La consejera canaria de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, ha defendido hoy en Bruselas la posición común de todas las comunidades autónomas acerca de la aprobación de las Conclusiones sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral

Las comunidades autónomas españolas respaldaron hoy las conclusiones del Consejo de Ministros y Ministras de la Unión Europea de Empleo, Asuntos Sociales, Sanidad y Consumo acerca de la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral.

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo de la comunidad autónoma de Canarias ha expresado la posición común de todas ellas, en la que destacan el compromiso e implicación para aplicar la normativa vigente y trabajar para mejorar la aplicación de las políticas activas de empleo dirigidas a este colectivo, tanto estatales como de cada una de las comunidades autónomas.

Las autonomías españolas reconocieron el trabajo realizado por las autoridades europeas para impulsar la integración laboral de las personas con discapacidad e identificaron en su posición común varios de los obstáculos con los que todavía se enfrenta este colectivo. En concreto, Elena Máñez afirmó que “a pesar de los logros obtenidos hasta la fecha y de las políticas públicas de empleo puestas en marcha, aún siguen afrontando obstáculos para acceder al mercado de trabajo, sufriendo un mayor riesgo de pobreza o exclusión social que las personas sin discapacidad”.

Entre los obstáculos señalados, la posición común expresada por la consejera canaria incidió en la reducida motivación y movilización a la formación de este colectivo, así como a su salida de sus entornos protegidos; la de por sí compleja situación del mercado laboral ordinario y la demanda de perfiles específicos; o que la privación de la capacidad jurídica puede limitar el poder de las personas con discapacidad intelectual o psíquica para celebrar contratos o iniciar un negocio, haciendo imposible, en estos casos, la actividad por cuenta propia o el emprendimiento.

Para mejorar todos estos aspectos, Máñez apuntó que las comunidades autónomas “quedamos, pues, a la espera de examinar los próximos trabajos que la Comisión Europea tiene programados presentar, como la tarjeta europea para personas con discapacidad”, antes de concluir que “debemos seguir aunando esfuerzos y consolidar esta apuesta firme hacia un crecimiento económico, tanto conjunto como en cada uno de los territorios de la UE, basado en la inclusión, en el que hay mucho que ganar aprovechando todo el potencial que nos brindan todas y todos los ciudadanos europeos”.

El caso de Canarias

Al término de su intervención y en declaraciones a los medios de comunicación, la consejera señaló que “la normativa estatal y de cada una de las comunidades autónomas ya incluyen numerosas acciones para apoyar e impulsar la inserción laboral de las personas con discapacidad, como las reservas del 7 ciento de plazas en las convocatorias de empleo públicas o la obligación que el 2 por ciento de las plantillas sean personas con discapacidad en las empresas de más de 50 empleados y empleadas”.

“Además” -continuó- “son un colectivo prioritario en todas las políticas activas de empleo y en el caso del Servicio Canario de Empleo, por ejemplo, el 7 por ciento de las ofertas tramitadas y el 8,5 por ciento de las plazas cubiertas han estado dirigidas a este colectivo”.

Elena Máñez explicó que existen varias líneas de subvención tanto para la contratación de personas con discapacidad, como para los centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral, en tanto que “el acceso al empleo es uno de los principales factores que determinan que puedan disfrutar de una ciudadanía plena y una igualdad real y efectiva en nuestras sociedades”.

En cuanto a las acciones más novedosas de las que se desarrollan en Canarias, destacó el proyecto piloto que ya tiene proyecto terminado y está a punto de licitarse, para un nuevo modelo de oficina de empleo “que servirá de referencia para la futura planificación e implementación de la accesibilidad universal en toda la red de oficinas del Servicio Canario de Empleo”. La consejera detalló que el diseño de esta oficina piloto se ha realizado siguiendo la metodología DALCO en materia de Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación y añadió que “hay aspectos en los que no esperamos para mejorar la atención que prestamos al colectivo y todas las oficinas del archipiélago cuentan ya con bucles magnéticos, que permiten a las personas sordas comunicarse mucho mejor, al reducir el ruido ambiente que perciben a través de sus prótesis auditivas”.

En línea con su declaración ante el Consejo de la Unión Europea, Máñez incidió “en lo mucho que queda por hacer todavía, por lo que cada año tratamos de mejorar en nuestros presupuestos las prestaciones para este colectivo”. Así, detalló que Canarias pondrá en marcha el próximo año un programa específico para personas con discapacidad y problemas de salud mental, por 3 millones de euros, que se unirá a los programas que ya tiene implantados, como los Itinerarios integrados para la inserción laboral personas con necesidades formativas especiales, al que se destinarán 7 millones de euros en 2023, la Inserción laboral de personas con discapacidad que contará con casi 11 millones de euros el próximo ejercicio, o las subvenciones a empresas de inserción, que alcanzarán los 5 millones de euros.