El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, anuncia un plan intensivo de inspecciones de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural para apoyar el trabajo de los municipios

Preocupación en las administraciones autonómica, insular y local por el impacto ambiental que estas instalaciones ilegales tienen en el territorio

El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y los seis municipios majoreros han acordado la puesta en marcha de una campaña extraordinaria para erradicar los contenedores y casetas ilegales que proliferan en la Isla, y cuyo impacto medioambiental y paisajístico es motivo de “seria preocupación”. Así lo anunció el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del ejecutivo autonómico, Manuel Miranda, quien mantuvo hoy en Puerto del Rosario una primera reunión de coordinación con las administraciones implicadas.

“Los ayuntamientos y el Cabildo nos han trasladado su preocupación por la proliferación del uso de contenedores e instalaciones ilegales, como viviendas de ocio o almacenes en suelo no autorizado, un fenómeno muy preocupante no solo por el riesgo que conllevan en materia de habitabilidad y salubridad, sino porque representan un grave impacto medioambiental y paisajístico que no podemos permitirnos en una tierra como la nuestra”, afirmó Manuel Miranda.

La solución a este “creciente problema” pasa por una actuación “conjunta y coordinada” entre los ayuntamientos afectados, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, que a través de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural dirigirá una campaña extraordinaria de inspección para localizar este tipo de instalaciones. Además, prestará apoyo jurídico y administrativo a los municipios para la tramitación de las correspondientes órdenes de ejecución.

El consejero de Política Territorial recordó que son los ayuntamientos los responsables de tramitar en primera instancia las órdenes de ejecución para acabar con esta práctica irregular, e hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana, pues con esta fórmula administrativa la retirada y reciclaje de las instalaciones ilegales no representa un costo añadido para el afectado.

Por el contrario, el incumplimiento de una orden de ejecución puede llevar aparejadas cuantiosas sanciones económicas “que en ningún caso deseamos, pero que las administraciones tienen que aplicar en defensa de nuestro patrimonio medioambiental”, aseguró Miranda.

Por su parte, la presidenta del Cabildo majorero, Lola García, aseguró que «resulta clave que todas las administraciones implicadas estén coordinadas para que cada una en su ámbito ejerza la acción necesaria para detener de inmediato lo que entendemos como una verdadera agresión a nuestro paisaje y modo de vida, y esperamos que la acción coordinada con policía local, agentes de Medio Ambiente, Seprona y otras instituciones ayuden a detener la situación”.

Lola García apuntó que “todas estas instalaciones están siendo denunciadas y es importante que las sanciones se ejecuten de manera rápida y que el suelo se revierta su estado natural”, apuntó Lola García.

El Gobierno de Canarias ha tramitado en los últimos tres años en la isla de Fuerteventura unos 280 expedientes por contenedores, casetas e instalaciones en suelo no autorizado, actuaciones que ahora se pretenden dotar de mayor eficacia con la actuación conjunta de las tres administraciones: autonómica, insular y local.

En la reunión de coordinación de esta mañana, celebrada en el Cabildo Insular de Fuerteventura, estuvieron presentes también la presidenta de la Corporación majorera, Lola García; la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega; así como representantes de los ayuntamientos de Antigua, Betancuria, Pájara, Puerto del Rosario, La Oliva y Tuineje.