La inflación en España ha superado en junio la barrera psicológica de los dos dígitos por primera vez desde abril de 1985, al dispararse el Índice de Precios al Consumo (IPC) un 10,2% interanual, el mismo incremento que se produjo en ese mes de hace 37 años

La inflación subyacente que no tiene en cuenta el precio de los alimentos frescos y los productos energéticos por ser los más volátiles y que sirve de termómetro para conocer el contagio de la subida de precios al conjunto de la economía llegó en junio al 5,5%, la tasa más alta desde agosto de 1993

El Gobierno ya aprobó en abril un primer decreto para desplegar medidas con la intención de contener la inflación, como el descuento en la gasolina, la prórroga de las bajadas fiscales a la electricidad o el tope del 2% a la subida de los alquileres. Sin embargo, es evidente que esas políticas no han servido para frenar la senda alcista que el IPC ha emprendido.

Gracias a esta inflación está empeorando la alimentación de las familias y de los más pequeños, sobre todo entre las personas con menos recursos. Hay muchas familias que no se pueden permitir pagar el aumento del precio de las frutas, verduras, del pescado o la carne fresca, y su única opción es comprar productos menos saludables pero más baratos . La malnutrición entre niños y adolescentes españoles ya galopa en las calles.

Cada familia se está adaptando a la situación de acuerdo a sus posibilidades, de ellas empiezan a rebajar la calidad y cantidad de su alimentación para poder pagar servicios básicos como el agua o la luz. A medio plazo comprobaremos las consecuencias que ello tendrá para la salud de las personas.

La gran patronal de los supermercados, Asedas, ha pedido que se rebaje el IVA de manera general a los productos de alimentación y gran consumo. ¿Es esta la solución o bajar este impuesto indirecto será ‘pan para hoy y hambre para mañana’?

Mientras tanto, esas mismas grandes cadenas siguen mejorando sus resultados, le pese a quien le pese. Mercadona consiguió en 2021 un beneficio neto de 680 millones de euros y un registro histórico en sus ventas, con un crecimiento del 3,3% hasta los 27.819 millones de euros. El Grupo Carrefour elevó esa marca en ese mismo año hasta los 1.072 millones de euros, un 67,2% más que en el ejercicio anterior. Las ventas netas (descontando IVA) de la cadena gala allá donde está presente sumaron 74.286 millones de euros, lo que supuso un alza del 3%. Lidl, por su parte, alcanzó unas ventas de 4.825 millones en el mercado español y experimentó un crecimiento del 9% respecto al año anterior.

En el caso del gigante alemán, no solo mejoró su cuota en nuestro país sino que aprovechó la favorable coyuntura para crear su propia naviera, la ‘Tailwind Shipping Lines’, que le permitirá asumir una parte importante de sus operaciones de transporte de los productos de terceros países, que actualmente gestiona a través de diferentes operadores. De esta manera, Lidl podrá seguir arruinando más eficientemente, con sus masivas importaciones de países no comunitarios, a la agricultura y ganadería europea mientras mejora de paso sus márgenes comerciales.

El sector primario, por su parte, se encuentra con una ley de la cadena alimentaria que nació muerta casi desde su propia concepción. Por el mismo kilo de limones que usted compra por 2,39 euros en un Carrefour de Valencia, el agricultor que los cosechó cobró entre 15 y 22 céntimos. Diez veces menos. La misma proporción, aproximadamente, que si se lleva un kilo de caquis a 2,69 euros. Especialmente trágica para los agricultores es la situación de las naranjas, vendidas un 1.500% más caras. Con el mercado abastecido por productos de terceros países, algunas cosechas quedan prendidas del árbol y con los precios desplomados por debajo de su coste de producción.

. Sobre el papel, sobre el del BOE más concretamente, tal práctica resultaría ilegal desde el 15 de diciembre de 2021. Fue el tercer cambio en dos años para la ley más importante del sector alimentario español. Pero la prohibición de la ‘compra a pérdidas’ o por debajo del ‘coste efectivo de producción’ del operador anterior, sencillamente, no funciona o no se cumple, o ambas cosas.

Frente a ello, el doble etiquetado sería, sin duda, una de las mejores armas que podría tener el primer y más débil eslabón de la cadena para defenderse de los abusos del último, del punto de venta. Porque convendría, más allá de la demagogia habitual, sentar las bases de con quién debe alinearse, con quién debe tender puentes el productor primario, ¿con la inaccesible e insaciable distribución moderna que maltrata nuestras frutas y verduras como un vulgar commoditie o con nuestra industria, que sigue apostando por la agricultura local, por el orígen España para abastecer al mercado doméstico y a la vez buscar salidas comerciales en la exportación?.

Definitivamente, una normativa que obligase a que en todos los productos agrícolas no transformados (o con una mínima confección), se informe al consumidor de la remuneración percibida a puerta de almacén (para el proveedor) y el propio Precio Venta al Público (PVP) sí sería reveladora de los posibles márgenes abusivos, o todo lo contrario, de la venta a pérdidas con la que las grandes cadenas de distribución distorsionan los mercados y dinamitan la rentabilidad de productores en primer término y empresas agroalimentarias, en segundo.

