El equipo jurídico de TURCÓN-Ecologistas en Acción insiste en la jurisdicción penal: «El Barranco de La Mina, término municipal de la Vega de San Mateo, está seco por culpa del entubamiento y desvío de sus aguas, lo que implica la existencia de “indicios” racionales de la comisión de un ilícito penal»

La Audiencia Provincial de Las Palmas, en un auto emitido el pasado día 24 de abril de 2025, estima el último recurso de apelación interpuesto, presentado el pasado año, contra la sentencia del Juzgado. Por tanto, reabre el procedimiento en la jurisdicción penal

Según la Audiencia Provincial de Las Palmas el auto de archivo del juzgado " sigue sin dar respuesta a la mayoría de las alegaciones del recurso de reforma, en el que ya se destacaban las deficiencias del auto de sobreseimiento, algo que no puede tolerarse más aún tras el dictado de la resolución anterior de esta Sala. Tanto lo relativo al uso de las subvenciones concedidas, la falta de práctica de diligencias, el incumplimiento de las condiciones de la autorización administrativa para el entubamiento, según el cual se debía garantizar la circulación libre de agua por el Barranco de La Mina de al menos 25 litros por segundo, la posible ilícita captación de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o de los animales o plantas, en definitiva toda una serie de cuestiones plasmadas en los distintos informes obrantes en autos, han sido omitidos por segunda vez, o tercera si contamos el auto de sobreseimiento, no respondiendo en definitiva la instructora a ninguna de las alegaciones de la recurrente.”

El Colectivo Turcón-EeA insiste en señalar que «la alarmante desequilibrio que sufre el Barranco de La Mina es por la reducción de su “caudal ecológico”, porque la HEREDAD DE AGUAS LAS PALMAS, DRAGONAL, BUCIO Y BRIVIESCA realizó un entubamiento y desvío las aguas que discurrían libremente por el barranco desde la Cumbre hasta los Lavaderos de Utiaca, lo que suponía un atentado al sistema natural de la zona afectada y un presunto delito contra el Patrimonio y contra el orden socioeconómico (desvío de Aguas Ecológicas de su curso), por lo que se ha considerado que había “indicios” racionales de la comisión de un ilícito penal, en relación con el Capítulo III del Título XVI del Código Penal art 325 a 331, bajo el título de "delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" que regula una serie de tipos que tienen como finalidad la protección penal del medio ambiente y el equilibrio de las condiciones. ecológicas».

Asimismo Turcón-EeA, señala los informes que constan en el expediente jurídico, emitidos por el Servicio de Impacto Ambiental de la Dirección General de Protección de Naturaleza de la Consejería de Agricultura y la inspección realizada por el personal técnico adscrito a dicha Dirección General que concluyó, textualmente, “se ha modificado la entrada de agua de la tubería, de forma que en la actualidad se sitúa a una cota inferior a la del aliviadero de la arqueta, desviándose la TOTALIDAD DEL AGUA A LA TUBERIA (se LLEVAN TODA EL AGUA), sin que CIRCULE AGUA POR EL BARRANCO DE LA MINA”, no cumpliéndose por tanto, el condicionante del estudio detallado de impacto ecológico en que se debía garantizar la libre circulación de agua por el Barranco de la Mina de al menos 25 litros por segundo .

Finalmente, y en relación con el supuesto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos, Turcón-EeA ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, manifestó que la Heredad subvencionada no RESTAURÓ el caudal de agua por el que cobró varias subvenciones. En los folios que constan en el expediente jurídico, el entonces Gerente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, concedió dos subvenciones, por importaciones de 152.628,40 €, y 50.000 €, que no tuvieron el destino para los que se otorgaron esos fondos públicos. Apuntado todo ello, en los informes de la Guardia Civil como una posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos (art. 432 a 435 del CP), con indicios racionales de la comisión de los mismos. A lo que se suma la posibilidad de haber incurrido en un delito de prevaricación de varios autores del delito público.

