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La Consejería informa de que los centros educativos permanecerán abiertos para desarrollar su actividad habitual y lamenta que pese a haber aceptado todas las demandas de los transportistas estos mantengan el paro, que perjudica a unos 37.000 estudiantes
Las empresas de transporte escolar en las Islas han comunicado hoy sábado, 7 de enero, a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias que mantendrán el paro anunciado para este lunes, 9 de enero. El departamento autonómico lamenta que pese a haber aceptado todas las demandas de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET) estos mantengan su decisión de no prestar este servicio el día de la vuelta a clase tras las vacaciones, lo que afecta a unos 37.000 estudiantes, que son los transportados. Cabe recordar que el segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de centros públicos suma más de 244.000 alumnos y alumnas.
Para solventar este problema, el equipo de gobierno de la Consejería ha mantenido una comunicación directa estos días con la FET desde el anuncio de esta medida, que tuvo lugar el día 5 de enero. Sin embargo, se seguirán manteniendo conversaciones con las empresas de transporte para abordar este asunto.
Al tratarse de un paro de la patronal y no de una huelga, impide que se garanticen los servicios mínimos. El paro está previsto para una única jornada, la de este lunes. Se informa de que los centros educativos permanecerán abiertos para desarrollar su actividad habitual y que este paro no afectará a otros servicios complementarios como el comedor.
Cabe destacar que la deuda histórica adquirida por gobiernos anteriores que reivindican los transportistas es un compromiso asumido por la Consejería de Educación, cuyas cuantías quedan establecidas en el presupuesto de 2023 con un incremento de 9 millones de euros respecto al ejercicio anterior.
En Canarias, en el presente curso escolar existen 1.486 rutas de transporte, lo que supone una inversión anual de más de 50 millones de euros para el Ejecutivo canario.