El primer paso –conocer los precios en origen- es algo en lo que desde hace décadas que se viene trabajando y no son pocos los diferentes observatorios de precios, lonjas y demás entidades público-privadas existentes que aportan estadísticas semanalmente a este respecto. La Ley de la Mejora de la Cadena Alimentaria –que en nada ha mejorado la situación del productor y que deja fuera de su ámbito de actuación a las cooperativas agroalimentarias- reincide en este aspecto y en breve comenzarán a surgir nuevas iniciativas públicas para fijar nuevos indicadores de los ‘costes efectivos de producción’ a los que alude la norma, según productos, variedades e incluso zonas de producción. Servirán para lo mismo que hasta ahora, para entre nada y poca cosa, para rasgarnos las vestiduras con sesudos –y maniqueos- análisis sobre el abismo existente entre los precios finales y ahora, claro, los costes de producción. Otra vez se darán a conocer los incrementos de tres dígitos que se registran entre lo que supone que el agricultor, al menos, recupere teóricamente lo que ha invertido y el valor que finalmente paga –el inocente, por ignorante, claro- consumidor.

Porque a estas alturas nadie se atreve a negar la evidencia de que los precios de las frutas y hortalizas no se fijan en función de la oferta y de la demanda europea. Se configuran ‘aguas abajo’, desde el punto de venta en un vertiginoso descenso hasta llegar al agricultor, que en tales condiciones sólo percibe los restos. De un lado, porque la oferta se encuentra totalmente fragmentada, incapaz de defenderse ante una demanda –la de las grandes cadenas- cada vez más concentrada, en manos de unos pocos. En tales condiciones la capacidad de negociación -cuando la oferta se reduce, se incrementa la demanda o confluyen sendas cosas- se reduce a la mínima expresión. Y ello es así, no sólo por el desigual poder de negociación de unos y de otros –que también- sino por el hecho no menos obvio de que la gran distribución usa, a su conveniencia, la oferta barata y sin tantos requerimientos medioambientales, sociales o fitosanitarios que suponen las crecientes importaciones de países terceros para regular, para presionar los precios a la baja.

El ‘doble etiquetado’ así entendido aportaría mayor transparencia tanto para el consumidor como para las propias autoridades. Reflejar el enorme diferencial existente entre el campo y los precios finales no es una opción suficiente porque sólo aportaría una visión sesgada, incompleta e indirecta de lo acontecido en la cadena. Con esa exclusiva exigencia se serviría en bandeja la réplica de la gran distribución, que sin pensarlo podría aducir ‘ineficiencias’ o ‘falta de competitividad’ en la cadena alimentaria, señalaría las dificultades de un sector primero ‘poco profesionalizado’, ‘minifundista’, ‘con altísimos costes de producción’…liberándose así del pesado dedo acusador. Por el contrario, reflejar la cantidad pagada al proveedor y el PVP se acercaría a definir el posible margen del punto de venta, resultaría delatador y contribuiría de manera preclara a depurar responsabilidades.

Supongo que una propuesta como ésta no será fácil de implementar. La propia Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria también se vendió como revolucionaria en muchos aspectos pero en poco tiempo ha demostrado su inutilidad. Está en manos de las grandes organizaciones exigir un sistema que garantice un precio que cubra gastos y que permita recoger a beneficios a todos los eslabones de la cadena. Todos trabajamos para ganar dinero y no por amor al arte, desde el campo hasta el propio consumidor, todos podemos ayudar a mitigar la difícil situación actual.

Esta es una de las reivindicaciones que las asociaciones independientes queremos trasladar al ministro de Agricultura, Luis Planas. La implantación de este particular modelo de doble etiquetado sí permitiría una compra informada, responsable y, esta sí, verdaderamente sostenible. Porque el actual modelo es evidente que está demasiado escorado hacia las grandes superficies y cadenas y deja un margen ridículo de actuación a los productores y a los comercializadores, que no pueden elegir ni a quién ni bajo qué condiciones pueden vender su producto.

Las grandes superficies, de hecho, ya han empezado a efectuar movimientos en la compra de cítricos de cara a la próxima campaña. Parecen querer mantener los precios de venta a los mismos ridículos niveles de esta temporada, con lo que volverá a repetirse la ruina para el agricultor, incapaz de compensar las subidas del gasoil, fertilizantes y demás insumos.

Los gastos en la cesta básica representan el 12% del Salario Mínimo Interprofesional, es decir, de cada 10 euros que estos trabajadores ganan, 1,2 euros son invertidos en alimentación. Si esta medida se implantará ,quienes sufren empleos más precarizados y la “clase media y trabajadora” -a la que tanto alude este Gobierno- tendría en su mano comprobar quién sale ganando realmente con tanto abuso. ¿Cuánto haría bajar el IPC un reparto más justo de los beneficios en la cadena alimentaria?; ¿cómo afectaría a la lucha contra la despoblación de la ‘España vaciada’?; ¿a cuántos jóvenes se atraería al campo?

Adán Carrilero Matas

Vicepresidente de la Asociación de agricultores de Nules