La popular y veterana emisora de radio "Radio faro del Noroeste" sigue su proyección hacia una mayor ampliación de su cobertura.
El campo se moviliza
La Tierra Podcast se va de tractorada en su segundo episodio. El nuevo canal de comunicación de UPA y FADEMUR aborda el proceso de movilizaciones del campo de los últimos meses con entrevistas a algunos de sus protagonistas
Los agricultores y ganaderos españoles estamos movilizándonos en toda España. Movilizaciones que coinciden con las realizadas en otros países de la Unión Europea y que reflejan un notable malestar general por algunos efectos de las últimas reformas en la Política Agraria Común y otras iniciativas europeas.
Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos asumimos, como tantas otras veces a lo largo de las últimas décadas, nuestra responsabilidad, con protestas contundentes, legales y ordenadas, también elaborando propuestas concretas de mejora en aspectos concretos que requieren cambios urgentes, y con la mejor disposición negociadora con las Administraciones y la seguridad de que el resultado final de las movilizaciones en marcha se traducirá en acuerdos que faciliten el trabajo y la gestión en las explotaciones agrícolas y ganaderas.
En UPA también trabajamos con el objetivo de amplificar las voces de nuestros afiliados y afiliadas: agricultores y ganaderos de pequeña y mediana dimensión y de carácter familiar. Lo hacemos en colaboración con los medios de comunicación de España y de Europa, a los que atendemos gustosos siempre que se ponen en contacto con nosotros. Y lo hacemos a través de nuestros canales propios: la revista LA TIERRA, nuestra página web UPA.es y nuestros canales en las principales redes sociales. Por cierto, si no nos sigues, te animamos a hacerlo. Encontrarás los enlaces al pie de este mail.
Ahora que nos hemos embarcado en esta aventura de realizar un podcast, no podíamos dejar de dedicar un capítulo a las movilizaciones del campo. Un episodio, el segundo, que hemos intentado que sea ameno, interesante y clarificador. No hay nadie en España que no se haya enterado del descontento de los agricultores y de la lucha que realizamos por nuestro futuro. Pero puede que tengas dudas sobre los porqués, los cómos y los cuándos. De todo ello hablamos en este capítulo.
UPA reclama un “empujón legislativo” para que la Ley de Agricultura Familiar sea una realidad “cuanto antes”
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos recuerda al Gobierno su compromiso y pide acelerar los trabajos para aprobar la Ley de Agricultura Familiar
Uno de los compromisos del Gobierno, anunciado por el propio presidente Pedro Sánchez durante la campaña electoral para las pasadas elecciones generales y en su discurso de investidura, fue la aprobación de una Ley de Agricultura Familiar, que sirva para fomentar, apoyar y proteger este modelo productivo. Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han reclamado a las fuerzas políticas que negocien para dar un “empujón legislativo” a la norma y que esta se haga realidad.
UPA, que participa estos días en Vitoria en la VIII Conferencia Global de Agricultura Familiar, organizada por el Foro Rural Mundial, recuerda que este modelo productivo enfrenta “graves amenazas que ponen en peligro su supervivencia”, como el cambio climático, la especulación, los conflictos geopolíticos, los elevados costes de producción, las presiones de otros modelos productivos y los desequilibrios en la cadena alimentaria.
La organización agraria UPA reclama a todos los partidos políticos que “se retraten en un apoyo verdadero al campo y dejen a un lado el debate partidista” para lograr aprobar la Ley de Agricultura Familiar. Una normativa que debe servir para “proteger a las explotaciones familiares frente a la presión que sufren por parte de inversores sin escrúpulos, normativas con efectos perversos y embates legislativos de diversa índole”.
Hacer realidad la Ley
UPA pide avanzar en los debates obre la Ley de Agricultura Familiar, y para ello lo lógico es contar con el Comité de España del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (CEDAF). Este Comité, que coordina UPA, tiene ya un trabajo muy desarrollado sobre los problemas, amenazas y oportunidades de futuro de la agricultura y ganadería familiar, por lo que desde esta organización agraria proponen contar con esta entidad en el desarrollo de la Ley.
La Agricultura Familiar es un modelo productivo formado por millones de hombres y mujeres en todo el mundo que gestiona hasta el 80% de las tierras agrícolas y produce más del 80% de los alimentos del planeta. En Europa, el 94,8% de las explotaciones son de carácter familiar (Eurostat, 2022). Un sistema productivo, basado en una fuerza de trabajo mayoritariamente familiar y estrechamente vinculado al territorio que lucha por su futuro en un contexto de grandes dificultades.
Para apoyar a la Agricultura Familiar, considerado el modelo más sostenible y que aporta mayores beneficios a la sociedad, desde UPA creen que es “imprescindible” facilitar una transición justa, garantizando la viabilidad de las explotaciones, adoptando modelos más agroecológicos de producción, facilitando la mitigación y la adaptación frente al cambio climático y construyendo “comunidades rurales vivas” donde el sistema agroalimentario sea el puntal económico, ambiental y social.
Importancia global de la Agricultura Familiar
Estos días en Vitoria está quedando patente la importancia global de la agricultura familiar. En el evento organizado por el Foro Rural Mundial participan representantes de UPA y de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, tanto cargos representativos como integrantes de ambas organizaciones que han acudido a explicar sus historias de vida. En los debates participan los máximos responsables de instituciones de relevancia mundial, como el FIDA, la FAO o la Organización Mundial de Agricultores (OMA). También han destacado las intervenciones de personalidades como el expresidente de Uruguay, José Mújica, y el Papa Francisco.
Artículo de Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, donde reflexiona sobre las protestas en toda Europa, las reivindicaciones de UPA, la unidad de acción y las movilizaciones; dibujando un contexto muy nítido de la actualidad que vive el sector de la agricultura y ganadería familiar
Los agricultores y los ganaderos españoles observamos con interés y solidaridad las movilizaciones que se vienen sucediendo, desde que comenzó 2024, en varios países de la Unión Europea, de manera especial primero en Alemania y después en Francia; aunque somos conscientes de que, en muchos casos, sectores y territorios, las situaciones de nuestros colegas europeos son sustancialmente distintas a las nuestras.
Pero todos convivimos en el mismo espacio político, dentro de la Unión Europea, y compartimos la misma Política Agraria Común (PAC). Por ello, es lógico que coincidamos en las reivindicaciones básicas y más generales.
En primer lugar, en reclamar una necesaria adecuación y flexibilización de las exigencias medioambientales de la nueva PAC, tras la experiencia de su primer año de aplicación en 2023, que ha permitido ver los desajustes que se generan entre la teoría de los reglamentos comunitarios y la práctica de la realidad en nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas.
