No firmaremos ningún convenio que no contemple una financiación justa”, afirmó.

El presidente también subrayó la urgencia de garantizar plazas suficientes para que los jóvenes no queden desatendidos al salir del sistema educativo. En el plano positivo, recordó que el Cabildo ha realizado en los últimos años un esfuerzo sostenido, con la creación de nuevas infraestructuras, el impulso de los Servicios de Promoción a la Autonomía Personal, el Plan Insular de Accesibilidad, la constitución del Observatorio de Accesibilidad y la ejecución del Plan Sociosanitario más ambicioso de Canarias, con más de 2.000 plazas nuevas.

La visión del Parlamento

Por parte de la Comisión, la diputada Ana Oramas destacó que esta ronda de visitas busca escuchar directamente a las familias y a los colectivos de todas las islas. “Queremos escucharlos sin politización. Todos los portavoces coincidimos en que la gran asignatura pendiente de Canarias es la discapacidad”, afirmó.

Oramas puso el acento en las desigualdades territoriales: “Dependiendo de la isla donde se viva, los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad varían enormemente. No puede ser que una familia se vea obligada a trasladarse para recibir una prestación a la que tiene derecho como ciudadana”.

La diputada mencionó ejemplos de los problemas detectados en islas no capitalinas, como la falta de transporte en Fuerteventura, las carencias en atención temprana en El Hierro o las dificultades de los pacientes de ELA en Lanzarote. También denunció la precariedad del tercer sector por la falta de un concierto social estable, lo que obliga en ocasiones a retrasar pagos al personal especializado o incluso a que las familias avalen créditos para que los profesionales puedan cobrar.

El Cabildo de Gran Canaria y el Parlamento coincidieron en señalar que esta jornada de trabajo constituye una oportunidad extraordinaria para dar voz a las entidades sociales y trasladar sus demandas al Gobierno y a la Cámara regional.

“Salvar los servicios de discapacidad es salvar una parte esencial de nuestro Estado de Bienestar”, concluyó Antonio Morales, quien apeló al consenso político y social para lograr un sistema de atención más justo, estable y equitativo para todas las personas con discapacidad, vivan en la isla que vivan.

El presidente llama la unidad de las fuerzas políticas, económicas y sociales del archipiélago para dar la “batalla” contra el pacto Estado-Generalitat y la “injusta” condonación de la deuda

Clavijo y Domínguez alertan de que está en juego el mantenimiento de los servicios esenciales en las islas, ya que Canarias se arriesga a perder 2.457 millones anuales de financiación

El presidente Fernando Clavijo anunció este martes que el Gobierno de Canarias dará una “batalla política y jurídica” en defensa de una financiación justa para el archipiélago. De cara a esta ofensiva, el jefe del Ejecutivo autonómico y el vicepresidente Manuel Domínguez han propuesto este martes a los grupos parlamentarios el cierre de un frente común con el que combatir amenazas como la salida de Cataluña del sistema de financiación común y la condonación de la deuda aprobada hoy en Consejo de Ministros.

Durante la reunión, el titular del Gobierno ha informado a los portavoces sobre las consecuencias que tendría para el archipiélago el acuerdo entre el Estado y la Generalitat para Canarias. En concreto, según cálculos de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, la salida de Cataluña del régimen común supondría para las islas la pérdida de 2.457 millones de euros anuales.

Además, Clavijo explicó que los criterios aplicados por el Gobierno español para condenar deuda a las comunidades autónomas provocan que Canarias “salga peor de lo que entra”. El presidente indicó que Hacienda perjudica al archipiélago en 1.700 millones de euros al fijar un tope del 50% en la quita, cantidad que se incrementa al descontar también el superávit financiero de los últimos años.

A su juicio, se trata de criterios “discriminatorios” contra los que el Ejecutivo autónomo va a luchar “haciendo su tarea” con toda una “estrategia política y jurídica”, empezando por trabajar para que el decreto ley aprobado en Consejo de Ministros se corrija a su paso por el Congreso de los Diputados. “Lo justo es que a los canarios se les condene la misma deuda que a cada catalán”, indicó tras criticar que el Estado haya optado por penalizar a Canarias siendo el territorio que ha gestionado sus recursos con rigor y seriedad.

Clavijo hizo un llamamiento por tanto a “cerrar filas en defensa de Canarias” para exigir al Estado “como una sola voz lo que es nuestro”. Recordó que este “modo canario” de hacer política ya ha dado buenos resultados ante otros desafíos del archipiélago como la migración, por lo que espera que todos los grupos parlamentarios secunden una alianza por una financiación autonómica justa y no por un sistema que genere “ciudadanos de primera y de segunda”. “Están en juego nuestros servicios esenciales”, afirmó el presidente tras recordar que la pérdida de financiación estatal pone en riesgo “la educación, la sanidad y el sistema de protección social”.

El jefe del Gobierno considera que la reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios supone “empezar con buen pie” esta ofensiva política por una financiación justa, ya que se mantiene una “foto de unidad política respecto a los grandes retos que tiene por delante Canarias”.

También el vicepresidente Manuel Domínguez destacó la capacidad del Gobierno de Canarias para buscar el diálogo con todos los grupos parlamentarios, en esta ocasión para “defender los intereses de esta tierra por encima de todo” en una futura negociación del sistema de financiación autonómica.

Según explicó, tanto el acuerdo con Cataluña como la condonación de la deuda aprobada este martes en Consejo de Ministros perjudican con claridad al archipiélago, ya que ambas iniciativas del Estado “crean desigualdad entre comunidades autónomas y provocan que haya ciudadanos de primera y de segunda”. Domínguez reclamó que se reconozca que Canarias esta infrafinanciada con el actual modelo y que esté presente en todos los foros de debate para defender esta posición.

Recursos básicos

El presidente Clavijo agradeció al equipo de la Consejería de Hacienda comandado por Matilde Asián el “riguroso” informe entregado a los grupos parlamentarios sobre las amenazas que se ciernen sobre la financiación de Canarias. El documento recuerda que el 75% del presupuesto de Canarias depende de los fondos que llegan del sistema de financiación autonómico, un dato que evidencia que las transferencias del Estado constituyen la principal fuente de ingresos de la comunidad autónoma, ingresos que mantienen servicios esenciales como la sanidad y la educación.

El Sistema de Financiación Autonómicos (SFA) es el conjunto de recursos, tributos cedidos y transferencias, destinados a financiar la totalidad de las competencias de las comunidades autónomas de régimen común, entre ellas, los servicios públicos fundamentales como sanidad, educación y servicios sociales. En la actualidad, el modelo en vigor desde el 1 de enero de 2009 se sustenta en el principio de solidaridad interterritorial, contemplado en la Constitución.

Sin embargo, el acuerdo suscrito el pasado 14 de julio por la comisión bilateral Generalitat-Estado podría alterar la balanza en el marco de la reforma del sistema de financiación y de asunción de competencias en el IRPF por parte del gobierno catalán. Grosso modo, contempla la cesión de todos los impuestos soportados en Cataluña y que la aportación catalana a las finanzas del Estado se desglose en el coste de los servicios que el Estado presta en esta comunidad y una aportación a la solidaridad. Aunque no se concreta esa aportación solidaria, estará limitada al principio de ordinalidad y a comunidades con un esfuerzo fiscal similar (que no es el caso de Canarias).

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias defiende que el nuevo modelo, en el caso de concretarse, cuente con los recursos adicionales suficientes y respete como mínimo el grado de nivelación o solidaridad del SFA actual en el que ninguna comunidad autónoma presente una distancia negativa con la media superior en torno al -5%. Un grado menor de solidaridad perjudicará a las CCAA con menor recaudación tributaria, como Canarias.

Además, la CAC no debe perder participación en la variable insularidad en la población ajustada, en todo caso incrementarla. La inclusión de las nuevas variables correctivas como costes fijos y despoblación, no debe conllevar a una pérdida del actual 0,6% de la insularidad y dentro de este, del porcentaje que corresponde a la CAC del 79,91%.

Hay que tener presente que si hay un factor geográfico que supone una diferencia sustancial en cómo se prestan los servicios públicos frente a las otras CCAA, es la “ultraperificidad”, por lo que el peso de la variable insularidad en ningún caso deberá descender frente a su ponderación en el sistema de financiación actual.

También es importante que el sistema considere el nivel de renta en la población ajustad puesto que los niveles de renta y de pobreza tienen una clara incidencia en la demanda de los servicios públicos fundamentales y, por tanto, en las necesidades de gasto de cada una de las comunidades autónomas, como es el caso de Canarias.

Otro de los aspectos más relevantes para la CAC es que no se cuestionen la adicionalidad de los recursos del REF, tal y como establece el artículo 166 del Estatuto de Autonomía de Canarias. El Gobierno de Canarias ve imprescindible que la próxima reforma del SFA, garantice la adicionalidad efectiva de los recursos del REF e insta a todos los grupos políticos a unirse activamente a esta defensa.

Condonación de la deuda

Por otro lado, para el Ejecutivo autónomo, la metodología utilizada por el Estado para el cómputo de la condonación de la deuda a las comunidades autónomas es arbitraria y discriminatoria, ya que supone un perjuicio de 1.710 millones de euros para Canarias pese a ser una comunidad cumplidora con los objetivos de déficit y endeudamiento. El Estado condonará al archipiélago 3.245 millones de euros.

Según la metodología del Ministerio, en la fase 2 se favorece a las comunidades más endeudadas, lo que para la Consejería de Hacienda “supone un agravio comparativo con aquellas que, como Canarias, han demostrado mayor responsabilidad financiera”. Además, en la fase 3 se introduce una limitación que establece que el importe total a condonar no puede superar el 50% de la deuda. Esta limitación solamente afecta a las cifras de Canarias y supone un grave perjuicio en el cómputo final.

Por último, el anteproyecto introduce otra penalización al señalar que del importe total a absorber de cada comunidad autónoma se detraerá la deuda pendiente de reducir o cualquier otro exceso de financiación de ejercicios anteriores. Esto afecta directamente al superávit de la comunidad autónoma, que se deducirá del importe de deuda pública que asumirá el Estado, y que, además, tendrá que destinarse obligatoriamente a la reducción de deuda. En ningún caso, se podrá destinar a garantizar las necesidades de los canarios ni a rebajar impuestos.

