La errática, lenta y colonial política migratoria en Canarias por parte del Gobierno de España y de la Unión Europea se ha apurado tanto, se ha llevado a un límite tan insostenible, que ha dejado un panorama seriamente preocupante, sin margen de error y al borde del colapso. Un colapso que, por supuesto, se sentirá antes en cualquier municipio de Canarias que en Bruselas o en Madrid

Un colapso, para empezar, de vidas. Son centenares las personas que han muerto solo en 2024. Miles en esta década. Decenas de miles de personas muertas desde que hace 30 años llegaron los dos primeros supervivientes de la ruta canaria a la isla de Fuerteventura.

Es inadmisible que se asuma como una realidad banal el hecho de que miles de personas hayan muerto ahogadas, de hambre o de sed tratando de sobrevivir a un sistema injustamente desequilibrado y desigual que condena a muerte y que empuja a una aventura suicida en el océano a una parte de la población que bien podría migrar segura si otras vías fueran posibles, legales y seguras.

El desatino también afecta, y esto es especialmente irresponsable, al sistema de acogida de menores, de niños y niñas en desamparo, que llegan solos. Que llegan sin personas referentes adultas. Que colapsan los espacios de atención. Que son atendidos con medios precarios, en circunstancias anómalas, y desprotegidos de los derechos que los amparan. Que empiezan a ser piezas fáciles de las mafias de la prostitución. Que al cumplir los dieciocho años se ven en la calle, sin techo, sin futuro. Que son utilizados como arma arrojadiza para sembrar odios, racismo y xenofobia.

Canarias viene demandando una y otra vez lealtad institucional y expresando necesidades objetivas que apuntan a la saturación del sistema. Vaticinamos que el otoño será caótico si no se logran cambios legislativos. Es necesaria la modificación del Artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permitiría que cuando una Comunidad Autónoma esté colapsada, especialmente le ocurrirá a las comunidades fronterizas, pueda pedir al Estado que se traslade a menores a otros territorios. Esta modificación contaba con el apoyo unánime en este archipiélago, la de todos los cabildos y ayuntamientos, organizaciones sociales y grupos políticos, pero cayó en saco roto el pasado mes de junio en el Congreso de los Diputados.

La traición del Partido Popular -que en Canarias dice una cosa y en Madrid otra- y la cobardía del Gobierno de España para afrontar la redacción de un Decreto Ley que peleara por una mayoría en las Cortes españolas, hizo naufragar una medida que, de estar aprobada ahora, permitiría esbozar un escenario diferente. Menos lesivo, sin duda. A veces uno piensa que cuando se toman estas decisiones no se tiene en consideración las consecuencias reales en los niños y niñas que necesitan una acogida urgente en las sociedades locales. Y parece ser que no. Prima la crispación, el tacticismo político y el juego sucio, la búsqueda de la derrota del otro. Y no es que no sepan ponerse de acuerdo, en Canarias lo hacen con suma facilidad para poner mociones de censura a mayorías progresistas.

Ahora, el Gobierno de Canarias en una acción desesperada e inédita sostiene que la custodia policial será suficiente para la acogida de niños y niñas y que no abrirá las puertas de sus centros, ordenando a las organizaciones que gestionan estos espacios que así sea, exigiendo que el menor esté filiado y con la edad determinada, algo que no se ajusta a la realidad de la emergencia y que puede generar graves contratiempos en la cobertura de los derechos fundamentales de los supervivientes menores de edad.

Coalición Canaria, lanza así un órdago obviando que cohabita en el Gobierno canario con quién impide la reforma en Madrid y que apoya en el Congreso de los Diputados a quién de forma irresponsable se resiste a reformar por Decreto Ley la norma que permitiría seguir progresando en la modificación del sistema de acogida.

El PSOE y el PP, insisto, están jugando una partida en la que Canarias no está siendo, si quiera, una pieza de intercambio. Con el juego colonial de sombras que están perpetrando mantienen entretenido el foco mediático sin entrar en el fondo del asunto. Si esto ocurriese en cualquier otra Comunidad Autónoma de la península, el asunto se habría diluido por la continuidad territorial. Están usando el aislamiento y la lejanía de Canarias para postergar la toma de decisiones, permitiendo a la sociedad isleña observar de forma clara y evidente que la distancia importa. Que la distancia es olvido y marginación. Que la distancia y el centralismo colonial, mediático, político y social, alejan y ocultan la realidad.

Un ejemplo de lo expresado con anterioridad lo pudimos ver este verano cuando el presidente del Gobierno de España hizo una gira por países de África Occidental y Canarias. Fue prometiendo programas y ayudas en los diferentes países, como cada año, sin Europa, sin continuidad, sin estructuras sólidas.

Lo mismo que hizo a su paso por Canarias prometiendo dinero, pero no cambios estructurales. La única solución que aportó el presidente del Gobierno de España en un alto en sus vacaciones en Lanzarote, fue la de destinar cincuenta millones a esta Comunidad para ayudar a los gastos de acogida. Un parcheo, una patada hacia adelante que no mejora la atención. Una prolongación de la determinación de convertirnos en un espacio de retención, en una isla cárcel.

Una patada hacia adelante de libro y con la mejor de las sonrisas. La debilidad del Ejecutivo estatal y la falta de apoyos parlamentarios están condicionando la búsqueda de alternativas y soluciones para este asunto. Por no mencionar la inacción de la Unión Europea que parece estar volcada en el Mediterráneo y el Este. Fíjense en estos día la euforia insensible de Italia presumiendo de haber reducido la llegada de inmigrantes en su país en un 80%. Aquí ha aumentado en un 123% porque Europa se ha preocupado por captar a Meloni atendiendo sus demandas y despreciando nuestra realidad.

En lo que va de 2024 han llegado casi 25.000 personas. Más que nunca antes a estas alturas del año. Sostengo que es inasumible condenar a tantas personas a este riesgo mortal. Sostengo, también y de igual forma, que ningún menor por acción u omisión puede quedar en desamparo. Y aunque entiendo la posición del Gobierno de Canarias, no puedo respaldar un cambio de actitud haciendo que lo que era válido y ajustado a derecho hace solo unas semanas ahora no lo sea. Y que la consecuencia sea no acoger a ningún niño o niña, aunque lo necesite. Los niños y niñas no pueden verse perjudicadas en esta estrategia de enfrentamientos. Y comparto la desesperación, la impotencia y el cabreo del gobierno canario (aunque acoja la paradoja de que una parte de él sea absolutamente cómplice de lo que está pasando).

El camino de la confrontación no resolverá nada e insto a llegar a un acuerdo lo antes posible, de lo contrario, la sangría de derechos humanos y vidas será mayor. Y el espejo al que se tendrán que mirar devolverá una imagen nada edificante.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria