21 de los 48 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas fueron registrados en municipios de hasta 25.000 habitantes.

La Federación ve indispensable unificar criterios en las estadísticas oficiales para aplicar políticas adaptadas a la realidad del medio rural

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) alerta de la necesidad de una acción inmediata de las administraciones y una estrategia nacional contra la violencia de género en entornos rurales, tras la publicación del Informe anual sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja de 2024, por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pone de manifiesto que 21 de los 48 feminicidios registrados en ese año lo fueron en municipios de hasta 25.000 habitantes.

La incorporación de la variable del tamaño poblacional del domicilio de la víctima era algo que FADEMUR venía reclamando desde 2021, año en el que la organización, a través del Observatorio de Violencia de Género en el Medio Rural, empezó a hacer públicos sus datos, incorporando esta variable, que, hasta la fecha, nunca había sido tenida en cuenta en las estadísticas oficiales.

Sin embargo, para su presidenta, Teresa López, no es suficiente: “Constatamos la necesidad de armonizar todas las estadísticas existentes con un único criterio que nos permita analizar con rigor los datos de las diferentes fuentes. Desde FADEMUR, contabilizamos como feminicidios rurales todos aquellos que se producen en municipios de hasta 20.000 habitantes, siguiendo los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) frente a los 25.000 habitantes que utiliza como referencia el CGPJ, dificultando el cruce de cifras”. Según datos del CGPJ, en el último año, 21 mujeres han sido asesinadas en municipios de menos de 25.000 habitantes, lo que representa el 43,75% de las mujeres víctimas asesinadas, frente a las 19 registradas por el Observatorio de FADEMUR, lo que representa un 39,58%.

La disparidad de cifras también es un problema en sí mismo, por lo que según FADEMUR es indispensable unificar criterios en las estadísticas oficiales para diseñar políticas adaptadas a la verdadera realidad del medio rural, y garantizar una mayor seguridad y protección de las víctimas.

Respecto a los y las menores asesinados por violencia machista, desde el Observatorio de FADEMUR señalan que, en el año 2024, el más dramático junto con el año 2015 desde que hay registros, fueron asesinados 9 menores a manos de sus padres, parejas o exparejas de sus madres. De ellos, 6 se cometieron en el entorno rural, en municipios de hasta 20.000 habitantes, constituyendo el 66,6% de ellos.

López afirma que “se trata de datos realmente alarmantes. La violencia vicaria se presenta como un problema gravísimo en el entorno rural del que apenas se habla, al que no solo hay que proporcionar visibilidad y denuncia, sino también recursos especializados y medidas efectivas de atención y protección mucho más accesibles y generalizadas”.

Del 39,58% de las mujeres asesinadas en municipios de hasta 20.000 habitantes, el 52,63% tuvo lugar en municipios de menos de 10.000 habitantes (10 mujeres) y el 47,36% (9 mujeres) en municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes. Datos que infieren que, a mayor grado de ruralidad, mayor grado de vulnerabilidad.

Urge aplicar las medidas del Pacto de Estado

Así, desde FADEMUR se hace un llamamiento urgente también a la puesta en marcha de las medidas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Como indica su presidenta, “es urgente proporcionar una mejor atención y acompañamiento de las víctimas, efectivas y de calidad, adaptadas a las condiciones y especificidades del medio rural, movilizar un mayor número de recursos especializados, también para los y las menores, incluyendo equipos itinerantes de actuación, e incrementar la coordinación interinstitucional. La colaboración con las asociaciones de mujeres del rural también es otro pilar fundamental, como lo reconoce el Pacto de Estado, ya que son ellas las que trabajan sobre el terreno y quienes conocen de primera mano la realidad de las víctimas y las necesidades de los territorios”.

Cabe recordar que el Pacto de Estado también establece el compromiso de incluir en todas las estadísticas oficiales la variable del tamaño poblacional de los lugares de residencia de las víctimas o del lugar donde se haya producido el hecho delictivo. Esta medida ha sido una de las principales reivindicaciones de FADEMUR en los últimos diez años. Sin embargo, es fundamental que esta variable no solo sea tenida en cuenta en las estadísticas de asesinatos, sino también en las relativas a denuncias, medidas de protección, atención a víctimas y procedimientos judiciales, y en todas las formas de violencia contra las mujeres, no solo las que se producen en el seno de la pareja o ex pareja.