Junto al presidente y al vicepresidente han participado en nombre del Gobierno en el encuentro celebrado este martes la consejera de Hacienda, Matilde Asián, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, y el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello. En representación de los grupos parlamentarios han estado en la reunión Sebastián Franquis (PSOE), José Miguel Barragán (CC), Luz Reverón (PP), Luis Campos (NC), Jesús Ramos (ASG), Nicasio Galván (VOX) y Raúl Acosta (Grupo Mixto).

El Gobierno de Canarias se reunió hoy con representantes del sector agrario, agroindustrial, de la patronal y el Parlamento para coordinar una respuesta ante el nuevo planteamiento de la Comisión Europea que merma el respaldo al sector agrario y propone importantes cambios en la PAC y, especialmente, en el principal programa de ayuda a la actividad agraria en Canarias, el POSEI

Narvay Quintero y su equipo explicaron que el Ejecutivo canario ya ha trasladado su oposición a esta propuesta al Estado, los ejecutivos de Francia y Portugal y la Comisión de Agricultura y trabajan en cerrar un encuentro con todas las RUP y sus Estados miembros antes de que acabe el año para liderar una estrategia conjunta

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero y miembros de su equipo, han mantenido una reunión hoy lunes, 28 de julio, con representantes de las organizaciones profesionales agrarias, asociaciones de productores, Mesa Ganadera, sector agroindustrial, patronal y miembros del Parlamento canario para conformar un frente común de rechazo al nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 propuesto por la Comisión Europea, donde se plantean importantes modificaciones en la Política Agrícola Común (PAC) que se traducen en una reducción del apoyo al sector primario de las islas y la pérdida del estatus específico del Archipiélago como Región Ultraperiférica (RUP) debido a los cambios propuestos en el principal programa de ayuda a sus actividades agrícola y ganadera, el POSEI.

En este encuentro convocado por el Ejecutivo regional y en el que participaron representantes de ASAGA, COAG, UPA, PALCA, TROPICAN, ASOCAN, FEDEX, las Organizaciones de Productores de Plátano (OPP), de la Mesa Ganadera y miembros de los Consejos Reguladores de la DOP de Vinos de Canarias, ASINCA, la CEOE, la CCE y la Comisión de Agricultura del Parlamento autonómico, analizaron las repercusiones del borrador de reglamento para el nuevo periodo y valoraron posibles estrategias y líneas de actuación conjuntas ante el nuevo planteamiento de la Comisión europea.

El POSEI, instrumento clave para la continuidad de la actividad agraria en las Regiones Ultraperiféricas, que históricamente ha reconocido las singularidades de estos territorios, dejaría de tener un tratamiento específico dentro del presupuesto europeo y quedaría encuadrado como una intervención más dentro del futuro plan nacional determinado por el Estado Miembro sin el reconocimiento jurídico diferenciado ni la financiación definida, que sí ha tenido hasta ahora por medio del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA).

En este sentido, el responsable del departamento, Narvay Quintero denunció que “no es un cambio de reglamento, es un cambio de paradigma que modifica el estatus de Canarias y las RUP”. “En lugar de depender directamente de la Comisión Europea, será el Estado Miembro quien gestione unos fondos que, además de haber sido recortados, se repartirán entre otras políticas”, añadió.

«Ante esta situación hemos informado al ministro español, al ministro de Ultramar del Ejecutivo francés, a los comisarios de Agricultura y de Pesca y a la presidenta de la Comisión de nuestro rechazo al planteamiento y estamos trabajando para convocar antes de final de año un encuentro con el Comisario de Agricultura, el resto de las RUP y los ejecutivos de Francia y Portugal en el marco del Grupo de Amigos del POSEl para solicitar que sigamos dependiendo directamente de la Comisión», anunció el consejero.

Por su parte la presidenta de ASAGA Canarias, Ángela Delgado, indicó que “las organizaciones agrarias en general estamos de acuerdo en esta estrategia de mantener el POSEI aparte del resto de la PAC, donde seríamos un grano de arena en una playa y no tendríamos ninguna importancia. Por eso, Canarias debe contar con una normativa específica como Región Ultraperiférica”.

Asimismo, el presidente de ASPROCAN, José Carlos Rendón, señaló la importancia de esta reunión para luchar de manera unida por rebatir el planteamiento de la Comisión Europea, que disminuye la ficha financiera del POSEI y encuadra la actividad agraria de Canarias en un instrumento destinado a políticas muy dispares.

De esta forma, los objetivos impulsados a través del FEAGA, así como del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA), quedarían diluidos dentro de un instrumento multifuncional destinado a fines diversos, algunos de ellos sin relación con la actividad del sector primario o el impulso de las zonas rurales.

Acerca del borrador presentado por la Comisión Europea, el consejero Quintero también comentó que “en un contexto de tensiones geopolíticas, competencia desleal, cambio climático, falta de relevo generacional y pérdida de población en nuestras zonas rurales, Europa no puede dar pasos atrás en políticas estratégicas para su futuro, por lo que desde Canarias defendemos con firmeza los derechos del sector primario y de nuestros productores y productoras a contar con un marco financiero justo, específico y adaptado a nuestra realidad”.

