El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias solicitó hoy al Ejecutivo español, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Pesca celebrada en Pamplona, incorporar cambios en los requisitos para optar a las ayudas del Plan Estratégico de la PAC para la incorporación de jóvenes al sector primario, y también que el Ministerio facilite una segunda modificación del PEPAC, tal y como establece la normativa europea, con el fin de avanzar en la simplificación administrativa

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, participó hoy jueves, 4 de julio, en las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural y Pesca donde propuso al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación incorporar cambios en las subvenciones del Plan Estratégico de la Política Agrícola Comunitaria (PEPAC) a la instalación de jóvenes agricultores y ganaderos para flexibilizar las condiciones de acceso a estos fondos y facilitar su incorporación a la actividad agraria.

En este sentido, Quintero recordó que el envejecimiento de la población agraria es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las zonas rurales de la UE, “de ahí la importancia de impulsar medidas eficaces para garantizar el relevo generacional y la continuidad de nuestra actividad agraria, cuestión determinante para asegurar la alimentación de la población, nuestros paisajes agrarios, la supervivencia de nuestro medio rural y tradiciones, y el futuro de los profesionales del sector”.

En España, mientras la población ocupada agraria en el periodo 2009-2021 sufrió un aumento en un 2,9%, la población de jóvenes ocupados disminuyó en un 11%. El conjunto de titulares de explotaciones agrarias mayores de 65 años supone el 41,3% (censo agrario 2020) mientras que solo el 8,9% tiene menos de 41 años. Los principales factores limitantes para los jóvenes para introducirse en la actividad agraria son las dificultades de acceso a la tierra (aspecto que se agrava en las islas donde el territorio es más limitado), el crédito y la financiación, las trabas burocráticas, la falta de formación adecuada, el asesoramiento específico en el proceso de instalación y las condiciones de vida en el medio rural.

“En consecuencia, en Canarias realizamos una apuesta decidida por nuestra juventud y contamos con tres Escuelas de Capacitación Agraria, referentes en la Formación Profesional en el ámbito agrario; y en el marco del PEPAC, además del apoyo económico (24 millones para el periodo 2023-27 y de 4,9 millones anuales) realizamos un acompañamiento a los beneficiarios de dichas ayudas desde la realización de su Plan empresarial, durante la instalación y los primeros años de actividad, y ya hemos firmado con los Grupos Acción Local el convenio en el que se enmarcarán las actuaciones de desarrollo local participativo, que contarán con una financiación total de 11,2 millones de euros”, destacó.

Otra de las propuestas expuestas por el representante del archipiélago en la cita, en la que estuvieron presentes el ministro, Luis Planas, su equipo, el resto de consejeros del área de las Comunidades Autónomas, y el viceconsejero de sector primario del Ejecutivo canario, Eduardo García, fue que el Ministerio facilite una segunda modificación del PEPAC, tal y como establece la normativa europea, “con el fin de alcanzar una mejor adaptación del programa a las circunstancias y necesidades del sector primario y una mayor ejecución del mismo y avanzar en simplificación y la eliminación de burocracia”.

Durante la jornada de la tarde se abordarán otros asuntos de interés como el mantenimiento del sistema de agrarios. En este sentido, el Ministerio les plantea a las Comunidad Autónomas que aumenten la tasa de apoyo para alcanzar el 70%, sin embargo, como señaló Quintero, las pólizas de agricultores profesionales, explotaciones prioritarias y de agricultores jóvenes suscritas en el ámbito de Canarias cuentan con una subvención autonómica que complementa la del Gobierno de España que permite alcanzar los umbrales máximos del 75% sobre la prima comercial base neta y del 70% sobre el recibo de la prima comercial, el máximo que permite la Unión Europea.

“Hemos hecho un esfuerzo este año para incrementar en 500.000 euros los fondos destinados a este fin, los cuales suman 4.000.000 de euros”, agregó el consejero.