La imposibilidad de inscribirse en el Servicio Canario de Empleo está frenando la inserción laboral de personas migrantes, según denuncia la Asociación Incluye

El comisionado Jaime Iglesias Sánchez-Cervera anuncia un acuerdo técnico que permitirá que puedan inscribirse en los servicios públicos de empleo, un paso clave para su contratación en empresas de inserción

La inserción laboral de las personas migrantes en Canarias está siendo frenada por un obstáculo burocrático: la imposibilidad de inscribirse en el Servicio Canario de Empleo (SCE), un requisito indispensable para poder ser contratadas por las empresas de inserción, incluso cuando ya cuentan con permiso de trabajo en vigor.

Esta situación, denunciada por la Asociación Incluye, acaparó la atención de la jornada ‘Creación de estrategias para la inserción sociolaboral de personas migrantes’, celebrada ayer, día 10 de noviembre, en el Convento de las Dominicas de Teror, que reunió a representantes de la Administración, del Tercer Sector y del ámbito empresarial.

En el marco de la misma, el Comisionado Especial para la Economía Social, Jaime Iglesias Sánchez-Cervera, adelantó que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha alcanzado un acuerdo técnico con las comunidades autónomas para habilitar la inscripción de las personas migrantes en los servicios públicos de empleo. “Hemos llegado a un consenso con las comunidades para que las personas migrantes pendientes de un proceso de regularización puedan ser dadas de alta y así puedan acceder a trabajar en empresas de inserción”, explicó Iglesias.

El comisionado precisó que la medida se encuentra actualmente a la espera de los informes jurídicos de la Abogacía del Estado y de los departamentos autonómicos, y confió en que pueda hacerse oficial “a principios del próximo año”. Según adelantó, esta modificación no solo beneficiará a personas migrantes, sino también a otros colectivos con dificultades administrativas, como víctimas de trata, solicitantes de protección internacional o personas en procesos de arraigo.

En el contexto de su intervención, Iglesias también advirtió que “Canarias puede convertirse en un laboratorio de cohesión, donde la economía social y la diversidad sean una oportunidad para construir comunidad y esperanza compartida”.

Asimismo, Iglesias defendió el papel clave de la economía social y los cuidados como motor de inclusión: “La economía social no solo crea empleo, sino que cuida. Cuidar también es construir cohesión social y ciudadanía”. El comisionado recordó que el PERTE de la Economía Social y de los Cuidados, impulsado por el Ministerio, ha movilizado más de 2.500 millones de euros y 4.400 proyectos en toda España, generando itinerarios de empleo digno y acompañamiento a personas vulnerables, incluidas las migrantes. También avanzó que el Gobierno trabaja en la Ley Integral de Impulso de la Economía Social (PLIES), que elevará del 10% al 15% el porcentaje de reserva en la contratación pública para empresas de inserción, garantizando su participación estable en las licitaciones, “Se trata de pasar de la buena voluntad a la política pública con resultados medibles”, añadió Iglesias.

Nieves Ramos, coordinadora del Espacio Sostenible Verode de la Asociación Incluye, que impulsa oportunidades de trabajo digno para personas vulnerables en Gran Canaria, lamentó que actualmente no se considera la migración como una oportunidad. “Tenemos la oferta de empleo y la persona con permiso… pero no podemos contratarla. No olvidemos que esa persona tan maja que acompaña a tu abuela, que cuida a tu hija, que recoge los plátanos y qué pinta tu casa es migrante. Hay que humanizar la migración”, indicó. “La inclusión no puede depender de la suerte o de la burocracia —subrayó Nieves Ramos—, sino de políticas reales que reconozcan la capacidad y el derecho de todas las personas a aportar al bien común”.

Sostener el estado del bienestar

La jornada contó además con la intervención de Elena Barredo, directora de Economía Social del Gobierno Vasco, quien subrayó la importancia de construir una migración regulada y con derechos. “La economía social es una forma de crear riqueza desde la responsabilidad y el compromiso con el empleo inclusivo. Y eso hoy es más necesario que nunca. Vamos a necesitar a las personas migrantes para sostener nuestro bienestar”, afirmó.
Según el Observatorio de Prospectiva de Empleo de Lanbide (FUTURELAN), Euskadi necesitará más de 675.000 personas trabajadoras hasta 2036 para cubrir las necesidades del mercado laboral.

