Una sentencia del Tribunal Supremo anula otra del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que estimó el recurso contra el Decreto 188/2018

Esta decisión del alto tribunal contribuye a dar aún mayor seguridad jurídica a la gestión de las OPE del ámbito sanitario en Canarias

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha recibido la sentencia del Tribunal Supremo (TS) del 26 de octubre por la que se anula otra sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que estimó el recurso contra el Decreto 188/2018, de 16 de diciembre, de convocatoria de la Oferta Pública de Empleo (OPE) adicional para la estabilización del empleo correspondiente a 2018.

Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS estima los recursos de casación interpuestos por la Comunidad Autónoma de Canarias y por la organización sindical Satse contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, de 4 de febrero de 2021, que estimó el recurso interpuesto por varios interesados contra el mencionado Decreto 188/2018.

La sentencia señala que la legislación básica del Estado «no exige que las plazas contempladas en una determinada oferta de empleo público hayan de ser ineludiblemente convocadas y adjudicadas dentro de ese año».

La sentencia del TS resulta de gran utilidad, no solo para las OPE del SCS sino en general para las de todas las administraciones públicas, pues aclara que no hay un criterio jurisprudencial inequivocamente establecido respecto a la naturaleza jurídica de las ofertas de empleo público, y confirma la validez de la práctica habitual respecto a que las plazas contenidas en las OPE sean adjudicadas en ejercicios posteriores, si bien deben ser convocadas antes del transcurso del plazo de tres años de su aprobación, como exige el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Seguridad jurídica garantizada

La ratificación por el TS de la actuación del SCS en materia de ofertas de empleo público contribuye a dar aún mayor seguridad jurídica en dicha gestión, que si bien siempre es de suma importancia, actualmente adquiere mayor relevancia dada la vigencia de ofertas de empleo público de estabilización derivadas de la aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.