El catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Cristóbal Molina Navarrete, participa en las Jornadas del Derecho del Trabajo que lleva a cabo el Colegio de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife el jueves, 13 de octubre, en la sede de Cajasiete de la capital tinerfeña, y hablará sobre la nueva reforma concursal

“Las empresas viables deben salvarse lo antes posible, y las inviables hay que liquidarlas también lo antes posible, para bien de la economía y del empleo”, asegura Cristóbal Molina Navarrete, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Jaén, quien participará el jueves, 13 de octubre, en las XXVI Jornadas del Derecho del Trabajo que lleva a cabo el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife en la sede de Cajasiete en la capital tinerfeña.

Este catedrático hablará en su intervención sobre la nueva reforma concursal, que entró en vigor el pasado 26 de septiembre, reforma que viene marcada por una directiva de la Unión Europea y que exige que se utilicen los instrumentos de reestructuración de la deuda de las empresas “antes de que sea tarde”, es decir, actuar “para prevenir la insolvencia”.

Sin embargo, según apunta Molina, no todas las asociaciones de pymes y autónomos están de acuerdo con la reforma, pues la gestión de la insolvencia se llevará a cabo a través de plataformas digitales, guías públicas y asesoramiento institucional, entre otros instrumentos que, en cualquier caso, se aplicarán a partir de 2023, por lo que para las pymes y autónomos “estas herramientas pueden llegar tarde o no ser suficientemente eficaces”.

Molina explica que en la actual reforma concursal los créditos laborales mejoran su protección, es decir, “las indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como por ejemplo las causadas por amianto, tendrán prioridad para evitar que estos créditos no se puedan pagar por insolvencia de la empresa”.

Por otra parte, si un autónomo o emprendedor se acoge a la segunda oportunidad, ahora podrá exonerar créditos de la Seguridad Social y de Hacienda, hasta un límite de 10.000 euros. Aunque “los autónomos piden que se pueda exonerar toda la deuda, sin excepción, porque esta suele ser la mayor deuda que tienen pequeñas empresas y autónomos”, asegura Molina.

La reforma concursal promoverá que las empresas se vendan lo antes posible, para que no pierdan valor, lo que “supondrá más trabajo para el colectivo de Graduados Sociales, toda vez que estas actuaciones deben hacerse a través del Juzgado de lo Mercantil”, agrega el experto.

XXVI Jornadas del Derecho de Trabajo

Las XXVI Jornadas del Derecho de Trabajo que organiza el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife, que tendrá lugar el 13 de octubre de las 09.00 a las 19.30 horas en el salón de actos de la sede de Cajasiete en Santa Cruz de Tenerife, cuentan con grandes ponentes y relevantes temas relacionados con el sector laboral.

Entre ellos, Eduardo Jesús Ramos Real, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias; Guillermo Barrios Baudor, catedrático de Derecho Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos y magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra; y Rosa María Virolés Piñol, magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, además del catedrático Cristóbal Molina.

También tendrán lugar dos mesas redondas sobre riesgos laborales y responsabilidad civil a cargo de expertos del Gobierno de Canarias, la Universidad de La Laguna, la CEOE Tenerife y responsables sindicales, entre otros invitados.