Barredo advirtió que el mismo escenario se repite en Canarias: “Si queremos mantener nuestro nivel de desarrollo y nuestro estado de bienestar, vamos a necesitar a las personas migrantes. Pero una migración basada en el respeto a los derechos humanos, una migración decente”. La responsable vasca destacó la relevancia de las empresas de inserción como puentes entre la formación y el empleo con derechos. El Gobierno Vasco ha destinado más de 16 millones de euros en 2025 a apoyar estas entidades, que considera “una política imprescindible de integración”.

Entre las propuestas surgidas del encuentro se señalaron tres líneas de actuación prioritarias para avanzar hacia una inclusión real y sostenible: Simplificar y agilizar los procesos de inscripción en los servicios de empleo para personas migrantes con permiso de trabajo, fortalecer las empresas de inserción como motores de integración sociolaboral y coordinar administraciones, sindicatos y entidades sociales para eliminar barreras estructurales de acceso al empleo.

El encuentro, impulsado por la Asociación Incluye, evidenció que el empleo es la llave de la integración plena: no solo garantiza ingresos, sino también derechos, estabilidad y participación en la vida social.

La Consejería de Igualdad y Diversidad, que dirige Isabel Mena, financia esta publicación cuyo objetivo es ofrecer información clara, accesible y útil para facilitar la integración y garantizar los derechos de las personas migrantes en Gran Canaria

 La consejera de Igualdad y Diversidad, Isabel Mena, ha presentado este miércoles la ‘Guía de acogida de personas migrantes para personas migrantes’ que tiene como objetivo ofrecer información clara, accesible y útil para facilitar la integración y garantizar los derechos de las personas migrantes de Gran Canaria. En la presentación, la consejera Mena ha estado acompañada por la delegada de Alianza por la Solidaridad - ActionAid, Irene Bello, y por el director general de Global, Víctor Quintana.

El manual, que está financiado por el Cabildo, actualiza los contenidos y recursos de la anterior versión publicada en 2023 y se adapta a la realidad migratoria más reciente. “Las instituciones públicas son cada vez más conscientes de la realidad migrante de Gran Canaria, por lo que cada vez más también hay más recursos institucionales” ha manifestado Isabel Mena, que también ha explicado lo necesario que era hacer una adaptación de esta guía “para informar a las personas migrantes los derechos que tienen para que tengan una acogida digna y facilitar su integración”.

El manual cuenta con una versión física y con una versión digital a la cual los usuarios podrán acceder a través de un QR que se proyectará en las pantallas de las Guaguas Global. “La pantalla es un espacio muy visual que todo aquel que se monta en la guagua, en algún momento siempre termina mirando, y creo que es una forma muy adecuada de poder transmitir esta información”, explicó Víctor Quintana, director general de Global. Durante el acto de presentación de la guía el Cabildo, Alianza por la Solidaridad- ActionAid y Global han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar la difusión de la guía y que llegue al mayor número de personas posible.

El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, el director general de Relaciones con Africa, Luis Padilla, y la Coordinadora de ONG del Desarrollo de Canarias consideran necesario contrarrestrar los mensajes xenófobos de algunos grupúsculos

El Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigración y la Dirección General de Relaciones con África, emprenderá, junto a la Coordinadora de ONG del Desarrollo de Canarias (CONGDCA), una nueva campaña de sensibilización dirigida a visibilizar la realidad social de los países desde donde provienen las migraciones y la labor social que realizan las entidades del tercer sector en el ámbito de la cooperación internacional, para contrarrestar así los mensajes xenófobos y contra los derechos humanos.

“Es un paso adelante que la sociedad civil organizada, comprometida con la cooperación internacional, una su esfuerzo al Gobierno de Canarias para luchar contra los discursos de odio que lanzan grupos muy minoritarios, pero que hacen mucho daño a las organizaciones y ofrecen una imagen negativa de la cooperación internacional y de los países que reciben estas ayudas tan necesarias para su desarrollo” manifestó el viceconsejero, Francis Candil, tras el encuentro que mantuvo con el director general de Relaciones con Africa, Luis Padilla, y la presidenta y vicepresidenta de la coordinadora, Zulma Díaz Álvarez, y María Belén Monzón, respectivamente.

