La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destaca en el Parlamento que las resoluciones pasan de 6.295 en 2023 a 17.265 en 2025 y que la lista de espera comienza a descender tras años de colapso

El Gobierno de Canarias ha logrado un cambio de tendencia en el sistema de reconocimiento de la discapacidad, con un incremento sostenido de resoluciones y una reducción de los tiempos de espera en todas las islas. Entre 2023 y 2025, el número de expedientes resueltos prácticamente se ha triplicado, lo que permite afirmar, por primera vez en años, que la lista de espera deja de crecer y comienza a bajar.

Entre 2020 y 2025 se registraron en Canarias 89.964 solicitudes de reconocimiento o revisión del grado de discapacidad, frente a 67.271 resoluciones. Esta diferencia acumulada explica los retrasos de varios años que han sufrido miles de personas y sus familias. El punto más crítico se produjo en 2023, cuando entraron 19.757 solicitudes y solo se resolvieron 6.345, aproximadamente un tercio.

Así lo ha expuesto la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, en el Pleno del Parlamento celebrado hoy (martes 10), donde ha destacado que la situación se ha revertido: “La mejora es medible y sostenida y surge de la combinación de una normativa que simplifica la tramitación, una gestión digital basada en datos y un refuerzo efectivo de los equipos permite, por primera vez, resolver más expedientes de los que entran en todas las islas”, señaló.

Delgado explicó que el Gobierno de Canarias ha impulsado un conjunto de medidas estructurales orientadas a aumentar la capacidad del sistema y evitar que el atasco vuelva a reproducirse. “La primera ha sido la aprobación de un nuevo marco normativo, ratificado por el Parlamento, que permite el reconocimiento directo de determinados grados de discapacidad en supuestos claros, cuando existe un informe médico concluyente y la patología está prevista en la norma. Esta medida evita exploraciones innecesarias, libera agenda y permite concentrar el trabajo presencial en los casos más complejos, acortando plazos sin perder garantías”.

La segunda línea de actuación ha sido la modernización de la gestión. “El sistema cuenta ahora con una herramienta digital de tramitación que permite el seguimiento de expedientes en tiempo real y con cuadros de mando mensuales que miden entradas, resoluciones y carga pendiente. Esta gestión basada en datos permite detectar cuellos de botella y redistribuir recursos isla por isla, sin esperar al cierre anual”, detalló la consejera de Bienestar Social.

Asimismo, Candelaria Delgado explicó que la tercera decisión ha sido una reorganización de los equipos orientada a resultados, reforzando las unidades con mayor presión de expedientes —especialmente en Tenerife y Gran Canaria— y priorizando los expedientes más antiguos y los casos de mayor vulnerabilidad. El plan de choque se ha centrado de forma directa en reducir la lista de espera acumulada.

“Todo esto ha permitido mejorar la gestión y la atención a las personas”, señaló Delgado, que indicó que en 2023 se resolvieron 6.345 expedientes; en 2024, 11.420; y en 2025 se alcanzaron 17.265 resoluciones. El avance es especialmente significativo en el primer reconocimiento del grado de discapacidad, que pasa de 3.937 resoluciones en 2023 a 12.699 en 2025. Las revisiones también aumentan, contribuyendo a mantener el sistema actualizado.

Los avances se reflejan también en los tiempos de espera. En 2025, todas las islas mejoraron respecto a 2024 y el promedio regional baja a 565 días, frente a los 732 días de 2023. En ese sentido, Candelaria Delgado destacó que el sistema ha pasado de la acumulación estructural a una mejora medible y sostenida, resolviendo ya más expedientes de los que entran.

La igualdad territorial, otro eje clave

El Gobierno ha consolidado equipos estables de valoración en islas no capitalinas como Fuerteventura y Lanzarote, en coordinación con los cabildos, para evitar desplazamientos, reducir costes y garantizar una atención homogénea en todo el Archipiélago. Además, dentro del proyecto ITINERA, financiado con el Fondo Social Europeo y con una inversión anual de un millón de euros, se han puesto en marcha equipos itinerantes de valoración con el objetivo de agilizar y descentralizar el procedimiento.

Estos equipos, integrados por trabajadoras sociales, psicología, fisioterapia y personal administrativo, ya operan en municipios como Garachico, Santa Úrsula, San Miguel, Gáldar y Agüimes, con una previsión de atención a 11.500 personas. También se desplazan otros equipos a El Hierro, La Gomera y La Palma para garantizar la proximidad del servicio en todas las islas.

Por otra parte, la Consejería de Bienestar Social ha abierto oficinas permanentes en Lanzarote y Fuerteventura, de acuerdo con los cabildos de estas islas, para acelerar las valoraciones de discapacidad en estos territorios.