La lucha por el agua

En Gran Canaria pocos barrancos llevan agua continuamente: Guayadeque, La Mina, Cernícalos y Azuaje.

Esas aguas crean unos cauces ecológicos y ecosistemas muy ricos en biodiversidad. Las administraciones públicas y la Justicia han ido reconociendo este valor social y ambiental del agua “libre”. Así, el Colectivo Turcón ganó en los tribunales de justicia la defensa del agua libre en los barrancos de Cernícalos y de Guayadeque.

Hoy día, son referentes de conservación, y pocos se acuerdan de las intenciones de entubar y desviar las aguas. El barranco de La Mina no se libra de esta batalla, y en el año 1994, la herencia de aguas presentó solicitud y proyecto para “aprovechamiento de aguas” del barranco de La Mina y su desvío a la presa de La Siberia, TM de la Vega de San Mateo.

Muchas personas sensibilizadas con la riqueza de La Mina han luchado para que esto no fuera posible. Aunque las tuberías y canales están ahí, en ocasiones se desvían las aguas y dejan al barranco seco.

La lucha del Barranco de La Mina generó un gran movimiento social y vecinal en torno al pueblo de Utiaca y La Yedra, en contra del entubamiento ya favor de los caudales ecológicos. La lucha sigue viva.

En este proceso, miembros de este colectivo y ciudadanos/as sensibilizados realizan actos de sabotaje a las tuberías que impiden que el agua circule libre por su cauce; estas acciones, a denuncia de la Heredad de Aguas, llega a los tribunales y la representación legal y estatutaria de Turcón es sancionada a pagar una cantidad que se sufraga con una campaña de aportaciones ciudadanas a través de la plataforma Goteo.org y dan mayor sensibilidad sobre el desvió del caudal ecológico.

El día 12 de diciembre de 2018 se realizaron mediciones/aforos en la cabecera de la Cuenca de Tejeda por parte de los técnicos del CIAGC y en presencia de este Colectivo. El caudal medio final fue de 9,62 litros por segundo. Supuestamente, en aquel entonces, se trasvasaban a la cuenca del Guiniguada, Barranco de La Mina unos 6 litros por segundo, ya que hay una parte que se quedaba en Tejeda. Sin embargo, la Heredad ha desviado esas aguas hacia la Presa de la Siberia y/o Presa de Antona para su regulación y almacenamiento, lo que ha propiciado que La Mina se seque.

El barranco de La Mina está formado por uno de los heredamientos más antiguos y con más historia de Gran Canaria, ya que fue sobre el año 1500 cuando el Cabildo pidió a los Reyes Católicos que le fueran concedidas las aguas de Texeda, algo que sucede al año siguiente, constituyéndose en uno de los primeros trasvases de España. En La Mina existieron un total de ocho molinos distribuidos a lo largo del barranco, lo que demuestra el importante caudal hídrico que tuvo antaño, utilizado, sobre todo, para abastecer al Real de Las Palmas y considerar las vegas agrícolas de las medianías. Todo eso en los años 1501-1526.

Las aguas, que bajaban por las laderas del barranco, fueron encauzadas hacia los molinos. El primero se construyó sobre el año 1871 y se llamó el “Molino de Arriba”. Los nombres de los siguientes fueron el “Molino de Abajo del túnel”, el Molino del Puente, el Molino de Cho Gutiérrez, el Molino Quintito, el Molino de La Yedra y el Molino Caído.

Aguas libres en La Mina, llevamos varios años/décadas con este asunto de denuncia pública continua y pleitos judiciales, de concienciación ciudadana, de movimiento asociativo, reivindicando los caudales ecológicos que le corresponden a la rica biodiversidad del Barranco de La Mina, en el término municipal de San Mateo.

El presidente de Canarias, de visita en La Palma, presidió la Asamblea por la innovación social y visitó las obras del nuevo centro de Geriatría y Alzheimer, acompañado por el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, calificó como imprescindible la labor del tercer sector en las islas para alcanzar la justicia social y favorecer la inclusión. En este sentido, advirtió, “que la administración no puede abordar sola las necesidades de la población y que junto al resto de sociedad civil es una tarea que nos atañe a todos”.

