La tarde del pasado viernes 18 de marzo nos enterábamos, a través de un comunicado del gabinete de la Casa Real marroquí, de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, había enviado una carta al Rey Mohamed VI en la que le aseguraba que “España considera la iniciativa marroquí de autonomía para el Sáhara como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”. Es decir, que de facto el Gobierno de España reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara, algo que no hace ni la ONU, ni la Unión Europea, ni la Unión Africana ni ninguna otra organización internacional ya que, según Naciones Unidas, el Sáhara es un territorio pendiente de descolonización.

Además, nos enteramos de este cambio histórico en la postura de España, que sigue siendo “de iure” la potencia administradora del Sáhara Occidental, a través de una filtración parcial, interesada y humillante del Rey de Marruecos, sin que haya habido debate en el Congreso, sin que el PSOE se lo hubiese comunicado a sus socios de gobierno o a sus socios parlamentarios. Sin ni tan siquiera una comunicación o comparecencia oficial por parte del presidente del Gobierno o de su ministro de Exteriores. Es algo completamente inaceptable el que nos enteremos por una filtración de un acuerdo clandestino y opaco que no plantea de manera diáfana cuáles son las contrapartidas.

La decisión del Gobierno de España de aceptar el plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, frente a la determinación de la ONU y el Tribunal Internacional de La Haya de que se ejerciera el derecho a la autodeterminación en el territorio invadido y anexionado por Marruecos, ha supuesto la segunda gran traición de un Gobierno español al pueblo saharaui. La primera realizada por una dictadura y la segunda por un gobierno democrático, pero en los dos casos con las mismas formas y el mismo fondo. La coincidencia en la denuncia de esta felonía es prácticamente unánime en el conjunto de las fuerzas políticas del arco parlamentario español y de organizaciones sindicales, sociales, etc.

En medio de una crisis bélica y energética que pone en riesgo nuestra economía y nuestra convivencia, el Gobierno español da un giro a sus políticas de respeto al Derecho Internacional y a su papel de potencia administradora, cede al chantaje y se entrega a Marruecos poniendo en riesgo sus relaciones con Argelia, de la que depende el 34% del gas que consume España. Es curioso que España se esté volcando en estos momentos en denunciar y combatir la invasión de Rusia a Ucrania y, al tiempo, justifique la invasión del Sáhara por parte de Marruecos.

A la par, siembran una duda enorme sobre Canarias y sobre la posibilidad de que nuestro archipiélago estuviese en la agenda de la demanda del país alauita sobre la soberanía de nuestra tierra, al mismo nivel que Ceuta y Melilla. Nos tendrán que aclarar si se trata de una burda maniobra política para utilizarnos políticamente y así justificar una actuación aviesa o si realmente estaba en discusión por parte de Marruecos su soberanía sobre este archipiélago. Resulta vergonzoso que la UE y España tengan que ponerse de rodillas ante un país claramente autoritario como Marruecos. Que la Unión Europea y España acepten de manera expresa el cuestionamiento por un sátrapa de la integridad territorial de España. Es una muestra de debilidad, una claudicación vergonzosa de España ante este país autocrático.

En cualquier caso estaríamos ante burdas maniobras coloniales. La realidad es que la Unión Europea, Marruecos y España nos la han jugado siempre en esta partida de intereses. Nos la han jugado y nos la están jugando. Y nos la pueden jugar gravemente en el futuro.

Nos la jugaron primero con la pesca. El primer convenio pesquero entre España y Marruecos a principios de los años ochenta y luego entre la UE y Marruecos, ratificado por el Parlamento Europeo el 12 de febrero de 2019, en el que se incluyen las aguas del Sáhara Occidental, en contra de las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU, supuso un mazazo para nuestros puertos y para nuestros pescadores. La entrega del Banco Canario-Sahariano a Marruecos por parte de España y la UE supuso la caída en picado de nuestra flota artesanal, de la flota pesquera con base en Canarias y el declive del negocio portuario derivado de las pesquerías. No estuvimos nunca presente en las negociaciones ni se tuvo en cuenta nuestra realidad social y económica.

Nos la jugaron igualmente con el Puerto de Agadir, que se ha convertido en una competencia seria para el Puerto de La Luz y de Las Palmas. Este puerto, que hoy rivaliza directamente con el nuestro y que, al obligarlo así Europa, ha asumido la mayor parte de las descargas de la pesca del Banco Canario-Sahariano, fue financiado por España a través de un crédito de Gobierno a Gobierno suscrito junto a la firma del acuerdo de pesca de 1 de agosto de 1983. Y por supuesto que para hacerlo jamás pensaron en Canarias.

Nos la jugaron también con el tomate. Desde el año 2000 Marruecos y la Unión Europea ponen en marcha un acuerdo de asociación que incluye la pesca como elemento fundamental y que se amplía a la agricultura, libre de aranceles, en el 2012. Y aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligó a excluir al Sáhara de los acuerdos, la realidad es que, con distintos subterfugios, el convenio y los cultivos en el Sáhara Occidental se mantienen en detrimento de los derechos de los saharauis y de la agricultura canaria. El precio por kilo pactado por Europa con Marruecos supuso un atentado brutal contra la agricultura del sur de España y de Canarias. Una competencia desleal –que incumple las normativas europeas en materia laboral y medioambiental- que ha provocado la casi desaparición del cultivo del tomate en nuestra isla y la destrucción de miles de empleos.

Y nos la siguen jugando con la migración. El incremento de la inmigración desde las costas africanas hacia el Archipiélago canario no es ajeno a la ausencia de controles de las fuerzas que Marruecos tiene desplegadas en los territorios de origen de las pateras. Una buena parte de las personas que se juegan la vida cruzando el mar sin garantías de supervivencia son de procedencia marroquí, a pesar de las enormes ayudas que desde la Unión Europea se aportan cada año al Gobierno de Marruecos para mitigar este fenómeno. Las vidas de muchos migrantes se han convertido en moneda de cambio de esta dinámica de tensiones, como ha quedado en evidencia en los acontecimientos sufridos en Ceuta y como, desde mucho antes, viene sucediendo en las costas de Canarias cada vez que surge alguna dificultad en otros escenarios. Ni Europa ni España han obligado al cumplimiento de los objetivos de la cooperación entre Europa y Marruecos no sólo en la aplicación de medidas de seguridad fronteriza sino en el desarrollo de políticas activas de protección de los migrantes, que acaben con la aportación de recursos a fondo perdido.

No hay que olvidar tampoco que hace unos meses Marruecos concedió una licencia exclusiva a una empresa israelí para explorar yacimientos de gas y petróleo al sureste de Canarias, en las costas del Sáhara Occidental, con el silencio de España y la UE. Ese contrato prevé prospecciones petrolíferas y de gas en las aguas del Sáhara Occidental que lindan o invaden las aguas canarias. Pese a ello, la postura del Gobierno de España fue extraordinariamente tímida. La inmensa mayoría del pueblo canario ya mostró con contundencia su rechazo a la pretensión de la industria petrolera de explorar los yacimientos marinos en las aguas canarias cuando el gobierno del Partido Popular, animado por el ministro José Manuel Soria, consintió las perforaciones al noreste del Archipiélago. El nuevo planteamiento no es distinto: la misma industria, con actores diferentes, tratando de forzar la voluntad de los hombres y mujeres de Canarias en un escenario internacional de agotamiento de los combustibles fósiles. Y el Gobierno de España ha tragado y jamás ha definido una estrategia contundente ante las actuaciones que violentan la voluntad de los canarios, que debe incluir el tratamiento sobre las tierras raras situadas en aguas de jurisdicción española.

Esto ocurrió poco después de otra decisión marroquí que no ha sido contestada por parte del Gobierno de España: la aprobación por su Cámara Alta de la ampliación a 200 millas de su zona económica exclusiva y la extensión de la plataforma continental a 350 millas, lo que supone asignarse, además, las aguas del Sáhara Occidental. Esta ampliación afecta directamente a aguas canarias y se hace para la explotación del subsuelo rico en telurio, cobalto y tierras raras y como medio de presión, de nuevo, al gobierno español y canario.

En definitiva, vemos como Canarias es utilizada por parte del Gobierno de Marruecos como elemento de presión y chantaje sobre el Gobierno de España lo que ha llevado a la aceptación por parte de Pedro Sánchez de la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Canarias debe ser contundente en el rechazo a las continuas cesiones por parte de España a un gobierno dictatorial y exigir la defensa de la legalidad internacional y que España haga valer su postura frente a las pretensiones imperialistas del reino alauí. Además ¿quién nos asegura que el monarca absolutista se conformará con lo ya conseguido?

El conflicto sobre la soberanía del Sáhara Occidental y la construcción del Gran Marruecos está en la raíz de esta dinámica de pulsos que el régimen político de Marruecos aplica a sus vecinos. Canarias no sólo es testigo directo de la tensión acumulada en la región desde que España abandonó el Sáhara en 1975, es también víctima directa de los distintos fracasos de la comunidad internacional en la búsqueda de una solución pacífica y duradera para este conflicto.

Por supuesto, no nos olvidamos de la legítima lucha del pueblo saharaui por su libertad y autodeterminación. Marruecos debe poner fin a la ocupación ilegal del Sáhara Occidental y se debe avanzar en la resolución pacífica, y con respeto a la legalidad internacional, en la descolonización y la celebración de un referéndum que permita la instauración de la República Árabe-Saharaui Democrática con plena soberanía sobre su territorio.