La imposibilidad de inscribirse en el Servicio Canario de Empleo está frenando la inserción laboral de personas migrantes, según denuncia la Asociación Incluye

El comisionado Jaime Iglesias Sánchez-Cervera anuncia un acuerdo técnico que permitirá que puedan inscribirse en los servicios públicos de empleo, un paso clave para su contratación en empresas de inserción

La inserción laboral de las personas migrantes en Canarias está siendo frenada por un obstáculo burocrático: la imposibilidad de inscribirse en el Servicio Canario de Empleo (SCE), un requisito indispensable para poder ser contratadas por las empresas de inserción, incluso cuando ya cuentan con permiso de trabajo en vigor.

Esta situación, denunciada por la Asociación Incluye, acaparó la atención de la jornada ‘Creación de estrategias para la inserción sociolaboral de personas migrantes’, celebrada ayer, día 10 de noviembre, en el Convento de las Dominicas de Teror, que reunió a representantes de la Administración, del Tercer Sector y del ámbito empresarial.

En el marco de la misma, el Comisionado Especial para la Economía Social, Jaime Iglesias Sánchez-Cervera, adelantó que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha alcanzado un acuerdo técnico con las comunidades autónomas para habilitar la inscripción de las personas migrantes en los servicios públicos de empleo. “Hemos llegado a un consenso con las comunidades para que las personas migrantes pendientes de un proceso de regularización puedan ser dadas de alta y así puedan acceder a trabajar en empresas de inserción”, explicó Iglesias.

El comisionado precisó que la medida se encuentra actualmente a la espera de los informes jurídicos de la Abogacía del Estado y de los departamentos autonómicos, y confió en que pueda hacerse oficial “a principios del próximo año”. Según adelantó, esta modificación no solo beneficiará a personas migrantes, sino también a otros colectivos con dificultades administrativas, como víctimas de trata, solicitantes de protección internacional o personas en procesos de arraigo.

En el contexto de su intervención, Iglesias también advirtió que “Canarias puede convertirse en un laboratorio de cohesión, donde la economía social y la diversidad sean una oportunidad para construir comunidad y esperanza compartida”.

Asimismo, Iglesias defendió el papel clave de la economía social y los cuidados como motor de inclusión: “La economía social no solo crea empleo, sino que cuida. Cuidar también es construir cohesión social y ciudadanía”. El comisionado recordó que el PERTE de la Economía Social y de los Cuidados, impulsado por el Ministerio, ha movilizado más de 2.500 millones de euros y 4.400 proyectos en toda España, generando itinerarios de empleo digno y acompañamiento a personas vulnerables, incluidas las migrantes. También avanzó que el Gobierno trabaja en la Ley Integral de Impulso de la Economía Social (PLIES), que elevará del 10% al 15% el porcentaje de reserva en la contratación pública para empresas de inserción, garantizando su participación estable en las licitaciones, “Se trata de pasar de la buena voluntad a la política pública con resultados medibles”, añadió Iglesias.

Nieves Ramos, coordinadora del Espacio Sostenible Verode de la Asociación Incluye, que impulsa oportunidades de trabajo digno para personas vulnerables en Gran Canaria, lamentó que actualmente no se considera la migración como una oportunidad. “Tenemos la oferta de empleo y la persona con permiso… pero no podemos contratarla. No olvidemos que esa persona tan maja que acompaña a tu abuela, que cuida a tu hija, que recoge los plátanos y qué pinta tu casa es migrante. Hay que humanizar la migración”, indicó. “La inclusión no puede depender de la suerte o de la burocracia —subrayó Nieves Ramos—, sino de políticas reales que reconozcan la capacidad y el derecho de todas las personas a aportar al bien común”.

Sostener el estado del bienestar

La jornada contó además con la intervención de Elena Barredo, directora de Economía Social del Gobierno Vasco, quien subrayó la importancia de construir una migración regulada y con derechos. “La economía social es una forma de crear riqueza desde la responsabilidad y el compromiso con el empleo inclusivo. Y eso hoy es más necesario que nunca. Vamos a necesitar a las personas migrantes para sostener nuestro bienestar”, afirmó.
Según el Observatorio de Prospectiva de Empleo de Lanbide (FUTURELAN), Euskadi necesitará más de 675.000 personas trabajadoras hasta 2036 para cubrir las necesidades del mercado laboral.

Barredo advirtió que el mismo escenario se repite en Canarias: “Si queremos mantener nuestro nivel de desarrollo y nuestro estado de bienestar, vamos a necesitar a las personas migrantes. Pero una migración basada en el respeto a los derechos humanos, una migración decente”. La responsable vasca destacó la relevancia de las empresas de inserción como puentes entre la formación y el empleo con derechos. El Gobierno Vasco ha destinado más de 16 millones de euros en 2025 a apoyar estas entidades, que considera “una política imprescindible de integración”.

Entre las propuestas surgidas del encuentro se señalaron tres líneas de actuación prioritarias para avanzar hacia una inclusión real y sostenible: Simplificar y agilizar los procesos de inscripción en los servicios de empleo para personas migrantes con permiso de trabajo, fortalecer las empresas de inserción como motores de integración sociolaboral y coordinar administraciones, sindicatos y entidades sociales para eliminar barreras estructurales de acceso al empleo.

El encuentro, impulsado por la Asociación Incluye, evidenció que el empleo es la llave de la integración plena: no solo garantiza ingresos, sino también derechos, estabilidad y participación en la vida social.