La consejera Candelaria Delgado expone en comisión parlamentaria las acciones que ha llevado a cabo su departamento para proporcionar una atención integral a los niños, niñas y adolescentes migrantes que están bajo su tutela

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha desplegado una amplia batería de medidas para mejorar la atención a los menores extranjeros no acompañados que están bajo su tutela, entre ellas la elaboración de un plan de choque para tramitar la documentación de los niños y niñas residentes en los dispositivos dependientes del Gobierno de Canarias, en cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería.

Así lo explicó la titular del área, Candelaria Delgado, en su intervención en comisión parlamentaria celebrada hoy y en la que hizo balance del trabajo que está realizando la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.

Delgado explicó que su departamento lleva meses haciendo un esfuerzo ímprobo por atender a la infancia migrante y mejorar los protocolos establecidos para ello, pero que la situación actual no es sostenible. “En estos momentos tenemos casi 5.700 menores extranjeros no acompañados bajo nuestra tutela y 80 dispositivos de emergencia, pero la previsión es que hasta que finalice 2024 podamos recibir hasta 11.000 niños y niñas. Es urgente que logremos la modificación de la Ley de Extranjería y que atendamos a estos menores entre todas las comunidades autónomas”, señaló.

A pesar de las dificultades de esta crisis humanitaria sin precedentes, la consejera explicó que su departamento no ha desistido en su empeño de dar la mejor atención a estos niños, niñas y adolescentes. Así, expuso las acciones propias que se están emprendiendo desde el Gobierno de Canarias para brindar a estos niños, niñas y adolescentes una vida digna y ayudarles a construir un proyecto de futuro.

Entre esas acciones, Delgado destacó la elaboración de un plan de choque para la documentación de niños y niñas residentes en los dispositivos dependientes del Gobierno de Canarias; el establecimiento de un protocolo de actuación para la unificación de criterios y forma de trabajo de todas las entidades colaboradoras y la puesta en marcha de una campaña de promoción del acogimiento familiar de menores, sin distinción alguna, en el marco de las recomendaciones de desinstitucionalización formuladas por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas con especial atención en menores de 6 años, quienes no deberían estar en centros.

A pesar de todas estas actuaciones, que están suponiendo un esfuerzo notable para el personal de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, Delgado insistió en que “Canarias no puede esperar más y es urgente que el Estado y Europa atiendan la emergencia que estamos viviendo”.

En ese sentido, detalló las exigencias que el Ejecutivo canario ha planteado al Gobierno central y a las instituciones europeas:

Modificación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería, de forma que se obligue por ley la corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas españolas en la acogida a estos menores no acompañados.

Declaración de emergencia migratoria a nivel estatal para que todas las comunidades autónomas puedan habilitar con urgencia dispositivos en los que acoger a estos menores.

Utilización de recintos militares en desuso para poder habilitar nuevos espacios de acogida

Solicitud de los fondos que ha destinado la Comunidad Autónoma a esta crisis, cuantía que supera hasta el momento en 86 millones de euros de los fondos recibidos por el Estado.

Mejorar el despliegue del Frontex en la costa africana, incidiendo en el operativo de vigilancia y lucha contra las mafias en Senegal.

Implementar una adecuada política de cooperación al desarrollo de los países de origen, de forma que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida.