La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia estudiará las cargas de trabajo de los primeros meses y el anuncio por el Ministerio de la incorporación de nuevas plazas judiciales para analizar los aspectos a mejorar

La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha convocado una mesa de trabajo con las organizaciones sindicales el 21 de julio para evaluar la implantación de los tribunales de Instancia desde la puesta en marcha de la Ley Orgánica1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La reunión también servirá para analizar los aspectos a mejorar tras el anuncio de ampliación de la planta judicial por el Ministerio.

Esta revisión, que se enmarca dentro de los compromisos a los que llegó la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y los sindicatos en la negociación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), tiene como finalidad analizar el funcionamiento real de la nueva estructura judicial una vez puesta en marcha y contrastar las previsiones iniciales con los datos obtenidos durante los primeros meses de funcionamiento de las fases 1 y 2. Para valorar las necesidades, se estudiarán las cargas de trabajo efectivamente asumidas por los Tribunales de Instancia, las Oficinas Generales del Registro Civil y las Oficinas de Justicia en los Municipios, con el objetivo de determinar si las dotaciones actuales se ajustan a las necesidades reales del servicio y, en su caso, proponer las modificaciones oportunas de las RPT.

Asimismo, el análisis tendrá en cuenta el incremento de plazas judiciales aprobado recientemente por el Gobierno de España mediante el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, que prevé para Canarias 33 nuevas plazas judiciales. La incorporación de estos nuevos efectivos exigirá analizar nuevamente la distribución de tareas, la organización interna de las oficinas judiciales y la adecuación de las plantillas de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, de forma que el crecimiento de la planta judicial se traduzca en una mejora efectiva de la prestación del servicio público.

La evaluación continua se asume como un proceso participativo con los operadores jurídicos para garantizar que la implantación de la Ley Orgánica 1/2025 vaya acompañada de una adecuada planificación de los recursos humanos y materiales, incorporando la experiencia adquirida durante la implantación y las necesidades detectadas tras su análisis.

La fase 1 comprende los partidos judiciales de Arucas, Granadilla de Abona, La Orotava, Icod de los Vinos, Güímar, Puerto de la Cruz, Los Llanos de Aridane, San Sebastián de La Gomera y Valverde. Por su parte, la fase 2 incluye los partidos judiciales de Arona, San Cristóbal de La Laguna, Telde y San Bartolomé de Tirajana. Posteriormente se iniciará la fase 3 y última.

El proceso se desarrollará mediante el diálogo con las organizaciones sindicales y con el objetivo común de garantizar una Justicia más eficiente, moderna, cercana y adaptada a las necesidades de la ciudadanía canaria.