Se trata de una nueva línea de trabajo que, como argumenta la presidenta de la coordinadora, permitirá “retomar el contacto con la comunidad educativa para realizar encuentros de concienciación social entre la juventud como medida preventiva ante las campañas que pretenden entorpecer el trabajo de las ONG”. “El objetivo -añade- es crear conciencia crítica y habilitar nuevos espacios para acercar a la ciudadanía el trabajo que estamos haciendo, que sepan que los recursos están llegando a las personas que lo necesitan y sobre todo, no se pierda el sentido de la solidaridad que es una marca canaria en el coodesarrollo y la cooperación internacional”.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha negociado con la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, una solución para aquellos migrantes adultos que erróneamente se declararon menores y fueron atendidos en la red de protección del Archipiélago

El Gobierno de Canarias llegó a un acuerdo con el Estado para la aplicación excepcional del nuevo Manual de Gestión del Programa de Atención Humanitaria que entró en vigor el 7 de julio. Ese manual establece que aquellos migrantes adultos, que erróneamente fueron considerados menores, residían en centros de la red de menores migrantes no acompañados del Gobierno de Canarias y que, finalmente, tras las pertinentes pruebas óseas, fueran notificados como mayores de edad, no pueden ser acogidos en la red estatal si han pasado más de seis meses desde su llegada a las islas.

Tras las negociaciones de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, con la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, este plazo se incrementará a los 12 meses, lo que permitirá que, excepcionalmente para Canarias, estos migrantes adultos puedan iniciar su proyecto migratorio a través de la red estatal, a pesar de haber estado en la red Canaria de protección a menores migrantes no acompañados más de seis meses, tal y como sucedía previamente a la entrada en vigor de la nueva norma.

El nuevo manual, con el plazo de seis meses, dejaba a Canarias en una situación muy comprometida, a esas personas en vulnerabilidad absoluta, y a las capitales canarias, donde se notifica esa mayoría de edad, con un problema añadido para la atención a estas personas sin recursos económicos, laborales ni alojativos.

Hasta la modificación del protocolo, estas personas eran atendidas por Accem y accedían a los centros de migrantes irregulares para adultos. Por contextualizar con datos, solo en 2023 hubo 1.372 personas en esta situación que fueron acogidos por la red estatal, a pesar de que habían pasado más de seis meses en la de menores del Gobierno de Canarias. En 2024, en esta misma situación, hubo 698 adultos identificados inicialmente como menores.

Sobre los datos del año 2025, ha habido 75 personas declaradas mayores después de pasar por centros de menores; desde el 7 de julio, 39, que se quedaron en situación de calle.

Delgado ha querido “agradecer al alcalde Bermúdez su implicación para atender en los recursos municipales a estos jóvenes que, gracias a la excepción que hemos conseguido para la aplicación de ese manual, de nuevo podrán acceder a los recursos de atención estatales”.

El compromiso fue reiterado también por la nueva directora del Sistema de Acogida de Protección Internacional, Paloma Favieres, en la reunión que mantuvo con la directora general de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, durante su visita ayer al centro Canarias 50 de Gran Canaria, el centro de transición donde están empezando a distribuirse los menores con asilo.

En el encuentro se hizo un repaso de los detalles que faltan por limar a la hora de conseguir un sistema ágil de distribución, y se arrancó el compromiso de que se analizará especialmente aquellos casos de menores con 17 años y 9 meses, que podrán ir al sistema de protección internacional de adultos para aliviar el sistema de menores de Canarias; además también se estudiará un sistema para que las mujeres tengan un procedimiento más ágil que les permita ingresar en los centros de la Península sin tener que pernoctar varios días en el centro de tránsito de Gran Canaria.

El presidente de Canarias reclama en la conferencia del Comité Europeo de las Regiones que se celebra en Tenerife el reconocimiento del esfuerzo de las comunidades que, como el archipiélago, asumen solas la tutela de miles de menores no acompañados

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reclamó este martes en Tenerife una mayor implicación de la Unión Europea en la atención a menores migrantes no acompañados, así como una financiación directa a las regiones que asumen esta responsabilidad en primera línea. Lo hizo durante la apertura de la conferencia de la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza, Asuntos Institucionales y Exteriores (CIVEX) del Comité Europeo de las Regiones, celebrada en el Archipiélago a iniciativa del Ejecutivo autonómico.

Clavijo agradeció la presencia de los representantes europeos en Canarias, entre ellos la vicepresidenta primera de la Comisión, Carolina Darias, y subrayó la importancia de que “Europa conozca de primera mano la realidad de las regiones fronterizas como esta, que soportan una presión migratoria constante y creciente, y que actúan con responsabilidad a pesar de disponer de recursos limitados”.

