El consejero Pablo Rodríguez ha avanzado que esta iniciativa permitirá implementar un conjunto ambicioso de recursos para facilitar el acceso a la vivienda en el Archipiélago

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha trasladado que su departamento elevará a Consejo de Gobierno para su aprobación, durante este mes de febrero, el decreto ley de medidas urgentes en materia de Vivienda.

Se trata de una iniciativa ambiciosa, que tiene como objetivo implementar un conjunto de instrumentos con la finalidad de poner a disposición más inmuebles en el mercado, y facilitar la construcción de vivienda protegida desde el ámbito público y privado

Este decreto incluye, por un lado, instrumentos que permitirán incrementar la disponibilidad de suelo para viviendas, uno de los principales problemas por los que atraviesa el Archipiélago; y, por otro, un paquete de medidas para aumentar la disponibilidad de edificaciones para poner vivienda en el mercado, ya que actualmente hay grandes tenedores que cuentan con más de 1.400 inmuebles sin acabar, vinculados a la crisis financiera de 2008.

También se apostará por la simplificación y agilización de los procedimientos, declarando el interés general y la urgencia en la construcción de vivienda pública, así como facilitando la cesión de suelo por parte de las administraciones locales a la Comunidad Autónoma.

Asimismo, el decreto incorpora la actualización del Módulo Básico Canario, que ha permanecido inmóvil desde el año 2003, y que genera un elemento de freno a la colaboración público-privada y a la licitación de proyectos, ya que se debe contemplar el incremento de los costes de la construcción.

Estas viviendas serán destinadas a los palmeros y palmeras del municipio de Tazacorte afectados por la erupción volcánica

Una vez se disponga de los proyectos redactados, el ICAVI pondrá en marcha la licitación para la construcción de esta promoción

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha adjudicado, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), la redacción de proyecto básico, dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud, para la construcción de 37 viviendas protegidas de promoción pública en el término municipal de Tazacorte, en La Palma.

La superficie de 898,19 metros cuadrados, ubicada en la calle Pedro José Viña Díaz, permitirá construir viviendas destinadas a los residentes en el municipio de Tazacorte que se vieron afectados por los daños materiales producidos por las erupciones volcánicas que han hecho necesario la adopción de medidas extraordinarias para resolver los problemas de vivienda surgidos desde entonces.

La empresa José Miguel Fuentes Marante ha sido la adjudicataria de este lote por un total de 227.275,49 euros. Las 37 nuevas viviendas se edificarán en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Tazacorte al ICAVI en 2023.

Una vez se disponga del proyecto redactado, el ICAVI pondrá en marcha la licitación para la construcción de esta promoción, con la intención de poder comenzar con las obras cuanto antes, aumentando el número de viviendas del parque público de Canarias y dando respuesta a las personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de las Islas.

Esta partida se enmarca en el convenio Canarias-Estado relativo al Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbanas (ARRUS)

El ejecutivo otorga 440.568 euros al Ayuntamiento de Telde y 281.341 al de Las Palmas de Gran Canaria para la renovación de 200 y 328 inmuebles, respectivamente

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha transferido 721.910,12 para el fomento de las obras de rehabilitación y mejoras de un total de 528 viviendas en la isla de Gran Canaria, que se contemplan dentro del Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbanas (ARRUS), enmarcado en el convenio Canarias-Estado para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Con esta actuación, el Ejecutivo libera, por un lado, la segunda y última anualidad de 440.568,63 euros correspondiente al acuerdo suscrito en la Comisión bilateral entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde para la rehabilitación de 200 viviendas en San José de Las Longueras, Fase III, en Telde y, por otro, 281.341,49 euros, correspondiente a la anualidad de 2023, para la rehabilitación de 328 inmuebles en la Vega de San José, en Las Palmas de Gran Canarias.

Con ambos libramientos de crédito, el ICAVI abona el cien por cien de las anualidades de la inversión realizada por la Comunidad Autónoma de 881.137,27 euros en el caso de Telde, y de 1.442.614,89 euros para Las Palmas de Gran Canaria, y cuyo pago resuelve el coste total de las actuaciones valoradas en 1.317.020,53 y 2.296.000 euros, respectivamente.

Estas acciones tienen como objetivo subvencionar las obras de rehabilitación en edificios y viviendas, incluidas las unifamiliares, así como las actuaciones de urbanización o reurbanización de espacios públicos a través de la edificación de edificios o viviendas nuevas para sustituir las demolidas.