Unos desajustes que, en muchas ocasiones, se resolverían con pequeños cambios normativos y evitarían así la influencia negativa que se ha constatado en 2023 sobre las condiciones de cultivo o explotación del ganado y el acceso a las ayudas de la PAC.
Sin olvidar que, además, este primer año de la PAC ha coincidido en España y otros países europeos con una sequía histórica, que supone una muestra más del proceso acumulado de cambio climático, cuyos primeros afectados y, por tanto, interesados en atajar por todos los medios posibles, somos los agricultores y ganaderos.
En definitiva, la nueva PAC necesita ajustes, nadie debería sorprenderse por ello. La cuestión es abordarlos con urgencia. Y para ello, nuestra responsabilidad como organización representativa de la agricultura familiar en España es presionar a nuestro Gobierno -y a todas y cada una de las Comunidades Autónomas- para que las Administraciones y todos los partidos políticos, que negocian y deciden en el Parlamento Europeo, para que abran los ojos a la realidad y asuman las necesidades que les llegan desde el campo.
Una presión sindical que incluye también la necesidad de revisar, con criterio, sentido común y respeto al interés general de toda la sociedad, las crecientes exigencias medioambientales a la actividad agraria.
Nadie más que nosotros, y en UPA nunca nos cansaremos de repetirlo, está interesado en avanzar en los objetivos que marca el Pacto Verde Europeo. Entre otras cosas, porque solo con un futuro de plena sostenibilidad será sostenible nuestra actividad. Pero ello debe ser compatible con adaptar las estrategias y los objetivos a la realidad.
En caso contrario, el riesgo es doble. Por una parte, porque ni en el fondo ni en la forma se avance a un ritmo adecuado hacia la necesaria ambición colectiva por un futuro sostenible. Y, además, por el peligro creciente de que las maniobras populistas de intereses ajenos a la actividad agraria terminen inoculando el virus del disparate en colectivos cada vez mayores de personas que, sin estar necesariamente en el espectro ideológico de quien difunde ideas falsas, acaben asumiendo el rechazo a cualquier progreso, dificultando así los avances.
Sin olvidar la necesidad de que la PAC garantice justicia y equilibrio en el trato a la agricultura propia con las exigencias a los productos que entran en los mercados europeos. Dejando claro que no hablamos de acabar con el comercio exterior -no podemos olvidar que España es un país exportador muy potente- sino de que todos respondamos a los mismos requisitos medioambientales, laborales y sociales.
Y, por último, también compartimos los argumentos básicos de las reivindicaciones escuchadas en Francia y Alemania cuando se habla de simplificación administrativa en las gestiones derivadas de la PAC. Estamos de acuerdo en que una excesiva complejidad burocrática es desesperante, lo vivimos a diario. Pero también somos conscientes de que estamos hablando de cuantiosos recursos públicos en el marco de la PAC que debes ser gestionados con el máximo rigor y control, por el bien de todos.
En este tema, en todo caso, la solución es muy sencilla. El Gobierno y las Comunidades Autónomas solo tienen que aprovechar la red de vertebración territorial y sectorial que aportamos las organizaciones agrarias representativas, para canalizar por esta vía el asesoramiento y la gestión administrativa que requieren las y los profesionales del campo.
Ahí estamos nosotros dispuestos a asumir responsabilidades en este reto, porque esta solución será, sin duda, más barata y eficaz que cualquier otra, por el marco de cercanía, confianza y proximidad que aportan las organizaciones agrarias en colectivos dispersos y con características singulares, que son muy distintas de un sector a otro, de un pueblo al pueblo de al lado.
Con estas reivindicaciones, en la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos desarrollamos una acción sindical de movilización permanente, con tractores en las calles y carreteras, con asambleas y acciones de todo tipo a pie de campo, y con movilizaciones en los despachos y las instituciones, negociando mejoras, proponiendo y consiguiendo soluciones.
Cierto es que el impacto social y mediático es mayor cuando sacamos los tractores a las carreteras. Nuestra historia está repleta de grandes movilizaciones con grandes resultados. Ahí están desde hace años las movilizaciones del gasóleo, con conquistas que ahora reclaman en Alemania o luchan por evitar que desaparezcan en Francia.
Ahí están las movilizaciones históricas de los Agricultores y Ganaderos al Límite, en el arranque de 2020, que cristalizaron en la mejora de la ley de cadena alimentaria, con efectos directos sobre los precios y los mercados. Unas mejoras que ahora reclaman en Francia y Alemania.
Y todo ello, conseguido con unidad de acción entre las tres organizaciones representativas en España. Una unidad impulsada con fuerza por UPA, conscientes como somos de que pesa más la responsabilidad de trabajar en común para obtener resultados que las diferencias que nos separan cuando se contraponen los intereses de las grandes explotaciones a los de la agricultura y ganadería familiar, que representamos en UPA.
Por tanto, unidad de acción, sí, pero con matices. Sin consentir por nuestra parte que se enturbie esta movilización común y permanente con intereses ajenos a la mayoría o enredos que suenen más a maniobras políticas que a inquietudes profesionales.
Al igual que solidaridad europea, sí, pero con el más rotundo rechazo a las agresiones físicas a camiones y productos españoles en su tránsito por Francia; y a las agresiones verbales y políticas, algunas del máximo nivel, hacia la agricultura y la ganadería española. Los problemas que denuncian las organizaciones agrarias en Francia nunca son responsabilidad nuestra.
Con todo ello, se dibuja un escenario en el arranque de 2024 a la vez preocupante e ilusionante. Un año en el que se renovará el Parlamento y las instituciones europeas, y en el que, con toda seguridad, surgirán nuestras estrategias y propuestas, que en nuestro caso recorrerán siempre el mismo camino, el que se inicia en cada una de nuestras explotaciones, en la labor de cada día con la tierra y el ganado, conviviendo con las inquietudes que van del clima a los mercados; pero con la fuerza que nos da el compromiso con nuestro trabajo.
Miles de agricultores y ganaderos respaldan las protestas masivas convocadas por las organizaciones profesionales agrarias en toda España
El campo español se está manifestando en todo el país. Las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, continúan su calendario de protestas en unidad de acción, que están sacando a la calle a miles de agricultores y ganaderos de todos los sectores, y hoy están protagonizando actos en distintos puntos de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Aragón.
Las organizaciones han anunciado que llevarán sus protestas a Madrid coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, el próximo 26 de febrero. Y es que las demandas de los productores de alimentos se dirigen a las Administraciones a todos los niveles: europeo, nacional y autonómico. “Todas ellas deben escuchar al campo e impulsar las reformas que estamos demandando”, han señalado.
Las OPAs consideran que los ministros de Agricultura deben actuar con urgencia y aprobar reformas en materia de cadena alimentaria, de acuerdos comerciales con terceros países, de simplificación burocrática y de flexibilización de la PAC, entre otros muchos temas.