“Por este motivo exigimos el mantenimiento de los instrumentos que han sido clave para garantizar la viabilidad de nuestra agricultura, ganadería y actividad pesquera, y manifestamos nuestro rechazo unánime a los cambios propuestos por la UE, que supondrían un retroceso sin precedentes”, añadió.

Estas medidas, asimismo, van en contra de las demandas de actualización de la ficha financiera del POSEI que junto a los agentes del sector primario del Archipiélago, y en Bruselas con el apoyo de los gobiernos del resto de RUP, han venido reivindicando el Ejecutivo canario ante las instituciones europeas en un contexto de incremento de los costes de producción que, según un informe reciente, han aumentado entre un 30 y un 40% en los últimos años en Canarias, superando en un 40% a los del conjunto de Estado español, y amenazan la viabilidad de la actividad agraria.

En este sentido, la oposición del Gobierno de Canarias y los agentes del sector primario va más allá de garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias, sino que comprende objetivos estratégicos como asegurar el abastecimiento alimentario frente a posibles cortes en las cadenas de suministro, así como la dinamización económica y el establecimiento de población en las áreas rurales o la preservación de la biodiversidad y los paisajes asociados a estas actividades.

Asimismo, la eliminación de una herramienta fundamental como el POSEI supondría un retroceso en el tratamiento jurídico diferenciado que, debido a la insularidad, la fragmentación territorial, la lejanía del continente y dependencia de mercados exteriores, reciben las RUP en el ámbito comunitario, tal y como establece el Tratado de Funcionamiento del UE en su artículo 349, donde se recoge la aspiración a construir una Europa más cohesionada y sensible a sus territorios más frágiles.

El nuevo equipamiento incluye césped de última generación y una red de riego exterior más eficiente. La intervención responde a la solicitud del Ayuntamiento de Telde y forma parte del plan insular de modernización de infraestructuras deportivas

El campo de fútbol El Calero, en el municipio de Telde, ha sido objeto de una importante intervención de mejora que ha permitido la sustitución integral del césped artificial y del sistema de riego, a través de una subvención concedida por el Instituto Insular de Deportes (IID) del Cabildo de Gran Canaria por un importe total de 415.296,89 euros, abonados en dos fases.

Esta actuación responde a la solicitud planteada por el Ayuntamiento de Telde, a través de su Concejalía de Deportes, con el objetivo de modernizar una infraestructura deportiva que presentaba un evidente deterioro debido al uso continuado y a la antigüedad de los materiales, especialmente en lo que respecta al césped artificial de primera generación y a un sistema de riego obsoleto que ya no cumplía con los requisitos técnicos adecuados.

El proyecto ha completado la instalación de un nuevo césped artificial de última generación -modelo Mondoturf NSF Dual, fabricado mediante sistema tufting y certificado bajo los estándares de calidad de la FIFA-, así como la renovación integral del sistema de riego. En sustitución de los antiguos aspersores interiores, se ha implantado una red perimetral compuesta por ocho cañones de largo alcance, que mejoran la eficiencia hídrica y facilitan un mantenimiento más sostenible.

Asimismo, se han desarrollado las obras de remodelación y mejora del equipamiento deportivo existente en el recinto, como pudieron comprobar también esta tarde en su visita el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el consejero de Deportes, Aridany Romero, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y el concejal de Deportes, Cristhian Santana.

El presidente del Cabildo subrayó que “la mejora y extensión de los espacios para el deporte y el apoyo a los equipos de base en las más variadas disciplinas ha sido una línea de actuación esencial del Cabildo de Gran Canaria en la última década, con intervenciones tanto en infraestructuras propias como en las municipales, como es el caso de este campo de fútbol de El Calero”.

Antonio Morales agregó que las instalaciones deportivas “son lugares esenciales para el encuentro y la cohesión, además de para la promoción de una sociedad saludable, otra razón de peso para seguir implementando el plan de modernización de infraestructuras para el deporte del Cabildo con una inversión de más de 200 millones de euros que incluye obras emblemáticas como el nuevo Estadio de Gran Canaria o el Centro Insular de Deportes y, sobre todo, numerosas intervenciones a lo largo y ancho de toda Gran Canaria, disponibles en el día a día de la ciudadanía”.

Por su parte, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, ha destacado que esta actuación “pone de manifiesto la sensibilidad que tiene el Instituto Insular de Deportes con los diferentes municipios de la isla”, subrayando que el organismo deportivo insular “se consolida como un actor de referencia clave a la hora de cumplir con las necesidades que nos solicitan las administraciones locales”.

Romero ha recordado además que este tipo de proyectos forma parte de una estrategia más amplia de modernización de infraestructuras deportivas en toda la isla, y ha avanzado que en Telde “se llevarán a cabo más actuaciones con el fin de rehabilitar el Estadio Municipal Pablo Hernández Morales de cara al Mundial 2030”.