Durante 2023, el ICAVI ha destinado más de 29 millones de euros a familias con pocos recursos para garantizar el acceso a una vivienda digna

El Ejecutivo espera publicar una nueva convocatoria en los próximos meses, con el objetivo de incrementar el número de beneficiarios

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha publicado la resolución definitiva por la que se concede a un total de 3.590 familias del Archipiélago la ayuda para el alquiler general 2022-2023, correspondiente al segundo semestre de 2023.

Con esta nueva resolución, el ICAVI destina 4.350.053,33 euros a hogares con pocos recursos, atendiendo al cumplimiento de los requisitos y la presentación de justificantes de renta de alquiler del segundo semestre de 2023, cuyo plazo de entrega fue del 1 al 22 de diciembre del mismo año.

Esta subvención, que se financia con fondos de los presupuestos de 2023, reserva un crédito de 5.425.500 para 2024, destinado a aquellos expedientes no incluidos en la resolución de diciembre.

En este sentido, la Consejería espera poder abrir una nueva convocatoria en los próximos meses, con el objetivo de seguir multiplicando esfuerzos para llegar a las familias más vulnerables de Canarias y garantizar que puedan acceder a una vivienda digna.

29 millones de euros durante 2023

Durante el año 2023, el ICAVI ha desembolsado un total de 29.035.199 euros en concepto de ayuda al alquiler de vivienda, incluyendo el último pago realizado el pasado mes de diciembre. Asimismo, esta línea está cofinanciada con cargo a los fondos del Estado en un 91,3 por ciento.

Los interesados pueden consultar esta información en el tablón de anuncios de la web del Instituto Canario de la Vivienda. Para asegurar la transparencia del proceso, se anuncia la próxima publicación de un requerimiento de justificación que permitirá a los beneficiarios subsanar cualquier defecto surgido en la documentación presentada.

Con una presupuesto base de licitación de 2.684.784,84 euros, se llevarán a cabo promociones de viviendas en Yaiza, Santa María de Guía, La Oliva, Puerto del Rosario, Gáldar, Santa Lucía de Tirajana, Tazacorte y Guía de Isora

Una vez se disponga de los proyectos redactados, el ICAVI pondrá en marcha la licitación para la construcción de estas promociones

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), saca a licitación la redacción de nueve proyectos que permitirán construir 487 viviendas protegidas de promoción pública con un presupuesto base de licitación de 2.684.784,84 euros.

Esta actuación, financiada con fondos Next Generation, a través del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitirá la ejecución de inmuebles en los términos municipales de Yaiza, Santa María de Guía, La Oliva, Puerto del Rosario, Gáldar y Santa Lucía de Tirajana, en la provincia de Las Palmas, y Tazacorte y Guía de Isora, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Estos nueve lotes deberán incluir los subproyectos de instalaciones eléctricas, contra incendios, térmicas e instalaciones de fontanería, saneamiento y telecomunicaciones, así como la coordinación de seguridad y salud.

La isla en la que mayor número de viviendas se construirá será en Lanzarote, donde se ejecutarán 126 inmuebles protegidos en el municipio de Yaiza, con un presupuesto base de licitación de 627.791,32 euros.

En La Palma, se concentra otro lote de 100 viviendas protegidas nuevas en el término municipal de Tazacorte. Una promoción que se espera poder levantar en cuatro plantas con un presupuesto de 530.906,99 euros.

Asimismo, en la isla de Tenerife, se espera edificar un grupo de 24 viviendas en el municipio de Guía de Isora, con un presupuesto base de licitación para la redacción del proyecto de 141.254,22 euros y, en Fuerteventura, se concretan dos lotes en Puerto del Rosario y La Oliva de 33 y 81 inmuebles, respectivamente, para los que se destinarán 213.098,12 euros y 468.379,63 euros para la redacción de ambos proyectos.

Por último, en la isla de Gran Canaria se llevará a cabo la redacción de proyecto de cuatro lotes, uno en Santa María de Guía de 45 casas protegidas con un presupuesto de 247.238,01 euros; otro de 26 hogares en Santa Lucía de Tirajana por 147.842,07 euros, y otros dos lotes en el término municipal de Gáldar de 26 viviendas cada uno, con 154.183,44 euros y 154.091,04 euros, respectivamente.

Una vez se disponga de los proyectos redactados, el ICAVI pondrá en marcha la licitación de la construcción de estas promociones con la intención de poder comenzar con las obras cuanto antes, aumentando el número de viviendas del parque público de Canarias y dando respuesta a las personas inscritas en el registro de Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de las Islas.

La Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, inicia encuentros sectoriales con carácter participativo y de recogida de propuestas que puedan ser incorporadas en la propia Ley

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, y el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, han mantenido este martes un encuentro de trabajo con la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) para escuchar sus inquietudes y propuestas, de cara a la redacción de la futura Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.

De León destacó que “con esta reunión, comienza una segunda fase de participación de esta iniciativa legislativa, tras finalizar el período de consulta pública, en el que se recibieron 5.078 aportaciones de la ciudadanía”. En esta nueva fase, indicó, se recogerán las propuestas de los agentes implicados para que la futura norma cuente con el mayor consenso posible.

“En este sentido, recabar la opinión de los municipios turísticos es fundamental, porque conocen mejor que nadie la realidad del sector”, afirmó la consejera, quien valoró la elevada asistencia al encuentro, en el que participaron más de 40 representantes locales.

El director general de Ordenación, Miguel Ángel Rodríguez, afirmó que el encuentro “ha sido muy productivo y satisfactorio, porque los municipios turísticos han presentado muchas propuestas en todos los sentidos, desde cómo debe ser la implantación de la norma en el ámbito turístico y en el urbano, hasta la relación con el principio de unidad de explotación, o la necesidad de establecer indicadores de sostenibilidad para fijar el número de viviendas vacacionales que puede acoger cada núcleo de población”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Canaria de Municipios Turísticos y alcalde de Adeje, en Tenerife, José Miguel Rodríguez Fraga, resaltó que la reunión “ha sido intensa y participativa y pone de manifiesto la necesidad de regular y organizar la vivienda vacacional, que tiene muchas implicaciones, no solamente en el modelo turístico en sí, sino en su incidencia sobre la vivienda y la vida de los residentes”.

La vicepresidenta de la AMTC y alcaldesa del municipio grancanario de Mogán, Onalia Bueno, destacó que este encuentro permite seguir los pasos de la regulación de la vivienda vacacional en una cita en la que “tras exponer nuestras incidencias y dudas sobre la futura norma, pudimos realizar un fructífero debate”.

La alcaldesa también agradeció la oportunidad dada a los municipios turísticos y la capacidad de diálogo ofrecida por el Gobierno de Canarias, que permite, dijo, “seguir trabajando coordinadamente para lograr una normativa acorde a las necesidades del Archipiélago”.

La próxima reunión de esta segunda fase de participación tendrá lugar este viernes, 22 de diciembre, en Fuerteventura, con la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas que dirige Manolo Miranda.

El acuerdo asegura una financiación de más de siete millones de euros, con fondos de la UE y una partida que incorpora el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con fondos propios, para obras de acondicionamiento en La Isleta y en el Polígono de Jinámar

Con estas actuaciones se modernizará y acondicionará viviendas públicas de la capital grancanaria con el objeto de adaptarlas a las nuevas exigencias de eficiencia energética impuestas desde la Unión Europea

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha firmado hoy, junto a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el acuerdo bilateral por el que se destina una nueva partida presupuestaria de 7.075.240 euros para continuar impulsando el Programa 1 para la rehabilitación de viviendas en Canarias, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se financia con los fondos Next Generation.

También firmaron este acuerdo el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, Iñaqui Carnicero, y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias.

Con la firma de hoy, la Consejería podrá transferir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria esta partida destinada a financiar la renovación de 168 viviendas del Grupo Fermín Sanz Orrio, en La Isleta, con 1.075.200€ y la mejora de otras 448 viviendas en el Polígono de Jinámar, con 3.301.233,64€. El montante restante, 2.698.806,36 euros, serán aportados con fondos propios del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El acuerdo cerrado permite impulsar la rehabilitación y regeneración de entornos residenciales de la capital y modernizar y acondicionar las viviendas públicas con el objeto de adaptarlas a las nuevas exigencias de eficiencia energética que demanda la Unión Europea. De esta forma, se sustituyen los antiguos ARRUs y se alcanza una importante reducción del consumo de energía primaria no renovable, que se calcula superior al 60% en los inmuebles.

El consejero ha destacado el compromiso del Gobierno de Canarias con las políticas de vivienda y ha señalado que gracias a este convenio “unas 600 viviendas se van a seguir rehabilitando con fondos europeos. Esta es la política que estamos siguiendo tanto el Ministerio como el Gobierno de Canarias, junto con los ayuntamientos de las islas, para rehabilitar el parque de vivienda del archipiélago, especialmente el público, y para mejorar la vida de la gente e impulsar la obra pública y el empleo vinculado a la misma.”

