El presidente Clavijo llama a partidos políticos, administraciones, empresarios y sindicatos a reclamar al Estado “con una sola voz” recursos que son vitales para el avance del archipiélago

Espera el respaldo de toda Canarias a medidas que son “vitales” para reforzar los servicios esenciales, mantener el escudo social y afrontar retos como la vivienda o la despoblación en las islas verdes

La Comunicación aprobada en Consejo de Gobierno incluye más de 50 medidas que responden a compromisos estatales plasmados en el Estatuto de Autonomía, la Agenda Canaria y los presupuestos de 2023

El presidente Fernando Clavijo ha hecho un llamamiento a toda Canarias para defender “unidos, con una sola voz” la aprobación en Consejo de Ministros de un real decreto ley que dé cumplimiento a los compromisos pendientes con el archipiélago. Así lo hizo tras la aprobación este lunes en Consejo de Gobierno de la Comunicación que se remitirá al Parlamento para su debate y aprobación en las próximas semanas.

El objetivo es abrir cuanto antes la negociación con el Estado para garantizar los recursos y medidas “imprescindibles para esta tierra siga avanzando”, subrayó el jefe del Ejecutivo autonómico en rueda de prensa. Afirmó que “Canarias no puede seguir esperando ni un minuto más a que el Gobierno español supere su parálisis”, por lo que “necesitamos un decreto ley que materialice ya todo lo recogido en el Estatuto de Autonomía, la Agenda Canaria y el presupuesto prorrogado de 2023”.

En su comparecencia pública tras el Consejo de Gobierno, Clavijo recordó que las más de 50 medidas incluidas en la propuesta de Decreto Canarias que se eleva a la Cámara autonómica “no suponen privilegios”, sino que hace valer compromisos adquiridos por el Gobierno de España con el archipiélago.

El presidente espera en este sentido que el Estado cumpla su compromiso de sentarse a debatir un documento que parte de leyes aprobadas por unanimidad como es el caso del Estatuto de Autonomía de 2018 o de compromisos adquiridos por Pedro Sánchez al firmar la Agenda Canaria. Recordó que el titular del Gobierno español se comprometió en Lanzarote a abrir esta negociación como vía para salvar el retraso en el cumplimiento de los compromisos con las islas.

Anunció que mañana mismo pedirá una reunión con la vicepresidenta primera del Gobierno de España para comenzar a negociar la propuesta “a finales de febrero una vez sea refrendada por el Parlamento de Canarias en el pleno previsto el día 24.

De cara a esa negociación, el presidente aseguro que el Gobierno de Canarias pone sobre la mesa “un texto serio, riguroso y solvente” que además “tiene garantizada mayoría más que suficiente para ser convalidado” en el Congreso de los Diputados. «Ahora mismo si se quiere cumplir con Canarias tienen el instrumento y los votos», manifestó en rueda de prensa para añadir que si “se buscan excusas” es “que el Estado no quiere cumplir con Canarias y que no quiere llevar a cabo lo firmado”.

Clavijo explicó en rueda de prensa que la propuesta de Decreto Canarias respaldada este lunes por el Consejo de Gobierno contiene medidas que son “vitales” para garantizar la mejora de los servicios públicos esenciales, además de inversiones estatales “imprescindibles” para afrontar retos como la conectividad o las emergencias declaradas en el archipiélago. También destacó la importancia de que el Consejo de Ministros garantice el cumplimiento en 2026 y 2027 de los compromisos del Estado con la reconstrucción de La Palma, las islas verdes y el transporte terrestre en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

La fuerza de toda Canarias

Fernando Clavijo consideró muy importante que el Decreto Canarias llegue a la mesa de negociación con Madrid avalado por el apoyo de toda la sociedad canaria, lo que “nos dará fuerza para defender nuestros derechos”. Por esa razón, volvió a llamar en consecuencia a partidos políticos, administraciones públicas, empresarios y sindicatos a sumar sus aportaciones al documento que finalmente se negociará con el Estado.