Al Gobierno de España le reclaman que lidere en Europa las reclamaciones del campo español, que son “justas, necesarias y legítimas”. En ese sentido se lo trasladarán en la reunión que celebrarán mañana con Luis Planas en el Ministerio de Agricultura, de la que esperan avances que ayuden a resolver la crisis del campo.
Reivindicaciones y propuestas de UPA de protección, apoyo y progreso para las explotaciones familiares
Medidas propuestas por UPA en el proceso de movilización permanente en defensa de la agricultura y la ganadería familiar
Defensa del modelo europeo de producción
UPA apuesta por potenciar lo que ha sido un modelo de éxito y la creación del mayor polo de desarrollo: la Unión Europea. Basado en un modelo de agricultura familiar, sostenible social y ambientalmente, con reglas comunes y objetivos compartidos. Nos reconocemos como profundamente europeístas, es el único camino posible. Frente al cuestionamiento que se hace desde ámbitos nacionales o por parte de otros colegas comunitarios, UPA defiende que es la única vía posible y trabaja por mejorarlo y poner en primer lugar a los agricultores y ganaderos familiares.
Cláusulas espejo. Que se impongan las mismas normas y exigencias a los productos que vienen de fuera de la UE que a las producciones europeas. Reciprocidad en las relaciones comerciales con terceros países, exigiendo las mismas normas de producción y comercialización que en la Unión Europea.
Mercado único. Que se respete el mercado único europeo y se legisle contra medidas proteccionistas nacionales o acciones que atenten contra el libre comercio dentro de la UE.
Puesta en valor de la sostenibilidad económica, social y ambiental que ejerce la agricultura familiar.
Urgente aprobación y posterior desarrollo de la Ley de agricultura familiar, que proteja a este modelo productivo frente a la entrada de fondos de inversión y agricultura industrial.
Reconocimiento y valorización de los agricultores y ganaderos españoles como productores de alimentos sanos y de calidad.
Aprobación una Ley nacional que regule y ordene el desarrollo de instalaciones solares y aerogeneradores que tenga en cuenta y priorice el valor agronómico de las tierras, de tal forma que permita una coexistencia con la agricultura y ganadería.
Apoyo efectivo a la incorporación de jóvenes al sector agrario y aplicación de medidas complementarias que fomenten el rejuvenecimiento del sector.
Establecer una Política de Estado para el medio rural con todos los actores interesados, que incluya la creación de una mesa estatal del medio rural, actualizar la Ley de desarrollo sostenible del medio rural. Que asegure la calidad de vida, los servicios públicos esenciales, la residencia y la actividad económica sostenible en las poblaciones rurales.
Flexibilización de la PAC
Es posible una PAC que mantenga la ambición ambiental sin reducir la capacidad de producción y la rentabilidad, simplificando la normativa. Ante la variabilidad en el clima y modelos de agricultura es preciso introducir flexibilidades suficientes que tenga en cuenta que no hay dos años iguales. Entre otras, proponemos las siguientes modificaciones:
Eliminación del 4% de barbecho obligatorio por la BCAM 8.
Redefinir el concepto de cultivo secundario en la BCAM 7.
Si se exige la rotación de cada parcela con un cultivo diferente cada cuatro años, el primer año computable debe ser aquel en el que entra en vigor la normativa. Por tanto, el cómputo de la rotación se debe verificar en 2026 respecto a los tres años anteriores, esto es en el periodo 2023-2026. Se considerará que el requisito de rotación se cumple si antes de ese año 2026 se ha realizado, al menos en una campaña un doble cultivo, independientemente de lo que ahora se entiende por cultivo principal y cultivo secundario.
Redefinir las prácticas que se pueden hacer en las tierras de barbecho en la BCAM 6
Se debe permitir la gestión de las plantas adventicias durante la primavera y el verano. Se debe permitir el enterrado de purines salvo cuando el suelo esté encharcado.
BCAM 4. Creación de franjas de protección en los márgenes de los ríos. La delimitación debe incluir exclusivamente los cauces con una anchura mínima y un caudal de agua continuo mínimo durante todo el año. Además, deben tenerse en cuenta las zonas del cauce con un nivel de riesgo a la contaminación bajo, bien por la escasa intensidad productiva de los cultivos presentes o por un porcentaje de barbecho más elevado. En todo caso consideramos que el cumplimiento debe estar exceptuado en las superficies acogidas a modelos productivos de agricultura ecológica. La producción ecológica no permite el uso de productos químicos de síntesis, por ello no existe riesgo de contaminación de cauces y el propio modelo asegura su protección.
BCAM 5. Establecer la posibilidad de hacer labores en favor de la línea de máxima pendiente en el caso de plantaciones ya establecidas cuyo marco no permita labrar transversalmente o si el sistema de riego lo dificulta.
Rotación de cultivos con especies mejorantes.
Cuando haya condiciones que así lo justifiquen se pueda no cumplir con el 5% de leguminosas, incrementando al 15% el porcentaje de mejorantes en la rotación.
Por otra parte, existen zonas de cultivo, en especial las menos productivas, en las que de forma tradicional se ha cultivado mediante la técnica de año y vez, en este sentido, establecer un máximo del 20% de barbecho implica no poder acogerse a la práctica del ecorrégimen una parte importante de las explotaciones. Por ello se propone incrementar el límite máximo de barbecho hasta el 40% en las explotaciones ubicadas en aquellas comarcas que tenían asignado un índice de barbecho con un valor igual o superior a 20.
Consideración de cultivos como el espárrago, las especies aromáticas y el chopo como cultivos plurianuales.
Rotación de cultivos y siembra directa.
De una forma general, las explotaciones con superficie de regadío disponen, a su vez, de superficie de secano, por ello la gestión de la explotación es muy compleja en el momento que se exige el cumplimiento de las condiciones de forma independiente en la superficie de secano y en la de regadío. Por ello se debería permitir su cumplimiento en el conjunto de la superficie de la explotación, en especial los porcentajes correspondientes a los cultivos mejorantes, que en muchas ocasiones exige dividir recintos en varios cultivos para su cumplimiento.
Espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes.
Una primera propuesta consiste en incluir en el concepto de superficie de no cosechado cualquier tipo de cultivo, no únicamente cereales y oleaginosas.
Asimismo, consideramos, como así permite el reglamento, que la superficie de barbecho debería computar como espacio de biodiversidad sin necesidad de exigir que sea semillado.
Pastoreo extensivo.
Que se permita que los ganaderos de ovino que pastan rastrojeras puedan solicitar esa superficie dentro del ER, aunque no la declaren para utilizar DBRS.
Márgenes de biodiversidad.