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria ha apuntado que “como seguimos acreditando, la vivienda es nuestra prioridad. Con un trabajo muy importante realizado en el mandato anterior, que nosotros estamos continuando”.

Darias ha dicho que “con este acuerdo continuamos estableciendo como prioridad la vivienda en la capital grancanaria gracias a una estrecha colaboración entre administraciones”. El compromiso del Gobierno municipal, ha añadido la alcaldesa, “es seguir impulsando la rehabilitación y continuar con la construcción de nuevas viviendas públicas, tanto en propiedad, como en régimen de alquiler a precios asequibles creando, durante este mandato, 1.000 viviendas en régimen de alquiler”.

Otras actuaciones en materia de vivienda en Gran Canaria

El convenio suscrito hoy se suma a la partida procedente del Programa de Rehabilitación en Edificios y Viviendas de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) que la Consejería ha transferido recientemente al Ayuntamiento capitalino para acometer acciones en 899 viviendas distribuidas en 23 edificios en el barrio de La Paterna.

Asimismo, la Consejería también se encuentra ultimando los proyectos correspondientes al programa de Regeneración y Renovación Urbana y Rural (ARRU) del Plan Estatal de Vivienda con 20 actuaciones en municipios grancanarios.

Pablo Rodríguez explica que Visocan dispone de suelo urbano consolidado para construir viviendas a través de este mecanismo y ponerlas en el mercado en alquiler asequible

El Ejecutivo pone en marcha diferentes iniciativas, de forma simultánea, para reforzar el plan estratégico en esta materia y aportar soluciones más efectivas en el corto y medio plazo

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha detallado que su departamento impulsará el derecho de superficie como fórmula para incrementar la oferta de vivienda en el mercado y que esta sea puesta a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler asequible a través de la colaboración público-privada.

Rodríguez ha realizado estas declaraciones en el Pleno del Parlamento regional, donde ha detallado que la empresa pública Visocan dispone de suelo urbano consolidado para construir viviendas a través de este mecanismo y ponerlas en el mercado en alquiler asequible.

“El derecho de superficie permitirá que el Gobierno, a través de Visocan, pueda poner a disposición de los operadores privados un suelo, durante un periodo de 75 años, para construir viviendas que, posteriormente, se pondrán en el mercado en alquiler asequible. Se trata de un mecanismo consolidado, que ofrece garantías, y que ya se ha puesto en práctica en otras comunidades como Cataluña, Madrid o Valencia”, ha apuntado.

El consejero ha explicado que, en los últimos meses, su departamento ha estado trabajando en un plan de choque estratégico, aprobado en Consejo de Gobierno, para poner en marcha acciones complementarias a lo planes de vivienda regional y estatal y las ayudas europeas, para agilizar las soluciones en esta materia, tanto a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) como por la empresa pública Visocan.

Replanteamiento de la estrategia

Rodríguez ha destacado que la Consejería ha propuesto, por un lado, incrementar el personal del ICAVI, cubriendo 72 plazas vacantes, para mejorar la atención ciudadana y hacer frente a las solicitudes y expedientes de las diferentes campañas que se encuentran en marcha.

Por otro, también se está negociando con los ayuntamientos y los cabildos la cesión de suelo con el objetivo de agilizar los trámites para crear una bolsa disponible para futuras actuaciones. En esta línea, se va a llevar a cabo un estudio regional, isla por isla, para detectar suelo potencialmente apto para la construcción de vivienda protegida de promoción pública.

Asimismo, Pablo Rodríguez ha anunciado la modificación del Módulo Básico Canario (MBC), “que ha permanecido inmóvil desde el año 2003 y que, desde luego, genera un elemento de freno a la colaboración público-privada y a la licitación de proyectos, ya que debemos contemplar el incremento de los costes de la construcción”.

En este sentido, también ha detallado que la Consejería modificará el decreto de adjudicación de viviendas de promoción pública, para que este procedimiento sea más justo, “y que no se perciba como un elemento de suerte”.

Programas de promoción de viviendas

Dadas las circunstancias especiales en la isla de La Palma, la Consejería ha presentado el plan específico ‘La Palma 700’, que tiene como fin cubrir íntegramente las necesidades existentes en la Isla, con 17 actuaciones en 11 municipios, que engloban 683 nuevas viviendas con un presupuesto de 100,6 millones de euros.

