El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha asistido, esta mañana, a un encuentro junto con el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, liderado por su decana, María Nieves Febles, para abordar el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda

A esta jornada, que se enmarca en la ronda de reuniones que la Consejería está desarrollando por todas las islas junto con diferentes colectivos, también ha asistido el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, y el coordinador del equipo redactor del decreto ley, Fran Villar.

Durante el encuentro, el consejero ha explicado que “el decreto ley busca dar respuesta al manifiesto desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda existente en el archipiélago, facilitando la construcción de inmuebles públicos y privados”.

“Esta norma no es la política del punto y final, no es la única solución a los problemas que existen en esta área, sino todo lo contrario. La Consejería está en permanente revisión de todos los asuntos que tienen que ver con las políticas de vivienda para impulsar herramientas complementarias que agilicen la edificación, manteniendo el diálogo constante con el resto de administraciones e incentivando la colaboración público-privada”, ha añadido Rodríguez.

Canarias recuerda que el Gobierno de España no es competente para regular los pisos turísticos, pero sí para modificar la Ley Estatal de Vivienda que ha sacado del mercado el 40% de la oferta residencial

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, y el director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, asistieron este viernes a la conferencia sectorial convocada en Madrid para abordar el auge de los pisos turísticos en el territorio nacional, una materia en la que el Gobierno de España no tiene ninguna competencia.

La Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, ha pedido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que ejerza sus propias competencias y busque soluciones efectivas a la crisis habitacional que sufren numerosos destinos de España. En esa línea han coincidido la mayoría de las comunidades autónomas presentes en la reunión.

Ya Canarias, junto a otras regiones como Madrid o Andalucía, se ha puesto manos a la obra para regular el uso turístico de viviendas en sus territorios, al tratarse de una competencia exclusivamente autonómica. Para el Ejecutivo regional, el Estado debe ahora remar en la misma dirección y hacer uso de las suyas propias con el fin de favorecer a los residentes.

Una de esas competencias clave que sí está en manos del Gobierno central es la modificación de la Ley de Vivienda Estatal, que desde que se aprobó en abril de 2023 ha sacado del mercado el 40% de la oferta residencial, debido a la inseguridad que ha generado a los propietarios.

Además, el Estado debe acometer la reforma de la Ley del Suelo que, precisamente este jueves, 23 de mayo, fue retirada en el Congreso de los Diputados por carecer de apoyos parlamentarios suficientes, un hecho que impide avanzar al país en asuntos trascendentales como el derecho a la vivienda.

Según detalló Rodríguez, desde el área de Ordenación Turística, se han presentado propuestas en positivo al Ministerio de Vivienda para mejorar la Ley Estatal del Suelo. Estas hacen referencia, especialmente, a la propia naturaleza habitacional del suelo residencial y de la vivienda, a la necesidad de recuperar el orden natural de las cosas y el equilibrio entre el uso residencial y el eventual uso turístico.

“Lo que queremos es que se defina mejor cuál es la función social del derecho a la propiedad de la vivienda, y que en el planeamiento urbanístico esta se reserve fundamentalmente a un fin habitacional”, explicó Rodríguez, agregando que así lo establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El director general señaló que más allá de las fotos y los titulares que surjan tras la reunión de hoy, espera que el Gobierno de España trabaje dentro de su marco competencial en beneficio de la ciudadanía, especialmente en aquellos lugares donde el mercado se encuentra tensionado y los precios son inasumibles.

“Las comunidades autónomas ya estamos trabajando para regular la vivienda vacacional”, afirmó Rodríguez, apuntando que “Canarias ya está inmersa en el trámite de la futura ley que regulará esta modalidad alojativa”. Además, desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que dirige Pablo Rodríguez, se han implementado medidas para incorporar viviendas residenciales al mercado, como la declaración de la emergencia habitacional, o la aprobación del decreto ley de medidas urgentes de vivienda.