El presidente canario valoró ante el plenario como un “paso en la buena dirección” el reciente anuncio del Gobierno de España de incorporar de inmediato a 827 menores solicitantes de asilo al sistema estatal de acogida, en cumplimiento de un auto del Tribunal Supremo promovido a raíz de una reclamación de Canarias. Además, Clavijo destacó la inminente aprobación de dos decretos que permitirán reformar la Ley de Extranjería para que todas las comunidades autónomas compartan la atención a menores, garantizando sus derechos.

El presidente Clavijo advirtió que “no basta con que el Estado español se implique. Europa también debe asumir su parte. Los fondos del Pacto Europeo de Migración y Asilo deben regionalizarse y llegar directamente a las regiones que atienden en primera persona a estos niños y niñas que cruzan la Ruta Atlántica, una de las más peligrosas del mundo”.

Clavijo recordó, además que, aunque España recibirá casi 500 millones de euros del Fondo de Migración y Asilo en el periodo 2021-2027, en lo que va de 2024 el Estado solo ha transferido a Canarias 50 millones, cuando los gastos del Archipiélago en esta materia han superado los 190 millones de euros. “La desproporción es evidente. No es justo ni sostenible que sigamos afrontando esta realidad solos”, subrayó.

En su intervención, el presidente también hizo hincapié en la necesidad de adaptar las políticas migratorias europeas a las especificidades de territorios como Canarias, recordando que el Archipiélago no solo es la región más alejada del continente, sino también una región ultraperiférica de la UE. “Pedimos que se flexibilicen las reglas comunes y se establezcan indicadores adaptados a nuestra realidad”, reclamó.

Asimismo, el presidente canario defendió un mayor esfuerzo europeo en la cooperación con los países africanos de origen y tránsito de la migración, y un refuerzo de los recursos de Frontex para el control de fronteras.

Clavijo manifestó que Canarias continuará cumpliendo con su obligación de proteger a los más de 5.500 menores migrantes no acompañados que se encuentran actualmente en las islas, pero insistió en que no puede seguir haciéndolo en solitario. “Es una cuestión de Estado y una cuestión europea. Las comunidades como la nuestra no pueden ser las únicas que asuman esta carga. Se necesita corresponsabilidad, coordinación y financiación adecuada”.

El presidente finalizó su intervención destacando la utilidad de esta conferencia para formular propuestas desde el Comité de las Regiones ante la futura Estrategia Europea de Migración y Asilo, que la Comisión Europea prevé presentar a finales de 2025.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, insistió que esta cantidad resulta “totalmente insuficiente sobre todo cuando Canarias ya cuenta con un déficit de 140 millones de euros en la atención a menores migrantes”

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada hoy en Madrid, aprobó la distribución del crédito destinado a las Comunidades Autónomas de Canarias para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, por importe de 22 millones de euros, de los cuales, Canarias recibirá un total de 8,5 millones de euros.

“Esta aportación resulta claramente insuficiente teniendo en cuenta que Canarias ya soporta un déficit de 140 millones de euros en la atención de menores migrantes no acompañados, por eso hemos insistido en el seno de la Conferencia en que la financiación se amplíe, no por un año, sino por todo el periodo hasta la mayoría de edad del menor, que es la única forma de que podamos garantizarles una atención adecuada”, enfatizó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, tras la salida de la Comisión Sectorial celebrada en Madrid.

En cuanto a los traslados, Delgado indicó que “se sigue avanzado en el proceso para la aplicación definitiva del Real Decreto Ley y el Real Decreto que lo desarrolla”. El próximo paso será llevar nuevamente al seno de una segunda Conferencia Sectorial de Infancia prevista para julio la financiación de los traslados de menores. “Desde Canarias, seguimos exigiendo al Estado celeridad para el inicio de los traslados”.

“Eso sí, lo que no podemos es a esperar a septiembre ya que es justo en esas fechas cuando se producen repuntes de llegadas de embarcaciones a las islas”, aseguró la consejera del área quien indicó que “esperar a septiembre es totalmente inviable para un sistema totalmente colapsado como el que soportamos en Canarias, con la atención de un total de 5.685 menores migrantes no acompañados tutelados por el Gobierno canario”.

Delgado insistió en el traslado urgente a los más de 800 menores migrantes con protección de asilo, “que ya llega muy tarde”.

El acuerdo de distribución del crédito destinado a las Comunidades Autónomas contempla, además, de los 8,5 millones de euros para Canarias, una partida de 2 millones de euros para la Comunidad Autónoma de Illes Balears, 7 millones de euros para la Ciudad de Ceuta y 4,5 millones de euros para la Ciudad de Melilla.

