Las autoridades portuarias apuntan que se puede producir un ‘efecto huída’ por parte de las navieras que operan en el archipiélago hacia territorios próximos en los que no se aplica esta directiva

El Ejecutivo apuesta por seguir avanzando hacia la descarbonización del archipiélago, con una hoja de ruta que también permita identificar y minimizar las afecciones a la conectividad, la economía y el empleo en las islas

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha mantenido un encuentro con la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, para abordar las consecuencias de la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (EU ETS) en el ámbito marítimo, y desarrollar una hoja de ruta que permita llegar a acuerdos, alcanzar exenciones para las islas y evitar una pérdida de competitividad de los puertos canarios.

El consejero Pablo Rodríguez ha expresado, la “profunda preocupación que existe en Canarias” por la entrada en vigor de la principal herramienta de la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y señala que su aplicación en el archipiélago tendrá consecuencias negativas para la actividad de las navieras, que reordenarán sus rutas marítimas hacia zonas geográficas cercanas a la nuestra donde no se aplica esta directiva”.

En este sentido, ha asegurado que el archipiélago también trabaja, a través de diferentes iniciativas y en diferentes áreas, para seguir avanzando hacia la descarbonización y la protección del medio ambiente, “siendo conscientes del territorio frágil y fragmentado en el que vivimos, donde debemos tener muy presente la conjunción entre nuestras políticas medioambientales y la identificación de las posibles afecciones a nuestra competitividad”.En esta línea, Rodríguez ha lamentado que “Canarias, como región ultraperiférica, tenga que seguir explicando en Europa que la aplicación de las tasas en el archipiélago no conseguirá el objetivo que se desea, sino que tendrá graves consecuencias en la conectividad, la economía y el empleo de las islas”. Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha afirmado que “Canarias tiene que estar exenta de la aplicación de las ETS porque no puede aplicarse solamente en los territorios europeos, sino que tiene que ser una tasa que establezca la Organización Marítima Internacional, y que, por lo tanto, afecte al tráfico marítimo internacional por igual”.

“Europa debe incentivar en positivo a las navieras para que se aceleren sus procesos de descarbonización en lugar de penalizar con tasas que son perjudiciales para regiones ultraperiféricas como la canaria” , a la vez que Calzada ha destacado que tan solo el 4% de la flota mundial que está ya en construcción o se va a desarrollar próximamente está preparada para utilizar combustibles alternativos.

“Una de las últimos avances en este ámbito ha sido el compromiso de crear un observatorio que nos permita aportar datos, tener una herramienta para disponer de una forma rápida y ágil de datos que constaten las afecciones en nuestros puertos y que, por lo tanto, nos permita acudir a Europa con información para poder solicitar la revisión de esta directiva”, ha explicado.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, ha hecho hincapié en el “efecto huída” como una de las principales consecuencias que la aplicación de esta normativa acabará teniendo, si no se aplican las exenciones.

“Ya hemos mantenido las primeras conversaciones con algunas navieras, que nos han hecho partícipes del cese de las escalas de sus buques en nuestros puertos si esta normativa finalmente llega a aplicarse. Seguimos defendiendo que es necesario incidir en las especificidades de nuestro archipiélago como región ultraperiférica y en la importancia de asegurar un tráfico marítimo internacional, que no sólo garantice la conectividad de nuestras islas sino también el equilibrio de los costes de mercancías que serían difíciles de afrontar si no conseguimos la exención. De hecho, el incremento de los fletes sería otra de las consecuencias nada deseables en nuestra economía con repercusión tanto en la ciudadanía como en el sector industrial”, ha apuntado Suárez.