El director general indicó, por otro lado, que se ha “fijado el calendario para implementar el reglamento europeo respecto a los alquileres de corta duración” que, entre otros aspectos, introduce requisitos comunes para todos los propietarios de viviendas vacacionales de la Unión Europea y la necesidad de establecer un número de registro único para cada piso turístico que quiera anunciarse en plataformas de alquiler vacacional, evitando con ello la oferta irregular.

En este sentido, Miguel Ángel Rodríguez subrayó que “no se va a agotar el plazo máximo legal de dos años para aplicar el reglamento, sino que se va a intentar realizar en año y medio”. Desde Canarias, agregó, se ha insistido en la importancia de hacer un esfuerzo, incluso, para que entre en vigor en el plazo de doce meses.

“Se trata de un primer paso por parte del Gobierno de España y confiamos que la cogobernanza sea la senda para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, que conviva con la actividad turística, pulmón de nuestra economía, concluyó Rodríguez.

Por su parte, Antonio Ortega declaró que la mayoría de las comunidades autónomas han coincidido en la necesidad de legislar, ya que “no se puede tener vivienda vacía por el miedo y la inseguridad jurídica que en este momento existe por parte de los propietarios, por las ocupaciones de esas viviendas”

En este sentido, llamó al Ministerio competente a “regular y dar garantía jurídica a los propietarios y a la parte pública, para que las viviendas que han sido ocupadas sean desocupadas, lo que sacaría al mercado las propiedades que ahora mismo se encuentran vacías”.

El Instituto Canario de Vivienda publicó el pasado miércoles la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas al fomento de la adquisición de vivienda por parte de las personas jóvenes canarias y la serie de requisitos para su acceso

Dicha convocatoria está orientada para jóvenes canarios de hasta 35 años en la fecha de elevación a escritura pública de la adquisición de la vivienda y recibirían una bonificación del inmueble adquirido, siempre y cuando este no supere los 120.000 euros sin los gastos y tributos inherentes a la adquisición.

De esta forma, los jóvenes que soliciten esta subvención podrán optar hasta un límite de 11.000 euros. Para ello, los ingresos anuales de los jóvenes aspirantes a esta ayuda deben ser inferiores a tres veces el Iprem y la fecha de adquisición de la vivienda debe haberse producido desde el 1 de enero de 2022 y el último día de plazo para solicitar la subvención. El importe de dicho préstamo deberá cubrir al menos el 50% del coste de adquisición. También es requisito que las personas que componen la unidad de convivencia residan legalmente en España y estén empadronadas en la vivienda adquirida en el momento de la solicitud de la subvención.

El plazo de presentación es de veinte días a contar desde el miércoles 15 de mayo. Más información, en la página web del Instituto Canario de Vivienda.

El ICAVI firma el contrato con la empresa Fomento y Construcciones Roque Nublo, S.L., por valor de 2,1 millones de euros, en el marco del Plan de Vivienda de Canarias

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Antonio Ortega, ha adjudicado la ejecución de las obras de 11 viviendas protegidas de promoción pública en el término municipal de Breña Baja, en la isla de La Palma

El ICAVI ha firmado el contrato con la empresa Fomento y Construcciones Roque Nublo, S.L. , por un importe total de 2.112.211,20 euros.

La nueva promoción estará ubicada en el barrio de El Zumacal, en una parcela de 1.181,95 metros cuadrados en la que se desarrollará un edificio que contará con inmuebles de uno, dos y tres dormitorios, garajes, trasteros y un local comercial.

Esta actuación cumplirá las exigencias básicas en materia de eficiencia energética y todas las viviendas estarán dotadas de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de energía solar mediante placas solares.

Con esta intervención, el ICAVI pretende ampliar el parque público de vivienda en el municipio y atender a las familias de la isla registradas en la lista de demandantes cumpliendo con los objetivos del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025.

Actuaciones en marcha

La Consejería suma 6 iniciativas más en la isla de La Palma. Por un lado, la aprobación técnica del proyecto para la ejecución de 8 viviendas protegidas de promoción pública en Puntallana; las obras de reparación y rehabilitación de 108 y 59 inmuebles en Santa Cruz de La Palma; así como la adjudicación de la redacción de proyecto para la construcción de 37 inmuebles para los afectados por el volcán.