El documento contiene las aportaciones de las entidades del tercer sector presentes en la jornada ‘Niños y niñas que migran solos. Una responsabilidad compartida’, celebrada en Madrid

El Gobierno de Canarias ha presentado hoy una Guía de Buenas Prácticas en la atención de la infancia migrante en la que se recogen las conclusiones que casi 50 entidades, ONG y organizaciones internacionales aportaron en la jornada “Niños y niñas que migran solos: una responsabilidad compartida”, organizada en Madrid el pasado día 5 de junio.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que estuvo acompañado por el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, y el coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo; explicó que en este documento “se da voz a un nutrido grupo de personas expertas en la atención y acogida de menores migrantes no acompañados con la finalidad de mejorar la respuesta que da Canarias, pero, también, para ayudar a otras comunidades cuando los menores sean derivados a sus territorios”.

“No se trata solo de un documento técnico, sino de una propuesta concreta que permitirá avanzar en la calidad de la atención que se presta a estos chicos y chicas, a reforzar la coordinación institucional y a asegurar que el interés superior del menor no sea solo una consigna, sino un criterio a aplicar en todas las fases del proceso de acogida, desde la llegada hasta la emancipación”, apuntó el máximo responsable del Ejecutivo.

Clavijo recordó que este trabajo se presenta hoy, 20 de junio, cuando se conmemora el Día Mundial del Refugiado. Se trata de una fecha importante para Canarias como comunidad de acogida, porque en las islas hay alrededor de 1.200 niños, niñas y adolescentes con necesidad de protección internacional, menores que alcanzan las costas del archipiélago huyendo de guerras, conflictos, persecución por su condición LGTBI, etc. Y en este sentido, resaltó que el Gobierno de Canarias “sigue a la espera” de que el Estado dé cumplimiento al fallo del Tribunal Supremo que le insta a hacerse responsable y dar acogida a estos jóvenes refugiados.

Entre las conclusiones y buenas prácticas aportadas, las organizaciones coincidieron en señalar la urgencia de reforzar la colaboración interadministrativa como condición imprescindible para facilitar el traslado solidario de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas y garantizar su plena integración social.

Se recogen, además, distintos aspectos que conforman la atención integral a los niños, niñas y adolescentes que llegan solos a las islas, desde el acceso al procedimiento de asilo y la protección internacional, la atención específica a niñas supervivientes de violencia de género, víctimas de trata y del colectivo LGBTIQ+, la salud mental y la reparación del daño, así como los distintos modelos de acogimiento -residencial, familiar o por reunificación- y la realidad de la infancia separada.

Igualmente se abordan los procedimientos de determinación de la edad y la situación administrativa de los menores, los retos en la transición a la vida adulta y las alternativas residenciales y sociolaborales, así como los mecanismos de coordinación interinstitucional y el reparto de menores entre territorios, en el marco del Real Decreto Ley 2/2025 y del reciente auto del Tribunal Supremo.

En este sentido, Francis Candil, recordó que Canarias, como territorio frontera, lleva años gestionando una realidad migratoria “intensa, compleja y, muchas veces, invisibilizada. Lo hemos hecho sin el respaldo estructural necesario por parte del Estado, a pesar de que la protección internacional -como bien recoge la Constitución- es una competencia estatal”.

A pesar de esa ausencia de respuestas eficaces, indicó, el Gobierno de Canarias ha decidido no mirar hacia otro lado. “Hemos asumido esta responsabilidad con determinación y convicción. Y buena muestra de ello es la guía que hoy presentamos, con motivo del Día Mundial del Refugiado. Una Guía de Buenas Prácticas para la atención y acogida de menores migrantes, fruto del trabajo riguroso y de las conclusiones extraídas de la jornada Niños y niñas que migran solos. Una responsabilidad compartida”.

Esta guía no es solo un instrumento técnico, añadió, sino “un acto político y ético. Es la demostración de que, aunque las competencias estatales no se ejerzan con la contundencia debida, en Canarias seguimos trabajando. Porque entendemos que estos menores no son cifras ni expedientes: son personas, con historias duras y sueños, que merecen todo nuestro respeto y apoyo”, concluyó.