Clavijo hizo estas declaraciones en La Palma, en la inauguración Asamblea por la innovación social de Canarias, organizada por Red Anagos, red canaria de entidades de inserción laboral y promoción de la economía social y solidaria, y EAPN Canarias, la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social de Canarias, y en la que estuvo acompañado por el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez y la directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabeth Santana.

Muchas de las asociaciones presentes, también colaboran con el Gobierno “en la definición de lo que queremos que sea Canarias en el futuro, además de cómo solucionar el presente de tantos problemas de nuestra gente y del desafío al que nos enfrentamos con la situación de los menores no acompañados que llegan en patera a nuestras costas”, resaltó.

En su intervención, el presidente reconoció que la pobreza y la exclusión son realidades que afectan a más de un tercio de nuestra población, y vienen de la mano de situaciones de vulnerabilidad, de la discapacidad, de la enfermedad, del exilio voluntario o impuesto, de la imposibilidad de obtener una vivienda, de la dificultad de lograr un empleo, “del ser diferente a lo que consideramos erróneamente como normal”, añadió.

Y en ocasiones como esta, “en las que el sector se reúne para debatir y proyectar hacia el futuro qué acciones se deben diseñar, debemos centrarnos en las soluciones y aprovechar las mejoras que se han dado en los últimos años, como la evolución de la tasa AROPE que ha disminuido de un 47,0% en 2016 a un 31,2% en 2024”.

En esta línea, el presidente recordó que el Gobierno aprobó a finales de 2024 una ampliación de crédito por valor de casi 15 millones de euros destinada a los cabildos insulares para paliar el déficit de financiación a las entidades sociales que atienden la discapacidad y cubrir, entre otros asuntos, la subida de los costes salariales, y la actualización de los costes operativos debido al incremento del IPC.

Por su parte, Sergio Rodríguez, agradeció a los 54 colectivos y entidades canarias presentes en la Isla su trabajo y voluntad unida a las administraciones “para consolidar un proyecto que ha sabido tejer redes de solidaridad y compromiso en un contexto a menudo desafiante”.

Además, en el caso de La Palma, dijo, la economía social es un motor de desarrollo fundamental, fortaleciendo el tejido social y dando respuesta a necesidades emergentes. “Es importante seguir apoyando y fortaleciendo este sector para construir un futuro más próspero y justo para la Isla”, recalcó.

Rodríguez también recordó que las empresas de economía social, arraigadas en el territorio y comprometidas con el desarrollo local, generan empleo de calidad y sostenible, contribuyendo a fijar población en la Isla. Además, sus proyectos responden a la demanda real de la comunidad y conocen las necesidades y potencialidades del territorio. “Es precisamente eso lo que necesita ahora la isla de La Palma”, hizo hincapié.

Por su parte Juan Carlos Lorenzo y Alicia Silva, presidente y presidenta de EAPN Canarias y Red Anagos, respectivamente, “la colaboración con la administración es fundamental para seguir dando pasos, y establecer nuevas estrategias para poder favorecer la inclusión social en la sociedad, en un territorio que es difícil trabajar por su fragmentación y lejanía”. Ambos destacaron la permeabilidad del Gobierno de Canarias para adoptar una posición de escucha ante la realidad que viven las personas, especialmente aquellas que viven situaciones de vulnerabilidad que les alejan de bienestar que desean para sus familias

El presidente insistió ante la asamblea, en que “se debe mejorar la productividad de las empresas para que repercuta en el salario del os trabajadores y en el diseño de políticas de empleo, así como una formación más acorde con la ofertas de empleo existentes, por la que estamos trabajando, impulsando la FP dual, el Plan de formación para personas trabajadoras y autónomos en colaboración con 7 asociaciones y colegios profesionales, las Bases de Empleo con apoyo, que implican potenciar la inserción laboral de las personas con discapacidad y problemas de salud mental.