Mientras, el alcalde de Telde el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, valoró también el esfuerzo de los clubes afectados por las obras, quienes han mostrado su comprensión durante el proceso de reubicación temporal. “Gracias a su colaboración ha sido posible avanzar a buen ritmo. Ahora podrán volver a casa, a unas instalaciones totalmente renovadas, más modernas, seguras y dignas para el deporte base y federado”, afirmó.

El concejal de Actividad Física y Deportes, Cristhian Santana Caballero, mostró su satisfacción con el resultado de los trabajos. “Este campo ya no solo está a la altura de lo que merece El Calero, sino que se convierte en un referente para los núcleos deportivos del municipio. Agradezco profundamente al presidente del Cabildo, Antonio Morales, y al consejero de Deportes, Aridany Romero, su implicación, compromiso y sensibilidad con las demandas de Telde”, aseguró.

El jefe del Gobierno alerta de los riesgos que corren servicios esenciales como la sanidad y la educación si Cataluña sale del sistema común y el archipiélago pierde 2.500 millones de euros anuales

Reta a todos los grupos parlamentarios a sumarse a “un gran acuerdo con Canarias por encima de todo”, en lugar de posicionarse por “obediencia a las siglas de los partidos”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, lanzó este martes un llamamiento a partidos políticos, agentes económicos y sociales para cerrar filas en defensa de un sistema de financiación autonómico “justo y equilibrado” para el archipiélago. Ante el riesgo que supone el acuerdo para que Cataluña salga del sistema común, el jefe del Gobierno autonómico ha propuesto en el Parlamento un frente para “luchar unidos, al modo canario” contra un cambio de modelo que “pone en riesgo servicios esenciales como la sanidad y la educación en las islas”.

Clavijo reconoció la “enorme preocupación” existente en el Gobierno por el efecto que el pacto alcanzado entre el Estado y la Generalitat tendría en la financiación de Canarias con la pérdida de 2.500 millones de euros anuales. Destacó que dicho recorte tendría graves consecuencias en el mantenimiento de los servicios esenciales, por lo que “nos va la vida luchar con todo” para evitarlo.

“Nos vamos a negar a retroceder en Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Vamos a propiciar un gran pacto para defender a esta tierra y espero que el modo canario nos lleve a todos a elaborar esa comunicación conjunta y a aprobarla por unanimidad en esta Cámara”, indicó.

Para lograrlo, el presidente anunció que liderará la negociación con grupos parlamentarios, agentes económicos y sociales de un documento que recoja el rechazo de “toda Canarias” al acuerdo unilateral entre el Estado y Cataluña. “Tenemos que hacer un frente amplio en el que esté implicada toda la sociedad canaria”, indicó tras subrayar su deseo de que todos los partidos políticos se sumen a este frente común. “Veremos quienes están con los canarios y quienes con las siglas de sus partidos”, dijo en respuesta las preguntas sobre este asunto elevadas por los portavoces del PP, CC y Vox.

En especial, Fernando Clavijo espera contar con el apoyo del Grupo Socialista “en la defensa de Canarias”. “Me preocupa mucho el silencio del PSOE y de su secretario general sobre esto asunto”, indicó en sede parlamentaria para mostrar su temor respecto a que el principal partido de la oposición opte por “sacrificar a los canarios para que Pedro Sánchez pueda seguir unos días más en la Moncloa”.

El jefe del Gobierno se mostró convencido de que Canarias también encontrará aliados en las demás comunidades autónomas en esta batalla contra una ruptura del principio constitucional de solidaridad y equilibrio interterritorial. Recordó en este sentido que presidentes socialistas como Emiliano García Page de Castilla-La Mancha y Adrián Barbón se oponen al acuerdo Estado-Generalitat al considerarlo “un atropello” y lo hacen “por encima de sus siglas políticas y en defensa de su tierra”.

Más viviendas públicas y privadas

La acción del Gobierno de Canarias en política de vivienda fue otro de los asuntos que centró las respuestas del presidente en el pleno parlamentario. Fernando Clavijo aseguró que el paquete de medidas activado en los dos primeros años de la legislatura ya está obteniendo resultados con la reactivación de la construcción de viviendas públicas y privadas.

Para demostrarlo, el presidente explicó que en 2024 se inició la construcción de 4.088 viviendas en Canarias y se terminaron las obras de otras 2.889, datos que no se registraban desde el año 2009. También subrayó que este año está en marcha la edificación o rehabilitación de más de 2.000 viviendas públicas, frente a las 100 que el Gobierno anterior logró activar en 2022.

Clavijo considera que los dos decretos aprobados sumados a las ayudas para los jóvenes están contribuyendo a equilibrar la demanda y la oferta de viviendas en Canarias. Sin embargo, lamentó que el Gobierno central siga sin modificar la Ley estatal de Vivienda, principal consecuencia del fuerte incremento del precio de compra y alquiler por la inseguridad jurídica que genera en los propietarios.

El jefe del Gobierno autonómico considera que la Ley de Turismo Vacacional elevada al Parlamento también ayudará a atajar la falta de vivienda asequible en las islas, por lo que reclamó a los grupos parlamentarios de la oposición que dejen de dilatar su tramitación.