Por otro lado, el ICAVI ha cedido un local a la Fundación Canaria de Juventud IDEO para desarrollar un proyecto de atención a menores y jóvenes, y continúa abonando las ayudas al alquiler pendientes a los afectados por la erupción de La Palma.

Las medidas están diseñadas para facilitar el proceso de alquiler de viviendas vacías y ofrecer mayores garantías tanto a los propietarios como a los inquilinos

La Consejería formalizará un acuerdo de colaboración con la asociación Provivienda para agilizar la gestión de esta iniciativa

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha anunciado en comisión parlamentaria una batería de incentivos y mejoras del actual programa de ‘Vivienda vacía’, que se enmarca en el Plan Canario de la Vivienda (2020-2025), que permitirán, a corto y medio plazo, mejorar la estrategia de gestión actual para hacerla más eficiente e incentivar la puesta en el mercado de más inmuebles.

El consejero del área ha lamentado el escaso éxito del programa hasta ahora, que se puso en marcha en la legislatura anterior a través de un encargo a Visocan, y ha señalado que, dada esta situación, y considerando que queda poco más de un año para finalizar el plan, “creemos necesario realizar modificaciones importantes hasta su finalización, para ofrecer seguridad jurídica y garantías tanto a propietarios como a inquilinos, de manera que se incentive la oferta de viviendas en alquiler”, ha afirmado.

Entre las mejoras que se incorporarán al programa, el consejero ha detallado las garantías del abono puntual de la renta mensual desde el primer mes de alquiler hasta la finalización del contrato, que puede extenderse hasta siete años; de la recuperación de la vivienda una vez expirado el plazo de cesión; de la devolución de la misma en el estado de conservación en el que fue cedida; de la gestión integral del alquiler, o de la reparación de las averías de los bienes inventariados, así como la creación de un departamento de apoyo que estará a disposición de propietarios e inquilinos.

Colaboración con Provivienda

Otra de las nuevas medidas anunciadas por el consejero para consolidar el programa es la colaboración con la asociación Provivienda, que se encargará de la captación de inmuebles; la selección de inquilinos; la tramitación de la documentación necesaria para la firma de los contratos de alquiler, o la simplificación administrativa y de trámites.

Provivienda también realizará labores de apoyo en la gestión de incidencias durante la vigencia del contrato de alquiler y de la revisión de las viviendas para su reincorporación al programa o para su devolución a los propietarios.

“El programa actual se complementará con acciones como la creación de una red de oficinas de cercanía para informar y asesorar tanto a arrendadores como a arrendatarios”, ha afirmado el consejero. “Con todas estas medidas”, ha concluido, “confiamos en alcanzar el éxito que no se logró con la redacción original de esta iniciativa, promoviendo una mayor participación de los propietarios y un acceso más amplio a la vivienda en alquiler para la población”.

Durante su intervención, Pablo Rodríguez ha anunciado también que, con el plan de vivienda para el próximo periodo de 2025-2030, se preparará un programa de vivienda vacía mucho más ambicioso para mejorar aún más el acceso a la vivienda en alquiler y reducir el número de inmuebles desocupados en nuestra región.

La Consejería firma el contrato con la empresa Obras, Desarrollos y Asfaltos SLU, por valor de 2,8 millones de euros en el marco del Plan de Vivienda de Canarias

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Antonio Ortega, ha adjudicado la ejecución de las obras de 18 inmuebles de promoción pública en la zona de El Secuestro, en el término municipal de Teror, en la isla de Gran Canaria.

El ICAVI ha firmado el contrato con la empresa Obras, Desarrollos y Asfaltos SLU, por un importe total de 2.884.082,00 euros.

Esta nueva promoción se suma a otro lote de 67 viviendas en Arrecife, que se construirán a través del proyecto de ejecución de las obras de un total de 85 inmuebles de protección oficial de promoción pública en el archipiélago.