En el caso de cultivos leñosos aceptar que los márgenes o espacios de biodiversidad se puedan hacer entre las calles de los cultivos y no sólo en el margen de las parcelas
Cubiertas vegetales.
Permitir que una explotación que haga el 40% de cubiertas vegetales cobre el 100%.
Permitir alternar calles a la hora de hacer las cubiertas vegetales
Permitir el pastoreo independientemente de la pendiente de la parcela.
Cuaderno de campo digital.
Que se modifiquen los ecorregímenes para que el CUE sea voluntario y se prime su uso en cada uno de los ecorrégimenes.
Que la relación entre CUE y REA sea bidireccional.
Que no haya obligación de subir la información del CUE al sistema SIEX nada más que dos veces al año.
Producción sostenible de proteínas de origen vegetal.
Se considera necesario recuperar de nuevo la ayuda a las oleaginosas en el marco de la ayuda asociada a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal
Medidas para luchar contra las consecuencias del cambio climático
El cambio climático es, sin duda, el principal riesgo al que se enfrenta la agricultura y ganadería española. Necesitamos de la ciencia y el conocimiento para superarlo con éxito y políticas claras tanto nacionales como comunitarias para implementar medias que hagan resilientes a las explotaciones ante esta nueva realidad.
Aprobar y potenciar las técnicas de edición genómica en Europa como una medida eficaz para enfrentar el reto de adaptación al cambio climático
Incremento de la investigación e innovación en mejora vegetal y animal para enfrentar los retos del cambio climático.
Mayor apuesta en la modernización de regadíos
Cambiar el sistema de seguros agrarios
Asegurar presupuesto suficiente por parte del Ministerio y las CC.AA. para llegar al 60% del coste de las pólizas para las explotaciones familiares profesionales.
Para hacerlo consorciable: que el exceso de siniestralidad como consecuencia de los efectos del cambio climático lo asuma el Consorcio de Compensación de Seguros Agrarios.
Que se cree en la UE un fondo específico para hacer frente a los efectos del cambio climático en la agricultura y la ganadería (FONDO DE CRISIS CLIMÁTICA).
Establecer una interlocución estable y normalizada entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y las OPAS. Desarrollo de una ley que establezca la creación del Comité Asesor Agrario como órgano de representación entre las Organizaciones Agrarias más representativas a nivel nacional y el Ministerio de Transición Ecológica, con un reglamento que fije una periodicidad mensual de las reuniones, donde se debatan todas las normas que afecten al sector agrario.
Mesa para atender cuestiones ganaderas
Nos preocupa la evolución de la concentración de la ganadería, el crecimiento de la integración y la desaparición de explotaciones ganaderas. En gran medida es debido a la promulgación de normativas muy difíciles de cumplir por las explotaciones familiares y pensada para esos modelos.
Fauna salvaje
Sacar el lobo del Lespre (listado de especies silvestres en régimen de especial protección).
Indemnización justa por los daños de lobos
En relación al Real Decreto 364/2023, de 16 de mayo, por el que se establecen las obligaciones de vigilancia del titular de la explotación y al plan sanitario integral de las explotaciones ganaderas, en el que se incluye la figura del veterinario de explotación y en su Anexo IV el contenido mínimo del Plan Sanitario Integral de las explotaciones ganaderas, no podemos contar con que la ADS sea la respuesta a la nueva carga burocrática, puesto que no todos los ganaderos están en ADS ni quieren estarlo, no se dispone de profesionales veterinarios suficientes para hacer frente a estas exigencias, supondrá un mayor coste para los ganaderos y mayor carga burocrática sin que se vaya a obtener un claro beneficio y se verán perjudicadas en mayor medida las explotaciones familiares que tienen mayor dificultad para hacer frente a estas exigencias. Por lo tanto, pedimos la eliminación de esta figura.
Analizar el Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones Bovinas (SIGE), y ver posibles modificaciones, simplificándolo y evitando carga burocrática para el ganadero
Flexibilización en la aplicación del real decreto que establece las normas para la aplicación del estiércol en los suelos agrarios.
Además, solicitamos:
Establecimiento de una línea de ayudas específica para las explotaciones familiares para adaptar o comprar equipos esparcidores de purines que cumplan la norma.
Plan de gestión colectiva de equipos de aplicación de purines y estiércoles a través de cooperativas.
Planes de sanidad animal que afronten los retos de las enfermedades tradicionales, como la tuberculosis bovina, y las nuevas enfermedades como la EHE, consensuados entre el Estado y las
comunidades autónomas, dando prioridad a las medidas preventivas (vacunación), y compensando al ganadero, por la vía del seguro u otras vías, de la totalidad de las pérdidas que le ocasionen.
Plan estratégico a nivel nacional para la ganadería extensiva, en apoyo integral a todas las funciones que la ganadería ejerce (calidad, prevención de incendios, biodiversidad, incremento de la captura de carbono…)
Mesa aplicación Ley Cadena
La Ley de la Cadena ha sido uno de los grandes éxitos del trabajo común del sector agrario, pero es preciso que todas las Administraciones se impliquen es su puesta en marcha. Una cuestión que trasciende a esta Ley y que descansa en el derecho comunitario es la necesidad de fortalecer el poder de negociación del sector primario a través de la negociación colectiva.
Dotar del personal y medios suficientes a la AICA y a las Autoridades de Ejecución de las Comunidades Autónomas para que puedan desarrollar su función correctamente.
Impulso y puesta en marcha de las Autoridades de Ejecución que han creado las Comunidades autónomas.
Establecer en la OCM única una excepción a la ley de la competencia que permita la negociación colectiva en el sector primario.
Impulso de los estudios de cadena de los productos más sensibles. Hay que poner en marcha de una vez un sistema semiautomático de generación de estudios de valor de los principales productos que permitan identificar los posibles problemas que puedan darse en una determinada cadena. En definitiva, se debe cumplir lo que dice la ley:” Realizar estudios de carácter regular, encaminados a establecer un seguimiento sistemático de la formación de los precios finales de los alimentos”.
Desarrollo por parte del observatorio de la cadena índice de precios y costes de producción tal y como establece la normativa, con carácter trimestral. Estos índices deberán servir como referencia al sector productor para indexar el precio de sus contratos y a la AICA como alerta de riesgo para incluir en su programa de indicios, dentro del plan de control, a aquellas entidades que firmen contratos por debajo de los costes de producción que periódicamente publique el observatorio.
Se debe desarrollar la figura del mediador según el modelo francés.
Negociación colectiva
De acuerdo con los precedentes comunitarios, la normativa comunitaria restringe en gran medida la posibilidad de que no se apliquen las normas de competencia a acuerdos entre operadores del sector agroalimentario, estableciendo unas condiciones muy exigentes para ello.