El presidente Fernando Clavijo y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, suscribieron hoy un acuerdo con representantes de las entidades Cajamar Caja Rural, Cajasiete, Caixabank y BBVA, que promueve el anticipo de fondos a las personas beneficiarias de las ayudas del PEPAC y del FEMPA así como el préstamo de las cuantías que deben asumir para la realización de las inversiones aprobadas

El Gobierno de Canarias ha formalizado hoy martes, 11 de febrero, un convenio de colaboración con cuatro entidades bancarias para facilitar el acceso a crédito a las personas beneficiarias de subvenciones previstas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) y en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

Mediante un acto celebrado en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, ratificaron este acuerdo junto a la directora de zona de la provincia de Santa Cruz de Tenerife de Cajamar Caja Rural, María Hernández Cuevas; el director de Instituciones de Canarias del BBVA, Salvador Raya Serrano; el director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido García; y el director de Instituciones de la Dirección Territorial de Caixabank en Canarias, Jesús Carlos Álvarez Domínguez.

En virtud de esta colaboración, las entidades bancarias firmantes se comprometen a dar asistencia crediticia a los profesionales y las profesionales del sector primario que se acogen a fondos de estos dos programas de ayudas europeos, que también cuentan con financiación de la Comunidad Autónoma, en forma de préstamos a su actividad en el ámbito agrario, agroalimentario o pesquero.

Tras la firma del acuerdo, el presidente Fernando Clavijo destacó que esta medida facilita el adelanto de los fondos que reciben los productores y productoras por parte de las administraciones en el marco de estos programas de ayudas, así como el préstamo en condiciones favorables de las cuantías que deben asumir para realizar las inversiones aprobadas y que son objeto de la subvención. “De esta forma, agricultores, ganaderos y pescadores disponen de mayor liquidez en el desarrollo de su actividad y las entidades bancarias contribuyen así a la consolidación del sector y la mejora de su rentabilidad”, agregó.

“Además, la Consejería ha conseguido adelantar el abono de distintas subacciones del POSEI, entre ellas algunas líneas a la ganadería, y ha implementado herramientas informáticas en la gestión de ayudas de la PAC que están permitiendo reducir tiempos y simplificar procesos, sentando las bases para agilizar los abonos, además de realizar modificaciones de los requisitos de concesión de las subvenciones del PEPAC para impulsar la instalación de jóvenes y reforzar el apoyo a quienes han creado una empresa agraria recientemente, entre otras mejoras”, añadió.

Por su parte, el titular del área, Narvay Quintero recordó que este tipo de colaboraciones con los bancos se remonta a su anterior etapa como consejero, durante la legislatura 2015-2019, “con la novedad de que en esta ocasión se ha logrado incorporar el programa de ayudas al sector de la pesca y la acuicultura, el FEMPA, lo que supone una importante mejora”.

El acuerdo contempla dos posibles modalidades de préstamo, de manera que, por un lado, quienes se acojan a esta iniciativa podrán solicitar el anticipo de los fondos una vez que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo canario haya emitido la correspondiente resolución definitiva de concesión.

Asimismo, por otro lado, según la segunda tipología que recoge el convenio existe la posibilidad de financiar la parte privada de la inversión aprobada para poner a disposición del beneficiario o beneficiaria un porcentaje del importe correspondiente al resto de la inversión, descontada la cuantía de la ayuda concedida, y por anticipado. Todo ello, además, con el compromiso de agilizar los plazos necesarios para la concesión del crédito correspondiente en el menor plazo y facilitando la tramitación de documentación.

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria se compromete a introducir los cambios y subsanaciones necesarias que posibiliten una eficaz gestión de los créditos, así como a facilitar el contacto e intercambio de documentación entre las entidades bancarias y los productores.

Para ello se conformará una Comisión de Seguimiento integrada por el titular de la Dirección General de Agricultura y una jefa o jefe de servicio o sección, así como representantes de cada una de las entidades bancarias. A través de este órgano se realizarán las funciones de vigilancia y control del cumplimiento, además de la coordinación y el asesoramiento técnico para asegurar la adecuada realización del convenio.

En el ámbito de este convenio, que estará vigente hasta el 1 de diciembre de 2028, figuran las distintas subvenciones del PEPAC para el periodo 2023-2027, entre ellas las inversiones en modernización y/o mejora de explotaciones agrarias, inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agroalimentarios, establecimiento de personas jóvenes agricultoras, inversiones en infraestructuras de regadíos con objetivos ambientales de iniciativa privada y cooperación de grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola, todas ellas dirigidas a la consolidación, la rentabilidad del sector agrario, la renovación generacional y la mejora e innovación en el entorno rural.

Asimismo, en el marco de las subvenciones otorgadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, el FEMPA, el convenio pretende contribuir a alcanzar los objetivos de este plan, es decir, el impulso de la economía azul y lograr que los sectores de la pesca y la acuicultura sean más competitivos, por medio la transformación y comercialización de productos de la pesca y la acuicultura.

La Dirección General de Emergencias contará con el respaldo del CSIC para la actualización del PEVOLCA y la formación del personal de protección civil

El Gobierno de Canarias y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA), trabajan conjuntamente, mediante el proyecto europeo VOLCAN, para mejorar la gestión de los riesgos que llevan asociadas las erupciones volcánicas que puedan darse en el archipiélago.

