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El consejero regional y el alcalde Teodoro Sosa firman una cesión suelo que permitirá al Gobierno regional invertir 6,1 millones en la edificación de un lote de pisos protegidos incluido en el Plan de Vivienda 2020-2025
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha firmado hoy, junto al alcalde del municipio grancanario de Gáldar, Teodoro Sosa, un convenio para la cesión gratuita al Ejecutivo de 22 parcelas a título gratuito por parte del Ayuntamiento en las que se levantarán próximamente un total de 52 nuevas viviendas protegidas de promoción pública incluidas en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. Estas parcelas, de propiedad municipal y valoradas en 866.398 euros, se ceden al Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) para programar la edificación de vivienda protegida en un municipio en el que no se construye este tipo de casas desde el año 1999.
“Para nosotros es una enorme satisfacción poder colaborar con ayuntamientos como el de Gáldar, que los ayuntamientos se impliquen en la ejecución del Plan de Vivienda y poder practicar la cogobernanza de la que hemos hablado muchas veces”, aseguró Sebastián Franquis, “la colaboración de los ayuntamientos en la cesión de suelo es un elemento clave para cumplir con las expectativas de este Plan, por tanto, a partir de ahora trabajaremos en reducir en lo posible los plazos para ejecutar las obras ya que nos hemos marcado como objetivo que estas obras se pongan en marcha antes de que acabe la legislatura para que los vecinos del municipio de Gáldar que esperan por una vivienda, y donde no se ha construido nada en 22 años, puedan disponer de ellas antes de 2025”.
El alcalde del municipio, Teodoro Sosa, señaló que “las últimas viviendas que se entregaron fueron en 2003, correspondientes a la promoción del año 1999. Desde esa época hasta la actualidad, que es cuando nos hemos encontrado con un Gobierno de Canarias que es sensible con las políticas de vivienda y nos ha transmitido desde el minuto la necesidad de colaboración entre las distintas administraciones”.
Tras esta cesión, el ICAVI pondrá en marcha ahora el proceso para sacar a licitación en los próximos meses la redacción de los proyectos para edificar estas nuevas viviendas protegidas y una vez entregados estos proyectos, la contratación de la ejecución de las obras que se prevé completar antes de que finalice la actual legislatura. La inversión prevista por la Consejería en la planificación y construcción de estas 52 viviendas es de 6.135.000 euros.
Paralelamente a estas actuaciones por parte del ICAVI, el Ayuntamiento de Gáldar también se ha comprometido a iniciar en los próximos meses los trabajaos de urbanización de las parcelas cedidas para que cuando las viviendas comiencen a construirse cuenten con las dotaciones básicas de suministros de agua y electricidad, saneamiento, aceras y alumbrado público.
“Quiero agradecer al alcalde Teodoro Sosa, que sé que desde que pusimos a rodar este Plan de Vivienda se puso en contacto con el Gobierno para ceder estos suelos, que sea uno de los primeros en Canarias que nos ha dado terrenos para poder ejecutar el Plan. Es una buena noticia ya que es un apoyo más que sumamos a la ejecución del Plan de Vivienda de Canarias que beneficiará a miles de ciudadanos en todas las islas”, añadió el consejero Franquis.
Las parcelas cedidas se localizan en la calle José de Sosa, entre los barrios de San Isidro y El Roque, en dos manzanas con 22 parcelas en las que se construirán dos edificios de dos plantas con 26 pisos cada uno, lo que hace un total de 52 las viviendas protegidas que el Gobierno de Canarias edificará en este municipio del norte de Gran Canaria. Esta cantidad de viviendas se ha reajustado ya que en un principio se contemplaba la construcción de 58 pisos, pero tras varios análisis técnicos realizados sobre el terreno se concluyó que era más viable ajustar el número final a un total de 52 viviendas.
Esta nueva promoción de viviendas protegidas en el Norte de Gran Canaria se suma a los lotes que el Gobierno de Canarias ha impulsado en los últimos meses para sacar a contratación la redacción de varios proyectos en diferentes islas. Estos proyectos permitirán poner en marcha próximamente la edificación de, aproximadamente, 600 nuevas viviendas protegidas que se incluyen en el programa de construcción del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. Este ambicioso programa prevé poner en marcha la edificación de más de 6.000 nuevos inmuebles protegidos en régimen de alquiler en los próximos cinco años, especialmente en aquellos municipios canarios en los que hay mayor número de demandantes de vivienda pública. Este Plan prevé la construcción en la isla de Gran Canaria de más de 1.700 viviendas protegidas en los próximos años.
El consejero Franquis recordó también tras la firma que su departamento tiene ya en marcha los 12 programas que incorpora el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. Entre las actuaciones que ya se han puesto en marcha dentro de este Plan se encuentra la adquisición de más de 300 viviendas a través de la empresa pública VISOCAN que se sumarían a las cerca de 600 cuyos proyectos ha encargado ya la Consejería; también se ha acordado la compra de otro medio centenar de viviendas para el programa Canarias Pro Hogar destinado a atender a las personas afectadas por los desahucios; además, está en marcha una convocatoria de colaboración con el sector privado para edificar otras 300 viviendas destinadas al alquiler con un coste de tres millones de euros para la Consejería.
En materia de rehabilitación, Franquis incidió en que tanto VISOCAN como el ICAVI han puesto en marcha varios proyectos para rehabilitar más de 4.000 casas del parque público de vivienda del Archipiélago. También se ha firmado un convenio con la FECAM para evitar la despoblación en el entorno rural con una inversión de 14 millones de euros para comprar y rehabilitar casas en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Finalmente, el consejero recordó que se están ultimando las valoraciones para empezar a pagar antes de final de año las ayudas al alquiler a las familias con menos recursos, un proceso que se ha podido adelantar un año con respecto a convocatorias anteriores, y al que se destinarán 17,5 millones de euros.