Recientemente hemos visto cómo se siguen aprobando, con el beneplácito de las instituciones públicas canarias, macroproyectos que perpetúan un modelo turístico y territorial completamente insostenible en el ámbito social y medioambiental de las islas

Es el caso, por ejemplo, del Dichosa Wellness Clinic, un hotel y balneario de lujo con más de 80 piscinas y 564 plazas alojativas en La Palma declarado, además, de interés insular por parte del Cabildo palmero. Declarar el interés general de una iniciativa privada puede parecer incongruente, pero no es nuevo en la isla. En 2023 también se usó esta figura para un hotel y un campo de golf en La Pavona, con nada menos que 1400 plazas alojativas. En ambas sesiones plenarias desde Ben Magec - Ecologistas en Acción intervinimos para argumentar, entre otras, la problemática de instaurar el modelo turístico de masas en La Palma, una oposición también reflejada por la población palmera en manifestaciones, protestas y recogidas de firmas. Sin embargo, las dos declaraciones fueron aprobadas por unanimidad de los partidos políticos presentes.

En Tenerife las noticias no son mejores. El macroproyecto turístico Cuna del Alma pretende urbanizar una de las pocas zonas sin masificación turística de la isla, el Puertito de Adeje, con más de 400.000 m2 que se reparten entre 420 villas de lujo, hoteles y demás infraestructuras. En 2014 y 2017 se emitieron informes negativos para este proyecto y la promotora inició las obras sin una evaluación de impacto ambiental. Además, se paralizaron de forma cautelar en 2022 por la amenaza inminente de daño ambiental al hábitat y las especies protegidas, así como la destrucción de un yacimiento arqueológico, iniciándose también el consiguiente expediente sancionador. La lucha contra la destrucción de este espacio natural movilizó a la población tinerfeña, llegando incluso a paralizar las máquinas encadenándose a ellas y levantando un campamento dentro de las obras durante meses. Pese a todo, el Gobierno canario, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, archivó recientemente la sanción que se le impuso a la promotora por haber iniciado las obras sin evaluación de impacto ambiental y, además, dejó caducar otra sanción por el destrozo de un yacimiento arqueológico en la zona.

También la construcción de un hotel dentro del dominio público marítimo terrestre en La Tejita (Granadilla de Abona) fue el inicio de una lucha sin precedentes en la que dos activistas permanecieron durante 11 días en lo alto de las grúas que destrozaban este espacio natural. Bajo ellas, se concentraron a diario cientos de personas que apoyaban a las compañeras en las alturas, haciéndoles llegar todo lo necesario con ayuda de los bomberos. La protesta dio lugar a una paralización cautelar de las obras por las numerosas irregularidades en el proyecto denunciadas por el colectivo Salvar La Tejita. Pese a todo, las obras se reanudaron en febrero de este mismo año, desobedeciendo todas las órdenes de paralización y tras el informe de la Dirección General de Costas en el que se concluye que la promotora carece de título habilitante para la ejecución de las obras.

Otros macroproyectos de dudosa necesidad y completamente contrarios a la conservación y la sostenibilidad de la isla son, por ejemplo, el Circuito del Motor impulsado por el Cabildo de Tenerife, con un coste de más de 50 millones de euros de las arcas públicas y cuyas obras afectarían al menos a cuatro ejemplares dentro del Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, numerosas aves sensibles al proyecto y 41 elementos de interés patrimonial (tanto etnográficos como arqueológicos). Junto a él, el polémico puerto de Fonsalía vuelve a la actualidad 25 años después de que se iniciara su tramitación y después, también, de que la movilización ciudadana consiguiera paralizarlo en 2021 tras numerosas protestas y más de 400.000 firmas recogidas.

A la lista de problemas medioambientales y territoriales se suman, además, las problemáticas sociales derivadas de un modelo turístico ilimitado e incontrolado que dificulta el acceso a la vivienda a los canarios y canarias, con un auge del alquiler vacacional y de compra de propiedades por parte de población europea, encareciendo el precio de la vivienda hasta cifras inasumibles con nuestros salarios. Una crisis que, lejos de solucionarse, se agrava en todas las islas y provoca que personas con empleo e ingresos sean incapaces de acceder a una vivienda mientras las casas vacías, segundas residencias de europeos y edificios enteros destinados al alquiler vacacional siguen incrementándose. Esta problemática se traduce, además, en una masificación de las islas sin precedentes, llegando hasta los 2,2 millones de habitantes en 2023, con un aumento del 7,5% de nuevos residentes de origen extranjero, un total de más de 300.000 personas que suponen un 14,5% de la población de las islas, en su mayoría de origen europeo. Un aumento incontrolado que está generando a su vez el colapso de los servicios públicos canarios, principalmente sanitarios, pero que también afecta a otros sectores como la educación o la justicia. Solo en Tenerife se tramitan al día hasta 1200 nuevas tarjetas sanitarias en una isla que recibe cuatro de cada cinco nuevos empadronamientos en Canarias.

Pese a los récords turísticos que se superan año tras año y los millones de euros que genera la industria turística en las islas, casi el 34% de la población canaria, cerca de 800.000 personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, unas cifras muy superiores a la media estatal que nos sitúan como la segunda comunidad con peores datos, solo por detrás de Andalucía.

La escasez de agua, fruto de la sobre explotación de los acuíferos, la reducción de las precipitaciones y la sequía prolongada que sufren las islas a consecuencia del cambio climático, es otro de los factores que agravan la situación actual de la población canaria, que ve como mientras se restringe el consumo de agua en sus pueblos, la industria turística sigue haciendo un uso irresponsable de este recurso llenando piscinas o regando campos de golf, consumiendo además hasta seis veces más agua que la población residente.

Toda esta problemática ha provocado en los últimos tiempos un malestar generalizado y creciente entre los canarios y canarias, que sufren a diario las consecuencias de la inacción de las instituciones públicas en el freno y control de una situación que ha sobrepasado todos los límites y que tensiona cada vez más la vida de nuestra gente. Durante años hemos reclamado medidas para conservar nuestros espacios naturales y acotar el turismo masivo que nos consume y nos desplaza, como una ecotasa, una moratoria turística y vacacional y la urgente regulación de la compra de viviendas por parte de personas no residentes.

El próximo sábado 20 de abril saldremos a la calle para volver a reclamar lo que es de sentido común; controlar una situación que nos ahoga y nos expulsa de nuestro propio territorio. Las dos capitales canarias ya tienen convocadas sus movilizaciones, a las que pronto se unirán el resto de islas. Es el momento de reclamar un cambio de modelo y de volver a gritar, desde todas las islas, ¡CANARIAS TIENE UN LÍMITE!