Establece las medidas para la construcción, la rehabilitación o la reconstrucción de las edificaciones, los usos y las actividades en las mismas condiciones que existían el 19 de septiembre de 2021

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el Decreto ley de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja.

La norma aprobada hoy en Consejo de Gobierno establece las medidas para la construcción, la rehabilitación o la reconstrucción de las edificaciones, los usos y las actividades en las mismas condiciones que existían el 19 de septiembre de 2021 en el ámbito espacial hoy ocupado por la colada, allí donde sea seguro y técnicamente posible, posibilitando, de este modo, la recuperación de la vida y las actividades preexistentes al volcán.

En las semanas que ha estado expuesto a consulta pública y participación ciudadana se han presentado alegaciones que se han incorporado al decreto porque lo mejoran y todas que no tengan cabida en este serán objeto de regulación en los siguientes.

El decreto responde a la aspiración de la mayoría de las personas afectadas de recuperar lo que perdieron y, en lo posible, en cuanto la naturaleza lo permita, volver a los lugares de donde tuvieron que salir para reconstruir y restablecer su modo de vida como parte de una comunidad.

La voluntad del Gobierno de Canarias ha sido atender y, en la medida que el enfriamiento y el asentamiento de la colada lo vaya permitiendo, dar respuesta a la voluntad de las personas afectadas de recuperar lo perdido y de volver a sus lugares de origen, rehabilitando, restableciendo o reconstruyendo los bienes, los usos y las actividades que desarrollaban, evitando, además, el despoblamiento y el desarraigo del Valle de Aridane.

El criterio rector de la norma ha sido el de garantizar a cada afectado el derecho de propiedad sobre su parcela, devolverles el valor de lo perdido y permitirles que puedan tomar la iniciativa de la recuperación con ayudas públicas y la acción pública directa en cuanto a las infraestructuras y redes de servicios.

El decreto ley establece clasifica la colada en zonas de acuerdo con los estudios técnicos llevados a cabo. Así, en la zona donde la lava tiene menos de 10 metros de espesor se permite ya a los afectados llevar a cabo la reconstrucción de sus propiedades, solo condicionada a obtener la preceptiva licencia municipal.

En las zonas de más de 10 metros de espesor de colada se permite también la reconstrucción, condicionada a que los informes científico-técnicos del Cabildo de La Palma avalen la seguridad de la reconstrucción conforme a que la colada de vaya enfriando.

Por último, están las zonas sujetas a medidas cautelares a la espera de la delimitación del Espacio Natural Protegido, lo que, con ese carácter provisional, impide llevar a cabo cualquier actuación de recuperación. El Gobierno reconoce que para los afectados con parcelas en esta zona el decreto territorial no les ofrece una solución completa, puesto que no pueden reconstruir sus propiedades, pero esta solución completa la tendrán con la aprobación del decreto de vivienda y suelos.

El decreto también garantiza la participación ciudadana en el proceso de reconstrucción mediante la creación del Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma, como órgano colegiado de diálogo, información y consulta del que formarán parte las entidades representativas de las personas afectadas por la erupción del volcán.

Finalmente, incorpora una disposición final en la que se procede a actualizar y modificar el Decreto-ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma. Con esta modificación se sube a 4 años la vigencia del decreto, se amplía su ámbito de aplicación a toda la isla y se incorporan las segundas viviendas y viviendas turísticas.

Este decreto ley aprobado hoy es el primer paso de la hoja de ruta trazada para la plena recuperación económica y social de La Palma, que contará con un plan plurianual de pagos a las personas afectadas y, al menos, tres decretos más para dar respuesta a las diversas situaciones generadas por el volcán.