Las sociedades que avanzan se construyen con bases sólidas para superar la prueba del tiempo. Lo mismo ocurre con las grandes obras públicas. Para hacer realidad proyectos transformadores deben coincidir la voluntad colectiva y la determinación de las administraciones, aun sabiendo que surgirán obstáculos y controversias

En Gran Canaria ha sido así durante más de un siglo. La historia demuestra que las grandes infraestructuras suelen enfrentarse siempre a las mismas objeciones: se cuestiona su coste, se considera que existen necesidades más urgentes, se duda de su utilidad y se augura que nunca justificarán la inversión. Sin embargo, el tiempo suele pronunciar un veredicto muy distinto.

Esta dinámica forma parte de la propia construcción de Gran Canaria. La división de opiniones ha acompañado el desarrollo de infraestructuras que hoy nadie discute y que han contribuido decisivamente a la modernización de la isla. Las voces contrarias acabaron silenciadas por la elocuencia de los hechos.

Los cimientos del Teatro Pérez Galdós constituyen uno de los primeros ejemplos. Tras el incendio del antiguo Teatro Tirso de Molina, la construcción del nuevo recinto desató una intensa controversia. Se criticó su elevado coste y se defendía que Las Palmas de Gran Canaria tenía necesidades más urgentes. El propio Benito Pérez Galdós expresó reservas sobre dedicar tantos recursos a un gran coliseo, -al que llegó a denominar «teatro acuático»- en una ciudad con importantes carencias sociales. Inaugurado en 1890, terminó convirtiéndose en uno de los grandes referentes culturales de Canarias y en un símbolo del patrimonio histórico de Gran Canaria.

Algo muy similar ocurrió con el Puerto de La Luz y de Las Palmas. Cuando comenzaron las obras en 1883, bajo el impulso del ingeniero Juan de León y Castillo, abundaban quienes consideraban desproporcionada una infraestructura de semejante envergadura para las necesidades de la isla. Se cuestionaba su coste y se dudaba de que pudiera generar el tráfico marítimo suficiente para justificar la inversión. La realidad desmintió aquellos pronósticos. Gracias a su posición estratégica en las rutas atlánticas, el Puerto de La Luz acabó convirtiéndose en uno de los principales motores económicos de Gran Canaria y de Canarias.

La misma controversia acompañó a buena parte de las grandes presas construidas durante el siglo XX. Las expropiaciones, la financiación, la gestión del agua o el propio modelo de desarrollo agrícola alimentaron un intenso debate. Hoy esas infraestructuras forman parte del paisaje de la isla y nadie discute su importancia para garantizar el abastecimiento de agua. Del mismo modo, la contestación al proyecto hidroeléctrico de Salto de Chira ha ido perdiendo fuerza conforme se han comprendido sus beneficios para la seguridad hídrica, energética y alimentaria de Gran Canaria y el proyecto avanza cumpliendo sus plazos.

Las críticas por el coste y la oportunidad de la inversión también acompañaron la construcción de la carretera del centro, la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria o la carretera de La Aldea. Ese mismo debate se proyecta hoy sobre el tren de Gran Canaria, una infraestructura que seguimos defendiendo como esencial para mejorar la movilidad insular y afrontar los desafíos del futuro.

Si la controversia ha perseguido históricamente a las infraestructuras destinadas a sostener el desarrollo económico y social de una isla densamente poblada, no resulta extraño que también haya acompañado a los grandes equipamientos culturales y deportivos. Con frecuencia se ha menospreciado su capacidad para generar cohesión social, proyectar la imagen de Gran Canaria y dinamizar la economía.

El Centro Atlántico de Arte Moderno, inaugurado en 1989, fue criticado por el coste de la rehabilitación del edificio histórico de Vegueta, por su mantenimiento y por una programación considerada demasiado vanguardista. Con el paso de los años terminó consolidándose como uno de los museos de referencia de Canarias y como una institución de prestigio dentro y fuera del Archipiélago.

La construcción del Auditorio Alfredo Kraus tampoco escapó a ese patrón. Se discutieron su coste, su ubicación en la playa de Las Canteras, su dimensión e incluso la elección de un arquitecto catalán. Hoy constituye uno de los grandes iconos culturales de Gran Canaria y uno de los auditorios más reconocidos de España.

La construcción del Gran Canaria Arena, inaugurado en 2014 con motivo de la Copa del Mundo de Baloncesto, reavivó un debate bien conocido. Se criticó el incremento del presupuesto, que pasó de 35 a más de 80 millones de euros, y se cuestionó la conveniencia de destinar recursos públicos a una gran infraestructura deportiva en plena crisis económica. También se dudó de la necesidad de un recinto con capacidad para más de 11.000 espectadores. Hoy, sin embargo, constituye uno de los principales equipamientos deportivos de Canarias y un escenario capaz de albergar acontecimientos internacionales de primer nivel.

Algo parecido ocurrió con el Estadio de Gran Canaria. Su construcción, en 2003, estuvo rodeada de una intensa polémica. Se consideraba demasiado costoso y muchos lamentaban el abandono del histórico Estadio Insular. Dos décadas después, el debate vuelve a reproducirse con su reforma y ampliación. Cambia la infraestructura, pero el discurso permanece prácticamente inalterable: se cuestiona la inversión, se pone en duda su oportunidad y se insiste en que existen otras prioridades.

Mirar al pasado permite comprender mejor el presente. El horizonte de obras que fueron discutidas por su coste o por la oportunidad de acometerlas es tan amplio como el lugar imprescindible que hoy ocupan en la vida cotidiana de la isla. Las objeciones se repiten con una sorprendente fidelidad; lo que cambia es el juicio que termina haciendo el tiempo sobre ellas.

En ese contexto se sitúa La Nube, el proyecto ganador del concurso internacional para la reforma y ampliación del Estadio de Gran Canaria. Está llamado a convertir el recinto en uno de los grandes arenas del Estado y a reforzar su capacidad para generar actividad deportiva, cultural y económica. Pero representa también algo más profundo: la voluntad de una isla de seguir mirando al futuro sin renunciar a la ambición. La elección de Gran Canaria como sede del Mundial de 2030 fue un éxito colectivo, y La Nube simboliza la capacidad de esta tierra para afrontar retos de gran dimensión y competir con los territorios más avanzados de Europa.

Nuestra convicción se apoya en una idea expresada por Ludwig Mies van der Rohe: la arquitectura es la plasmación de la voluntad de una época. Esa convicción ha inspirado buena parte de la transformación impulsada por el Cabildo durante los últimos años. Los grandes equipamientos no son simples edificios; son infraestructuras que reconfiguran la forma en que una sociedad se relaciona consigo misma y con el mundo.

Por eso conviene hacerse algunas preguntas. ¿Fueron excesivos los recursos destinados al Puerto de La Luz? ¿Lo fueron los invertidos en el Teatro Pérez Galdós, en las grandes presas, en el Auditorio Alfredo Kraus o en el Gran Canaria Arena? En su momento muchos respondieron afirmativamente. Hoy casi nadie pondría en cuestión su contribución al desarrollo de la isla. La historia demuestra que la utilidad de las grandes obras no siempre puede medirse desde la inmediatez.

Conviene recordar, además, que inversiones como la prevista para el Estadio de Gran Canaria no compiten con las políticas sociales. Conviven con el mayor esfuerzo sociosanitario realizado en la historia de la isla con inversiones históricas en dependencia, vivienda, empleo y apoyo al tercer sector. Conviven con el desarrollo del nuevo Infecar (72 millones de euros), del Salto de Chira (600 ME), del MUBEA (15ME), del plan sociosanitario más importante de Canarias (200 ME), del Centro Insular de deportes (20 ME). Conviven con un modelo de desarrollo ecosocial transformador de la realidad insular.

Porque el objetivo último de toda acción pública sigue siendo el mismo: mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Las grandes infraestructuras y la justicia social no son caminos incompatibles; son dos expresiones complementarias de un mismo proyecto de progreso.

La historia de Gran Canaria enseña que las sociedades que aspiran a avanzar deben ser capaces de pensar más allá de la urgencia del momento. Las generaciones que hoy disfrutan del Puerto de La Luz, del Teatro Pérez Galdós, del Auditorio Alfredo Kraus, de las grandes presas o del Gran Canaria Arena apenas recuerdan las controversias que acompañaron su nacimiento. Permanecen las obras; se desvanecen las polémicas. Esa es, quizá, la verdadera prueba del tiempo. No la resistencia del hormigón o del acero, sino la capacidad de una sociedad para reconocer, con la perspectiva de los años, que algunas de las decisiones más discutidas fueron también las que contribuyeron de forma más decisiva a construir su futuro.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Las grandes transformaciones nunca avanzan en línea recta. Exigen visión, voluntad política, capacidad para sumar y, sobre todo, determinación para superar los obstáculos que inevitablemente aparecen en el camino. Conseguir que Gran Canaria sea sede del Mundial de Fútbol de 2030 ha sido uno de esos retos. Transformar el Estadio de Gran Canaria para estar a la altura de ese acontecimiento es el siguiente

Nada de lo conseguido hasta ahora ha sido fruto de la casualidad. Ya en el mandato anterior, el Cabildo inició ante la Real Federación Española de Fútbol las gestiones y los procedimientos necesarios para situar a la isla en la carrera mundialista. En el actual mandato intensificamos ese trabajo y construimos una candidatura colectiva, sumando a instituciones públicas y a organizaciones deportivas, económicas, sociales y civiles alrededor de un objetivo común. Y se consiguió.

En julio de 2024, Gran Canaria fue incluida entre las once sedes españolas propuestas para el Mundial. En diciembre de ese mismo año, la FIFA confirmó la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para organizar el campeonato de 2030. Nuestra isla estará, por primera vez, en el escenario del mayor acontecimiento deportivo del planeta. Y llegamos hasta aquí gracias a una propuesta que cumplió con nota con los exigentes requisitos de FIFA, y puso de manifiesto una solvencia y rigurosidad administrativa y técnica que también se aplicó al posterior proceso de licitación.

