Unidas Podemos, como socio del Gobierno, tiene en sus manos evitar que se consume la desaparición de un modelo de justicia deportiva especializado y gratuito que rige en España desde hace 40 años

Hasta el 17 de febrero tienen de plazo los grupos parlamentarios, excepto el PSOE obviamente, para abortar la pretensión del Gobierno de cargarse el sistema de justicia que rige en España desde hace 40 años.

Los lectores de IUSPORT están perfectamente informados de este desaguisado que se avecina, que provocará el desamparo de los clubes y deportistas, los cuales ya no podrán acudir al TAD para impugnar las sanciones que cada semana acuerdan los comités de las federaciones.

Tal y como está redactado el proyecto de ley, que ya ha entrado en el Congreso de los Diputados, si el resto de grupos parlamentarios no son capaces de pararle los pies al Gobierno, los clubes y deportistas tendrán que rascarse el bolsillo para reclamar contra las sanciones ante los juzgados de lo civil y con una agravante: cuando el juez resuelva, ya será tarde.

Salvo las escasas ocasiones en que un juez concede una medida cautelar, su sentencia siempre llega cuando la competición habrá terminado; a veces, cuando el club ya ha desaparecido o el deportista se ha jubilado.

Ese es el panorama que se van a encontrar los clubes y deportistas españoles si esta lamentable ley sale adelante.

Y es que el CSD, en lugar de reforzar el TAD, como le ha reclamado varias veces PROLIGA (la organización que agrupa a la mayoría de los clubes no profesionales de España), lo que hace es mutilarlo.

No lo elimina, para evitar que se note su verdadera intención, pero sí le despoja de la competencia genuina, aquella que justificó su creación cuando se llamaba Comité Superior de Disciplina Deportiva: revisar las sanciones que cada semana ponen las federaciones derivadas de infracciones durante los partidos.

Tras las enormes críticas que está recibiendo, fuentes del CSD han manifestado a EL ESPAÑOL que "el TAD mantiene una gran batería de competencias, especialmente en el ámbito de la organización de competiciones" y que era "un hecho que había que propiciar una menor saturación del organismo".

Esto es sencillamente falso: sólo le queda revisar la sanción de privación de licencia (ni siquiera la de suspensión) y aquellos expedientes que el CSD decida remitirle cuando un presidente federativo es denunciado, además de la materia electoral. Eso es todo lo que le queda al TAD.

El TAD nunca ha sido competente en aspectos organizativos de la competición. Otro argumento falso del CSD.

Y en cuanto a la saturación, la que pueda tener ha sido propiciada precisamente por el propio CSD, que primero lo desahució de su sede de toda la vida y nunca le ha dotado de funcionarios suficientes.

Pero no se queda ahí el CSD. Añade que, pese a los cambios, los derechos de los deportistas "están garantizados" ya que podrán acudir a la justicia ordinaria y también al arbitraje.

También es falso. Ya hemos explicado que las sentencias siempre llegan tarde y en cuanto al sistema arbitral, se trata de un cauce voluntario (por tanto no es de aplicación general), será administrado por una entidad privada, con lo que ello implica de falta de garantías, y es de pago.

Lo que no dicen públicamente es que la verdadera motivación del Gobierno es justificarse ante Bruselas con una reforma más, aunque sea mala, para poder recibir los fondos europeos.

La aritmética parlamentaria

El Partido Popular no respalda este proyecto, pero sus votos no bastan ni siquiera sumados eventualmente a los de Cs y VOX.

El PSOE ya cuenta con los votos de los nacionalistas vascos y catalanes, a los cuales ya ha satisfecho "debidamente" al reformar en la reciente ley de presupuestos los avales y la no conversión en SAD.

Por eso, la aritmética parlamentarias dice que Unidas Podemos es la única fuerza política que podría detener esta intentona de cargarse un modelo de justicia deportiva especializado y gratuito que rige en España desde hace 40 años, y aceptado de forma general.

La nueva ley en pocas palabras

El texto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de diciembre para actualizar (?) la normativa vigente desde octubre de 1990, reconoce cuestiones obvias que no precisan de una nueva ley, como el derecho a la actividad física y el deporte; regula las distintas figuras de deportistas -profesionales, no profesionales, de alto nivel, alto rendimiento, pero sí introduce cambios radicales en el régimen disciplinario en perjuicio de los clubes y deportistas.

Se privatiza la disciplina deportiva, que a partir de ahora será "de pago", en contra del modelo que ha tenido España en los últimos cuarenta años. La vulneración de las reglas del juego y la competición queda en manos de las federaciones deportivas y ligas profesionales, que establecerán su propio sistema de infracciones, sanciones y forma de coerción de estas, respetando los principios esenciales del procedimiento administrativo sancionador pero sin la intervención del poder público en instancia alguna, por lo que el TAD "ya no conocerá en vía de recurso de las sanciones impuestas a miembros de estas entidades ni, lógicamente, el orden contencioso-administrativo".

En resumen, una ley que España no necesita pues su único objetivo es demoler un modelo que el deporte español ha aceptado en los últimos cuarenta años para reemplazarlo por otro que deja en total desamparo a los clubes y deportistas frente a la eventual arbitrariedad de las federaciones.