El Cabildo de Gran Canaria participa en la financiación de dos soluciones piloto con las que se prevé el análisis de la viabilidad, diseño, desarrollo y validación de diferentes soluciones emergentes de desalación de agua, un proyecto de compra pública precomercial en el que colabora la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) y promueve el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), que ha formalizado dos contratos con los centros españoles de investigación Fundaciones Tecnalia y Eurecat para el desarrollo del mismo

Ambas soluciones se ejecutarán durante este 2022 en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo para ofrecer alternativas a la ósmosis inversa de agua de mar, la tecnología de desalación más utilizada a nivel global.

El objetivo último es avanzar en el desarrollo de soluciones de mercado a medio plazo que permitan cotas de consumo de energía muy por debajo de los valores actuales y que redunden en la reducción de costes de explotación. Unas ventajas que, a su vez, permitirán un rendimiento optimizado y de menor impacto ambiental, limitando el volumen de vertidos de salmuera y el consumo de químicos durante los procesos.

La previsión es lograr una ratio de consumo energético por debajo de los 1,5 kWh/m3 de agua desalada, un factor de conversión (porcentaje de agua dulce que se obtiene a partir de agua salada) superior al 50% en el proceso de desalación y un uso nulo o muy limitado de productos químicos.

DESAL+ Startups

La formalización de estos contratos, financiados por el Cabildo insular y el Ministerio de Ciencia e Innovación, se enmarca en las actuaciones de la iniciativa DESAL+ Startups promovida por el ITC y la SPEGC para alcanzar soluciones tecnológicas aplicables a la industria local del agua, así como el emprendimiento en el marco de la plataforma DESAL+ Living Lab.

Con esta iniciativa, ambas entidades apuestan por la innovación en un sector estratégico para las Islas, pioneras en Europa en la operación de desaladoras; con la mirada puesta en ofrecer ventajas competitivas a las plantas existentes en el territorio insular y también apoyar a futuras empresas de base tecnológica en el sector.

En este sentido, esta licitación se puso en marcha a través de la compra pública precomercial del proyecto, lo que supone que las entidades públicas involucradas no se reservan los resultados de I+D del proyecto para su uso en exclusiva, sino que comparten con las empresas adjudicatarias los riesgos y los beneficios de la I+D necesaria para desarrollar las soluciones innovadoras que superen las que hay disponibles en el mercado.