Es difícil exagerar la dimensión de ese logro. Un Mundial no son solamente unos partidos de fútbol. Es proyección internacional, actividad económica, empleo, modernización de infraestructuras y capacidad para mostrar Gran Canaria al mundo. Pero es también algo menos cuantificable y no menos importante: sentimiento de pertenencia, orgullo colectivo y cohesión social.

Desde el principio entendimos, además, que la oportunidad no podía agotarse en unas semanas de competición. Los grandes acontecimientos tienen verdadero sentido cuando dejan un legado. Por eso la transformación del Estadio de Gran Canaria, recogida ya en nuestro programa electoral, responde a una ambición que va mucho más allá de cumplir las exigencias del Mundial. Se trata de dotar a la isla de una infraestructura moderna y de primer nivel para las próximas décadas.

El Cabildo convocó un concurso internacional de ideas para definir el futuro del estadio. El proyecto seleccionado plantea una transformación integral del recinto: cerca de 42.000 localidades, las gradas aproximándose al terreno de juego, una nueva cubierta y una profunda modernización de los accesos, las instalaciones, la tecnología y los servicios.

No estamos ante una reforma menor. Es una de las mayores intervenciones sobre una infraestructura deportiva realizadas en Canarias. La complejidad técnica del proyecto quedó acreditada durante su desarrollo. Los estudios realizados determinaron que las características del terreno sobre el que se asienta el estadio exigen importantes trabajos de cimentación y refuerzo para soportar una actuación de estas dimensiones. Esa circunstancia, junto a la evolución de los costes de construcción debido a la inflación y a los conflictos bélicos internacionales,  obligó a revisar la previsión económica inicial.

La primera estimación se situaba en torno a los 100 millones de euros. Posteriormente, el Cabildo realizó la correspondiente modificación presupuestaria y la obra salió a licitación por 174,7 millones. La UD Las Palmas anunció, asimismo, su participación en la financiación con una aportación de 60 millones de euros.

El procedimiento establecía un plazo de ejecución de 36 meses, dentro del calendario necesario para llegar al Mundial de 2030. Sin embargo, al concluir el plazo de presentación de ofertas ninguna empresa había concurrido a la licitación. El concurso quedó desierto. Es un contratiempo importante y debe ser abordado con diligencia. Pero no es el final de nada. Las licitaciones desiertas forman parte de la realidad de la contratación pública y la legislación establece mecanismos para afrontar estas situaciones. Corresponde ahora analizar las causas y utilizar, con la máxima agilidad y seguridad jurídica, las alternativas que permita la ley. Eso es lo que está haciendo el Cabildo. Lo que no correspondía era inflar los precios fraudulentamente.

Las razones que pueden explicar la ausencia de ofertas son diversas. El contexto bélico internacional está alterando los precios de la energía, el transporte, las materias primas, el coste de la mano de obra especializada  y los materiales de construcción. A ello se suman las dificultades derivadas de la insularidad, la disponibilidad de maquinaria especializada, la capacidad para afrontar simultáneamente grandes actuaciones en la isla y la escasez de determinados perfiles profesionales. También las penalizaciones, acordes con la dimensión del destino inicial de la obra.

El sector de la construcción ha expresado también sus reservas sobre el presupuesto, los plazos, las penalizaciones y la complejidad de la ejecución. Esas consideraciones deben ser escuchadas y estudiadas. El diálogo con quienes conocen el mercado y tienen que ejecutar las obras no solo es razonable: es necesario. Pero conviene establecer una distinción esencial. Escuchar no significa que una administración pública deba asumir automáticamente todas las posiciones de un determinado sector. Las empresas defienden legítimamente sus intereses y las organizaciones empresariales cumplen su función cuando trasladan las preocupaciones de sus asociados. El Cabildo tiene otra responsabilidad: proteger los recursos públicos, garantizar la legalidad y tomar las decisiones que mejor respondan al interés general de Gran Canaria.

Esa responsabilidad no se delega. Ya hemos vivido situaciones similares. En otras grandes actuaciones promovidas por el Cabildo - la última, la del futuro centro sociosanitario Carlota de la Quintana, en el antiguo psiquiátrico- se cuestionaron inicialmente por los constructores grancanarios los presupuestos o las condiciones de las licitaciones. En el caso señalado las obras encontraron una UTE, con participación grancanaria, dispuesta a ejecutarlas. Los constructores grancanarios pusieron el grito en el cielo, pero la obra se está ejecutando. La experiencia aconseja escuchar todas las advertencias, analizar los datos y evitar tanto la precipitación como los diagnósticos interesados.

Resulta, por eso, llamativa la rapidez con la que algunos han querido transformar una incidencia en un fracaso. Apenas quedó desierta la licitación comenzaron los juicios definitivos, los reproches y las dudas sobre la capacidad del Cabildo para sacar adelante el proyecto. La crítica es legítima y necesaria en una democracia. Pero también lo es preguntarse por qué determinados sectores parecen esperar cada dificultad para convertirla en una oportunidad de desgaste político, incluso cuando está en juego un proyecto estratégico para toda la isla. Se dejan ver también en estos casos los que envidian el progreso de Gran Canaria.

El Mundial no pertenece a un gobierno. Pertenece a Gran Canaria. El nuevo estadio tampoco será patrimonio de una mayoría política. Será una infraestructura pública que quedará al servicio de la isla durante décadas. Por eso convendría no confundir la fiscalización con el deseo de que las cosas salgan mal.

Nadie tiene que explicarnos la importancia del Mundial. Hemos trabajado durante años para conseguirlo. Tampoco necesitamos que nos descubran ahora la dificultad de construir una infraestructura de esta magnitud. La conocíamos cuando asumimos el reto y la conocemos mejor después de los estudios técnicos y del trabajo desarrollado. Este Cabildo tiene experiencia en la gestión de proyectos extraordinariamente complejos. El Salto de Chira constituye una de las mayores actuaciones energéticas que se ejecutan en España. Hemos impulsado la mayor planificación sociosanitaria de la historia de Gran Canaria, con nuevos centros para afrontar un déficit acumulado durante décadas. Avanzamos en la transformación del Centro Insular de Deportes, en la inauguración del Museo de Bellas Artes, en el nuevo INFECAR y en otras infraestructuras estratégicas para el futuro de la isla.

Ninguno de esos proyectos ha sido sencillo. Las grandes obras encuentran dificultades técnicas, administrativas, económicas y jurídicas. Surgen imprevistos, cambian las condiciones del mercado y aparecen obstáculos que obligan a modificar decisiones. La diferencia no está en que existan problemas. Está en la capacidad para resolverlos. Eso es gobernar.

Ahora corresponde determinar por qué la licitación del estadio quedó desierta y cuál es la mejor alternativa para continuar. Si es necesario revisar aspectos del procedimiento, se hará dentro de la legalidad. Si hay que negociar con empresas con capacidad técnica y solvencia suficientes, se utilizarán los mecanismos previstos. Si los informes objetivos aconsejan adoptar otras decisiones, se estudiarán y se explicarán con transparencia.

No habrá improvisación, pero tampoco parálisis. Sabemos, además, que cualquier decisión generará críticas. Si renunciáramos a transformar el estadio, se nos acusaría de perder una oportunidad histórica y de poner en riesgo la celebración del Mundial. Si realizamos la inversión necesaria, porque haya aumentado el coste de los materiales, habrá quienes contrapongan ese esfuerzo a otras necesidades sociales.

Es un debate legítimo, pero plantea una falsa elección. Una administración responsable no puede limitarse a gestionar las urgencias del presente renunciando a construir el futuro. Debe hacer ambas cosas.

El mismo Cabildo que impulsa el estadio está desarrollando la mayor inversión sociosanitaria de la historia de Gran Canaria, liderando la adaptación y la mitigación del cambio climático, la transición energética y la soberanía alimentaria, garantizando la seguridad hídrica, impulsando la diversificación económica -multiplicando el PIB en economía azul, disparando el uso del transporte  público, potenciando la economía circular, convirtiéndose en referencia en economía verde y lucha contra los incendios…-, y afrontando importantes necesidades sociales en materia de vivienda y de equipamientos sociales, culturales y deportivos. También medioambientales, industriales y comerciales. O de creación de empleo, de políticas de igualdad  y de cuidados. El progreso de una sociedad no se construye eligiendo permanentemente entre unas políticas y otras, sino generando los recursos y la capacidad pública necesarios para avanzar en distintos frentes.

El estadio tampoco se transforma para unas pocas semanas de 2030. El Mundial es el horizonte que acelera una actuación necesaria, pero la infraestructura permanecerá después de que termine el último partido. Será parte del patrimonio público de Gran Canaria y un equipamiento deportivo, económico  y social para las próximas generaciones.

Por eso afrontamos la situación actual con responsabilidad y determinación. Sin minimizar el problema y sin alimentar el alarmismo. Analizando las causas, escuchando al sector, utilizando las herramientas que ofrece la legislación y tomando las decisiones que correspondan.

Una licitación desierta no borra los años de trabajo que permitieron traer el Mundial a Gran Canaria. No invalida la necesidad de transformar el estadio. Y no convierte un obstáculo administrativo en el fracaso de un proyecto estratégico. Las grandes decisiones se miden, precisamente, cuando aparecen las dificultades.

Gran Canaria decidió competir por el Mundial cuando no había ninguna garantía de conseguirlo. Creyó en sus posibilidades, construyó una candidatura sólida, sumó voluntades y alcanzó un objetivo que durante años parecía lejano. Ahora tenemos delante otro desafío. Lo afrontaremos con diálogo, pero con autonomía para decidir; con prudencia, pero sin miedo; con rigor, pero sin permitir que la dificultad se convierta en parálisis. Escucharemos todas las posiciones legítimas, pero las decisiones se tomarán pensando en el interés general de Gran Canaria.