Si hoy a una circunstancia que afecta a la sociedad y permite verdaderas injusticias es el problema de acceso a una vivienda digna, especialmente entre los más jóvenes y más vulnerables. En este sentido desde el Gobierno se ha aprobado un Decreto de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda para aumentar la disponibilidad de suelo, se han articulado medidas para los jóvenes como el Bono alquiler joven, el Fomento de alquiler vivienda joven y la Hipoteca Joven canaria

Así como, se trabaja en el nuevo decreto de adjudicaciones de viviendas protegidas, ya que es necesario un cambio, ante las limitaciones que presentaba al estar basado en un sorteo. Las familias que más lo necesitan tienen que poder acceder por criterios objetivos no en una decisión basada en la suerte.

En servicios sociales, “vamos mejorando en las prestaciones que se ofrecen en dependencia y acabamos de llevar a consejo de gobierno el proyecto de decreto de las tarjetas que acreditan el grado de discapacidad y con la que se facilitar el acceso a los beneficios que les corresponden”.

“Es nuestro objetivo”, -concluyó-, “que en una próxima actualización del FDCAN, incluyamos entre los criterios para inversiones, el de las infraestructuras sociosanitarias para poder contribuir a la atención de las personas mayores y dependientes”.

Precisamente el presidente de Canarias aprovechó su visita a La Palma para visitar, junto al presidente del Cabildo el futuro complejo sociosanitario de La Dehesa, cuyo impulso es reflejo del compromiso de este Gobierno por atender las necesidades de la población de la isla, que requiere de recursos para atender a la creciente población envejecida y personas dependientes”.

Los 220 juzgados unipersonales se convertirán en 19 tribunales de instancia, uno por partido judicial

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, convocó ayer una reunión extraordinaria de la Comisión Mixta de Cooperación entre la Consejería y el Tribunal de Justicia de Canarias (TSJC), con la asistencia del presidente Juan Luis Lorenzo Bragado, con el fin de abordar, exclusivamente, el tema de la implantación de los tribunales de instancia en Canarias, contemplados en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Por parte de la Consejería asistieron también el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, María Carmen de León, y por el TSJC los decanos de los partidos judiciales de Tenerife y Arrecife, Esmeralda Casado y Adalberto de la Cruz, respectivamente.

La Consejería inicia así una ronda de encuentros, que continuará con los Letrados de la Administración de Justicia y los representantes sindicales para planificar las actuaciones a llevar a cabo en esta primera fase. Nieves Lady Barreto anunció que para su puesta en marcha hará falta la máxima colaboración de todas las partes, ya que los plazos “son casi inabordables” y, además, la ley se ha aprobado sin ningún tipo de ficha financiera para el coste que va a suponer. “Los esfuerzos tienen que ser compartidos y las actuaciones, corresponsables”, señaló.

En este sentido, la consejera agradeció la predisposición de la Sala de Gobierno del TSJC para trabajar alineados en este reto que supone la reorganización y transformación de sistema judicial en las islas.

Por su parte, el presidente del TSJC defendió el método de trabajo consensuado en el estudio y análisis de propuestas con todos los actores implicados en el cambio: letrados de la administración de justicia, fiscalía, representantes de los funcionarios y colegios profesionales, todo ello partiendo de la idea básica, tal como dispone la LO 1/2025, de que el diseño de la nueva oficina judicial, en último término, corresponde a la Comunidad Autónoma, y que dicha organización tiene como fin último servir a los jueces y magistrados en su labor constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

La aprobación de la nueva ley conlleva la creación de tres estructuras organizativas diferenciadas, pero interconectadas.

Por una parte, conforme a dicha Ley, los juzgados serán reemplazados por tribunales de instancia. De esta forma, los 220 juzgados unipersonales existentes en Canarias se convertirán en 19 Tribunales de Instancia, uno por cada partido judicial, con una o varias secciones.

La constitución de los tribunales de instancia se hará de manera escalonada en tres fases, que tienen como fecha el 1 de julio, el 1 de octubre y el 31 de diciembre del año 2025.