Por su parte, Juan Carlos Lorenzo, agradeció al Gobierno regional la celebración de la jornada en Madrid, donde su organización estuvo presente, y la recopilación de todas las aportaciones en la guía presentada hoy. “Es fundamental juntar a actores que resultan claves para el abordaje poliédrico e integral de la infancia en protección y de la adolescencia en transición a la vida adulta. Denota la capacidad propositiva permanente que se ha llevado a cabo desde Canarias durante los dos últimos años y la prioridad que para nuestra comunidad autónoma supone la gestión de la infancia migrante sin referentes familiares”, apuntó.

Asimismo, destacó que su organización entiende que “la única medida estructural de política migratoria de carácter sólido y duradero es un mecanismo permanente y vinculante de movilidad de niños y niñas sin referentes familiares que promueva su distribución entre todas las comunidades autónomas, alienado con el interés superior del menor y el tratamiento igualitario de los derechos de la infancia.

El documento presentado, resultante del foro en el que participaron más de 90 personas convocadas por el Gobierno de Canarias en una iniciativa pionera a nivel estatal, insiste en que la gestión de la infancia migrante debe ser compartida entre todas las administraciones. En este sentido, se cita como ejemplo de buena práctica la respuesta articulada que se dio a la llegada de población desplazada por la guerra en Ucrania. Las entidades consideran urgente trasladar ese modelo de cooperación eficaz al contexto actual de llegada de menores migrantes no acompañados de países como Mali, Senegal, Mauritania o Marruecos.

Una de las acciones que consideran fundamental en la atención a estos niños y niñas es dotar al sistema de protección de menores de recursos económicos y humanos suficientes para prestar una atención individualizada. Asimismo, instan a las administraciones a acordar un sistema de indicadores único que permita identificar las vulnerabilidades de la infancia migrante y actuar sobre ellas.

Perspectiva de género y de infancia

Entre las propuestas más concretas, se subraya la necesidad de aplicar perspectiva de género y de infancia en las distintas fases del sistema de protección, reconociendo las dificultades específicas que enfrentan las niñas migrantes y su exposición a violencias múltiples en su proceso migratorio.

También se reivindica un cambio de las prácticas de determinación de la edad, con enfoque garantista, y respetuoso con los derechos de la infancia. “El trato no siempre es el correcto, porque no es amigable. Es importante, igualmente, dar formación no solo a los técnicos de las áreas de infancia de las distintas administraciones, sino a las fuerzas y cuerpos de seguridad”, recalcan las entidades.

De forma transversal, se insiste en que se escuche activamente a los niños y niñas, se atiendan sus necesidades reales y se garantice siempre la preservación del interés superior del menor como principio rector.

Recursos para salud mental, más intérpretes y asesoramiento jurídico

Para abordar los problemas de salud mental que afectan a los niños y niñas migrantes no acompañados, las personas expertas subrayan la importancia de incorporar un enfoque transcultural en las intervenciones, así como de utilizar herramientas lúdicas y adaptadas a sus realidades como vía para facilitar la expresión emocional y la reparación del daño.

Igualmente, destaca la propuesta de crear unidades móviles de atención en salud mental, que permita llegar a los menores allí donde se encuentren. Se insiste asimismo en la necesidad de aumentar la disponibilidad de intérpretes y mediadores culturales, así como de garantizar un acompañamiento jurídico especializado durante todo el proceso de atención y protección.

El Gobierno de Canarias recoge en este documento las aportaciones realizadas durante las mesas de trabajo del foro ‘Niños y niñas que migran solos. Una responsabilidad compartida’ que funcionará como Guía de Buenas Prácticas, con el objetivo de reforzar los estándares de protección y la coordinación institucional en todo el Estado. De esta forma, el Ejecutivo aspira a que todos los territorios a los que se derivarán parte de los menores que ahora acoge el archipiélago cuenten con la experiencia acumulada de las entidades que llevan años trabajando sobre el terreno.

Esta iniciativa se enmarca en una amplia batería de actuaciones implementadas por el Gobierno de Canarias en los últimos dos años de cara a dar una respuesta de Estado a las personas que migran, especialmente a los menores de edad y que carecen de apoyos familiares.

El Gobierno de Canarias creará una guía de buenas prácticas a partir de las aportaciones de ONG y tercer sector en la jornada ‘Niños y niñas que migran solos: una responsabilidad compartida’ celebrada en Madrid

Alrededor de 50 entidades sociales, administraciones públicas y organismos internacionales que participaron este jueves en la jornada “Niños y niñas que migran solos: una responsabilidad compartida”, organizada por el Gobierno de Canarias en Madrid, coincidieron en la urgencia de reforzar la colaboración interadministrativa como condición imprescindible para facilitar el traslado solidario de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas y garantizar su plena integración social.