Proyectos en marcha en la isla de Gran Canaria

Dentro del Plan de Vivienda de Canarias, el ICAVI cuenta, actualmente, con nueve actuaciones en marcha: tres de ellas en ejecución en Ingenio y Gáldar; un proyecto adjudicado en el municipio de Teror, que permitirá desarrollar 18 inmuebles; tres iniciativas aprobadas y pendientes de licitar las obras en Telde, y dos pendientes de aprobación de proyecto en La Capellanía, en el término municipal de Ingenio, y en Santa Lucía de Tirajana.

Asimismo, el Plan también ofrece subvenciones directas destinadas a la construcción, como la que se ha otorgado a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (GEURSA) para el desarrollo de más de 90 inmuebles, 25 en León y Castillo y 74 en Tamaraceite Sur.

Además de la construcción, el ICAVI está desarrollando el programa seis, destinado a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, junto con ayuntamientos y cabildos, y el programa uno, destinado solo a rehabilitación, en el marco del Plan Estatal de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por último, la empresa pública Visocan promueve actualmente la construcción de varias promociones en los municipios de Agaete, Santa Lucía de Tirajana e Ingenio.

Esta partida está financiada por los fondos europeos Next Generation, en el marco del programa de ‘Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada’

La actuación permitirá modernizar y acondicionar las viviendas a las nuevas exigencias de eficiencia energética que demanda la Unión Europea para limitar las emisiones de CO2

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha publicado la resolución por la que se aprueba técnicamente el proyecto de rehabilitación energética y mejora de la accesibilidad de 40 viviendas protegidas de promoción pública en Firgas, en la isla de Gran Canaria.

Esta actuación, para la que se ha destinado una partida de 1.283.256,24 euros, está financiada por los fondos europeos Next Generation, concretamente en el marco del programa de ‘Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada’ (ERRP) para modernizar y acondicionar las viviendas a las nuevas exigencias de eficiencia energética que demanda la Unión Europea para limitar las emisiones de CO2.

La Consejería impulsa esta actuación para continuar con el compromiso del Gobierno de Canarias con la rehabilitación de viviendas, una medida clave para mejorar las condiciones de habitabilidad del parque público de viviendas del archipiélago y la calidad de vida de las personas.

Esta iniciativa pretende facilitar el acceso de los residentes a los espacios interiores de los inmuebles

La presentación de documentación estará habilitada hasta el 30 de junio de 2024 a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, que dirige Antonio Ortega, ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes del programa de subvenciones destinado a la adecuación funcional básica y mejora de la accesibilidad en viviendas, edificios residenciales y comunidades de propietarios del archipiélago, por valor de 2.530.004,15 euros.

Esta iniciativa, cuyo plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 30 de junio, va dirigido a viviendas unifamiliares aisladas; edificios de viviendas de tipo residencial colectivo, ya sea en zonas comunes como en el interior de las viviendas; y a inmuebles ubicados dentro de edificios.

El Instituto Canario de la Vivienda impulsa el desarrollo de estas subvenciones con el objetivo de mejorar la accesibilidad de las viviendas, por un lado, a través de la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas o automatismos para la apertura de puertas incorporando mecanismos motorizados u otros dispositivos de accesibilidad.

Además, también se contempla cualquier medida de accesibilidad que facilite la autonomía y la vida independiente de personas con movilidad reducida; la instalación de elementos de información, de comunicación o de aviso como señales luminosas y visuales, vibrotáctiles o sonoras, que permitan la orientación en el uso de escaleras, ascensores y del interior de las viviendas, o la inclusión de productos de apoyo a la audición para la accesibilidad en el entorno.

Asimismo, esta ayuda también favorece la instauración de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las viviendas y el exterior, como videoporteros o la instalación domótica y de otros avances tecnológicos para favorecer la autonomía personal de personas mayores o con discapacidad. También se contempla cualquier intervención que facilite la accesibilidad universal en los espacios del interior de las viviendas o en los propios edificios de tipología residencial colectiva.

Podrán beneficiarse de esta ayuda las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o usufructuarias de viviendas o edificios, así como las comunidades de propietarios, las sociedades cooperativas, según el caso, las empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias de los edificios, así como cooperativas que acrediten dicha condición, así como otras administraciones públicas propietarias de las viviendas.