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dedica el Capítulo I de su Título VII a las disposiciones sobre competencia (arts. 101 a 109), y dentro de éste su sección 1ª a las disposiciones aplicables a las empresas, sin establecer ninguna precisión o salvaguarda en cuanto a sectores económicos en particular. El TFUE, no obstante, establece en su art. 42.1 que el Consejo y el Parlamento Europeo pueden establecer exenciones a las reglas comunitarias de competencia a la producción y comercialización de productos agrarios, mediante el establecimiento de Reglamentos que así lo dispongan, teniendo en cuenta los objetivos del art. 39 TFUE, relativos a la Política Agraria Común.
Es decir, con carácter general las leyes de competencia limitan en la actualidad la posibilidad de mejorar la posición negociadora del sector productor a través de, por ejemplo, la negociación colectiva que permita establecer unas condiciones mínimas en los contratos en cuanto a calidades, pagos, descuentos… Sin embargo, si en el marco de la Política Agraria Común se aprobara un reglamento que permita la negociación colectiva en el seno de, por ejemplo, las interprofesionales, este obstáculo estaría vencido y se podría desarrollar una legislación nacional para regular la forma de hacerlo.
La Ley de la Cadena busca corregir desequilibrio y hacer de la cadena alimentaria una cadena de valor donde cada eslabón de la misma genere valor y no lo destruya, como ocurría. Pero nada puede hacer para mejorar la escasa capacidad de negociación que tiene el agricultor y ganadero frente a sus compradores, ya sean industriales o la distribución.
Se reproduce a continuación la exposición de motivos de la OCM única aprobada en el 2013 que permite la negociación colectiva en el sector lácteo a través de la figura de la organización de productores de leche.
“A fin de garantizar el desarrollo viable de la producción y el consiguiente nivel de vida equitativo para los productores de leche, conviene fortalecer su poder de negociación con respecto a los transformadores y conseguir así una distribución más equitativa del valor añadido a lo largo de la cadena de suministro. Para alcanzar estos objetivos de la PAC, debe adoptarse una disposición de conformidad con el artículo 42 y el artículo 43, apartado 2 del TFUE que permita a las organizaciones de productores constituidas por productores de leche o sus asociaciones negociar conjuntamente los términos del contrato, incluido el precio, para una parte o la totalidad de la producción de sus miembros con una central lechera. A efectos de mantener la competencia efectiva en el mercado lácteo, esta posibilidad debe estar sujeta a límites cuantitativos apropiados. Con el fin de no socavar el funcionamiento eficaz de las cooperativas y en aras de la claridad, se debe precisar que si la pertenencia de un ganadero a una cooperativa está sujeta a la obligación, con respecto a la totalidad o parte de esa producción lechera del ganadero, de entregar leche cruda obligación cuyas condiciones están establecidas en los estatutos de la cooperativa, o por las normas y decisiones resultantes de los mismos, dichas condiciones no deben ser objeto de negociación a través de una organización de productores.”
Fitosanitarios
La Comisión Europea anunció dos objetivos de reducción de plaguicidas como parte de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» en mayo de 2020.
Se trataba de una reducción del 50% en el uso y el riesgo de plaguicidas químicos y una reducción del 50% en el uso de plaguicidas más peligrosos.
El anuncio de abandonar esta iniciativa supone poner sensatez y cordura sobre una cuestión que las organizaciones agrarias ya habíamos denunciado desde el primer momento y es que no se puede proponer unos objetivos tan ambiciosos sin ni siquiera tener un estudio de impacto. La propuesta de Reglamento de Uso Sostenible de productos fitosanitarios contenía unos objetivos de reducción de uso y riesgo de productos fitosanitarios no basados en datos de impacto agronómico, ni en la evidencia científica ni teniendo en cuenta la realidad agrícola.
También es preciso aclarar que en modo alguno hay relación entre el uso de productos fitosanitarios y el cambio climático. Más bien al contrario, ya que para mantener el volumen total de producción que alimente a la población mundial se requeriría mucha más superficie ante el descenso cierto de la producción de cada hectárea. Porque ahora hemos sido los agricultores los que hemos saltado y expresado públicamente que no es posible mantener la producción europea de alimentos sanos y seguros si perdemos tantas herramientas de gestión de nuestras explotaciones. Si no hubiéramos sido nosotros ahora en un futuro habrían sido los propios consumidores porque si no se hubiera parado esta iniciativa los realmente perjudicados habrían sido ellos con un encarecimiento nunca visto de la cesta de la compra.
El sector apoya un uso sostenible y racional de los productos fitosanitarios, pero en modo alguno posiciones radicales que planteen reducciones del 50% sin atender a potenciar buenas prácticas ni ver si hay alternativas que no pongan en peligro la producción de alimentos, y por tanto la seguridad alimentaria.
Por otro lado, en relación a las herramientas de sanidad vegetal, según datos de CropLife Europe, hoy disponemos a nivel global de unas 800 materias activas, de las que solo 400 están permitidas en Europa, prácticamente la mitad con tendencia a la baja. De las 400 aproximadamente registradas en Europa una parte son candidatas a la sustitución (sin alternativa viable por el momento), la parte más importante son sustancias activas convencionales y una pequeña parte sustancias básicas y de bajo riesgo. No es posible cambiar todo el botiquín fitosanitario de la noche a la mañana, aunque a nivel europeo quiera incentivarse los biológicos y bajo riesgo.
La digitalización llega a las pequeñas y medianas explotaciones agrarias para revolucionar el campo
UPA despliega una estrategia coordinada para que la tecnología digital se convierta en una herramienta al alcance de las explotaciones agrícolas y ganaderas familiares
Hay personas e instituciones que tienen una imagen distorsionada de la agricultura familiar. Ahora que España puede contar, por primera vez en su historia, con una Ley que proteja y fomente este modelo productivo –cuya aprobación está prevista para esta legislatura– es importante romper los tópicos que arrastra y difundir la verdad de este modelo productivo.
La agricultura familiar en España, que UPA defiende y promociona a todos los niveles, es un modelo moderno, sostenible y competitivo, muy alejado de un modelo de subsistencia que puede existir en otros continentes o en décadas ya pasadas en nuestro país. La agricultura y ganadería familiar está conformada por más de 800.000 explotaciones en toda España, siendo el modelo mayoritario en todos los sectores y territorios.
Por lo tanto, el modelo familiar en España es un modelo de éxito, como lo corrobora la potencia productiva y exportadora del sector agroalimentario español. Si bien es cierto que en los últimos años nuestro sector primario no es ajeno a determinadas tendencias que afectan a la estructura de las explotaciones agrícolas y ganaderas. En la última década España ha perdido alrededor de 70.000 explotaciones, mientras que se produce un aumento del tamaño medio de explotación en un 8,92% en el conjunto nacional.
