Las personas interesadas pueden acceder a través de la página de transparencia del Gobierno de Canarias en el plazo de un mes https://shre.ink/gcO5

El sector agrupa 1.210 empresas en Canarias y supone 4.296 puestos de trabajo vinculados

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha iniciado este miércoles, 11 de diciembre, el trámite de información pública de la modificación del decreto por el que se aprueba el reglamento que establece el régimen jurídico para el desarrollo de las actividades de turismo activo en Canarias.

Las personas interesadas podrán participar con su opinión y formular alegaciones en el plazo de un mes, hasta el 11 de enero de 2025, a través de la página de Transparencia del Gobierno de Canarias IP-Modificación Decreto 226/2017, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se establece el régimen jurídico para el desarrollo de las actividades de turismo activo.

La nueva regulación abarca no solo el itinerario formativo que deben acreditar las personas habilitadas para ejercer este tipo de actividades, con títulos de Formación Profesional (FP) o certificados de profesionalidad.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, explica que “la nueva regulación pretende profesionalizar el sector al tiempo que evitar el intrusismo y la actividad clandestina y que mejorar la seguridad y la calidad de las actividades, fomentando el respeto al medioambiente y la sostenibilidad”.

Actualmente existen actividades de turismo activo relacionadas con la aeronáutica, náutica o subacuática, pero existen otras disciplinas para las que se establecerán itinerarios formativos a nivel de responsables técnicos pero también monitores e instructores.

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, avanzó que “esta modificación de normativa permitirá la creación de 1.300 nuevos empleos en materia de turismo activo en los próximos tres años”.

En este sentido, señaló, se cubre la necesidad de incorporar a jóvenes que acrediten las competencias profesionales por vía de la experiencia, a una carrera profesional en este sector con perfiles polivalentes. “También podrán acceder perfiles universitarios que, hasta ahora, no podían trabajar en este ámbito, como por ejemplo, biólogos o licenciados en Ciencias Ambientales”, añadió Rodríguez.

Prioridad en la seguridad

En este nuevo marco regulatorio la seguridad es una prioridad. Entre los cambios más significativos se encuentran también la incorporación de procedimientos escritos en materia de prevención, la evaluación de riesgos y la conservación del medio ambiente; además, quienes desarrollen estas actividades deberán estar permanentemente en contacto con las previsiones meteorológicas.

Se mantiene el conocimiento del español para todas las actividades, pero las empresas tendrán el deber de informar a los usuarios sobre los idiomas en los que se van a dirigir, así como los sistemas o mecanismos que se utilicen para la traducción.