Asimismo, se contemplan 19 Oficinas Judiciales en Canarias, adscritas a cada tribunal de instancia, formadas por Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios.

La ley también recoge la creación de Oficinas de Justicia Municipal, un elemento innovador en la transformación de la Administración de Justicia como servicio público para la ciudadanía, que sustituirán a los juzgados de paz.

Su uso permitirá avanzar en el proceso de modernización y digitalización y prestar un mejor servicio al ciudadano

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha autorizado la compra de mil microauriculares multimedia para los funcionarios de la Administración de Justicia en Canarias, por importe de 64.000 euros. Está previsto que próximamente se adquiera otra partida que permita completar la entrega a la totalidad de la plantilla.

Los microauriculares multimedia se integran en los sistemas informáticos actualmente existentes en los órganos judiciales, con el fin de contribuir a la estrategia de modernización de la Administración de Justicia. Además, mejora las condiciones de ergonomía del personal al servicio de la Administración de Justicia y ofrece una mayor comodidad y eficacia en la realización de trámites vía Webex y formación online, entre otros aspectos.

Nieves Lady Barreto señala que uno de los objetivos de su gestión al frente de Justicia es avanzar en la modernización y digitalización, lo que permite reducir costes, tanto para el sistema judicial como para las partes interesadas, y se traduce en un ahorro de tiempo y mayor agilidad de los procedimientos, fomentando, por ejemplo, las audiencias remotas, que facilitan la accesibilidad y evitan desplazamientos.

Corresponde al gobierno de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia, proveer a los Juzgados y Tribunales de los medios precisos para el desarrollo de su función con independencia y eficacia. En este sentido, el reglamento orgánico de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, atribuye a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, el suministro de medios materiales al servicio de los órganos y oficinas de la Administración de Justicia.

El Gobierno de Canarias hizo entrega de la Medalla al Mérito de la Justicia con distintivo de oro al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes muebles, al Decanato Territorial de Registradores de la Propiedad, Mercantil y Bienes muebles de Santa Cruz de Tenerife y a Francisco de Asís Palacios Criado, Registrador de la Propiedad y Mercantil de Santa Cruz de La Palma, en un acto celebrado este jueves en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria

La propuesta de medalla fue elevada a la Presidencia del Gobierno de Canarias por la Comisión de Valoración en sesión celebrada el 23 de noviembre de 2023 y recogida en el Decreto 55/2002, de 6 de mayo, por el que se crean las Condecoraciones de Justicia en Canarias.

De la Comisión de Valoración forman parte el presidente del TSJC, la Fiscal Superior de Canarias, un representante del Consejo General del Poder Judicial y miembros de la ULL, entre otros.

Antes de finalizar el año se convocará de nuevo a sus integrantes para determinar la propuesta de condecoraciones con la Medalla al Mérito de Justicia correspondiente a 2024.

Nieves Lady Barreto resalta el trabajo de la colaboración entre comunidades autónomas para unir esfuerzos en humanizar la justicia

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia de Navarra, Amparo López Antelo, han firmado hoy la Declaración de las Islas Canarias por una Cultura Restaurativa, que sitúa en el centro de la respuesta penal la reparación del daño causado a la víctima, la reinserción de las personas infractoras y la participación de la comunidad.

Nieves Lady Barreto manifestó que hoy Canarias suscribe un compromiso con los principios y valores que sustentan la justicia restaurativa, y empieza a dar los primeros pasos para que se implante de manera efectiva, partiendo de la experiencia de Navarra en este ámbito.

En el marco de unas jornadas de trabajo y de intercambio de experiencias celebradas en Santa Cruz de Tenerife, la consejera apuntó que “una justicia moderna y eficaz requiere contar con medios que permitan el diálogo entre quienes han causado un daño y quienes lo han sufrido y Canarias trabajará con Navarra para seguir humanizando la justicia y favorecer una política pública de justicia restaurativa, que permita una reparación integral y moral”, dijo.