Porque los obstáculos no borran el camino recorrido. Lo ponen a prueba. Y este Cabildo no ha llegado hasta aquí para detenerse ante el primer tropezón que aparezca.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Las paredes del antiguo Hospital Psiquiátrico acumulan veinte años de silencio. Dos décadas en las que ese edificio singular, concebido por el arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre como una de las referencias del racionalismo en España, ha permanecido mudo entre la arboleda de Tafira, como una imagen congelada en el tiempo. Hoy, ese silencio termina. El Cabildo de Gran Canaria ha dado inicio a las obras de rehabilitación del inmueble para convertirlo en el Centro Sociosanitario Carlota de la Quintana, un equipamiento llamado a convertirse en pieza clave de las políticas de atención y justicia social de la isla

Colocar la primera piedra de este proyecto hace un par de días fue mucho más que un acto protocolario. Es la culminación de años de planificación, de voluntad política sostenida y de la convicción de que los cuidados no son un gasto, sino una inversión en derechos y en cohesión social. Es también el reconocimiento de que Gran Canaria tiene una deuda pendiente con este edificio y con las personas que un día lo habitaron.

El racionalismo nació del principio de poner la arquitectura al servicio de una función a través de la pureza de las líneas y las formas. Ese precepto fundacional encontrará ahora su expresión más plena. Tras la intervención impulsada por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo, con una inversión de algo más de 40 millones de euros y un plazo de ejecución aproximado de dos años, el edificio no será una infraestructura más: será, en palabras que me permito tomar prestadas del propio lenguaje arquitectónico, un gran abrazo protector.

La rehabilitación preservará los valores patrimoniales del inmueble y eliminará los añadidos que distorsionaban la obra original. Los jardines serán regenerados con especies propias del Paisaje Protegido de Tafira, y el conjunto alcanzará una eficiencia energética prácticamente plena. La vocación racionalista del edificio —ajustarse con precisión a un objetivo— encontrará así su razón de ser en un proyecto que esquiva la lógica operativa de los grandes centros hospitalarios para apostar por un modelo más personalizado y humano.

El futuro centro dispondrá de 242 plazas residenciales, organizadas en 17 unidades convivenciales y 2 viviendas tuteladas, destinadas fundamentalmente a personas mayores con discapacidad intelectual y física, y a usuarios y usuarias con enfermedad mental. Se suman 30 plazas de día, completando una oferta que pondrá las necesidades y la autonomía de las personas en el centro de cada decisión.

Hay algo en este proyecto que va más allá de los metros cuadrados y de las plazas residenciales, y quiero detenerme en ello. El nuevo centro llevará el nombre de la doctora Carlota de la Quintana: pionera de la medicina en el archipiélago, primera mujer médica especialista de Canarias y tercera de España, conocida por muchos como la doctora de los pobres.

Parecía que el destino tenía reservado un lugar conjunto para este edificio y para la doctora De la Quintana. Ella dedicó su profesión y gran parte de su vida al auxilio de las personas más necesitadas; fue la mano sanadora que llegó donde prácticamente nadie llegaba, luz de la medicina en la oscuridad de la injusticia social, la combinación perfecta de ciencia y humanidad. Nos dejó en el año 2011 a los 102 años, pero Doña Carlota pertenece a esa clase de personas eternas que permanecen gracias a su legado, tan sólido como los cimientos de estos pabellones.

Quienes creemos en la igualdad sentimos la obligación de continuar ese camino. El nombre del centro no es un homenaje decorativo: es un compromiso. Del mismo modo que el Centro Benedicta Ojeda, inaugurado hace unos meses, honra a la gran referente de la enfermería en Gran Canaria, el Centro Sociosanitario Carlota de la Quintana incorpora a su misión institucional el ejemplo de una mujer que entendió los cuidados como un acto de justicia.

Esta actuación se enmarca en el mayor esfuerzo inversor en el ámbito sociosanitario del Cabildo de las últimas dos décadas. El Segundo Plan Sociosanitario del Cabildo prevé la creación de 1.600 nuevas plazas públicas y cerca de 400 más impulsadas por el tercer sector con financiación insular. Nació con una dotación de 90 millones de euros y, gracias a una aportación adicional de 110 millones de fondos propios, alcanza una inversión total de 200 millones. Más de la mitad de las plazas ya están en servicio.

A ello se suma el Convenio de Dependencia 2025-2028, suscrito con el Gobierno de Canarias, que moviliza 604 millones de euros para garantizar la estabilidad de los servicios, atender cada año a más de 5.300 hombres y mujeres y consolidar un modelo de cuidados centrado en la persona. En la última década, Gran Canaria ha duplicado el número de personas atendidas, diversificando los recursos con centros de día, hogares funcionales, atención domiciliaria y dispositivos especializados.

Las cifras no son retórica. Son el resultado de años de planificación y de acuerdos institucionales complejos, sostenidos por una voluntad política que rechaza mirar hacia otro lado ante el envejecimiento de la población y el aumento de la dependencia. Nadie, absolutamente nadie, puede quedar al margen del futuro al que aspiramos.

La experiencia de la pandemia nos confirmó que invertir en planificación y cuidados fortalece la protección de toda la sociedad. Por eso, mientras se ejecutan las obras del Centro Carlota de la Quintana y continúan desarrollándose otras infraestructuras, el Cabildo ya trabaja en el Tercer Plan Sociosanitario. Las demandas crecen y no admiten pausas.

Me gusta pensar que un edificio, una ciudad, una isla, están hechos sobre todo de emociones: las líneas trazadas en los planos deben determinar el punto de encuentro entre la arquitectura y las aspiraciones colectivas. El antiguo Hospital Psiquiátrico fue en su día un barco varado en un océano de olvido. Hoy reflota y marca el rumbo. Estoy convencido de que este edificio hablará alto y claro de todo aquello que podemos lograr cuando Gran Canaria trabaja unida. El silencio ha terminado.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Gran Canaria vive un momento singular. Así lo evidenció el tercer Debate sobre el Estado de la Isla de este mandato -celebrado los días 22 y 23 de este mes-, un ejercicio de rendición de cuentas que retrata a una institución con proyecto definido, rumbo claro y resultados tangibles. Lejos del discurso autocomplaciente, y más allá del todo está mal de la oposición,  los datos que emergen del balance del último año, por parte del gobierno de la isla, dibujan una isla que crece en valor, que crea empleo a ritmo histórico y que consolida un modelo ecosocial orientado al horizonte Gran Canaria 2050

En un contexto de profunda decepción ciudadana con la política estatal e internacional, desde el gobierno insular —sostenido por las fuerzas progresistas del Cabildo durante once años consecutivos— nos sentimos orgullosos de haber contribuido a construir un clima de respeto institucional y diálogo alejado de la polarización. Esa estabilidad política, poco frecuente en el panorama actual, ha permitido planificar a largo plazo y ejecutar transformaciones estructurales que ya están dando frutos.

El Cabildo se presenta hoy como una institución solvente, con capacidad de alzar la voz cuando es necesario —frente a la conversión de Gran Canaria en zona de internamiento de migrantes, reclamando  inversiones estatales justas o ante decisiones autonómicas discriminatorias— y a la vez capaz de tender puentes con los 21 municipios de la isla y con todos los sectores económicos y sociales. La visita del papa León XIV el pasado 11 de junio, acogida con madurez y orgullo por la ciudadanía, fue la última expresión pública de esa identidad grancanaria en plena forma.

El primer indicador de la salud de cualquier sociedad es el empleo, y aquí Gran Canaria ofrece su mejor cara. En 2025, la isla cerró con 376.895 personas ocupadas, un 2,3% más que el año anterior, y superó por primera vez los 360.000 afiliados a la Seguridad Social, con un crecimiento interanual del 1,9%. El paro registrado cayó un 6,6%, situándose en torno a las 63.000 personas y en una tasa del 14,8%, mínimos históricos para la isla.

Pero más relevante que el número es la transversalidad de esa mejora. El desempleo femenino cae con fuerza y, de forma especialmente significativa, el paro juvenil cerró 2025 por debajo del 20%, frente al 45% que registraba la isla cuando comenzó este periodo de gobierno, en 2015. Una isla que ofrece oportunidades a sus jóvenes es una isla que construye futuro.

Los datos de 2026 consolidan esta tendencia. El primer trimestre del año fue el mejor de toda la serie histórica, con 381.390 personas ocupadas, y la tasa de paro ha bajado ya al 14,5%. Al mismo tiempo, crecen las empresas medianas —entre 10 y 250 trabajadores— y aumenta la presencia de grandes empresas que eligen Gran Canaria para proyectos de mayor envergadura.

En materia turística, la estrategia cualitativa demuestra su eficacia. En 2025, Gran Canaria recibió 4.856.485 turistas, un 2,97% más, con un gasto diario de 180,66 euros por visitante —un 3,4% más— y una facturación turística que creció un 4,3%, alcanzando los 6.280,8 millones de euros al cierre del año.

Con un crecimiento moderado del número de turistas, la rentabilidad se ha duplicado. Esta es la esencia del modelo que defiende el Cabildo: consolidar un turismo de mayor valor añadido, con menor presión sobre el territorio, el medioambiente y la convivencia social. La posición es clara y contrapuesta a la que sostienen los partidos de la derecha canaria: Gran Canaria tiene límites territoriales, ambientales y sociales, y superarlos sería un suicidio económico y social.

Los primeros meses de 2026 confirman la senda: el gasto diario crece un 3,3% y la facturación turística sube un 6,2%. Una estrategia correcta que el Consorcio Turístico de Maspalomas refuerza con 7,3 millones de euros movilizados para la renovación del destino.

Las cifras del aeropuerto y el puerto certifican el liderazgo estratégico de la isla. El Aeropuerto de Gran Canaria cerró 2025 con 15.826.553 pasajeros, convirtiéndose en el primer aeropuerto de Canarias por tráfico, con un crecimiento del 4%. El Puerto de Las Palmas superó los 32 millones de toneladas movidas, un 15,7% más, consolidándose por primera vez como el cuarto puerto de la red estatal. El puerto no es solo una infraestructura logística: es una plataforma para la economía azul, la reparación naval, la internacionalización y la generación de empleo cualificado. El sector azul ya representa el 11% del PIB insular, muy por encima, casi cinco puntos,  de la media canaria.

