La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, presentó al Consejo General de Servicios Sociales un texto “enriquecido” que recoge la mayoría de las propuestas realizadas en el periodo de información pública

El nuevo Decreto, que contempla pasar de un sistema bifásico a uno monofásico, agilizará y reducirá los tiempos de tramitación a seis meses, tal como contempla la ley estatal

La nueva normativa que regulará el sistema de la dependencia en Canarias contará con el 80% de las aportaciones realizadas por colectivos, administraciones y entidades en el periodo de información pública y permitirá acortar el tiempo que tarda un ciudadano en recibir las ayudas asociadas a la Ley de la Dependencia. Así lo explicó hoy la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en el marco del Consejo General de Servicios Sociales, celebrado en Santa Cruz de Tenerife, en el que se presentó el borrador de decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia en el archipiélago.

“Esta normativa supondrá un cambio sustancial en la forma de atender a las personas en situación de dependencia en las Islas, ya se pasará de un sistema bifásico a uno monofásico, lo que permitirá reducir los tiempos de tramitación a seis meses y, por tanto, cumplir con los plazos previstos en la ley estatal”, detalló Delgado.

“Hasta ahora, en Canarias ha existido un sistema bifásico, esto significa que para obtener la resolución de la situación de dependencia y las prestaciones asociadas a la ley deben ir dos profesionales al domicilio del solicitante en distintas ocasiones, primero, un valorador o valoradora que determina el grado de dependencia del ciudadano y, posteriormente, otro profesional que determina el programa de atención individualizada, es decir, las ayudas a las que tiene derecho. Con el sistema monofásico acudirá al domicilio un solo profesional y, si se determina que la persona cuenta con un grado de dependencia, en el mismo instante se elaborará el PIA. De esta forma, reduciremos un año el tiempo de tramitación”, puntualizó la titular del área.

Según expuso la consejera de Bienestar Social en el transcurso de su intervención, el borrador del proyecto de Decreto, cuyos trámites de información pública y de audiencia han finalizado, recoge en su texto definitivo el 80% de las aportaciones realizadas, “lo que supone la modificación completa de artículos y otros cambios sustanciales de plazos que han dado como resultado un documento en el que espero todos nos sintamos partícipes al tratarse de un texto consensuado con las Administraciones públicas y entidades sociales, políticas y económicas implicadas, y sustancialmente enriquecido como resultado del trabajo de todos”.

No obstante, la titular del área agradeció todas las nuevas matizaciones planteadas hoy en el seno del Consejo y avanzó que seguirá dando cuenta de cada paso que lleve este borrador hasta que finalmente se apruebe, “con el mayor consenso posible”.

Delgado afirmó que, por tanto, “la entrada en vigor del nuevo decreto traerá consigo grandísimos cambios para la ciudadanía, ya que no se tardará, como sucede actualmente, casi dos años en resolver el reconocimiento de la dependencia, logrando que se cumpla la Ley y que la gestión no supere los seis meses”.

“Las primeras medidas puestas en marcha por la Dirección General de Dependencia ya han permitido que se reduzca notablemente el tiempo de resolución de una solicitud. A finales de 2022 se tardaban 977 días y ahora 585 días”, añadió.

Un sistema público que dé respuesta a la realidad de la ciudadanía

En su intervención, Delgado quiso dejar clara la postura del Gobierno sobre la necesidad de contar con un sistema público potente que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía. En este sentido, aseguró que la Ley de la Dependencia recoge que el reconocimiento de la situación de la dependencia “es competencia de las administraciones públicas y se efectuará siempre por el personal empleado público habilitado por la Dirección General competente en materia de Dependencia”.

“No existe ningún riesgo ni de privatización ni de externalización del sistema de la dependencia”, aseguró la titular del área. “Nuestro objetivo es transparentar el sistema y hacerlo más eficaz y ágil, que responda a las expectativas de la ciudadanía y atienda a la realidad de la sociedad canaria. En eso hemos estado trabajando desde que llegamos y en esa línea continuaremos, porque este es uno de los mayores desafíos de las sociedades modernas y tenemos que hacerle frente”.