Por su parte, Amparo López, señaló que el Gobierno de Navarra lleva años trabajando en la justicia restaurativa y se mostró satisfecha por visibilizar la colaboración entre comunidades autónomas con la firma de este protocolo, “porque tenemos los mismos problemas, trabajamos en el mismo marco normativo y tenemos que aprender unas de otras, colaborar y avanzar juntas”.

Entre los principios de la justicia restaurativa está la participación voluntaria, la solidaridad, la reparación, la responsabilización y pacificación, siempre respetando los derechos humanos y procesales de las víctimas y de las personas investigadas o condenadas, utilizando técnicas como la mediación penal.

Por ello, ambos gobiernos se comprometen a continuar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en estas cuestiones para fomentar un aprendizaje mutuo que redunde en una mejora de las políticas públicas de justicia, seguridad y convivencia. También acuerdan promover la formación y sensibilización de los operadores jurídicos y de la sociedad en su conjunto para que conozcan los beneficios de la justicia restaurativa y, en concreto, su capacidad para lograr la reparación de las víctimas y la reinserción de las personas infractoras.

Por otra parte, Canarias y Navarra potenciarán servicios de justicia restaurativa estables, con formación y calidad, apoyados por las administraciones públicas, con financiación suficiente, supervisión y evaluación continua de resultados, además de impulsar el fomento de la prevención de la judicialización de los conflictos a través de las prácticas restaurativas comunitarias, definidas como herramientas de prevención y resolución de conflictos no judicializados, así como por la promoción de la cohesión social, buscando generar condiciones colectivas de confianza, responsabilidad, respeto y cuidado, y potenciando una convivencia pacífica de nuestras comunidades.

Con esta declaración se clausuran unas jornadas de trabajo entre ambos gobiernos, con la asistencia de relevantes figuras de la judicatura, la fiscalía y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y Canarias, que fueron inauguradas por el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, y que ha contado con la ponencia del profesor de Derecho Penal y director de la cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Democráticos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Daniel Montesdeoca. Por parte del Gobierno de Navarra, han participado la directora general de Justicia, Maite Arenaza y el director del servicio de Reinserción, Mediación y Justicia Restaurativa, Jorge Ollero, entre otros expertos.

El Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife recibe los contenedores de residuos citotóxicos para la provincia

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de León, ha informado hoy del inicio de las obras de acondicionamiento y plomado de la sala del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas que acogerá el ortopantomógrafo y también un nuevo equipo de radiografía de carpo de la mano izquierda para determinación de la edad de menores migrantes. El coste de las obras ronda los 30.000 y estarán finalizadas en quince días.

El ortopantomógrafo, que realiza una radiografía panorámica de los dientes y huesos maxilares, salió a licitación para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Las Palmas, el 24 de febrero por 16.500 euros. Está previsto que se adjudique esta semana y el plazo de entrega será de un mes desde la firma del contrato.

Ambas actuaciones han sido gestionadas por el actual equipo de la Consejería que dirige Nieves Lady Barreto y permitirán seguir manteniendo la labor de coordinación en materia de identificación de las pruebas de edad de los menores migrantes.

IML de S/C de Tenerife

Por otra parte, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Santa Cruz de Tenerife ya ha recibido los contenedores para residuos de clase VI o citotóxicos para el depósito de los restos de este tipo de medicamentos y material que ha estado en contacto.

Según informa la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, estos contenedores se ubicarán tanto en la sede de Tenerife como en las islas no capitalinas. La recepción de esta mercancía se ha efectuado junto al material fungible habitual que se repone constantemente.

Los días de juicio, de lunes a jueves, habrá un mediador de guardia en horario de 9 a 13:30 horas para derivaciones inmediatas

Se establece también un cuadrante con dos días por Juzgado de Familia para citas programadas

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha acordado ampliar el servicio de mediación familiar en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canarias con un sistema de guardias para derivaciones inmediatas cuatro días a la semana, con el objetivo de contribuir a rebajar la litigiosidad en las islas, con una de las tasas más alta de España, al ofrecer una solución alternativa para la resolución de conflictos.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de León, trasladó esta propuesta del Gobierno al juez decano de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avello, en una reunión celebrada ayer a la que también asistió la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Las Palmas, Elsa Díaz, en representación de los juzgados de Familia.