La jornada se desarrolló en dos bloques. Por la mañana se celebró una mesa redonda centrada en el análisis del contexto actual, con la intervención de la responsable de Infancia no acompañada de Acnur, Margarita de la Rasilla; el intérprete en ACCEM y mediador maliense Aboubacar Dramen y la abogada especialista en infancia y migraciones en Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández. El diálogo estuvo moderado por el delegado de la Agencia EFE en Canarias, José María Rodríguez. Ya por la tarde, los participantes se organizaron en siete mesas de trabajo simultáneas, donde abordaron cuestiones clave del sistema de protección.

En esos espacios de reflexión se trató el acceso al procedimiento de asilo y la protección internacional, la atención específica a niñas supervivientes de violencia de género, víctimas de trata y del colectivo LGBTIQ+, la salud mental y la reparación del daño, así como los distintos modelos de acogimiento -residencial, familiar o por reunificación- y la realidad de la infancia separada. También se analizaron los procedimientos de determinación de la edad y la situación administrativa de los menores, los retos en la transición a la vida adulta y las alternativas residenciales y sociolaborales, así como los mecanismos de coordinación interinstitucional y el reparto de menores entre territorios, en el marco del Real Decreto Ley 2/2025 y del reciente auto del Tribunal Supremo. En total, participaron más de 90 personas en estos espacios de diálogo.

En todas las mesas se insistió en que la gestión de la infancia migrante debe ser compartida entre todas las administraciones, y se citó de forma reiterada como ejemplo de buena práctica la respuesta articulada que se dio a la llegada de población desplazada por la guerra en Ucrania. Las entidades señalaron que es urgente trasladar ese modelo de cooperación eficaz al contexto actual de llegada de menores migrantes no acompañados de países como Mali, Senegal, Mauritania o Marruecos.

Una de las acciones que consideraron fundamental en la atención a estos niños y niñas es dotar al sistema de protección de menores de recursos económicos y humanos suficientes como para prestar una atención individualizada. Asimismo, instaron a las administraciones a acordar un sistema de indicadores único que permita identificar las vulnerabilidades de la infancia migrante y actuar sobre ellas.

Perspectiva de género y de infancia

Entre las propuestas más concretas, se subrayó la necesidad de aplicar perspectiva de género y de infancia en las distintas fases del sistema de protección, reconociendo las dificultades específicas que enfrentan las niñas migrantes y su exposición a violencias múltiples en su proceso migratorio.

También se reivindicó un cambio de las prácticas de determinación de la edad, con enfoque garantista, y verdaderamente respetuoso con los derechos de la infancia. “El trato no siempre es el correcto, porque no es amigable. Es importante, igualmente, dar formación no solo a los técnicos de las áreas de infancia de las distintas administraciones, sino a las fuerzas y cuerpos de seguridad”, recalcaron algunos de los representantes de las organizaciones del tercer sector.

De forma transversal, se reclamó que se escuche activamente a los niños y niñas, se atiendan sus necesidades reales y se garantice siempre la preservación de su interés superior como principio rector.

Recursos para salud mental, más intérpretes y asesoramiento jurídico

Para abordar los problemas de salud mental que afectan a los niños y niñas migrantes no acompañados, las entidades participantes subrayaron la importancia de incorporar un enfoque transcultural en las intervenciones, así como de utilizar herramientas lúdicas y adaptadas a sus realidades como vía para facilitar la expresión emocional y la reparación del daño.

Entre las propuestas concretas planteadas, destacó la creación de unidades móviles de atención en salud mental, que permitan llegar a los menores allí donde se encuentren. Asimismo, se insistió en la necesidad de aumentar la disponibilidad de intérpretes y mediadores culturales, y de garantizar un acompañamiento jurídico especializado durante todo el proceso de atención y protección.

El Gobierno de Canarias recogerá las aportaciones realizadas durante las mesas de trabajo en un documento de síntesis que funcionará como guía de buenas prácticas, con el objetivo de reforzar los estándares de protección y la coordinación institucional en todo el Estado. De esta forma, el Ejecutivo aspira a que todos los territorios a los que se dirigirán parte de los menores que ahora acoge el archipiélago cuenten con la experiencia acumulada de las entidades que llevan años trabajando sobre el terreno.

