El Cabildo de Gran Canaria, a través de su Consejería de Igualdad, Diversidad y Transparencia, coordinada por Sara Ramírez, ha impulsado la elaboración del 'Diagnóstico participativo de mujeres migrantes en la isla de Gran Canaria', realizado con la entidad social Alianza con la Solidaridad, con el objetivo de establecer los proyectos más adecuados para el fomento de la igualdad y para la lucha contra la violencia de género destinados a las mujeres migrantes que viven en el territorio insular

"Este estudio también parte de la preocupación que teníamos desde el Área de Igualdad, por el incremento del número de mujeres que llegan a la Isla por medio del movimiento migratorio", manifestó hoy Sara Ramírez, en el acto en el que se han dado a conocer los resultados de este trabajo.

La consejera, que estuvo acompañada en la presentación por Joana Suárez Almeida, técnica en el Área de Participación Ciudadana, puso de relieve que uno de los elementos esenciales para la puesta en marcha de esos proyectos era conocer las demandas planteadas por las mujeres migrantes, para mejorar el modelo de respuesta integral. "Por eso, hemos realizado este diagnóstico participativo, en el que se recogen esas demandas, que van desde las necesidades de formación, de contar con una red de apoyo y de la existencia de espacios destinados al tejido asociativo en la Isla, así como poner el punto de inflexión en la falta de canales de comunicación entre las instituciones públicas y las entidades sociales de este colectivo en Gran Canaria".

A este respecto, en este estudio, que se realizó en el segundo semestre de 2022, se da cuenta de situaciones que se han detectado en el ámbito de las administraciones públicas, las entidades sociales y los consulados, para los que es preciso implementar nuevas medidas tendentes a fortalecer la red de servicios que hoy se ofrecen a las mujeres migrantes.

En concreto, en lo que se refiere al ámbito de las administraciones públicas, se ha constatado que el 50% de los servicios no sabe si, en su gobierno local, se toman medidas específicas frente al racismo institucional. Para solucionarlo, se propone la institucionalización de la perspectiva antirracista e incidencia en materia de regularización.

Asimismo, se ha hecho patente que el 29,30% de los servicios afirma haber recibido formación sobre la realidad de las personas migrantes, ante lo que se propugna impulsar programas de formación en materia de extranjería y derechos de las personas migrantes, para esos servicios y, especialmente, para los de violencia de género.

También ha destacado en las conclusiones del diagnóstico, la constatación de que el 75% de los ayuntamientos considera que no hay redes con las mujeres migrantes o que no son muy sólidas. Un escenario para el que se aboga por generar espacios de participación vinculantes, mediante la propuesta de Consejo Local de Ciudadanía o Interculturalidad.

Iniciativas para entidades sociales y consulados

En este diagnóstico, también se han recogido distintos aspectos que se producen en las entidades sociales que trabajan con las mujeres migrantes. Así, se ha comprobado que el 38% de las instituciones y entidades indican que los derechos de formación y empleo están "más o menos garantizados o directamente no lo están". Para ello, se insta a fomentar la perspectiva integral en confrontación a la de emergencia, con énfasis en programas de formación y orientación laboral accesibles.

A su vez, se ha corroborado que las entidades y las mujeres migrantes concuerdan en que la red de servicios del sistema de acogida es inaccesible para la red externa de servicios y para la comunidad en general. Para subsanarlo, se apuesta por desarrollar una mayor trabajo en red entre los servicios del sistema de acogida, el resto de la red y el tejido asociativo y movimiento antirracista.

Por último, en el capítulo de las recomendaciones para los consulados, el estudio ha reflejado que las mujeres migrantes aluden a la inexistencia de servicios de trámite de la cédula de identidad o del pasaporte, en oficinas consulares de países extracomunitarios; a las barreras burocráticas, por la exigencia de documentación de origen inaccesible, para certificar la relación filial con menores, y a las dificultades de acceso a los derechos existentes en casos de violencias de género.

Para solventar estos obstáculos, se les plantea que impulsen programas de información a sus ciudadanas, para facilitar el proyecto migratorio desde origen y que desarrollen protocolos de actuación específicos a situaciones de violencias de género.