En especial, el presidente invitó a la oposición a aprovechar el paso por el Parlamento de la Comunicación para reincorporarse al diálogo y realizar todas las aportaciones que consideren relacionadas con competencias estatales. “Seguimos tendiendo la mano para que vuelvan a la mesa de la negociación”, dijo tras mostrar su confianza en que el debate en la Cámara autonómica contribuya a mejorar el texto elevado por el Gobierno y conseguir un texto refrendado por la gran mayoría de los grupos parlamentarios.

El titular del Gobierno aseguró no entender el rechazo del PSOE al Decreto Canarias cuando lo normal es que se sumara a la defensa ante Madrid de derechos reconocidos del archipiélago. A su juicio, el principal partido de la oposición liderado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, está mezclando en este debate “dos circunstancias totalmente distintas y no comparables”, porque mientras el Gobierno de Canarias cuenta con estabilidad y aprueba sus presupuestos con normalidad, el Estado no ha logrado esta legislatura aprobar ni un presupuesto y “por eso no está cumpliendo con esta tierra”.

Pidió a la oposición “que digan que punto no está en la Agenda Canaria o qué no apoyan”, solicitó para avanzar en la búsqueda de un consenso que permita a Canarias acudir “unida” a la mesa de negociación con el Estado.

Recordó que la propuesta de Decreto Canarias cuenta ya con el respaldo de cabildos y ayuntamientos, que en un encuentro celebrado el pasado viernes mostraron su apoyo al presidente de Canarias de cara a su negociación con el Estado. Además, este martes será explicado y debatido con los representantes empresariales y sindicales en el Consejo Asesor del Presidente.

Justicia, no privilegios

En su exposición de motivos, el texto refrendado este lunes en Consejo de Gobierno justifica la aprobación en Consejo de Ministros de un real decreto ley exclusivo para Canarias por “la urgente y extraordinaria necesidad de sostener el impulso de la agenda canaria y de garantizar que las políticas públicas y los proyectos que vertebran el archipiélago no se vean interrumpidos por razones ajenas a la voluntad ni al trabajo del pueblo canario”.

El objetivo es otro que superar los efectos negativos que ha tenido la prórroga continuada de los presupuestos estatales de 2023, lo que “ha impedido la materialización efectiva de asignaciones económicas imprescindibles para la prestación ordinaria de servicios públicos esenciales” en el archipiélago.

Como argumento principal para defender un Decreto Canarias, la exposición de motivos del documento elevado al Parlamento subraya que “Canarias no pide privilegios, sino justicia. No exige concesiones, sino cumplimiento. No demanda más que lo que en derecho le corresponde y lo que la historia le ha ido reconociendo, a veces tarde, a veces a regañadientes, pero siempre con la fuerza de los hechos”.

La propuesta de real decreto ley de ‘Medidas Urgentes para el mantenimiento y la recuperación de las condiciones sociales y económicas en Canarias’ que el Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes en forma de Comunicación contiene 35 artículos divididos en cuatro capítulos, 12 disposiciones adicionales y otras tres finales.

El primer bloque de la propuesta de Decreto Canarias reúne bajo el título ‘Medidas de recuperación social y económica’ todas aquellas partidas económicas o medidas legislativas que el Gobierno central debe adoptar para garantizar el desarrollo del archipiélago. Así, se exige al Gobierno de Pedro Sánchez que garantice la continuidad al menos durante dos años más de la gratuidad del transporte público colectivo terrestre en Canarias, para lo que se reclama al Estado que aporte 160 millones de euros anuales.

Vivienda y empleo

La propuesta del Gobierno de Canarias contiene además dos medidas directas para afrontar la emergencia habitacional declarada en las islas: se solicita al Estado la cesión en 2026 de suelo para la construcción de viviendas protegidas y se reclama, durante los años 2026 y 2027, 105 millones de euros anuales para la ejecución de obras de vivienda asequible en las islas.

El Decreto Canarias busca asimismo blindar las partidas específicas que el Estado incluyó en sus cuentas de 2023 pero han quedado en el aire con la prórroga continuada de los presupuestos nacionales: los 45 millones del Plan Integral de Empleo y los 42 millones para infraestructuras educativas, entre otros.

También defiende la continuidad de la deducción del 60% del IRPF para todos los residentes en La Palma, La Gomera y El Hierro durante los próximos tres años, además de una novedosa “bonificación del 50% en la cuota patronal de la Seguridad Social para las actividades realizadas en las islas verde en los contratos indefinidos y de sustitución por IT, similar a las aplicadas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”.

Para seguir impulsando la recuperación plena de La Palma tras la erupción volcánica, el texto remitido a Madrid incluye 100 millones de euros en 2026, 2027 y 2028. Este apoyo económico se complementa con 30 millones para el Plan Especial de Empleo en la isla en 2026 que podrán extenderse a 2027.

Escudo social y mejoras salariales

El segundo bloque del articulado del Decreto Canarias, llamado ‘Medidas de apoyo a colectivos vulnerables’, busca fortalecer el escudo social en las islas. En este sentido, se reclaman la continuidad de los 30 millones de euros anuales del Plan de Pobreza.

Con el refuerzo de los servicios esenciales en el punto de mira, el texto de Decreto Canarias requiere nuevos fondos estatales para asuntos prioritarios como la formación profesional (40 millones de euros anuales), un plan para el jóvenes desempleados (42 millones), la gratuidad del primer ciclo de educación infantil (28 millones), la cofinanciación en materia de dependencia (120 millones), el sobrecoste de la atención sanitaria (40 millones), el tratamiento de aguas (50 millones) y la renovación de los centros generadores de energía (20 millones).

Al amparo de la Agenda Canaria, el Gobierno autonómico propone al central que conceda en 2026 y 2027 una bonificación del 50% de su cuota de Seguridad Social a las empresas isleñas que apliquen “medidas de productividad asociadas a mejora de las retribuciones en cómputo anual en conceptos salariales superior a la establecida en los convenios colectivos sectoriales”. Se busca incentivar el alza de los sueldos.

El documento aprobado este lunes en Consejo de Gobierno incluye asimismo que el Estado permita a la comunidad autónoma subir este año el sueldo más de un 2% a los empleados públicos que cobren menos del 150% del salario mínimo interprofesional.

Recoge además un importante paquete de medidas destinadas a mejorar las infraestructuras del archipiélago y a avanzar en el traspaso de competencias incluidas en el Estatuto de Autonomía. Entre ellas, destaca la exigencia al Estado para que financie el 50% de la redacción de los proyectos y ejecución de las obras de infraestructura y del equipamiento para el transporte público de viajeros por carretera que elabore y presente la Comunidad Autónoma de Canarias para las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Infraestructuras y competencias

En materia de Costas, Canarias pide 20 millones euros en 2026 y 2027 para la ejecución de obras de interés general en costas. Además, “con el fin de asegurar la coherencia de las actuaciones en el litoral de las islas”, se reclama al Estado que traspase a la comunidad autónoma “las competencias ejecutivas y de gestión que ostenta sobre el dominio público marítimo-terrestre en el archipiélago”.

El texto de Decreto Canarias recoge 20 millones de euros anuales para obras hidráulicas, 204 millones para financiar desde 2026 a 2030 el Convenio de Carreteras, 20 millones para infraestructuras turísticas y la misma cantidad para inversiones en I+D+i.

Por último, el presidente Clavijo subrayó que la Comunicación elevada al Parlamento incluye otra demanda histórica del archipiélago: la financiación por parte del Estado del coste de 1.400 plazas de miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria, para garantizar su despliegue en todas las islas, sus funciones de policía judicial en el ámbito de sus competencias y su complementariedad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.