En movilidad interior, el récord también es histórico: 107 millones de viajes en transporte público en el último año. El Cabildo contribuye con 40,6 millones de euros a la gratuidad del transporte, y ha acometido una renovación de flota con 7,3 millones de euros  adicionales. Aportaremos 15 millones más en las próximas semanas.  La inauguración del Intercambiador de Tamaraceite y el Centro de Control de la Movilidad —con una inversión de 10,7 millones— así como el avance decisivo del proyecto del tren de Gran Canaria, con la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental y el inicio de las expropiaciones, completan un cuadro de movilidad sostenible e integrada en plena construcción.

Las energías renovables alcanzaron el 28,17% del mix energético insular en 2025, situando a Gran Canaria a la cabeza de las islas en penetración de renovables. La pieza central de esta transformación es el Salto de Chira, con más del 65% del proyecto ya ejecutado. En pocos meses, el agua desalada comenzará a entrar en la presa de Soria, abriendo un nuevo horizonte de soberanía energética e hídrica.

El modelo se completa con instalación de renovables en infraestructuras públicas, almacenamiento energético, movilidad eléctrica y comunidades energéticas, con una inversión de 25 millones de euros. En materia hídrica, se mejoran y amplían depuradoras en todo el arco de la isla, garantizando abastecimiento y uso agrícola. Una apuesta por la soberanía alimentaria que se refuerza con ayudas directas a más de 1.200 agricultores, 19 obras en caminos rurales y 26 eventos de promoción del producto kilómetro cero.

El área de servicios sociales registra la inversión más alta que jamás ha realizado el Cabildo. El Plan Sociosanitario supera los 120 millones de euros en infraestructuras, a los que se suman las subvenciones directas a entidades del tercer sector, acercando el total a los 140 millones. Más de dos mil plazas nuevas en centros sociosanitarios —muchos ya inaugurados, otros a punto de abrirse—, además de la reforma del antiguo psiquiátrico para convertirlo en un gran centro sociosanitario que pasará a llamarse Carlota de la Quintana.

En educación, las becas alcanzan los 2,15 millones de euros, con casi 1.500 estudiantes beneficiados. En empleo, más de 1.000 personas han accedido a empleos fomentados directamente desde el Cabildo con una inversión de 27 millones. En vivienda, se han activado convenios para la construcción de más de seiscientas  viviendas públicas en alquiler asequible, superando las competencias estrictas de la institución.

La inversión en infraestructuras deportivas se acerca a los 200 millones de euros en el conjunto del mandato: el Estadio de Gran Canaria, el Centro Insular de Deportes y la Ciudad Deportiva consolidan a la isla como sede de grandes eventos internacionales. La próxima inauguración del CAAM renovado, el apoyo al Museo Canario y la apertura de nuevos centros de interpretación del patrimonio arqueológico refuerzan la apuesta por la identidad y la memoria colectiva de Gran Canaria.

Salto de Chira, estadio, pabellón ferial, centros sociosanitarios, Museo de Bellas Artes, tren, Centro Insular de Deportes: 600 obras que transforman el territorio. Una hacienda saneada, con unos presupuestos que han superado los mil millones de euros por primera vez en la historia del gobierno de la isla, con un periodo medio de pago a proveedores de 5,25 días, y 1.208 millones de euros tramitados en pagos durante el año.

Gran Canaria no está exenta de retos. La incertidumbre internacional —las guerras, la tensión geopolítica y el proteccionismo comercial— obliga a la prudencia. La mejora del empleo debe ir acompañada de mayor calidad y formación. Pero la tendencia es clara. Once años de proyecto político sostenido, de inversión pública inteligente, de diálogo y de apuesta por las personas antes que por el crecimiento desmedido están dando sus frutos. Gran Canaria progresa, y lo hace con el esfuerzo de todas y de todos.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Diez días después de la visita del papa a Gran Canaria, quiero compartir con ustedes una reflexión sobre cómo la unidad nos hace más fuertes para alcanzar las metas que nos propongamos. La visita de León XIV a esta isla alcanzó una notable proyección en medios internacionales, llegando a más de quince millones de personas. Las imágenes de su llegada a la Base Aérea de Gando, el encuentro con los migrantes en Arguineguín, los actos en la Catedral de Santa Ana y la misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria se distribuyeron mediante señal internacional, reforzando la visibilidad global de la isla, tanto como territorio turístico como punto neurálgico de las rutas migratorias hacia Europa

El tono dominante que percibo en la opinión pública es de satisfacción y orgullo por el hito histórico y por el trabajo conjunto en la organización de la visita de diócesis, administraciones y entidades sociales en la organización. La isla fue capaz de absorber el incremento de tráfico, visitantes y ocupación hotelera, potenciando su imagen como territorio preparado para grandes eventos complejos.

Y es que hay momentos en la vida de un pueblo que trascienden la mera anécdota y se convierten en espejo donde una sociedad se reconoce a sí misma, donde descubre de qué está hecha, cuáles son sus valores más profundos y hasta dónde llega su capacidad colectiva cuando decide actuar como un solo cuerpo.

La visita del papa León XIV a Gran Canaria fue, sin duda, uno de esos momentos. No solo por su dimensión religiosa o por el peso simbólico que entraña recibir al líder espiritual de más de mil millones de católicos en el mundo, sino porque reveló algo más íntimo y quizás más perdurable: la extraordinaria potencia que emerge cuando una isla entera decide hablar con una sola voz, moverse con un solo propósito y mostrar al mundo lo mejor de sí misma.

Esa fuerza no nació de la improvisación ni del azar. Fue el resultado de un proceso de convergencia en el que instituciones, organizaciones sociales, ciudadanía y administraciones de distinto signo y competencia se alinearon en torno a un objetivo común. Y ese alineamiento, esa suma de voluntades, es precisamente la lección más valiosa que nos deja este acontecimiento histórico, más allá de las imágenes impactantes, las cifras de asistencia o los titulares que recorrieron el mundo.

Gran Canaria es una isla compleja. Como cualquier sociedad moderna, alberga en su interior tensiones, debates, diferencias de criterio y pluralidad de intereses. Esa diversidad es, en sí misma, una riqueza. Pero la diversidad sin capacidad de articulación puede convertirse en fragmentación, y la fragmentación debilita. Lo que demostró la visita papal es que esta isla ha madurado lo suficiente como para sostener la pluralidad y, al mismo tiempo, construir unidad cuando la ocasión lo exige.

Las instituciones que habitualmente operan en ámbitos separados —el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, la Delegación del Gobierno de España, la Diócesis de Canarias — trabajaron en coordinación estrecha para diseñar y ejecutar un dispositivo de una complejidad extraordinaria. Cada engranaje cumplió su función. Cada actor asumió su responsabilidad sin intentar protagonismos estériles ni trasladar sus cargas al vecino. El resultado fue una maquinaria que funcionó, como dije en algún momento, “como un reloj”. No es una metáfora menor: un reloj solo funciona cuando todas sus piezas, por pequeñas que sean, cumplen su papel en el momento exacto.

Pero la coordinación institucional, siendo imprescindible, no habría bastado por sí sola. Lo que verdaderamente infundió vida al dispositivo fue el civismo y la implicación de la ciudadanía. Decenas de miles de personas se desplazaron con orden, con paciencia, con sentido de la responsabilidad colectiva. Priorizaron el transporte público sobre el vehículo privado. Respetaron los protocolos. Siguieron los itinerarios previstos. Y lo hicieron, no porque fueran obligadas, sino porque entendieron que, en esa jornada, ser parte de la solución era también una forma de ser parte de la historia. Eso es civismo en su expresión más genuina: la conciencia de que el espacio colectivo nos pertenece a todos y a todas; que cuidarlo es también cuidarnos.

La logística de un evento de esta magnitud es, en sí misma, un relato elocuente sobre las capacidades de un territorio. Gran Canaria recibió en pocas horas a una cantidad de personas que transformó por completo la fisonomía urbana de su capital y de varios puntos neurálgicos de la isla. Las paradas en el puerto de Arguineguín, en la Catedral y Plaza de Santa Ana y en el Estadio de Gran Canaria configuraron un recorrido que exigió una planificación milimétrica en materia de movilidad, seguridad, comunicación y gestión de espacios.

El hecho de que la zona de Siete Palmas —donde se congregaron cerca de cuarenta mil personas entre el Estadio de Gran Canaria, el Gran Canaria Arena y el Anexo— quedara totalmente despejada apenas hora y media después de la conclusión de la misa multitudinaria no es un dato menor. Es una demostración palpable de eficiencia, de anticipación y de profesionalidad. Las lanzaderas y servicios especiales de Global, los aparcamientos disuasorios, la coordinación de flujos… todo fue trazado con precisión y ejecutado con solvencia. Y todo ello, en última instancia, es el producto de instituciones que confían las unas en las otras, de equipos técnicos que se sienten respaldados y de una ciudadanía que cumple su parte del contrato social.

Este tipo de demostraciones no son gratuitas. Tienen un valor que va mucho más allá del evento concreto. Proyectan una imagen de solvencia ante el mundo, refuerzan la autoestima colectiva y sientan un precedente sobre el que construir futuros retos. Una isla que es capaz de gestionar con garantías absolutas un acontecimiento de esta envergadura está enviando un mensaje inequívoco a propios y extraños: estamos preparados, somos capaces, podemos.

Más allá de la logística y la coordinación, lo que late en el fondo de todo lo acontecido es algo más difícil de medir pero igualmente real: la conciencia de identidad compartida. Lo definí en los medios de comunicación como “un momento de cohesión social y de expresión de la grancanariedad”. Esa palabra, cargada de significado, apunta a algo que va más allá de la geografía o la administración. Habla de un nosotros que se reconoce en valores comunes: el encuentro, la integración, la paz, el entendimiento.

Gran Canaria lleva décadas construyendo esa identidad desde su peculiar posición en el mundo, en el cruce de rutas entre continentes, en la encrucijada entre Europa, África y América. Una isla que ha sido históricamente lugar de paso, de mezcla y de acogida. Y esa tradición no es un accidente geográfico: es una forma de ser que se ha ido sedimentando en la cultura, en las actitudes, en la manera de relacionarse con el otro. La visita papal fue una oportunidad para que esa identidad se expresara con toda su potencia ante la mirada del mundo.

Y el mundo miró. El papa León XIV lo percibió y transmitió su satisfacción y agradecimiento por la acogida y la experiencia vivida en la isla. Cuando el máximo representante de una de las instituciones más antiguas del planeta reconoce en un territorio una capacidad especial para el encuentro y la integración, está validando algo que los grancanarios y grancanarias llevan mucho tiempo construyendo en silencio, con la perseverancia discreta de quien sabe que los valores verdaderos no se proclaman, se practican.

Porque la unidad de una sociedad no se forja solo en los momentos de celebración y orgullo colectivo. Se forja, sobre todo, en la capacidad de mirar juntos las realidades más duras, de asumir la incomodidad moral que genera la injusticia y de comprometerse colectivamente con respuestas a la altura de los desafíos. Una isla que puede hacer ambas cosas a la vez —organizarse con eficiencia y mantener viva la conciencia ética— es una isla verdaderamente fuerte.

En definitiva, lo que nos enseña este acontecimiento histórico es que la unidad no es solo un valor abstracto ni un eslogan para tiempos de crisis. Es una ventaja concreta, una capacidad real que se cultiva, que se ejercita y que, cuando llega el momento, marca la diferencia entre una respuesta mediocre y una respuesta excepcional.

Gran Canaria demostró que puede. Demostró que cuando sus instituciones se coordinan, cuando su ciudadanía responde con civismo y cuando su identidad colectiva se pone al servicio de un propósito compartido, no hay reto demasiado grande. Y esa demostración, más que cualquier titular o imagen, es el legado más duradero de la visita del papa León XIV a esta isla atlántica que supo estar, en el momento decisivo, a la altura de la historia.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Entre agosto y noviembre de 2020, Gran Canaria vivió una crisis migratoria muy dura. Ante el aumento de llegadas por la ruta canaria, el Gobierno de España improvisó en el muelle de Arguineguín un campamento que llegó a concentrar hasta unas 2.600 personas en condiciones de hacinamiento indignas. Numerosas instituciones y organizaciones humanitarias exigieron el cierre inmediato de las instalaciones en el que llamaron el “muelle de la vergüenza”

El puerto pesquero de Arguineguín se convirtió en el símbolo más visible de la inacción y la improvisación institucional del Ministerio del Interior español. La falta de recursos, planificación y respuesta eficaz derivaron en una vulneración flagrante de los derechos fundamentales de las personas migrantes. Las imágenes del muelle, que dieron la vuelta al mundo, evidenciaron la ausencia de una estrategia adecuada y la falta de respeto hacia la dignidad de quienes buscaban protección y un futuro mejor.

En su visita a Gran Canaria el pasado jueves, León XIV se acercó a este muelle de pescadores - “símbolo mundial de la ruta atlántica”- para recordar a quienes perdieron su vida en ella, denunciar el trato que recibieron y reciben las personas migrantes, reconocer el trabajo de organizaciones, voluntariado e instituciones que los atienden y convertir el lugar en símbolo de acogida, integración y esperanza. En su estancia en la isla, León XIV insistió en trasladar a la humanidad la necesidad de abrazar la paz, amparar a las personas migrantes, cuestionar las políticas migratorias europeas y defender la dignidad humana, los derechos humanos y la justicia social. Este hecho histórico nos debe servir para pararnos a pensar detenida y profundamente  sobre todo ello en estos tiempos convulsos.

Vivimos una época marcada por profundas tensiones internacionales, por el avance de los discursos de odio y por una creciente polarización política y social que amenaza con erosionar los fundamentos democráticos construidos durante décadas. Las guerras, los desplazamientos forzados, las desigualdades económicas y el deterioro ambiental generan incertidumbre y miedo en amplios sectores de la población. En medio de ese contexto convulso, territorios como Canarias adquieren un valor simbólico y político singular como espacios de convivencia, diversidad y encuentro entre culturas.

La historia del archipiélago canario ha estado siempre vinculada al intercambio humano. Su posición geográfica, en medio del Atlántico y entre continentes, convirtió a las islas en lugar de paso, de acogida y de mestizaje cultural. Europa, África y América confluyen en Canarias no solo desde el punto de vista geográfico, sino también desde una realidad humana que ha moldeado la identidad insular a lo largo de los siglos. Esa mezcla de influencias constituye hoy uno de los principales patrimonios sociales y culturales del archipiélago.

La diversidad no debe entenderse como una amenaza, sino como una oportunidad colectiva. Sin embargo, en muchos lugares resurgen posiciones políticas que convierten la diferencia en motivo de confrontación. Se alimentan prejuicios contra quienes piensan distinto, profesan otra religión o proceden de otros países, mientras crecen discursos que simplifican la complejidad social mediante el miedo y la exclusión.

Frente a ello, resulta imprescindible reivindicar una cultura democrática basada en el respeto mutuo, el pluralismo y el diálogo. La democracia no consiste únicamente en votar; requiere una convivencia asentada en principios éticos y sociales que reconozcan la dignidad de todas las personas. Sin pluralismo no existe una democracia plena.

La convivencia democrática exige fortalecer los espacios de encuentro. Las sociedades más cohesionadas son aquellas capaces de dialogar desde sus diferencias sin convertirlas en trincheras irreconciliables. El respeto a la diversidad cultural, religiosa y social implica construir valores comunes desde el reconocimiento del otro y un compromiso activo con los derechos humanos.

En Canarias, esta realidad posee una relevancia especial. El archipiélago ha conocido los efectos de la emigración, la pobreza y la dependencia exterior. Miles de canarios tuvieron que abandonar su tierra buscando oportunidades, una memoria que debería reforzar la empatía hacia quienes hoy llegan huyendo de la guerra, el hambre o la desesperación. Las migraciones forman parte de la historia de la humanidad y deben abordarse desde la cooperación y el respeto a la dignidad humana.

Las islas se encuentran además en una posición sensible ante grandes desafíos globales. La crisis climática, la escasez de recursos y la dependencia energética obligan a repensar el modelo de desarrollo. La sostenibilidad no puede separarse de la justicia social ni del bienestar colectivo. Por eso resulta fundamental avanzar hacia modelos económicos que prioricen la sostenibilidad ambiental, la soberanía energética y el equilibrio territorial. El progreso debe situar a las personas y al territorio en el centro de las decisiones políticas.

Muchas son las consecuencias de la ultraperificidad y de un modelo de desarrollo que, pese al crecimiento económico y turístico, no ha logrado garantizar el bienestar de una parte importante de la población. El archipiélago mantiene algunas de las tasas más elevadas de pobreza y exclusión social del Estado, mientras la desigualdad se acentúa y el acceso a una vivienda digna se convierte en un problema cada vez más grave para miles de familias. A ello se suma la presión sobre el territorio y los servicios públicos, la precariedad laboral y las dificultades derivadas de la insularidad. Esta realidad es utilizada a menudo de manera irresponsable por determinados grupos políticos - de extrema derecha y de algunos que se llaman progresistas- para señalar a colectivos vulnerables y alimentar la xenofobia.

La defensa de la democracia y sus valores  también pasa por combatir las desigualdades. Allí donde existen exclusión y precariedad se debilita la confianza colectiva. Las políticas públicas deben garantizar derechos básicos como la vivienda, la educación, la sanidad y el empleo digno.

En este contexto, la cultura es una herramienta esencial para construir ciudadanía crítica y cohesionada. A través de la educación y el intercambio cultural se fortalecen valores como la empatía, la convivencia y el pensamiento democrático. Las sociedades que fomentan el diálogo son menos vulnerables a los extremismos.

También las tradiciones espirituales y religiosas pueden contribuir a generar puentes de entendimiento cuando se sitúan al servicio de la dignidad humana, la justicia y la paz. La convivencia democrática exige reconocer la libertad de conciencia y el derecho de cada persona a vivir conforme a sus valores dentro del respeto a los derechos comunes.

Canarias posee condiciones singulares para convertirse en un referente de convivencia atlántica. Su realidad multicultural y su posición estratégica la sitúan en un lugar privilegiado para impulsar una visión basada en la cooperación entre pueblos y culturas. Esa vocación de encuentro debe formar parte de un proyecto comprometido con la paz, la sostenibilidad y la justicia social.

Pero defender esos valores requiere valentía cívica. Es necesario combatir activamente los discursos xenófobos, racistas o autoritarios que intentan normalizar la exclusión. La democracia necesita una ciudadanía comprometida con los derechos humanos y con la construcción de sociedades inclusivas.

En tiempos de incertidumbre global, resulta más necesario que nunca recuperar el valor de la convivencia. Frente a quienes pretenden dividir mediante el miedo, es imprescindible reivindicar la solidaridad, el diálogo y la cooperación para afrontar los desafíos del presente y del futuro. Canarias puede y debe seguir siendo un espacio abierto al mundo, donde la diversidad sea fuente de riqueza colectiva.

La paz no es solamente la ausencia de guerra. Se construye garantizando dignidad, igualdad y oportunidades para todas las personas; defendiendo la democracia frente al autoritarismo, fortaleciendo los servicios públicos y protegiendo el medio ambiente. En una época marcada por la confrontación y la zozobra, apostar por la convivencia y el pluralismo constituye una condición imprescindible para construir un futuro más justo y humano.

La visita y el mensaje del papa León XIV nos deben servir igualmente para reflexionar sobre convivencia, diversidad y democracia en tiempos de incertidumbre.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Bienvenido a Gran Canaria, León XIV. Su llegada a Gran Canaria, a este archipiélago atlántico, constituye un acontecimiento de enorme trascendencia que desborda lo estrictamente religioso para situarse en un plano mucho más amplio, profundamente humano, social y político. En un contexto internacional marcado por conflictos armados, tensiones geopolíticas, desigualdades crecientes y un preocupante retroceso de valores democráticos, su presencia en Canarias adquiere un significado especial. Estas islas, históricamente situadas en la encrucijada entre continentes, se convierten hoy en un escenario privilegiado desde el que proyectar un mensaje de paz, convivencia y diálogo entre culturas

Canarias ha sido, desde sus orígenes, un territorio de encuentro. Su posición geográfica entre Europa, África y América ha favorecido el intercambio constante de personas, ideas y tradiciones, configurando una sociedad diversa y abierta. Esa diversidad no ha estado exenta de desafíos, pero ha sabido transformarse en una de sus mayores fortalezas. El pluralismo cultural y religioso que caracteriza a las islas es hoy un ejemplo de convivencia que merece ser reconocido y reforzado. En este sentido, su visita no solo tiene un valor simbólico, sino también una oportunidad para reforzar el ecumenismo y el diálogo interreligioso como herramientas fundamentales para construir sociedades más justas, inclusivas y cohesionadas.

La presencia de un líder espiritual de su dimensión en Canarias invita a reflexionar sobre el papel de la religión en el mundo contemporáneo. Lejos de ser un elemento de división, la fe puede y debe actuar como un punto de encuentro, como un espacio común desde el que impulsar valores universales como la solidaridad, la justicia social, la dignidad humana y el respeto mutuo. En un tiempo en el que proliferan los discursos excluyentes, los nacionalismos cerrados y las políticas del miedo, su mensaje adquiere una relevancia aún mayor. Canarias, con su tradición de convivencia, está en condiciones de proyectar al mundo esa visión integradora que usted defiende con firmeza.

Junto a esta dimensión cultural y espiritual, existe otra profundamente arraigada en la identidad canaria: su vocación de paz. A lo largo de su historia reciente, la sociedad de las islas ha manifestado de forma reiterada su rechazo a la guerra y a la militarización del territorio. Episodios como la oposición a la instalación de bases militares o el posicionamiento diferenciado en debates de alcance estatal reflejan una conciencia colectiva orientada hacia la neutralidad, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos. Canarias ha defendido, con claridad, que su papel en el mundo no debe ser el de plataforma estratégica para la confrontación, sino el de espacio de cooperación entre pueblos.

Este compromiso conecta de manera directa con las posiciones que usted ha expresado desde el inicio de su pontificado. Su denuncia de la guerra como una derrota de la humanidad y su insistencia en la necesidad de apostar por la negociación, el desarme y la diplomacia resuenan con especial fuerza en esta tierra. En un momento en el que los conflictos internacionales parecen enquistarse y la lógica de bloques vuelve a imponerse, su voz representa una llamada urgente a recuperar el sentido común, la responsabilidad compartida y la centralidad de la vida humana por encima de cualquier interés geopolítico.

Su firmeza frente a los discursos autoritarios y su defensa de los derechos humanos han marcado un punto de inflexión en el debate global. En un escenario donde algunas de las principales potencias del mundo optan por el enfrentamiento, la exclusión y el debilitamiento de las instituciones internacionales, su posición supone un contrapunto ético de gran relevancia. Canarias, que ha vivido históricamente las consecuencias de las decisiones tomadas lejos de su territorio, comprende bien la importancia de defender un orden internacional basado en la justicia, la cooperación y el respeto mutuo.

Sin embargo, si hay un ámbito en el que su visita adquiere una dimensión especialmente significativa es el de la migración. Canarias se ha convertido en los últimos años en una de las principales puertas de entrada a Europa para miles de personas procedentes del continente africano. La llamada ruta atlántica representa una de las travesías más peligrosas del mundo, marcada por el sufrimiento, la incertidumbre y, en demasiadas ocasiones, la tragedia. Detrás de cada llegada hay historias de vida que interpelan directamente a la conciencia colectiva y que obligan a replantear las políticas migratorias desde una perspectiva más humana.

Su compromiso con las personas migrantes ha sido claro y constante. Ha defendido la necesidad de acoger, proteger, promover e integrar, denunciando con contundencia la “globalización de la indiferencia” y cuestionando aquellos modelos que priorizan el control de fronteras sobre los derechos humanos. Este mensaje encuentra en Canarias un espacio especialmente sensible, donde la realidad migratoria no es una abstracción, sino una experiencia cotidiana. Las islas conocen bien las dificultades de la acogida en un territorio limitado, pero también han demostrado una enorme capacidad de solidaridad.

En este contexto, su presencia contribuye a situar en el centro del debate europeo la dimensión humanitaria de la migración. La Unión Europea se encuentra en un momento clave, con reformas en marcha que buscan redefinir su política de asilo y migración. Sin embargo, existe una preocupación creciente sobre el riesgo de que estas medidas refuercen el papel de los territorios fronterizos como espacios de contención. Canarias, por su ubicación geográfica, podría verse especialmente afectada por este enfoque, lo que plantea desafíos importantes tanto desde el punto de vista logístico como ético.

Su visita ofrece una oportunidad única para amplificar este debate y para recordar que detrás de cada política hay personas concretas, con derechos, con dignidad y con aspiraciones legítimas. Su voz aporta legitimidad a una crítica necesaria sobre aquellos modelos que deshumanizan y que erosionan los valores fundamentales sobre los que se construye la convivencia democrática. Canarias, en este sentido, no quiere ser un límite, sino un puente; no un espacio de retención, sino un lugar de acogida y de tránsito digno.

Más allá de estas dimensiones, su presencia tiene también un impacto simbólico de gran alcance. En un momento en el que el mundo parece avanzar hacia la fragmentación, su visita a un territorio como Canarias lanza un mensaje poderoso: la importancia de los espacios de encuentro, de las periferias que conectan, de los lugares donde es posible construir alternativas basadas en la cooperación y el entendimiento. Estas islas, alejadas de los grandes centros de poder, representan precisamente esa otra forma de estar en el mundo.

Canarias le recibe, por tanto, con una mezcla de respeto, esperanza y responsabilidad. Respeto por la figura que representa y por el liderazgo moral que ejerce en un momento especialmente complejo. Esperanza porque su mensaje y compromiso pueden contribuir a abrir caminos de diálogo y a reforzar valores que hoy más que nunca necesitan ser reivindicados. Y responsabilidad porque esta visita también interpela a la propia sociedad canaria, que debe estar a la altura de los principios que dice defender.

No se trata únicamente de acogerlo como líder religioso, sino de asumir el reto que su presencia plantea: seguir construyendo una sociedad más justa, más solidaria y más comprometida con la dignidad humana. Canarias tiene la oportunidad de mostrarse al mundo como lo que es: un territorio diverso, abierto, profundamente humano y con una firme vocación de paz.

Y todo esto condicionado por las consecuencias de la ultraperificidad y de un modelo de desarrollo que, pese al crecimiento económico y turístico, no ha logrado garantizar el bienestar de una parte importante de la población. El archipiélago mantiene algunas de las tasas más elevadas de pobreza y exclusión social del Estado, mientras la desigualdad se acentúa y el acceso a una vivienda digna se convierte en un problema cada vez más grave para miles de familias. A ello se suma la presión sobre el territorio y los servicios públicos, la precariedad laboral y las dificultades derivadas de la insularidad. Canarias representa así el desafío de compatibilizar desarrollo económico, justicia social y protección ambiental en un territorio limitado y vulnerable.

Esta isla, León XIV, le abre sus puertas como tierra de encuentro, de diálogo y de esperanza. Aquí encontrará un pueblo que, a pesar de las dificultades, sigue creyendo en la convivencia, en la justicia y en la necesidad de construir un futuro compartido donde nadie quede atrás.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

El Parlamento de Canarias aprobó, por unanimidad, el pasado 29 de abril, instaurar el 10 de diciembre como Día de las Ciencias Canarias. Se trata, según el texto consensuado, de un reconocimiento al legado del físico lanzaroteño Blas Cabrera, uno de los científicos más relevantes de la historia de las islas y, a la vez, de refuerzo “del compromiso de Canarias con la divulgación, la investigación y el conocimiento"

Rendir homenaje a uno de nuestros más grandes científicos es loable, y también que la cámara legislativa canaria plantee la necesidad de reforzar el desarrollo científico de nuestro archipiélago, pero hablar del estado de la ciencia en Canarias obliga a abandonar ciertos lugares comunes y afrontar una realidad incómoda y estructural. No se trata simplemente de invertir más en investigación o de formar más talento, sino de entender cómo encaja —o más bien, cómo no encaja todavía— la ciencia dentro del modelo económico del archipiélago.

Y eso no parece entenderlo el Gobierno de Canarias que tramita en estos momentos el proyecto de la Ley Canaria de la Ciencia. Rectores de la ULL y la ULPGC, partidos opositores y sectores universitarios han denunciado en los últimos meses la escasa participación de las universidades públicas canarias en la elaboración del texto, pese a concentrar gran parte de la I+D+i del archipiélago. También cuestionan la falta de financiación estable y la ausencia de medidas claras para fortalecer la carrera investigadora. Reclaman una normativa más inclusiva, consensuada y orientada al interés público y científico.

Es lo que plantea el último informe anual, presentado por el Consejo Económico y Social de Canarias el pasado día 15 de mayo: nuestra comunidad, para luchar contra las altas tasas de pobreza y exclusión social, necesita transformar su modelo económico apostando más por la ciencia, la innovación, la formación y por sectores de alto valor añadido como la economía azul, la biotecnología, la digitalización o las renovables.

El dato más revelador en torno a la ciencia en nuestra comunidad autónoma es también el más repetido: Canarias destina en torno al 0,5 % de su PIB a I+D, muy por debajo de la media española ( 1,50%) y lejísimos -cuatro veces por debajo- de los estándares europeos (2,2%). Además, mientras en España creció el gasto en el último año en un 6,9%, en esta comunidad cayó un 1,1%. Pero reducir el análisis a estas cifras sería simplificar en exceso. La cuestión clave no es solo cuánto se invierte, sino quién invierte, para qué y con qué consecuencias.

En las economías más avanzadas, la mayor parte del gasto en investigación proviene del sector privado. Las empresas investigan porque necesitan innovar para competir. En Canarias, sin embargo, el peso de la I+D recae de forma desproporcionada en el sector público y en las universidades, más de un 85%. Esto genera un sistema científicamente digno en ciertos ámbitos, pero débil en su conexión con la economía real.

