El consejero Pablo Rodríguez ha subrayado que el decreto vigente en Canarias para ejercer el arrendamiento de vehículos sin conductor podría estar limitando el acceso al mercado

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha anunciado en comisión parlamentaria el inicio de un proceso de análisis para la modificación de la regulación para el arrendamiento de autocaravanas o vehículos camper.

Pablo Rodríguez ha subrayado que Canarias mantiene vigente el Decreto 72/2012, el cual contiene una serie de requisitos para ejercer la actividad del alquiler de vehículos sin conductor que podrían estar limitando el acceso al mercado.

“En 2009, tras la modificación de la ley estatal de Ordenación de los Transportes Terrestres, el resto de comunidades autónomas eliminaron los requisitos para dicha actividad, produciendo la liberalización de este sector con el fin de reducir las barreras de entrada al mercado”, ha explicado.

“Sin embargo”, ha matizado, “esto no fue así en el archipiélago porque a diferencia de Canarias, las demás comunidades no contaban con una normativa que regulara tan extensamente la actividad del transporte terrestre”.

En este sentido, ha recalcado que “es fundamental analizar si el requisito de contar con un mínimo de 20 vehículos, o cualquier otro de los requisitos establecidos por el Reglamento para poder iniciar y mantener esta actividad, está justificado y resulta ajustado a la normativa en vigor”.

Cabe recordar que el objetivo de la liberalización de la actividad económica y, por tanto, del sector del arrendamiento de vehículos sin conductor es fomentar la competencia y mejorar la oferta de servicios en beneficio de los usuarios. “Sin embargo, el establecimiento de requisitos excesivamente restrictivos puede tener el efecto contrario, limitando la entrada de nuevos operadores al mercado y reduciendo la competencia”, ha advertido Rodríguez.

El consejero ha anunciado que la Consejería iniciará un proceso de análisis con el objetivo de identificar los posibles obstáculos y proponer soluciones que permitan mejorar la regulación del sector y fomentar la competencia y la oferta de servicios. “Una vez se tenga el proyecto, se remitirá a la Mesa de Transportes para su consideración y tramitación como proyecto de modificación del Reglamento”, ha concluido.