Tenemos menos explotaciones y más grandes, pero en alrededor del 80% de ellas seguimos encontrando que el titular o titulares son al mismo tiempo los gestores de las mismas. Es decir, que sigue predominando el modelo familiar, muy arraigado en la base de la agricultura y la ganadería y que, a pesar de las múltiples dificultades a las que tiene que hacer frente, sigue avanzando y evolucionando.
Los retos del campo
Los expertos coinciden en señalar que el cambio climático es el mayor reto que afronta el campo. Es un reto hoy y lo será aún más en el futuro, pues el calentamiento global seguirá agravándose año tras año. Sumado a ello, el sector vive un fuerte envejecimiento, con una media de edad de 61 años y con menos del 40% de los jefes de explotación con menos de 45 años, que convierte el relevo generacional en una tarea indispensable que España debe acometer sin demora.
La Ley de la Agricultura y la Ganadería Familiar debe tener este reto como uno de sus puntales. La incorporación de jóvenes al campo se produce de forma mucho más eficiente y lógica en forma de relevo familiar. Las dificultades de la profesión, la situación de mercado o el encarecimiento del acceso a la tierra son frenos insalvables en la mayoría de los casos para que personas ajenas al campo se incorporen a la actividad. Todas esas barreras son más fáciles de romper si se fomenta la incorporación de generaciones jóvenes de familias que ya se dedican a la producción de alimentos.
España debe sentar las bases para que los y las jóvenes vean la profesión de agricultor y ganadero como una tan digna como cualquier otra. Una profesión que les permita disfrutar de un proyecto de vida pleno, en el que puedan alcanzar los objetivos que se propongan y ser felices viviendo y trabajando en sus pueblos. Para ello es evidente que no hay recetas mágicas, sino políticas que deben ponerse en marcha de inmediato en muchos y muy diversos aspectos.
El papel de la digitalización
Hoy escuchamos numerosas opiniones de expertos de todo tipo y de representantes políticos de las instituciones europeas y nacionales que la digitalización es un proceso que debe extenderse a todos los ámbitos de la economía, y el sector primario no es una excepción. No cabe duda de que las herramientas digitales son ya cotidianas para la mayoría de sectores y trabajadores, también en el campo, y lo serán mucho más en el futuro.
Hoy cualquier agricultor y ganadero consulta la información meteorológica en las apps de su teléfono inteligente, que también utiliza para consultar la información de precios, para participar en los grupos de WhatsApp de su organización agraria, de su pueblo o de su cooperativa. El móvil se ha convertido en la oficina móvil de todos los agricultores y ganaderos españoles, con un enorme grado de penetración, mucho más del que tuvo nunca el ordenador personal, por sus propias características de movilidad.
Hoy el tractor guiado por GPS ha dejado de ser una rareza para pasar a ser un aliado habitual, sobre todo en cultivos extensivos. Cada vez más agricultores empiezan a disponer de mapas de rendimientos de sus parcelas y pueden controlar el riego de sus parcelas de forma remota. Los drones empiezan a sonar como una ayuda útil para agricultores y ganaderos, que empiezan a adquirir collares de monitorización del ganado a modo de cencerros digitales.
El catálogo de soluciones digitales aplicadas al trabajo de agricultores y ganaderos es ya amplio y lo será aún más en el futuro. Y los jóvenes que se van incorporando al campo tienen claro que las herramientas digitales serán algo habitual y necesario en la estructura de sus explotaciones.
UPA apoya la digitalización
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos trabaja desde hace varios años para que la digitalización llegue a las explotaciones familiares a las que defiende, apoya y representa. Como todo proceso de cambio y evolución, este conlleva unos esfuerzos y unos costes de transformación que pueden suponer una desventaja para los emprendimientos más pequeños. Y eso es algo que no podemos consentir.
Deben existir ayudas públicas fuertes que se repartan con un criterio de justicia social, para apoyar más a quienes más lo necesitan. UPA está trabajando para incluir estos criterios sociales en el reparto de los fondos que las Administraciones europea y central están dedicando a fomentar la transformación digital en todos los sectores de la economía, pero estos deben reforzarse aún más.
ASAJA, COAG y UPA ponen en marcha movilizaciones que se desarrollarán inicialmente en las CCAA
Para reclamar un ambicioso plan de choque que recoja medidas a tres niveles: Unión Europea, gobierno de España y Comunidades Autónomas
Las organizaciones profesionales agrarias mayoritarias, ASAJA, COAG y UPA han acordado esta mañana retomar el calendario de movilizaciones para reclamar un ambicioso plan de choque que recoja medidas tanto a nivel de UE, como de gobierno de España y de las Comunidades Autónomas. Inicialmente, los actos de protesta se desarrollarán en el ámbito más regional durante las próximas semanas.
El sector agrario en Europa y en España está sumido en una frustración y malestar creciente debido a las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas de la UE. “Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España. Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia. Una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa”, han subrayado las tres organizaciones agrarias.
Sin embargo, la UE sigue cerrando más acuerdos de libre comercio con terceros países, que agudizan los problemas de los agricultores y ganaderos de toda la UE. En este sentido, COAG, UPA y ASAJA, van a reclamar la paralización de las negociaciones de acuerdos como del MERCOSUR, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia. Además, el Gobierno de España con la supervisión de la Comisión Europea, se debe aumentar los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio. “Es vital recuperar la preferencia comunitaria para recuperar y garantizar nuestra soberanía alimentaria”, sostienen las tres organizaciones agrarias.
Reclamamos una flexibilización y simplificación de la actual PAC, esto incluye tanto los ecoesquemas como las BECAM. La excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental.
Por otro lado a nivel nacional, UPA, ASAJA y COAG reclaman la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción. Asimismo, la AICA- Agencia de Información y Control Alimentario- debería de aplicar sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control.
A nivel estatal, se ha llegado a un acuerdo para solicitar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, soluciones inmediatas para abordar las problemáticas del sector, en todo aquello relacionado con las consecuencias de la sequía y la Guerra en Ucrania, precios y costes de producción, simplificación y flexibilidad de la PAC, sectores ganaderos y cuestiones laborales y de Seguridad Social.
En España, la ley de la Cadena Alimentaria se debe reforzar para conseguir su máxima aplicación. El Observatorio de la cadena debe publicar los índices de precios y costes; además se deben actualizar todos los estudios de cadena de valor realizados hasta ahora. La AICA debe actuar más a través de los indicios y por lo tanto con inspecciones de oficio. Se debe recuperar en los indicios la temática de los “precios anormalmente bajos”, como es el caso ahora mismo del limón.
