La comisión interdepartamental creada hace un año concluye que la solución más viable es que el puerto tenga un uso compartido entre industrial y deportivo durante un periodo de tiempo razonable para permitir la adaptación de las normas urbanísticas que propicien el traslado de la cementera al polígono industrial de Arinaga

El consejero y presidente de Puertos Canarios se ha reunido con los representantes de la empresa cementera CEISA, los vecinos, los representantes empresariales y turísticos, así como del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Cabildo de Gran Canaria para alcanzar un “gran acuerdo de isla” que permita mantener la actividad industrial en otro punto y convertir el actual puerto en una instalación vinculada al uso turístico y deportivo

La clave para el consenso radica en el mantenimiento de la industria y de los puestos de trabajo asociados así como el desarrollo turístico sostenible de la zona, manteniendo las peculiaridades de esa pieza territorial estratégica en la isla de Gran Canaria

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha informado hoy que está trabajando con todos los sectores implicados en una serie de actuaciones que se recogerán en un “gran acuerdo de la isla” cuya finalidad será propiciar la transformación del actual puerto de Santa Águeda, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, para que pase del actual uso industrial a uno más acorde con los usos turísticos que los diferentes documentos de planeamiento insulares y municipales conceden a esta zona del sur de la isla de Gran Canaria. El consejero inició esta ronda de conversaciones ayer mismo tras dar cuenta al Gobierno de las recomendaciones extraídas de la Comisión de Trabajo interdepartamental que se creó el pasado año, y de la que también formaron parte la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, y el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, para analizar y valorar los usos de las instalaciones portuarias de Santa Águeda.

“El miércoles pasado trasladamos al Gobierno las recomendaciones de esa comisión de trabajo que, lo que viene a concluir es que el puerto se destine a un uso industrial y deportivo, por tanto, que sea un uso compartido”, afirmó Franquis, “esta recomendación está razonada por los diferentes informes que se han realizado desde el punto de vista socioeconómico, medioambiental, de planificación urbanística y también desde el ámbito territorial, con la única intención de defender el interés general. Los informes de los costes y beneficios que se producen en los tres escenarios que se manejaban en un principio, indican que el escenario del uso compartido es en el que mejor se adapta en base a los usos futuros de ese puerto. Además, este uso compartido será temporal y es compatible con las actuaciones urbanísticas que se tienen que desarrollar en el futuro en la zona de El Pajar”.

Sebastián Franquis, también en calidad de presidente de la empresa pública Puertos Canarios, ha mantenido en los últimos dos días varias reuniones con los representantes de la cementera CEISA, de sectores económicos y sociales de la zona, así como del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Cabildo de Gran Canaria en el que les ha transmitido las recomendaciones de la Comisión de trabajo que pretende, en una primera fase, mantener con un carácter temporal, el uso industrial del puerto, compatibilizándolo posteriormente con el uso de ocio y deportivo, y finalmente propiciar el traslado tanto de la concesión portuaria industrial como de la propia fábrica al Puerto de Arinaga. “Y lo hacemos por dos razones fundamentales: porque la sociedad de Gran Canaria así lo ha venido determinando en su planificación insular (tanto el PIO vigente como el que se encuentra en trámite) y porque estamos convencidos que, con el cambio del uso del puerto y el traslado de la industria a Arinaga, todas las partes salen ganando al propiciar un desarrollo turístico de la zona acorde con los valores del barrio de El Pajar”, dijo Franquis.

Las recomendaciones del informe de conclusiones de esta Comisión serán elevadas ahora al consejo de administración de Puertos Canarios, que es el organismo competente para dar las diferentes concesiones sobre el puerto de El Pajar.

Esta comisión interdepartamental se creó hace un año con un calendario de entrevistas con todas las partes implicadas y el encargo de elaborar varios informes sectoriales (socioeconómico, de evaluación del impacto ambiental y la evaluación del impacto sobre la ordenación territorial a nivel local e insular sobre el futuro del puerto de Santa Águeda, o el de disponibilidad de espacio en el Puerto de Arinaga). La Comisión de Trabajo partió de la hipótesis de tres escenarios posibles: mantener el uso industrial del puerto tal y como está, cambiar su uso al de un puerto deportivo y de ocio dedicado fundamentalmente al turismo, o un uso mixto de ambos escenarios.

El consejero Franquis valoró que la evaluación socioeconómica que se ha realizado en estos meses sobre el futuro de este puerto, identificando los costes y beneficios sociales de todas las opciones posibles, indica que la opción con mayor beneficio social es la del uso mixto. Sin embargo, y aunque en una primera fase se pueda combinar ambos usos, el objetivo que se persigue es llegar a un acuerdo con todas las partes para que en un plazo razonable se pueda trasladar tanto la concesión portuaria de uso industrial como la propia fábrica de cemento al lugar indicado para ello (el Puerto de Arinaga) cumpliendo así con la vocación del uso de ocio y turístico sostenible previsto en la planificación insular del Cabildo de Gran Canaria.

“He planteado a todos los representantes de los sectores con los que me he sentado estos últimos días, empresariales, sociales e institucionales, en que es necesario alcanzar un gran acuerdo de isla en el que se comprometan todas las administraciones implicadas y todo el sector privado, en promover la transformación de esa zona de El Pajar potenciando el uso turístico con dos premisas: proteger el empleo y el tejido productivo actual de los residentes en la zona”, concretó Sebastián Franquis.