La razón fundamental es que el tejido productivo canario está dominado por sectores de bajo valor añadido, especialmente el turismo y los servicios asociados. Son actividades que, por su propia naturaleza, no demandan grandes niveles de investigación tecnológica. Y cuando la economía no demanda ciencia, la ciencia queda inevitablemente aislada.

Es lo que explica que Canarias cuente con investigadoras e investigadores cualificados, infraestructuras científicas relevantes en áreas concretas y universidades consolidadas, pero que, aun así, no logre traducir ese conocimiento en desarrollo económico significativo. La ciencia existe y produce resultados, pero no transforma el sistema.

A esta desconexión se suman otros factores estructurales. La insularidad, por ejemplo, limita la creación de ecosistemas empresariales densos. La lejanía de los grandes centros industriales europeos dificulta la aparición de empresas tecnológicas de gran tamaño y reduce las oportunidades de colaboración y crecimiento.

Otro obstáculo importante es la falta de financiación especializada para proyectos innovadores. Muchas iniciativas con potencial terminan dependiendo de inversores externos o trasladando parte de su actividad fuera para poder crecer.

El talento, por su parte, representa otra pieza crítica. Canarias forma profesionales cualificados, pero no siempre es capaz de retenerlos. Muchos acaban marchándose en busca de mejores oportunidades o permanecen en el sistema público sin posibilidad de desarrollar carreras vinculadas a la innovación empresarial.

Esta tierra necesita construir un modelo propio basado en la especialización inteligente. El archipiélago posee una serie de ventajas únicas que, bien aprovechadas, pueden convertirse en pilares de un sistema científico-tecnológico sólido. La astrofísica es quizá el ejemplo más evidente: las condiciones naturales de las islas han permitido desarrollar infraestructuras de referencia mundial. Lo mismo ocurre con las ciencias marinas, la vulcanología o el estudio del cambio climático en entornos insulares.

Estos ámbitos no son solo campos de investigación académica sino que pueden convertirse en nichos económicos si se articulan correctamente con el sector productivo. El desafío no consiste únicamente en producir conocimiento científico, sino en lograr que parte de ese trabajo termine generando actividad económica, tecnología útil y oportunidades empresariales. Aquí es donde entran en juego las políticas públicas, pero con un enfoque distinto al tradicional, concentrando recursos en áreas concretas donde Canarias tenga ventajas comparativas reales.

Además, es fundamental activar la participación del sector privado. Canarias cuenta con un régimen fiscal singular (REF) que no se está utilizando suficientemente de manera estratégica, a tenor de los datos, para atraer empresas tecnológicas y fomentar la inversión en I+D. Estos incentivos deben estar vinculados a resultados reales, no convertirse en simples herramientas de optimización fiscal, una de sus grandes rémoras.

Otro elemento clave es la creación de centros tecnológicos orientados a la transferencia. No basta con investigar; hay que conectar esa investigación con las necesidades de las empresas. Esto implica cambiar incentivos, estructuras y, en muchos casos, mentalidades. La colaboración público-privada no puede ser un eslogan, debe convertirse en el núcleo del sistema.

También hay margen para aprovechar el auge de la economía digital. A diferencia de la industria tradicional, muchas actividades tecnológicas no dependen tanto de la proximidad geográfica. El desarrollo de software, la inteligencia artificial o los servicios digitales pueden operar desde Canarias hacia el mundo. En este terreno, factores como la calidad de vida, el clima o la fiscalidad juegan a favor del archipiélago. La posición geoestratégica del archipiélago abre otra vía interesante: actuar como plataforma entre Europa, África y el Atlántico. Esto no implica convertirse en un gran centro logístico tradicional, sino en un nodo de servicios, conocimiento y tecnología vinculado a ese espacio geográfico.

El futuro de la ciencia en Canarias dependerá de su capacidad para integrarse en la economía. No basta con tener buenos investigadores o infraestructuras destacadas. La ciencia solo despliega todo su potencial cuando se convierte en motor productivo, cuando genera actividad, empleo y valor.

El reto, por tanto, no es menor. Implica repensar y diversificar de manera real el modelo económico. Pero también abre una oportunidad: la de construir un sistema propio, adaptado a las características del archipiélago y centrado en aquello que realmente puede hacer bien.

Canarias no será un gigante tecnológico global. Pero tampoco necesita serlo. Su camino pasa por ser algo diferente: un territorio especializado, eficiente y conectado, donde la ciencia deje de ser un elemento periférico y pase a ocupar un lugar central en su desarrollo. Ese es el verdadero desafío. Y también, si se aborda con realismo, su mayor oportunidad.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

El pasado 5 de mayo las “Económicas” de Gran Canaria y Tenerife, en colaboración con una representación cualificada de la sociedad civil de Canarias presentaron, al unísono, un manifiesto de apoyo a la universidad pública canaria y solicitaron a la ciudadanía su firma en señal de respaldo

Desde el Cabildo de Gran Canaria quiero expresar mi aliento firme a cada una de sus reivindicaciones. La actualidad trepidante de las islas, marcada por la saturación turística y las urgencias migratorias, no puede seguir dejando en un segundo plano el debate sobre las decisiones de singular calado que el gobierno autonómico está adoptando contra nuestro sistema universitario público. Ante esta situación no podemos permanecer impasibles. La aportación de la ULPGC y la ULL es fundamental para nuestro desarrollo integral en las próximas décadas. Debilitarlas o desmantelarlas es poner en riesgo un modelo de progreso equilibrado, innovador y socialmente justo.

Hablar en Gran Canaria de la universidad es revivir una catarsis que movilizó a toda la sociedad isleña y que culminó con una conquista histórica. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como ha recordado en muchas ocasiones el ex rector Rubio Royo, nació del pueblo y existe para servirle. Pocas universidades tienen el respaldo, la complicidad y la estima social que arropa a la ULPGC. Por eso, todo lo que le afecta tiene una trascendencia pública enorme. Han pasado 36 años desde su creación, y hoy como ayer reafirmo mi convicción de que es una herramienta imprescindible para generar conocimiento cualificado, favorecer la igualdad de oportunidades y democratizar la educación y la cultura.

Lo reitero con rotundidad: la universidad pública canaria es clave para nuestro progreso social, económico, cultural y tecnológico. El manifiesto, y la amplia presencia de la ciudadanía en su presentación, nos recuerda que la sociedad que conquistó la ULPGC no está dispuesta a permitir su deterioro. Desde el Cabildo nos mantendremos firmes en la colaboración y en la denuncia de cualquier actuación que debilite o cuestione su papel trascendental.

Hay cuatro cuestiones que me preocupan profundamente y que el manifiesto ha puesto negro sobre blanco. Constituyen una estrategia deliberada en contra de nuestras universidades públicas: su financiación permanentemente deficitaria, la Ley de Consejos Sociales recientemente aprobada, el nuevo proyecto de Ley de la Ciencia y la potenciación de las universidades privadas. No es casualidad que se hayan precipitado y coincidido en el tiempo. Demuestran un diseño claro para debilitarlas.

La asfixia económica. La ULPGC nunca ha estado correctamente financiada, pero en los dos últimos años la situación ha empeorado hasta extremos insostenibles. En 2025, el proyecto de presupuesto no alcanzaba para garantizar las retribuciones del personal ni los costes de la Seguridad Social. Las partidas de infraestructuras no permiten ni el mantenimiento básico. Llevamos años sin un contrato programa que establezca un marco de financiación estable. Según el último informe del Ministerio de Universidades, Canarias destina menos del 0,7% de su PIB a educación superior, frente al 1% estatal y el 1,3% europeo. Somos la comunidad que menos invierte por estudiante y en investigación. Las plantillas envejecen y se precarizan. No podemos seguir a la cola. Es absolutamente de justicia reclamar ese 1% del PIB a la financiación de las universidades públicas canarias.

El control político. La nueva Ley de Consejos Sociales se aprobó contra el parecer de los órganos de gobierno de ambas universidades. Los rectores, que han acudido al Tribunal Constitucional para recurrir la ley, denuncian falta de diálogo, imposición e invasión de la autonomía constitucionalmente garantizada. Lo que han manifestado públicamente es muy grave: ”esta actitud de ignorar a nuestras universidades públicas, por desgracia, no es nueva en Canarias, llueve sobre mojado". Con el paraguas de la participación social, lo que se esconde es el interés por controlar la universidad pública, limitar el disenso y promover visiones partidistas de la historia, la economía o la cultura.

La exclusión científica. El proyecto de Ley de la Ciencia alcanza niveles irracionales. Se ha empezado a tramitar sin consultar a las dos universidades, que concentran más del 95% de la investigación del archipiélago. Se proponen órganos asesores donde las universidades públicas quedan en minoría. Este maltrato frustra una progresión investigadora en la que estábamos esperanzados.

La apuesta por lo privado. En los últimos años, el 80% de los nuevos títulos oficiales en Canarias se han aprobado para universidades privadas y solo un 20% para las públicas. En el último curso, a las privadas se les aprobaron 15 grados y a las públicas ninguno. No se trata de prohibir la competencia, sino de exigir que no sea tramposa. La universidad privada supone una selección social: no toda la población puede pagar matrículas elevadas. El manifiesto que está siendo firmado por una amplia mayoría denuncia con claridad esta deriva.

Esta ofensiva no es un fenómeno aislado canario. Responde a una estrategia global de las derechas para controlar, limitar y debilitar las universidades públicas. Desde Trump presionando a Harvard o Columbia por sus posturas sobre el genocidio en Gaza o el cambio climático, hasta Macron creando un observatorio contra "derivas ideológicas" en Francia; desde Ayuso estrangulando financieramente a la Complutense —con un plan de recortes de 33 millones de euros que elimina optativas y no repone jubilaciones— hasta la criminalización de la protesta estudiantil. En todas partes se repite el mismo guion: se desgasta la autonomía con recortes, se potencia a las privadas, se controlan los consejos sociales. Lo que ocurre en Canarias es un espejo de esa corriente mundial.