La cuantía vendrá determinada por el coste de la actuación, subvencionando hasta un máximo del 60%, pudiendo incrementarse hasta el 80% si una de las personas que habite en la vivienda o edificio tenga diversidad funcional o más de 75 años, con ciertos límites específicos en función del tipo de actuación.

El plazo máximo para la ejecución de las obras es de 12 meses, en el caso de viviendas aisladas o agrupadas en fila y viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva y, de 24 meses, en el supuesto de edificios de viviendas de tipología residencial colectiva. Estos plazos comenzarán a contar desde la fecha de concesión de la ayuda.

Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, dirigidas al Instituto Canario de Vivienda, o bien presencialmente en el caso de personas físicas.

El Ejecutivo adjudica provisionalmente la redacción de los proyectos para la rehabilitación energética y de accesibilidad de 17 grupos de viviendas protegidas

La ejecución de esta contratación está sujeta al cumplimiento, ejecución y realización de los hitos y objetivos fijados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Estas actuaciones se llevarán a cabo en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Puerto del Rosario, Betancuria, La Oliva, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Gáldar, Santa Brígida, Valleseco, Valsequillo, Artenara, Tías, Candelaria, Adeje y El Rosario

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, que dirige Antonio Ortega, ha anunciado la aceptación de la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación para la ejecución del servicio consistente en la redacción de proyectos y dirección facultativa de las obras de rehabilitación energética y accesibilidad de diecisiete grupos de viviendas protegidas de promoción pública.

“Estamos comprometidos con mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Con una inversión total de más de 2 millones de euros, vamos a dar respuesta a las necesidades de diferentes municipios de Canarias, garantizando así el acceso a viviendas de calidad y sostenibles”, ha asegurado Ortega.

La ejecución de esta contratación se realiza conforme a los hitos y objetivos establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, reflejando el compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo integral de Canarias.

El primer acuerdo aprobado comprende cinco grupos de viviendas ubicadas en Ciudad del Campo, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria; Jinámar VI, en el municipio de Telde; Los Menceyes, en el municipio de Candelaria; Los Olivos, en el municipio de Adeje y La Esperanza, en el municipio de El Rosario, con un presupuesto asignado de 1.214.640,09 euros.

Por su parte, el segundo conjunto consta de doce grupos de inmuebles distribuidos en Puerto del Rosario, Betancuria, La Oliva, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Gáldar, Santa Brígida, Valleseco, Valsequillo, Artenara y Tías, de la provincia de Las Palmas, con un presupuesto de 892.124,40 euros.

El Plan de Viviendas de Canarias 2020-2025, aprobado mediante resolución de 21 de diciembre de 2020, tiene como objetivo garantizar el acceso a las viviendas protegidas. Dentro de esta iniciativa, se incluyen subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería, instalaciones térmicas, estudios de seguridad y salud, así como la dirección de obra del proyecto y de los subproyectos de instalaciones.

El espacio ha sido otorgada a la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias como parte del proyecto ‘Inserta juventud’

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, que dirige Antonio Ortega, ha cedido un local en Santa Cruz de Tenerife al proyecto ‘Inserta juventud’ de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (ADEICAN).

Esta cesión, concedida mediante Resolución de la Dirección del Instituto Canario de la Vivienda, tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga. El objetivo principal es que el espacio pueda ser utilizado para fines de utilidad o interés social, sin ánimo de lucro, en consonancia con el propósito de promover la inclusión y el desarrollo comunitario en la región.

El local, que está situado en el Grupo 89 Viviendas Alisios II, en Santa María del Mar, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, será la sede de esta iniciativa que está orientada a la inserción sociolaboral de personas jóvenes, de 16 a 30 años, en la comunidad autónoma de Canarias.

El espacio tiene una superficie construida de 86,81 metros cuadrados y una superficie útil de 69,45. Se compone de un salón con un office equipado, separado por una puerta corredera, un cuarto pequeño, dos aseos y un despacho con espacio adicional.