La organización agraria UPA vuelve a reclamar al Ministerio de Agricultura la tramitación de la Ley de Agricultura Familiar, una norma largo tiempo exigida por el sector que debe servir para fomentar el relevo generacional y frenar el abandono de explotaciones y el despoblamiento

Hace justo un año, el ministro de Agricultura, Luis Planas, se comprometió a presentar un anteproyecto de Ley de Agricultura Familiar a finales de 2024. Esta Ley debe servir para proteger este modelo de producción de alimentos, que en España representa a alrededor de 750.000 explotaciones –un 80% del total–. La norma lleva siendo reclamada largo tiempo por miles de agricultores y ganaderos y por una gran diversidad de organizaciones, especialmente por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que representa a este modelo productivo.

“Las explotaciones familiares seguimos siendo mayoritarias en España”, explican desde UPA, “pero nuestro futuro está comprometido y necesitamos un marco legal que contribuya a nuestra continuidad”. En la agricultura y ganadería familiar trabajan principalmente el titular o titulares de la explotación haciendo uso de una fuerza de trabajo mayoritariamente familiar. Estas explotaciones constituyen, en sí mismas, un sector productivo de enorme importancia para la economía española. Además ocupan un papel fundamental en el mantenimiento de la vida en las zonas rurales y en la conservación del medio ambiente.

Desde UPA reconocen sentirse “decepcionados” por el poco interés que está demostrando el Gobierno en arrancar con la tramitación de esta Ley, a pesar de que fue uno de los compromisos de investidura del presidente Pedro Sánchez, y de que el Ministerio de Agricultura se comprometió hace un año a tener un primer texto listo antes de fin de 2024. “El esfuerzo que estamos viendo con la Estrategia Nacional de Alimentación no lo estamos notando con la futura Ley de Agricultura Familiar”, reconocen.

Una Ley para proteger, promover y apoyar

Según UPA, la Ley de Agricultura Familiar debe servir para promover un rendimiento económico justo para las explotaciones familiares en la cadena agroalimentaria, reforzando el peso de la Agricultura Familiar. Para ello hay que garantizar precios justos, relación contractual, etiquetado de origen obligatorio, flexibilidad en los reglamentos higiénico-sanitarios, y un mayor impulso a las producciones de calidad diferenciadas sostenibles, la venta directa y las cadenas cortas de comercialización.

“La agricultura y ganadería familiar son ‘Marca España’”, remarcan desde UPA. “Los agricultores y ganaderos somos la base de la Dieta Mediterránea, uno de nuestros principales valores culturales y turísticos. España no puede permitirse perdernos”, sentencian. Por eso, desde la organización reclaman la adaptación de las normativas de producción y distribución alimentaria a la dimensión efectiva y la realidad de las explotaciones de carácter familiar. Así como un acompañamiento técnico y presupuestario a la Agricultura Familiar, incluyendo el desarrollo de normativa adaptada a la industria transformadora de carácter familiar (envasado de miel, pequeñas queserías, etc.)

“La experiencia de la Ley de la Cadena Alimentaria demuestra que las normativas bien diseñadas sirven para cambiar las cosas. Hoy los productores podemos denunciar los abusos que sufrimos, y confiamos en que la Ley de Agricultura Familiar sirva para frenar el cierre de explotaciones, evitar el desembarco de fondos de inversión, fomentar el relevo generacional y frenar el despoblamiento. Puede que mañana sea tarde”, han concluido.