Por eso hoy cobra tanta importancia el manifiesto de las sociedades económicas de Tenerife y Gran Canaria. Es la voz de una sociedad civil que no ha olvidado cómo se conquistó la ULPGC. Sin embargo, debo decir con sinceridad que la respuesta de la comunidad universitaria en los últimos meses no había estado a la altura de la gravedad del momento. El malestar de los equipos rectorales no llegaba con suficiente claridad a la calle. Tampoco había percibido una movilización del profesorado, los sindicatos o el estudiantado acorde con la situación. El manifiesto corrige ese rumbo. Es el primer paso de una respuesta plural y proporcional que necesitamos urgentemente.

Reclamo con la mayor energía un nuevo pacto por la educación superior en Canarias. Necesitamos cinco líneas fundamentales. Primera: mejorar e incrementar la financiación pública con un marco plurianual estable. Segunda: estabilizar, motivar y garantizar el relevo generacional del profesorado y del personal de administración y servicios. Tercera: mejorar la empleabilidad del estudiantado y fomentar la colaboración empresarial. Cuarta: visibilizar la relevancia social del conocimiento que se genera en nuestras aulas. Quinta: incentivar el acceso de toda la población juvenil, especialmente de aquella con menos recursos.

Desde el Cabildo de Gran Canaria sabemos de la trascendencia de un sistema universitario público de calidad y accesible para todas y todos. Hoy, con el respaldo del manifiesto ciudadano, reafirmo mi compromiso. Si hace 40 años nos movilizamos y conseguimos la creación de la ULPGC, hoy, cuando vive momentos de riesgo para su autonomía y progresión de futuro, debemos volver a manifestarnos de todas las maneras posibles. La universidad que nació de una marea social debe seguir contando con ese respaldo colectivo. No permitamos que languidezca el gran sueño nacido en el siglo XX. Lo necesitamos para ganar el siglo XXI.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Esta semana, de la mano del Consejo Insular de la Energía, del área de Medio Ambiente, Energía, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, de Infecar, de la SPEGC y de Island Innovation, celebramos en Gran Canaria la Cumbre Global de las Islas Sostenibles con el objetivo de abordar en profundidad algunos de los grandes retos estructurales que comparten las islas del mundo

A lo largo de la historia, las islas han sido mucho más que territorios en medio del mar.. Han sido refugio, frontera y promesa. Han sido, en la literatura, el espacio donde imaginar otros mundos posibles. Desde la Utopía de Tomás Moro hasta La isla del tesoro, han representado ese lugar donde lo conocido termina y comienza lo posible. Hoy, esa intuición literaria se ha convertido en una realidad política: las islas ya no son solo espacios donde imaginar el futuro, sino lugares donde ese futuro se está construyendo.

El poeta canario Arturo Maccanti escribió que “el horizonte es nuestra medida”, y quienes vivimos en islas sabemos bien lo que eso significa. Vivimos en un espacio condicionado por límites físicos, por la distancia y por la dependencia, pero también por una relación constante con el horizonte. Como señaló el Nobel caribeño Derek Walcott, “el mar es historia”, y en nuestras islas el mar es historia, pero también presente y, sobre todo, futuro.

Durante demasiado tiempo, las islas han sido percibidas como regiones periféricas, aisladass o vulnerables. Sin embargo, hoy sabemos que esa mirada es incompleta. Las islas no estamos en el margen del cambio, estamos en su primera línea. Representamos entre el uno y el dos por ciento de la población mundial, pero concentramos algunos de los mayores desafíos del planeta en términos de vulnerabilidad climática, dependencia energética y limitación de recursos.

Y precisamente por eso, este encuentro adquiere todo su sentido. Durante estos días se han abordado cuestiones decisivas para el presente y el futuro de las islas en el planeta: la transición energética, la adaptación al cambio climático, la gestión del agua, la economía azul, la biodiversidad, la financiación de la sostenibilidad y la innovación en la gobernanza.

No ha sido un congreso convencional, sino un verdadero espacio de trabajo global donde las islas del mundo se reconocen entre sí, comparten experiencias y construyen soluciones comunes. Lo demuestra la diversidad de quienes han participado, representando a más de cincuenta países y territorios insulares de todos los continentes: desde Tuvalu, en el Pacífico, hasta Jeju, en Corea; desde el Caribe hasta la Macaronesia; desde África hasta Europa, pasando por América y Asia. Esta diversidad es la mejor prueba de que las islas, en cualquier parte del mundo, comparten desafíos… y también la voluntad de construir soluciones conjuntas.

Este encuentro tiene además una trayectoria que merece ser destacada. La Cumbre Global celebra en Gran Canaria su cuarta edición. La primera tuvo lugar en Madeira, la segunda en Prince Edward Island (Canadá) y la tercera en Saint Kitts and Nevis (en el norte antillano). Tres territorios distintos, tres contextos diferentes, pero con una misma vocación: construir un espacio global para el diálogo entre islas.

A lo largo de estas ediciones se han abordado algunos de los grandes retos estructurales de los territorios insulares: la transición energética en sistemas aislados, el desarrollo de energías renovables y almacenamiento, la descarbonización de las economías y la seguridad energética. También han ocupado un lugar central la adaptación al cambio climático, la gestión del agua, la resiliencia frente a fenómenos extremos y la protección de los ecosistemas, especialmente en entornos costeros y marinos.

La economía azul, el turismo sostenible, la economía circular y la diversificación económica han sido igualmente ejes fundamentales, junto con la financiación de la transición, la gobernanza multinivel y la innovación tecnológica. En definitiva, la Cumbre ha ido construyendo una visión compartida: la de unas islas que no solo afrontan desafíos, sino que lideran respuestas.

Porque, aunque estemos en distintos océanos, compartimos una misma realidad. Compartimos la dependencia energética —que en muchos casos supera el 80% de combustibles fósiles importados—, la vulnerabilidad frente al cambio climático, con buena parte de nuestras poblaciones e infraestructuras en zonas costeras, y la presión sobre el territorio y los recursos hídricos. Pero también compartimos algo esencial: la capacidad de adaptarnos, de innovar y de anticiparnos.

Hay, además, una paradoja que merece ser destacada. A pesar de su tamaño, los territorios insulares han desempeñado un papel decisivo en la agenda climática global, situando el cambio climático en el centro del debate internacional y elevando la ambición de los acuerdos. Cuando una isla habla de cambio climático, no habla desde la teoría, habla desde la experiencia. Pero hay una idea aún más importante: las islas no son solo zonas vulnerables, son auténticos laboratorios vivos del planeta. En ellas, los efectos del cambio climático o de la presión sobre los recursos se manifiestan antes, de forma más intensa y más visible. Lo que en otros lugares ocurre de manera gradual, en las islas ocurre de forma acelerada. Por eso, lo que sucede hoy en las islas no es una excepción, es una anticipación de lo que sucederá en el resto del mundo.

Esta condición nos sitúa en una posición única: no solo estamos afrontando los impactos, estamos desarrollando soluciones. Y ese es precisamente el valor de este foro: conectar esas soluciones, compartirlas y proyectarlas a escala global. Esa ha sido la experiencia de Gran Canaria. Hace una década tomamos una decisión política clara: entender la transición energética no solo como un reto técnico, sino como una cuestión de soberanía energética, alimentaria y de seguridad hídrica. Esa visión se concretó en un modelo que hoy guía nuestra acción pública: Gran Canaria Ecoísla.

Diez años después, ese modelo está dando resultados. Hemos multiplicado por más de tres nuestra potencia instalada en energías renovables y hoy concentramos una parte muy significativa de la generación renovable del archipiélago. Hemos avanzado hacia un modelo más eficiente, desacoplando el crecimiento económico del aumento del consumo energético, uno de los cambios estructurales más relevantes para un territorio insular. Hemos impulsado comunidades energéticas que sitúan a la ciudadanía en el centro del sistema y desarrollamos infraestructuras estratégicas de almacenamiento como el Salto de Chira, clave para integrar renovables. También hemos desplegado una red de recarga para movilidad eléctrica y apostamos por nuevos vectores energéticos como la geotermia o el hidrógeno verde.

Pero esta transformación no se limita al ámbito energético. Estamos redefiniendo nuestro modelo económico desde una perspectiva insular. Hemos desarrollado una estrategia de economía circular orientada a reducir la dependencia exterior, optimizar recursos y generar nuevas oportunidades, y a esto le hemos añadido programas formativos en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta visión conecta directamente con el turismo sostenible. El reto no es reducir el turismo, sino transformarlo en un modelo más resiliente, eficiente e integrado en el territorio, capaz de generar valor sin comprometer los recursos. El futuro pasa por modelos regenerativos adaptados a los límites físicos. En esta línea, desarrollamos proyectos como MasDunas o ImpulsaMaspalomas.

Junto a ello, estamos impulsando de forma decidida la economía azul como uno de los grandes vectores de futuro. El mar no es solo un límite, es una oportunidad. En Gran Canaria desarrollamos proyectos vinculados al hidrógeno verde en entornos portuarios, a la descarbonización del transporte marítimo y a nuevas cadenas de valor asociadas al océano. En este camino, iniciativas como BIOASIS Gran Canaria representan un paso más: convertir la isla en un espacio de experimentación donde integrar economía circular, bioeconomía, innovación y sostenibilidad.

Pero también sabemos que no basta con mitigar. El cambio climático ya está aquí. Por eso hemos situado la adaptación en el centro de nuestras políticas públicas. Un ejemplo es el sistema ALERTAGRAN-5, una herramienta inteligente de alerta temprana ante inundaciones, con una inversión superior a 1,2 millones de euros, que mejora nuestra capacidad de anticipación y respuesta y que se suma a lo sistemas ya existentes.

Este tipo de actuaciones refleja un cambio de enfoque. Estamos pasando de una lógica reactiva a una lógica de anticipación, utilizando datos, tecnología e inteligencia pública para proteger mejor a la ciudadanía y al medio natural.

El foro ha servido para mucho más que debatir. Ha sido un instrumento clave para consolidar alianzas entre territorios que comparten desafíos, ambición y compromiso. Y por eso, lo que hagamos aquí importa. Importa mucho.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.