El proyecto VOLCAN, financiado por la Comisión Europea, permitirá prestar al Gobierno de Canarias asesoramiento científico para modificar el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA), así como elaborar mapas de peligrosidad volcánica de todas las islas, que serán desarrollados por el servicio de evaluación y gestión de riesgos naturales (NRAMS) del IDAEA-CSIC.

Estos mapas, que ofrecerán una representación visual de las áreas potencialmente afectadas por peligros volcánicos, serán una herramienta crucial para establecer escenarios, diseñar medidas preventivas, priorizar recursos, coordinar intervenciones durante las emergencias y aumentar la conciencia ciudadana sobre los riesgos y los protocolos de actuación.

Además, el proyecto, en el que también colabora el Instituto Geográfico Nacional (IGN), contempla la formación de personal de Protección Civil e investigador y diferentes acciones divulgativas dirigidas a la población con el objetivo de que se familiaricen con el entorno volcánico en el que viven y conozcan los riesgos a los que se enfrentan y cómo actuar.

El análisis de todos los datos del proyecto VOLCAN permitirá integrar los resultados de la investigación científica sobre la actividad volcánica en el archipiélago con la gestión de la emergencia lo que facilitará la toma de decisiones ante los riesgos volcánicos a los que se enfrenta Canarias.

Como primera acción de este proyecto, Tenerife ha acogido esta semana las primeras jornadas de trabajo en las que el responsable del proyecto e investigador del IDAEA-CSIC, Joan Martí, ha compartido con científicos de diferentes entidades y personal de Protección Civil las líneas básicas de trabajo de este, los objetivos principales, los sistemas de evaluación de la peligrosidad volcánica a corto y largo plazo, así como las herramientas para los mapas de peligrosidad.

En estas primeras jornadas han participado personal de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, Cabildo de Tenerife, Consorcio de Emergencias de Lanzarote, Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Estas mismas jornadas se celebrarán en los próximos meses en las islas de El Hierro, La Palma y Lanzarote.

En el ejercicio económico que ahora comienza está prevista una partida de 2,2 millones de euros para la adjudicación de 90 contratos, frente a los 85 de 2024 o los 60 de cada anualidad de la pasada legislatura

Migdalia Machín: “Lo único que ha cambiado respecto a 2024 es que hemos aumentado el número de contratos y que las convocatorias serán gestionadas por las universidades para que los investigadores puedan cobrar lo antes posible”

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura (CUCIC), seguirá financiando los contratos predoctorales para el personal investigador de la comunidad autónoma en el ejercicio de 2025, tal como ha venido haciendo hasta la fecha.

En concreto, cada universidad recibirá de la CUCIC una partida de 1.100.000 euros destinada a financiar 90 contratos predoctorales en total, incrementando así el número de los mismos respecto a 2024, que fueron 80 inicialmente, incrementados hasta 85 posteriormente; sobre los 60 contratos presupuestados en la anterior legislatura en los ejercicios de 2020, 2021 y 2022, respectivamente.

La consejera del área en el ejecutivo autonómico, Migdalia Machín, ha manifestado que “el gobierno seguirá haciendo frente a este compromiso con el ecosistema investigador de Canarias”, reconociendo que “no estamos satisfechos porque, a pesar del esfuerzo económico, este no es suficiente y debemos seguir incrementando el número de contratos en las siguientes anualidades”.

Preguntada sobre la posibilidad de que el gobierno dejara de financiar estos contratos, que para el personal investigador de Canarias representan una oportunidad significativa de formación y desarrollo profesional, Machín explicó “que no solo no es cierto, sino que en ningún momento se ha planteado dejar de hacerlo” y aclaró que lo único que ha cambiado “es la modificación del procedimiento de la tramitación para que sean las universidades, a las que la consejería les transfiere los fondos destinados a la financiación de los contratos del personal investigador, las que las ejecuten”.

En efecto, hasta la fecha, la convocatoria de los contratos predoctorales en Canarias era realizada por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), dependiente de la CUCIC. Esta entidad organiza las subvenciones para la contratación de personal investigador predoctoral inscrito en programas oficiales de doctorado, con financiación cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus.

Sin embargo, al objeto de reducir el tiempo de espera de la recepción de los fondos de los contratos por parte del colectivo investigador, se decidió que fueran las propias universidades quienes gestionarán los mismos.

El hecho de que las universidades gestionen los contratos predoctorales ofrece varias ventajas, “pero la principal por ser una cuestión fundamental –aclaró Machín–, es la simplificación administrativa ya que centralizar la gestión en las universidades reduce trámites burocráticos al coordinar directamente las convocatorias, contratación y seguimiento, con lo que el ecosistema investigador recibe los fondos en un espacio de tiempo sensiblemente menor”.

El procedimiento para que las universidades gestionen los contratos predoctorales en Canarias se enmarca en la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que regula la contratación de personal investigador mediante convenios específicos. Tanto la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) como la Universidad de La Laguna (ULL), han asumido esta gestión a través de sus vicerrectorados, publicando convocatorias propias bajo principios de concurrencia competitiva. Este cambio permite a las universidades adaptar los contratos a sus programas de doctorado y proyectos de investigación, financiados por fondos públicos o externos.