Asimismo, se va a exigir al Ministerio de Agricultura un observatorio sobre las importaciones y que se refuerce la batalla en Bruselas para exigir reciprocidad, mediante cláusulas espejo, en todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio UE. El Ministerio de Agricultura también debe trabajar con la AICA para que se facilite de forma sencilla, que los agricultores y ganaderos puedan demandar un resarcimiento en sus ingresos cuando estén las sanciones publicadas.
Además, en el ámbito de sus competencias, a las Comunidades Autónomas se les demandan reformas urgentes en cuanto a la simplificación de los trámites burocráticos que ahogan a los profesionales del campo.
Los ganaderos también señalan la situación crítica que están generando las cuestiones de sanidad animal. Una cuestión que ha sido objeto en ocasiones de lucha partidista y en la que los ganaderos son “víctimas inocentes”. Exigen una política de sanidad animal coordinada, seria y coherente que ayude a los profesionales del campo y no les hunda.
Se debe recuperar un presupuesto reforzado para los seguros agrarios, para adaptarlo a la situación estructural que suponen las sequías y fenómenos meteorológicos adversos, cada vez más intensos y recurrentes por el cambio climático.
A nivel de Gobierno y Comunidades Autónomas se exige un reforzamiento real de los mecanismos de incorporación de jóvenes para propiciar el relevo generacional ante la gran jubilación en el campo:
Ninguna solicitud de incorporación de jóvenes debe quedarse sin realizarse por falta de presupuesto.
Frenar la especulación y la compra de tierra que están realizando los fondos de inversión y agentes fuera del sector agrario.
Facilitar, mediante mecanismos voluntarios, el acceso a la tierra a los jóvenes y nuevos agricultores, así como a aquellos que tienen una base territorial inferior a la media de su sector productor.
Debe replantearse la instalación de energías renovables en terrenos agrarios.
Solo un 14% de los agricultores, según una encuesta realizada por UPA, utiliza la asociación de cereales y leguminosas como parte de su rotación habitual. El motivo: las múltiples barreras (agronómicas, de mercado o formativas) que encuentran los productores para apostar por esta práctica
España cuenta con casi 12 millones de hectáreas de cultivos extensivos, de las cuales unos 6 millones se dedican a la producción de cereales y alrededor de un millón se dedican a producir cultivos leguminosos, principalmente guisantes, veza, alfalfa, yeros, lentejas y garbanzos. Los agricultores españoles han abandonado en gran medida el cultivo de leguminosas en las últimas décadas por diversas razones, en las que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha ahondado mediante la elaboración de encuestas que arrojan luz sobre la situación de este cultivo en nuestro país.
El trabajo de investigación se ha desarrollado en los últimos meses en el marco del proyecto europeo Leguminose, en el que participan UPA y el CSIC, que trata de fomentar las posibilidades de desarrollo de la técnica conocida como intercropping, basada en mezclas de cereales y leguminosas.
Las encuestas han mostrado datos preocupantes, como que sólo el 5% de los agricultores utiliza las leguminosas para mejorar la fertilidad de sus suelos, frente al 41% que utiliza estiércoles o purines, solos o combinados con fertilizantes minerales. Sobre la asociación entre cereales y leguminosas, apenas el 14% de los agricultores encuestados asegura que la asociación de cereales y leguminosas suele formar parte de su rotación, y el 25% nunca ha oído hablar de esta posibilidad, aunque el 32% cree que hay bastantes probabilidades de que pueda realizar esta práctica.
Entre los motivos de la baja apuesta por implantar las asociaciones de cultivo cereal/leguminosas, el 32% cita la falta de maquinaria adecuada; el 39%, la falta de ayudas específicas –algo que la nueva PAC trata de cambiar– y el 34% la incertidumbre sobre los rendimientos. La falta de formación (23%), la dificultad de venta del producto obtenido (35%) y el control de las malas hierbas (24%), son los otros motivos por los que no se desarrollan más estos cultivos.
Las posibilidades de las leguminosas
El cultivo de leguminosas aporta significativos beneficios al campo, al mejorar la estructura de los suelos y su materia orgánica, algo muy importante en el contexto de crisis climática. Sobre estos aspectos también fueron consultados los agricultores, de los cuales un 78% aseguró haber sufrido episodios de sequía importantes; un 40%, fenómenos de erosión y un 50% episodios de baja fertilidad de sus suelos. Así mismo, el 22,5% aseguró haber sufrido inundaciones y un 70% infestaciones de malas hierbas.
Sobre las ventajas más destacadas que observan los encuestados ante la posibilidad de incorporar leguminosas están la reducción del uso de fertilizantes (señalado por un 47%), el aporte de nutrientes al cultivo siguiente (40%), la mejora de la estructura del suelo (39%), y la colaboración en el control de malas hierbas (35%) y plagas y enfermedades (34%). Precisamente estos dos últimos apartados son considerados como muy importantes y que exigen una monitorización continua por casi uno de cada dos agricultores.
UPA está realizando en estos momentos ensayos en campo en hasta once localizaciones en cinco regiones de España para analizar las posibilidades y los problemas del intercultivo de cereales y leguminosas, cuyos resultados se darán a conocer en los próximos meses. Esta información servirá para ayudar a los agricultores a planificar sus siembras, una tarea que cada vez requiere de un mayor asesoramiento.
Preguntados sobre la selección de variedades, el 72,5% asegura hacerlo de manera concreta por su respuesta a enfermedades o por competencia con malas hierbas o que tengan un alto rendimiento y el 77,5% hace la elección basándose en su propia experiencia de años anteriores. Además, el 60% asegura planificar qué cultivos sembrar en la mayoría de la explotación con meses de anticipación, y el 45% elige cultivos que le ayudan a mejorar el contenido de materia orgánica en el suelo. Sólo el 40% aseguró planificar las siembras en función de las señales del mercado.
Frutas y hortalizas, porcino y leche explican la subida de la renta agraria en un año marcado por la crisis climática. Cereales, olivar y viñedo se llevan la peor parte. 2023 ha sido el año de consolidación de la Ley de la Cadena Alimentaria y la nueva PAC empieza a aplicarse sin dramas
Los datos lo confirman: 2023 ha sido el peor año de la historia –desde que hay registros– en lo que respecta a la meteorología. Esto ha provocado graves pérdidas en sectores muy importantes de la agricultura española, especialmente en el olivar, el cereal y el viñedo, con reducciones de hasta el 50% del valor de la producción, y con efectos claros en toda la cadena alimentaria, en forma de encarecimiento de los precios a los consumidores.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha realizado su informe del año 2023 sector por sector, con un balance que califican de “descorazonador”, por varios motivos: La cifra global de renta crece un 11% respecto a 2022, lo que se explica por el comportamiento de las frutas y hortalizas, el porcino y la producción de leche, sectores que aportan más de 41.000 millones del total de unos 65.000. Sin embargo, otros sectores de enorme importancia para España, como los cultivos herbáceos, el olivar o el viñedo, han tenido reducciones “brutales”, debido a la mala meteorología, lo que ha disparado las cifras de los seguros agrarios tanto en contratación como en indemnizaciones, así como en subvenciones, que son las mayores de la historia, sufragando hasta el 70% de los costes.
