Candelaria Delgado ha enviado una carta al ministro Pablo Bustinduy en la que solicita la modificación de la ley para que las personas más vulnerables no sufran recortes en sus prestaciones cuando reciben otros apoyos

El Gobierno de Canarias ha solicitado formalmente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 una modificación clave en la Ley de Dependencia. A través de una carta oficial enviada al ministro Pablo Bustinduy, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha reclamado la eliminación definitiva de las deducciones automáticas que sufren los beneficiarios de las prestaciones económicas del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD).

El artículo 31 de la normativa actual establece que percibir una ayuda de dependencia obliga a restar el importe de cualquier otra prestación de similar naturaleza que el ciudadano reciba de otros regímenes públicos. Este mecanismo de absorción económica afecta a complementos esenciales como la gran incapacidad, la asignación por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad igual o superior al 75%, el complemento por necesidad de tercera persona en pensiones no contributivas y el subsidio de ayuda a tercera persona.

El impacto real en las personas

Delgado detalla en la misiva el impacto negativo que este sistema tiene en el día a día de los ciudadanos afectados. "Cuando la cuantía reconocida por el Sistema se reduce por la percepción previa de alguna de las prestaciones contempladas en el artículo 31, el reconocimiento de un nuevo derecho en el ámbito de la dependencia no se traduce íntegramente en un incremento de los recursos disponibles para atender las necesidades reales de cuidados y apoyo de la persona beneficiaria".

En la práctica, estas deducciones provocan una neutralización del derecho y cronifican la insuficiencia de recursos en los hogares, especialmente porque las familias acumulan diferentes situaciones complejas de discapacidad y dependencia.

“Las personas en situación de dependencia afrontan necesidades que exceden con frecuencia lo que cubre una sola prestación, y necesitan atención personal, supervisión, cuidados continuados, productos de apoyo, adaptación del entorno, acompañamiento, movilidad, permanencia en el domicilio y otros gastos directamente vinculados a su autonomía y calidad de vida", asegura la consejera.

Exigencia de una financiación estatal justa

El debate normativo sobre lo descrito en el escrito se encuentra actualmente en el Senado; no obstante, el texto que se tramita solo contempla eliminar estas deducciones automáticas para las situaciones de dependencia extrema (el nuevo Grado III+). “Canarias valora este paso, pero considera injusto limitar la mejora y exige extender la compatibilidad total a las personas reconocidas con los Grados I y II, quienes también soportan costes muy elevados”, explica.

Asimismo, el Ejecutivo canario advierte en la carta de que esta ampliación de derechos debe contar con el respaldo económico del Gobierno de España para no ahogar a las arcas regionales: "Consideramos igualmente necesario que su incorporación vaya acompañada de la correspondiente evaluación económica y de una previsión suficiente de financiación, de forma que la ampliación de derechos pueda hacerse efectiva sin trasladar de manera exclusiva a las comunidades autónomas el coste derivado de la modificación".

Con esta propuesta, Canarias busca liderar un avance hacia un modelo basado en los derechos humanos y la dignidad, simplificando la gestión administrativa y garantizando que las ayudas cumplan su verdadera función de apoyo real a las familias.

Modificación de la Ley de Servicios Sociales de Canarias

Por otra parte, el BOC publica hoy el decreto de modificación de la Ley canaria de Servicios Sociales, para adaptar su regulación al que pretende ser el nuevo modelo de funcionamiento, acreditación y calidad de los centros y servicios de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

La reforma permitirá iniciar el cambio para simplificar los procedimientos administrativos y facilitar la puesta en funcionamiento de centros y servicios, mediante la presentación de una declaración responsable.

De esta manera, se conseguirá reforzar la capacidad del sistema para disponer de los recursos necesarios para atender las prestaciones reconocidas, de manera que la Administración autonómica pueda actuar cuando existan insuficiencias de plazas o servicios, demoras en el acceso efectivo a las prestaciones, situaciones de urgencia social, necesidades de continuidad asistencial, cohesión social o desequilibrios territoriales.