Asimismo, también se ha planteado la creación de un programa para las zonas rurales, ‘Rural Life 5×1000: fortaleciendo nuestros pueblos’ para consolidar la población en los municipios rurales de Canarias de hasta 20.000 habitantes.

Además, Rodríguez ha destacado que la iniciativa para poner vivienda vacía en el mercado necesita un replanteamiento “ya que, como estaba planteada, ha sido absolutamente insuficiente y requiere de un cambio para ofrecer a los pequeños tenedores las garantías necesarias para que puedan poner su vivienda en alquiler con total seguridad”.

“También seguiremos impulsando la rehabilitación de inmuebles, como forma de dignificar el parque público, así como los diferentes programas de ayudas al alquiler. Además, a través de Visocan estamos estudiando un proyecto de edificios intergeneracionales para afrontar la soledad no deseada”, ha apuntado.

Para concluir su intervención en la Cámara regional, el consejero ha recalcado que todas estas iniciativas pemitirán multiplicar los instrumentos para consolidar el parque de vivienda pública, “porque como he reiterado en diferentes ocasiones, con la capacidad que tiene el ICAVI no llegamos, y nosotros no podemos condenar a las generaciones presentes y futuras a no tener una oportunidad de poder acceder a una vivienda hasta dentro de diez o quince años”.

El consejero apuesta por abordar, junto a las administraciones canarias, medidas a corto y medio plazo para atajar los problemas de carreteras y la emergencia habitacional en las Islas

Rodríguez ha presentado en sede parlamentaria las líneas estratégicas de su departamento para los próximos cuatro años

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha informado hoy en comisión parlamentaria sobre las líneas estratégicas y objetivos que se plantea la Consejería para esta legislatura, destacando que se analizarán medidas a corto plazo que den una respuesta ágil a las necesidades actuales del Archipiélago en materia de movilidad y vivienda.

Para hacer frente a la emergencia habitacional, el consejero ha explicado que el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y Visocan trabajan en varios proyectos para dar una respuesta más eficiente y rápida a esta problemática, como la adquisición de promociones de viviendas inacabadas; el acceso a las viviendas vacías, fundamental para incorporar inmuebles al parque público, así como la apuesta importante de la colaboración público-privada, a través de contratos con los operadores privados para que puedan construir viviendas que posteriormente se pondrían a disposición de la ciudadanía.

“Somos conscientes del número de demandantes de vivienda que existe en Canarias; por ello, insistimos en la necesidad de multiplicar los esfuerzos para dar respuesta lo antes posible y garantizar el acceso a la vivienda a todos los canarios y canarias, porque no podemos basar nuestra política únicamente en la construcción, ya que no ataja el problema a corto y medio plazo”.

Además, ha avanzado que el ICAVI está trabajando en un programa especial para los palmeros, ‘La Palma 700’, una iniciativa que pretende cubrir las necesidades existentes en la Isla con 17 actuaciones en 11 municipios. Por otro lado, también se desarrollará una iniciativa específica para toda Canarias destinada a combatir la despoblación del medio rural mediante la oferta de viviendas de promoción pública; o la puesta en marcha de un proyecto piloto destinado a afrontar la soledad no deseada, a través del uso de edificios intergeneracionales.

Compromiso por la movilidad sostenible

Por otro lado, Rodríguez se ha referido al área de Movilidad, y ha destacado que para avanzar en materia de carreteras no es suficiente con la puesta en marcha de nuevas infraestructuras viarias, sino que es necesario apostar por alternativas innovadoras que apuesten por la multimodalidad y el impulso de modos de desplazamiento más sostenibles.

En este punto, ha hecho referencia a la reciente licitación que ha sacado la Consejería para la elaboración de la Estrategia para la Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias, un instrumento que proyectará la política de movilidad del Archipiélago en las próximas tres décadas, y que plantea integrar todas las formas de desplazamiento bajo parámetros de eficiencia.

Asimismo, ha indicado, no obstante, la necesidad de concluir las obras que pertenecen al anterior Convenio de Carreteras y que ya deberían haber finalizado, consecuencia del incumplimiento de este acuerdo por parte del Estado, y ha reiterado su compromiso por ejecutar actuaciones importantes del vigente Convenio, que ya cuenta con el cincuenta por ciento del presupuesto comprometido.

“En mi anterior etapa aprobé o licité los proyectos de las obras que están actualmente en ejecución. A penas nos quedan 700 millones de euros para comprometer en los próximos años, por lo que habrá que priorizar las actuaciones más importantes, que sean más eficaces y ofrezcan soluciones en cada Isla”, apuntó Pablo Rodríguez.

