No nos equivocamos cuando en 2015, el primer año de los tres gobiernos de progreso del Cabildo de Gran Canaria, decidimos lanzar la política pública insular de participación ciudadana y plantear que fuese un componente imprescindible del Gobierno Abierto de la isla. Más de ocho años después vemos con satisfacción cómo esa mecha participativa en el hacer público se ha ido impregnando en nuestra institución, en los gobiernos locales, en los colectivos sociales y en el conjunto de la sociedad grancanaria

El aprendizaje acumulado en estos años nos reafirma en la idea de que la gobernanza de las instituciones debe construirse colectivamente si queremos que las intervenciones públicas tengan el grado deseable de eficacia, que de verdad mejoren la vida de la gente y que permitan avanzar hacia un modelo de desarrollo insular próspero, justo y ambientalmente ejemplar. Esto es precisamente la Ecoísla Gran Canaria, el ideal que guía nuestro programa de gobierno y que, ineludiblemente, tiene que ser una responsabilidad colectiva, tal como lo deja claro la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas.

Es ampliamente conocido que algunos de los fundamentos de nuestro programa de gobierno tienen que ver con la soberanía energética, la seguridad hídrica y la soberanía alimentaria. Este último concepto ha sido desarrollado por la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que considera que la participación es clave para la sostenibilidad porque ayuda a construir sobre las capacidades existentes, crea sentimiento de pertenencia en las personas involucradas y garantiza los logros conseguidos a largo plazo.

¿Qué hemos hecho en estos años para saber que estamos en el buen camino de una sociedad corresponsablemente participativa?

El primer paso que dimos fue asegurar el derecho de participación regulando el conjunto de mecanismos que lo hiciera posible a través de la aprobación del primer reglamento de participación ciudadana de la institución. Se trata de un documento que, además, apura el actual marco legislativo e incluye todos los mecanismos que contempla la normativa.

También asumimos el imparable avance de la digitalización con la creación de una plataforma de participación digital (participa.grancanaria.com) basada en código abierto. Junto a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, facilita el ejercicio de consultas, peticiones, iniciativas y presupuestos participativos y nos proporciona una herramienta fundamental para cualquier procedimiento futuro.

Hemos fortalecido el asociacionismo a través de la convocatoria anual de subvenciones destinadas a proyectos que fomenten la participación ciudadana, para hacer de la sociedad civil organizada un verdadero canalizador privilegiado y activo de la implicación social en las decisiones públicas del gobierno insular y los ayuntamientos de Gran Canaria. En este sentido recogimos una larga demanda de los colectivos y ya hemos adquirido un edificio emblemático, el antiguo Cuasquías, que se va a convertir en “La Casa Común” un espacio para la creación, la innovación y la participación, que va a estar en parte autogestionado por las propias organizaciones que usen el espacio.

Acompañamos y fortalecemos la política pública de Participación Ciudadana de los ayuntamientos de Gran Canaria a través del Gabinete de Asistencia Técnica a Municipios, un grupo de profesionales destinado a cubrir las necesidades de acompañamiento técnico que surgen en los gobiernos locales en sus estrategias y programas para implantar y promocionar la participación ciudadana en su gestión. Como gobierno insular profundamente municipalista es una prioridad para nosotros el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales que hagan partícipe a la ciudadanía en las decisiones públicas, haciéndolas más eficientes y eficaces.

Durante este tiempo hemos impulsado la formación y capacitación de profesionales en el ámbito de la participación y la gobernanza pública con el lanzamiento, de la mano de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, del Experto Universitario en Gobernanza y Participación Ciudadana, que va por su 4ª edición y que ya ha formado a casi 200 técnicos y técnicas municipales, personal de ONG y personas decisoras públicas.

Ante la situación provocada por el repunte de las llegadas por mar de personas migrantes y los conflictos sociales y políticos que estaban provocando, hemos elaborado la primera estrategia insular de Convivencia Intercultural, Gran Canaria Convive, que vamos a presentar en las próximas semanas y que va a contribuir a hacer de Gran Canaria una isla inclusiva y ejemplar en la lucha contra el racismo y la xenofobia.

La parte más visible de la participación en muchas ocasiones son los procesos participativos que implementamos para el diseño y ejecución de intervenciones públicas, insulares y municipales. Estos procesos vinculados a proyectos concretos son actuaciones con un alto valor demostrativo y ejemplificador.

En un artículo de opinión no tengo espacio para resumir todos los procesos iniciados, pero sí puedo citar algunos de los más relevantes. Cabe destacar, por el nivel de implicación ciudadana, la travesía del Monte, el proceso participativo para dar solución al tramo de carretera y zona peatonal que discurre entre la rotonda de Bandama y la curva del vivero de flores, en Santa Brígida, una vía afectada por un tráfico cuyo aforo supera los 24.000 vehículos diarios.

En primer lugar la propuesta ya supone la colaboración institucional entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Brígida, que deciden impulsarla conjuntamente, para recoger propuestas ciudadanas que permitan a los técnicos de carreteras elaborar el proyecto. Las 80 propuestas vecinales incluidas han permitido mejorar aspectos como la seguridad de los peatones, servicios como la recogida de residuos, preservar el arbolado o mejorar la accesibilidad. El último proceso ejecutado con este Ayuntamiento tuvo que ver con la consulta que realizó acerca de la decisión a tomar con el espacio ocupado por lo que todo el mundo conoce como “mamotreto”.

Es solo un ejemplo de cómo estos procesos pueden mejorar aspectos concretos y cotidianos de la vida de las personas, pero podríamos citar otras experiencias similares como las desarrolladas en el Paisaje Cultural, declarado como Patrimonio Mundial, de Risco Caído y Montañas Sagradas de Gran Canaria, una herramienta de diagnóstico participativo para la renovación del asociacionismo vecinal insular. O el impulso dado, a través de ayuntamientos o entidades, a procesos vinculados a intervenciones municipales: conformación de la Estrategia de la Agenda Urbana de La Aldea, el diseño urbanístico participativo de Parques Asocados de Ingenio o la creación del Consejo de Barrios de Gáldar.

Somos conscientes de que debemos contribuir decididamente a contrarrestar la desafección y deslegitimación de la política, por lo que asumimos con responsabilidad nuestro papel de avanzadilla de las políticas públicas de empoderamiento de la ciudadanía para que sean protagonistas de las decisiones públicas y la acción de sus gobiernos. Y porque estamos convencidos y convencidas de que la ecoísla sólo será sostenible si también es participativa.

Antonio Morales. Presidente del Cabildo de Gran Canaria