El Grupo Popular manifiesta su “rotundo rechazo” a la decisión del Ministerio de Justicia del Gobierno de España de suprimir estas unidades judiciales pues “merma los derechos de las mujeres” y supone “un retroceso” en la protección de las víctimas

El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha anunciado hoy que llevará al próximo Pleno de la Corporación insular una moción para exigir al Gobierno de España el mantenimiento de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Telde, Arucas y Santa María de Guía.

El PP responde así a la decisión del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, efectiva desde el pasado 1 de julio, de trasladar al nuevo Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Las Palmas de Gran Canaria las competencias sobre los asuntos de esta materia que hasta ahora recaían en estos tres partidos judiciales.

“Manifestamos nuestro más rotundo rechazo a la centralización de la planta judicial ordenada por el Gobierno de España, que supone de facto la desaparición de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Telde, Arucas y Santa María de Guía, ya que merma los derechos de las mujeres y supone un retroceso en la protección de las víctimas”, denuncia Miguel Jorge, portavoz del PP y líder de la oposición en el Cabildo de Gran Canaria.

El PP señala en su moción que, al igual que sostienen los operadores judiciales del Norte de Gran Canaria, la desaparición de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Telde, Arucas y Santa María de Guía aleja de la justicia a las víctimas, que a partir de ahora deberán desplazarse hasta el Palacio de Justicia de la capital grancanaria para recibir atención de profesionales especializados.

Hay que recordar que los juzgados de Violencia sobre la Mujer de los partidos judiciales de Telde, Arucas y Santa María de Guía daban cobertura hasta ahora a más de 300.000 habitantes de 15 municipios, los tres citados más Agaete, Gáldar, Moya, La Aldea de San Nicolás, Agüimes, Ingenio, Valsequillo, Artenara, Firgas, Tejeda, Teor y Valleseco.

Así, una mujer víctima de violencia de género que resida en alguno de los municipios más alejados de la capital, como La Aldea de San Nicolás o Artenara, y que no disponga de vehículo propio deberá tomar varias guaguas y perder prácticamente un día para llegar hasta los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. Y todo ello encontrándose en una situación personal muy dura y complicada.

El PP considera que la supresión de estos tres juzgados, además de incumplir el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aumentará la carga de trabajo en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria –que ya se encuentran desbordados en la actualidad- al tener que conocer un solo partido judicial los asuntos de Violencia sobre la Mujer en una población superior a los 700.000 habitantes.

Miguel Jorge confía en que la moción sea aprobada por unanimidad en el próximo Pleno y que el Ministerio de Justicia dé marcha atrás y revoque su decisión. “La lucha contra la lacra de la violencia sobre la mujer nos concierne a todos y debe quedar al margen de la disputa partidista, por lo que espero que todos los grupos políticos apoyen nuestra iniciativa para que el Gobierno de España rectifique este disparate”.

Por último, la moción del Grupo Popular recalca que la supresión de estos tres juzgados se produce además en un momento en el que está aumentando el número de denuncias por violencia sobre la mujer en Canarias. En concreto, un 2,4% en el primer trimestre de este año, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.