En cuanto a las bonificaciones a los usuarios para el transporte público terrestre, el consejero ha destacado que el Ejecutivo regional seguirá trabajando para mantener e incrementar las ayudas con el objetivo de que los canarios puedan seguir beneficiándose de ese descuento del 100% en el precio de los abonos para los próximos ejercicios.

“Los motivos que fundamentaron la aplicación de esta bonificación aún siguen existiendo y no tienen visos de desaparecer, por lo que el compromiso de esta Consejería es el de mantener esta bonificación para el ejercicio 2024. Nada más tomar posesión, solicité una reunión con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para tratar este asunto y aún no he recibido respuesta”.

Gestión del espacio marítimo de Canarias

El consejero Pablo Rodríguez ha resaltado la importancia de la incorporación de la nueva Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo canario que, trabajando conjuntamente con Puertos Canarios, permitirá a Canarias ser el epicentro de la economía en el Atlántico, poniendo en práctica iniciativas que cumplan con los objetivos de sostenibilidad económica, medioambiental, y social.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha transferido en el último año y medio al ICAVI un total de 116,1 millones de euros para rehabilitar más de 3.600 viviendas tanto privadas como del parque público

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige el consejero en funciones Sebastián Franquis, cuanta ya con una nueva partida de 31.884.495 euros que ha transferido el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para seguir impulsando la rehabilitación verde en las islas. Se trata de una nueva partida de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE que se corresponde al segundo pago de la anualidad del año 2022 en materia de rehabilitación de vivienda. Con este ya son tres las transferencias recibidas por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) en el último año y medio de fondos de la UE para rehabilitación, transferencias que suman un total de 116,1 millones, de los cuales, 84 millones se han destinado ya a la reforma de 3.600 viviendas, tanto privadas como del parque público, con criterios de eficiencia energética.

Precisamente ha sido el compromiso de rehabilitar esas 3.600 viviendas, cuyos proyectos de reforma ya se están elaborando, lo que ha motivado que el Ministerio haya transferido a la Consejería la partida de la segunda anualidad del año 2022, lo que convierte a Canarias en una de las comunidades autónomas pioneras en cuanto a la recepción de los fondos MRR de la UE en materia de vivienda.

Con esta nueva transferencia por parte del Estado, el ICAVI planifica destinar el grueso de la partida de 31,8 millones de euros a la rehabilitación de vivienda privada a través de los ayuntamientos en barrios o áreas especialmente deterioradas. Otra parte de estos fondos se destinará también a seguir sufragando la línea de ayudas para la rehabilitación de particulares, unas subvenciones que se pusieron en marcha hace un año y que están teniendo una gran acogida entre la ciudadanía.

El Gobierno de Canarias, gracias a estos fondos europeos, va a poner en marcha en la comunidad los llamados Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), que sustituyen a los antiguos ARRU y que tienen por objeto modernizar y acondicionar las viviendas, públicas y privadas, y, sobre todo, adaptarlas a las nuevas exigencias de eficiencia energética que demanda la UE. Por eso se llama a estos programas ‘Rehabilitación Verde’.

Con estas actuaciones de rehabilitación de los edificios que componen los ERRP, se busca alcanzar una reducción del consumo de energía primaria no renovable superior al 30%, que es lo que marca la UE. Sin embargo, desde la Consejería se están impulsando proyectos de rehabilitación para que esa reducción en el consumo de energía alcance hasta el 60%, con el consiguiente ahorro en las facturas de agua y luz de los inquilinos de esas viviendas.

Para alcanzar ese objetivo se realizarán, entre otras, las siguientes actuaciones: aislamiento de las fachadas de los edificios, mejora de la carpintería que permita un mayor aislamiento y sustitución de los sistemas sanitarios por termo sifón (bidones con placas solares para calentar el agua) o aerotermia (este último solo en viviendas que se encuentren a más de 300 metros de altitud), sistemas que permiten ofrecer agua caliente y calefacción mediante energías renovables.

El ICAVI está impulsando la aplicación de estos ERRP en su parque público de viviendas y por eso ya hay proyectos para rehabilitar más de 1.560 casas de titularidad pública en una quincena de municipios de las islas. Otra parte de esta partida de fondos de la UE se va a ejecutar en viviendas privadas en entornos residenciales deteriorados a través de los ayuntamientos que también aportan una parte de fondos propios. Los ayuntamientos canarios que se suman a este programa son los de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna y Telde.