Esta iniciativa se enmarca en una amplia batería de actuaciones implementadas por el Gobierno de Canarias en los últimos dos años de cara a dar una respuesta de Estado a las personas que migran, especialmente a aquellas que son menores de edad y que carecen de apoyos familiares.

En esa línea, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en su intervención del jueves por la mañana destacó que “la gestión de la infancia migrante no acompañada no puede recaer en una sola comunidad autónoma; hablamos de una responsabilidad compartida que exige el compromiso de todas las instituciones para garantizar sus derechos y su futuro”.

La jornada contó también con la participación del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, y con la presencia de organizaciones especializadas que trabajan sobre el terreno en distintas comunidades autónomas.

Julio Mateo Castillo, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gáldar, acompañó en la tarde de este sábado a Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud del Gobierno de España, en su visita a las instalaciones del Club de Lucha Unión Gáldar

La ministra se mostró interesada por el ejemplo de integración que realiza la base del club galdense, que reúne a ocho menores migrantes procedentes de Senegal y Mauritania creciendo y formándose junto a más de cuarenta jóvenes en la práctica del deporte vernáculo. El Unión Gáldar, presidido por Rayco Ramírez, reunió a decenas de jóvenes y familiares para llevar a cabo este encuentro informal en el que además dieron a conocer a la ministra la historia y las características del deporte.

Julio Mateo Castillo destacó que "es un placer que la ministra haya visitado Gáldar para conocer parte de nuestra identidad canaria y nuestra idiosincrasia como pueblo". "Este ejemplar proyecto de integración nos une con África y Europa. Desde el Ayuntamiento de Gáldar reivindicamos el aumento de los recursos económicos para tratar el problema de la inmigración en nuestro Archipiélago", concluyó.

La consejera recordó hoy en la Comisión de Sanidad que su departamento ha destinado una partida de 26 millones de euros durante 2024 para garantizar la asistencia sanitaria a los migrantes llegados a las costas canarias, sin haber recibido hasta el momento ninguna compensación por parte del Estado, a pesar de que la crisis migratoria continúa activa

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, subrayó hoy viernes, día 11 de abril, durante su intervención en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias, que el Servicio Canario de la Salud (SCS) garantiza la atención sanitaria adecuada a los migrantes que llegan en situación de vulnerabilidad al archipiélago.

Monzón hizo hincapié en la necesidad de empatizar con quienes arriba a las islas en “condiciones duras, muchas veces arriesgando su vida”, y defendió que es imprescindible garantizarles una atención sanitaria integral y un trato digno.

Durante su intervención, explicó que desde el inicio de la actual crisis migratoria el SCS ha asumido en solitario el coste de la asistencia a estas personas que llegan, un gasto que se elevó a 26 millones durante 2024.

Asimismo, reiteró que el Gobierno de Canarias ha solicitado en múltiples ocasiones al Ministerio de Sanidad la necesidad urgente de obtener financiación estatal, una petición que cuenta con el respaldo unánime de los sindicados de la Mesa Sectorial de Sanidad.

“La asistencia a las personas migrantes no es solo un deber legal o una cuestión sanitaria”, aseveró la consejera de Sanidad, quien recalcó que este compromiso humanitario no puede ser sostenido únicamente por la comunidad autónoma.

Recursos desplegados por el SCS

Esther Monzón detalló los recursos materiales y humanos desplegados por el SCS para garantizar una atención digna y adecuada a las personas migrantes que llegan a las costas de las islas.

En cuanto a los recursos materiales, explicó que se han implementado puntos de primera asistencia equipados con camillas, mantas térmicas, kits de higiene, alimentos de rápida absorción y todo lo necesario para una atención inmediata.

También se han dispuesto ambulancias de Soporte Vital Básico y Avanzado, así como vehículos para el traslado de pacientes a centros sanitarios o de acogida y los recursos del Servicio de Urgencias Canario que asiste siempre a las personas a la llegada a las costas canarias.

Según dijo, el SCS, a su vez, ha puesto a disposición todos sus recursos hospitalarios cuando la situación clínica lo ha requerido, así como servicios de urgencia, camas de hospitalización, unidades de cuidados intensivos y quirófanos. En lo que respecta a Atención Primaria, se han conformado equipos específicos para el seguimiento de las personas migrantes, tanto adultas como pediátricas, alojadas en los Centros de Atención Temporal.

Monzón destacó, por último, que se ha dotado al personal sanitario de medios de protección y se ha incorporado personal traductor para garantizar una comunicación adecuada entre profesionales y pacientes.