El Colectivo Turcón – Ecologistas en Acción se congratula por la decisión del Defensor del Pueblo que confirma la caducidad del expediente de concesión del complejo hotelero de Riu en las Dunas de Corralejo ocupando dominio público marítimo terrestre

El Colectivo Turcón – Ecologistas en Acción manifiesta su apoyo al Defensor del Pueblo que ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de La Oliva y que confirma que el expediente de caducidad de la concesión para ocupar el dominio público marítimo terrestre otorgada a Riu Hoteles SA en las Dunas de Corralejo, se ajusta a derecho y debe continuar hasta sus últimas consecuencias con el derribo de los hoteles y la restauración ambiental de la zona.

Recordamos que este Colectivo está personado en los dos expedientes de caducidad, tanto del Hotel 3 Islas como del Oliva Beach, que llevan ocupando décadas el dominio público de Costas y un espacio natural protegido como el Parque Natural de Corralejo.

Estos hoteles han sido un mal ejemplo de cómo llevar una política insostenible de la actividad turística, ocupando precisamente, el bien ambiental que sirve de atractivo y poniendo en riesgo el derecho que tiene toda la ciudadanía al uso del dominio público, los bienes ambientales a preservar y, con ello, al resto de la actividad turística de la Isla de Fuerteventura.

Este modus operandi de Riu no es nuevo y ya se ha visto reflejado en el Oasis de Maspalomas o con la ocupación de las playas más emblemáticas de la Isla de Boavista en Cabo Verde.

Además, desde la Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción, donde está integrado Turcón, se ha denunciado la campaña de manipulación e intoxicación que ha llevado a cabo la empresa multinacional RIU, tergiversando datos, defraudando a su plantilla exponiéndola como escudo y engañando a la ciudadanía para imponer sus intereses económicos en contra del interés general y del resto del sector turístico de la isla.

Así mismo, desde el Colectivo Turcón – Ecologistas en Acción queremos manifestar que el traspaso a la Comunidad Autónoma Canaria de las competencias de Costas y que esta no sea una nueva puerta de entrada a la concesión de licencias de obras en dominio público que vayan en contra del interés general y de la protección de la pertenencia pública de todos y todas, cuya preservación a ultranza es fundamental para el desarrollo medioambiental y social de Canarias.

Esperamos que el Gobierno de Canarias, sea menos permisivo con la ocupación de la costa de lo que han sido las administraciones anteriores. Se trata de una oportunidad para que el Gobierno de Canarias demuestre que el traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma no es sinónimo de permisividad con la ocupación de la costa y la corrupción, el deseo de la ciudadanía es percibir una administración valedora de los intereses culturales, medioambientales y patrimoniales de este territorio ultrajado por viles provechos económicos.

Finalmente queremos alertar sobre la propuesta de las patronales turísticas de Canarias que han pedido a la Consejería de Transición Ecológica del Ejecutivo regional participar en la comisión técnica que analice los expedientes abiertos en el proceso de transferencia de las competencias en materia de Costas.

No se puede permitir que el dominio público quede puesto en riesgo por intereses económicos particulares. En ese sentido debería ser más lógico que se primara que existieran representantes de los colectivos de defensa del medio ambiente y otras organizaciones profesionales en dicha Comisión con el objetivo de garantizar la defensa del interés general y del dominio público de las presiones de interés particular.