En este contexto, los agricultores y ganaderos han cubierto de forma mayoritaria sus costes de producción que, a pesar de haber bajado respecto a 2022 un 4,6%, se mantienen en niveles “disparados” en comparación con 2020 y 2021. La Ley de la Cadena Alimentaria –con sus sanciones públicas y el nuevo registro de contratos– ha dejado su efecto positivo en un año además muy complejo marcado por la sequía. Se demuestra que es y será una herramienta clave en el futuro de la cadena alimentaria.
2023 ha sido también el primer año de aplicación de la nueva Política Agraria Común. La PAC ha comenzado a aplicarse con un enorme esfuerzo por parte de los y las técnicos de las organizaciones agrarias, que se han encontrado con numerosas dificultades en la tramitación. Pero también es cierto que la nueva legislación deja efectos tangibles ya en el campo español, desmintiendo a las voces agoreras que llevan años tratando de torpedear la reforma.
Retos para 2024
Los pequeños y medianos agricultores y ganaderos españoles afrontan 2024 con grandes incertidumbres, sobre todo en materia meteorológica, pero también en los aspectos geopolíticos que les afectan en gran medida. UPA está reclamando ajustes en la PAC para adaptarla a la realidad del campo español. Cuestiones como permitir realizar tratamientos en los barbechos, realizar labores superficiales en determinados casos, mantener la reducción de los porcentajes mínimos obligatorios de superficie rotada o que haya una revisión al alza de la admisibilidad de pastos, para favorecer a la ganadería extensiva, son medidas “muy necesarias para los agricultores”, según la organización.
Otros retos muy importantes para 2024 serán seguir incrementando el apoyo público a los sectores afectados por la crisis climática, los costes de producción y los problemas de mercado. También seguir reforzando las políticas contra el despoblamiento, con especial atención a los jóvenes y las mujeres, como los grupos de población más vulnerables y necesarios para garantizar el futuro del medio rural.
UPA espera también que en este 2024 se den pasos adelante importantes en la redacción de la Ley de la Agricultura Familiar, otra reivindicación histórica de la organización que, junto a la Ley de la Cadena Alimentaria, que debe seguir reforzándose para asegurar su cumplimiento, y la primera PAC orientada a proteger este modelo de agricultura, debe ser uno de los pilares del progreso sostenible de los pueblos y las familias que, viviendo y trabajando en ellos, se dedican a producir alimentos.
Unos días después del ataque francés contra el vino español, UPA describe un panorama desolador en el sector tras la vendimia: precios bajos en origen, costes disparados y un mercado lejos de los niveles prepandemia
El sector del vino vive un momento muy complicado. Ahora que concluye la vendimia de este año, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha reunido a su Sectorial Vitivinícola para hacer balance de la campaña, con resultados que tildan de “desoladores”. La rentabilidad de los viticultores se ha hundido hasta el punto de poner en peligro su supervivencia en prácticamente todas las regiones españolas.
Unos días después de que viticultores franceses organizasen una acción violenta en la frontera de los Pirineos contra el vino español, los productores de uva españoles lamentan un ataque que califican de vandalismo. El ataque francés ha sido calificado por UPA de “ilógico e injusto”, pues el contexto en España es aún más complejo que en Francia: La producción este año baja un 15% respecto a 2022, que ya estuvo por debajo de la media, hasta situarse en 34,24 millones de hectolitros de vino y mosto. A pesar de esa escasa producción se están dando importantes problemas de mercado, con bajos precios en origen y altos costes.
El cambio climático está golpeando duramente al sector del vino, provocando un bajo rendimiento y una escasa producción por la sequía, las olas de calor y las lluvias a destiempo. A ello se suma el incremento de los costes de producción en partidas como los combustibles, los abonos o la maquinaria.
Medidas de contención insuficientes
A pesar de las medidas de contención de la oferta puestas en marcha este año, como la cosecha en verde -regulada en once comunidades autónomas- o las destilaciones de crisis en La Rioja, Cataluña, Extremadura y País Vasco, UPA cree que “no han sido suficientes para amortiguar el descenso de precios y fomentar un mercado ya de por sí muy debilitado”.
El consumo de vino sigue bajando en el mercado interior, con un volumen de 9,6 millones de hectolitros (un descenso del 6,4% en el interanual), muy lejos de los más de 11 millones de hectolitros que llegamos a alcanzar en los meses previos a la pandemia. Las exportaciones, a pesar de haberse incrementado en valor, algo lógico dentro del contexto inflacionista, descienden en volumen, marcando una tendencia “muy preocupante” para un país como España, que es el primer exportador mundial de vino en volumen.
“Estamos ante un problema de mercado”, aseguran desde UPA, generado “no por excedentes”, sino por falta de consumo interior y exterior. Además se constata una tendencia del precio a la baja, tanto en precios de uva, como de vino y consumo en la categoría de los tintos, mientras que hay un crecimiento en la demanda de vinos blancos.
Reformas para proteger a los viticultores
Los viticultores creen que es imprescindible reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria para proteger la supervivencia del sector productor en el futuro. También la intervención sectorial vitivinícola (ISV), que sustituye en la nueva PAC al PASVE de años pasados, debe modificarse para adoptar mecanismos de gestión acordes con la oferta.
También la cosecha en verde supone para UPA una opción que hay que mantener en determinadas campañas para poder controlar la producción y evitar posibles destilaciones de crisis que además son cuestionables desde el punto de vista de la sostenibilidad.
Además, UPA va a seguir insistiendo en introducir una medida de ayudas a inversiones en explotaciones vitícolas, porque está incluida en las opciones dentro de la normativa comunitaria, y que ya fue reclamada desde la organización a pesar de que el Ministerio de Agricultura no consideró conveniente su inclusión en el conjunto de medidas de la ISV.
El papel de la Interprofesional
UPA ha calificado de “instrumento vital para el sector” el Plan Estratégico elaborado en el seno de la Interprofesional del Vino de España (OIVE), con diversos ejes, medidas y acciones, sobre la que actualmente se está trabajando y en la cual UPA apuesta decididamente por medidas como la futura norma de comercialización que tenga por objetivo una autorregulación del sector.
También UPA se ha referido a los ecorregímenes vinculados al sector, señalando la necesidad de fomentar estas medidas, pero también modificando sus condiciones y requisitos para que puedan ser aplicables desde una manera más óptima y rentable para las explotaciones vitícolas.