Este refuerzo del servicio de mediación, como sistema para llegar a acuerdos entre las partes sin tener que ir a juicio, es una de las apuestas de la Consejería en el área de Justicia para contribuir a descongestionar los Juzgados de Familia. En este sentido, como primera medida, la Dirección General acordó en el mes de febrero la reactivación de este servicio en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, que llevaba un año inoperativo, un día a la semana, con la intención de evaluar su funcionamiento con los órganos judiciales.

Ante el volumen de demanda, la Consejería ha acordado reforzar el servicio con un mediador de guardia de lunes a jueves en horario de mañana (de 9 a 13:30) y, de forma complementaria, establecer un cuadrante con dos días a la semana para cada uno de los tres juzgados de Familia para aquellas citas iniciales de información que puedan ser programadas.

El acuerdo de colaboración permitirá que el alumnado tenga acceso a tecnologías de vanguardia en el ámbito de la eficiencia judicial

El viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, ha mantenido una reunión con la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rosa Rodríguez Bahamonde, con el objeto de facilitar a los alumnos de esta universidad el conocimiento del Sistema de Gestión Procesal Atlante, lo que supondrá una innovación en el aprendizaje de la materia procesal en mundo académico.

Cesáreo Rodríguez destacó que esta colaboración no solo enriquecerá la comprensión teórica del alumnado, sino que también les proporcionará experiencia práctica en el ámbito judicial y beneficiará a aquellos alumnos que quieran desarrollar su trabajo en el foro judicial.

Esta iniciativa, que cuenta con la orientación y participación de expertos profesores y de la consultora Accenture, ofrece una comprensión más profunda de la justicia y el papel de la innovación en su mejora continua, teniendo acceso a tecnologías de vanguardia en el ámbito de la eficiencia judicial.

La consejera Nieves Lady Barreto señala que se estudiará y se abordará en función de la disponibilidad presupuestaria

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias revisará al alza los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía.

Así lo ha acordado la consejera Nieves Lady Barreto con los representantes del Consejo Canario de Abogados y los colegios de abogados de Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y Tenerife en una reunión celebrada el pasado viernes en Arrecife, en la que también estuvo presente el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez.

Tal y como se especificó en el encuentro, esta quedará sujeta a la realización de un estudio, que se realizará el próximo año, de los conceptos y porcentajes sobre los que puedan adecuarse esos baremos conforme al marco y disponibilidad presupuestaria del Gobierno de Canarias.

Se trataría de llevar a cabo una actualización de los conceptos y cuantías de las bases económicas y módulos de compensación de los profesionales que intervienen en el turno de oficio y asistencia jurídica gratuita, que en la actualidad son los aprobados por el Gobierno de Fernando Clavijo en 2019 y que permitieron recuperar los baremos que habían sido reducidos como consecuencia de la crisis económica y actualizar el régimen de guardias.

“Entendemos la legítima petición de revisar unas compensaciones que han quedado desfasadas y nos hemos comprometido a estudiarlo”, señala la consejera Nieves Lady Barreto.

Cabe destacar que la Viceconsejería de Justicia ha resuelto en apenas tres meses de legislatura otras peticiones como la mejora de las dietas de los abogados del turno de extranjería que atienden a los migrantes que llegan a El Hierro para cubrir el alojamiento y el transporte, así como la autorización para ampliar el número de personas migrantes que puede atender cada abogado de este turno de extranjería, una medida excepcional y por tiempo limitado que fue solicitada por el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife para poder hacer frente a las circunstancias que se están viviendo con la llegada migrantes. Esta medida lleva aparejada la implementación por parte del Colegio de Abogados de un sistema de control de calidad para garantizar en todo momento que la adecuada asistencia letrada a los migrantes, especialmente para los que soliciten protección internacional.