Por otra parte, también hay que añadir que la Orden de 8 de mayo de 2024, por la que se aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones del departamento, excepto del sector audiovisual, para el periodo 2024-2026 establece en la ficha denominada “Formación de personal investigador” un indicador de gestión de 150 contratos predoctorales al año. Esto significa que la acumulación de contratos de las convocatorias en vigor durante un año debe ser, como mínimo, de ciento cincuenta.

Los contratos tienen una duración de cuatro años. En 2024, por ejemplo, con el importe asignado, se están abonando los contratos correspondientes a convocatorias de años anteriores, además de los de la convocatoria de 2024. Son bastantes más de 150 ya que, en este momento, alcanzan la cifra de 235 contratos.

Por lo tanto, a modo de aclaración, lo que se refleja en el Plan Estratégico de Subvenciones no es el número de contratos que se subvencionan cada año, sino el número de contratos que se están financiando en total cada año, incluyendo las subvenciones concedidas en años anteriores.

Esther Monzón y Carlos Díaz y envían a la ministra de Sanidad un escrito respaldado por unanimidad de las organizaciones sindicales que conforman la Mesa sectorial de Sanidad reclamando la financiación necesaria para garantizar la adecuada asistencia sanitaria a las personas migrantes que llegan a las costas canarias

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, el viceconsejero de Sanidad y director del Servicio Canario de la Salud, Carlos Díaz, y todos los sindicatos del ámbito sanitario del archipiélago con representación en la Mesa sectorial de Sanidad reclaman al Ministerio de Sanidad la financiación adecuada para mantener los dispositivos sanitarios activados en las islas para dar respuesta a la crisis migratoria que vive el archipiélago desde hace meses.

Así, Monzón y los integrantes de la Mesa Sectorial han remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que le reclama “el apoyo del Ministerio y de todo el Gobierno del Estado para la dotación de los recursos necesarios para atender la demanda de asistencia sanitaria a las personas migrantes que llegan a nuestras costas, en lamentables condiciones que requieren de una atención inmediata, urgente y compleja, a la vez que multidisciplinar, suponiendo un desmesurado esfuerzo para el sistema y para los profesionales implicados”.

En el escrito recuerdan que esta situación, anómala y en crecimiento constante, supone una inversión presupuestaria que está siendo asumido por la Comunidad Autónoma de Canarias con sus propios medios, por lo que reclama al Gobierno de España que financie esta actuación que está asumiendo el Gobierno de Canarias, “de modo que contribuyan a paliar la ingente, continua y creciente necesidad de financiación que genera la citada prestación”.

Para concluir la carta, Esther Monzón solicitó al Ministerio de Sanidad que contribuya “a sostener la asistencia sanitaria que requieren las personas migrantes que llegan en condiciones inhumanas a nuestras costas, que requiere un abordaje multidisciplinar complejo en un territorio particularmente sensible, y que conlleva el agotamiento de los recursos disponibles para ello”.

El presidente de Canarias advirtió en el Foro La Toja que “30 años después de la llegada de la primera patera a las islas, Canarias está peor que nunca”

Clavijo adelanta Canarias está avanzando en retos como el turismo, la vivienda o la distribución de la riqueza en las mesas de trabajo constituidas en la Conferencia de Presidentes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, urgió hoy en el Foro La Toja abordar la reforma del sistema de financiación, pero para ello pidió “transparencia”. De esta forma, el jefe del Ejecutivo canario que intervino este viernes en la mesa autonómica del conocido Foro de debate junto a la presidenta de las Islas Baleares, Margarita Prohens, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reconoció sobre el concierto catalán que “nadie sabe lo que se ha pactado sobre el papel” y advirtió sobre los peligros de romper el principio de “solidaridad”.

Sobre la emergencia migratoria en las Islas, el presidente Clavijo reconoció que “tanto la Unión Europea como determinados países han actuado muy bien cerrando la Ruta Mediterránea pero han provocado que toda la presión migratoria recaiga sobre la Ruta Atlántica”.

Fernando Clavijo puso el foco en la situación “crítica” que vive Canarias. Al respecto, subrayó que “30 años después de la llegada de la primera patera a las islas – concretamente, a Fuerteventura- Canarias está peor que nunca”.

Asimismo, se centró en la crisis de los menores no acompañados. En este sentido, reconoció que el archipiélago “no puede seguir soportando en solitario todo el peso migratorio. Tenemos un grave problema al que tenemos que dar respuesta pero no desde Canarias, que ya lo está haciendo, sino desde España, como país, y desde Europa”.

El presidente canario mostró su preocupación porque “se trate de hacer política con los niños cuando -insistió- el fondo de la cuestión es que a esos menores hay que atenderlos” y subrayó que “el Estado no puede mirar para otro lado”.

Fernando Clavijo abogó por la reforma de la ley de extranjería y apeló a la necesidad de “llegar a acuerdos”. En este sentido, reconoció que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, “ya ha dado un paso importante firmando un acuerdo con el Gobierno de Canarias” que confió pueda servir para “el gran acuerdo de país que venimos reclamando”.