UPA despliega una estrategia coordinada para que la tecnología digital se convierta en una herramienta al alcance de las explotaciones agrícolas y ganaderas familiares

Hay personas e instituciones que tienen una imagen distorsionada de la agricultura familiar. Ahora que España puede contar, por primera vez en su historia, con una Ley que proteja y fomente este modelo productivo –cuya aprobación está prevista para esta legislatura– es importante romper los tópicos que arrastra y difundir la verdad de este modelo productivo.

La agricultura familiar en España, que UPA defiende y promociona a todos los niveles, es un modelo moderno, sostenible y competitivo, muy alejado de un modelo de subsistencia que puede existir en otros continentes o en décadas ya pasadas en nuestro país. La agricultura y ganadería familiar está conformada por más de 800.000 explotaciones en toda España, siendo el modelo mayoritario en todos los sectores y territorios.

Por lo tanto, el modelo familiar en España es un modelo de éxito, como lo corrobora la potencia productiva y exportadora del sector agroalimentario español. Si bien es cierto que en los últimos años nuestro sector primario no es ajeno a determinadas tendencias que afectan a la estructura de las explotaciones agrícolas y ganaderas. En la última década España ha perdido alrededor de 70.000 explotaciones, mientras que se produce un aumento del tamaño medio de explotación en un 8,92% en el conjunto nacional.

Tenemos menos explotaciones y más grandes, pero en alrededor del 80% de ellas seguimos encontrando que el titular o titulares son al mismo tiempo los gestores de las mismas. Es decir, que sigue predominando el modelo familiar, muy arraigado en la base de la agricultura y la ganadería y que, a pesar de las múltiples dificultades a las que tiene que hacer frente, sigue avanzando y evolucionando.

Los retos del campo

Los expertos coinciden en señalar que el cambio climático es el mayor reto que afronta el campo. Es un reto hoy y lo será aún más en el futuro, pues el calentamiento global seguirá agravándose año tras año. Sumado a ello, el sector vive un fuerte envejecimiento, con una media de edad de 61 años y con menos del 40% de los jefes de explotación con menos de 45 años, que convierte el relevo generacional en una tarea indispensable que España debe acometer sin demora.

La Ley de la Agricultura y la Ganadería Familiar debe tener este reto como uno de sus puntales. La incorporación de jóvenes al campo se produce de forma mucho más eficiente y lógica en forma de relevo familiar. Las dificultades de la profesión, la situación de mercado o el encarecimiento del acceso a la tierra son frenos insalvables en la mayoría de los casos para que personas ajenas al campo se incorporen a la actividad. Todas esas barreras son más fáciles de romper si se fomenta la incorporación de generaciones jóvenes de familias que ya se dedican a la producción de alimentos.

España debe sentar las bases para que los y las jóvenes vean la profesión de agricultor y ganadero como una tan digna como cualquier otra. Una profesión que les permita disfrutar de un proyecto de vida pleno, en el que puedan alcanzar los objetivos que se propongan y ser felices viviendo y trabajando en sus pueblos. Para ello es evidente que no hay recetas mágicas, sino políticas que deben ponerse en marcha de inmediato en muchos y muy diversos aspectos.

El papel de la digitalización

Hoy escuchamos numerosas opiniones de expertos de todo tipo y de representantes políticos de las instituciones europeas y nacionales que la digitalización es un proceso que debe extenderse a todos los ámbitos de la economía, y el sector primario no es una excepción. No cabe duda de que las herramientas digitales son ya cotidianas para la mayoría de sectores y trabajadores, también en el campo, y lo serán mucho más en el futuro.

Hoy cualquier agricultor y ganadero consulta la información meteorológica en las apps de su teléfono inteligente, que también utiliza para consultar la información de precios, para participar en los grupos de WhatsApp de su organización agraria, de su pueblo o de su cooperativa. El móvil se ha convertido en la oficina móvil de todos los agricultores y ganaderos españoles, con un enorme grado de penetración, mucho más del que tuvo nunca el ordenador personal, por sus propias características de movilidad.

Hoy el tractor guiado por GPS ha dejado de ser una rareza para pasar a ser un aliado habitual, sobre todo en cultivos extensivos. Cada vez más agricultores empiezan a disponer de mapas de rendimientos de sus parcelas y pueden controlar el riego de sus parcelas de forma remota. Los drones empiezan a sonar como una ayuda útil para agricultores y ganaderos, que empiezan a adquirir collares de monitorización del ganado a modo de cencerros digitales.

El catálogo de soluciones digitales aplicadas al trabajo de agricultores y ganaderos es ya amplio y lo será aún más en el futuro. Y los jóvenes que se van incorporando al campo tienen claro que las herramientas digitales serán algo habitual y necesario en la estructura de sus explotaciones.

UPA apoya la digitalización

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos trabaja desde hace varios años para que la digitalización llegue a las explotaciones familiares a las que defiende, apoya y representa. Como todo proceso de cambio y evolución, este conlleva unos esfuerzos y unos costes de transformación que pueden suponer una desventaja para los emprendimientos más pequeños. Y eso es algo que no podemos consentir.

Deben existir ayudas públicas fuertes que se repartan con un criterio de justicia social, para apoyar más a quienes más lo necesitan. UPA está trabajando para incluir estos criterios sociales en el reparto de los fondos que las Administraciones europea y central están dedicando a fomentar la transformación digital en todos los sectores de la economía, pero estos deben reforzarse aún más.

A partir de una orden conjunta, las consejerías se beneficiarán de una inversión directa que podrán destinar a diferentes proyectos, como la instalación de energías renovables o la mejora de la eficiencia energética en edificios públicos

Zapata: “Nuestra Consejería es una de las más transversales, por eso nos seguimos coordinando con el resto de áreas para que la transición hacia un modelo energético más sostenible se dé en todos los sectores”

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias destina 7´6 millones de euros de fondos Next Generation a las consejerías de Sanidad, Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, y Agricultura, Ganadería y Pesca. Una inversión que estará destinada a seguir impulsando la autosuficiencia energética de las administraciones públicas.

Mariano H. Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía, ha apuntado a que “nuestra Consejería es una de las más transversales, por eso nos seguimos coordinando con el resto de áreas para que la transición hacia un modelo energético más sostenible se dé en todos los sectores, este es solo un paso más del trabajo que hemos ido realizando a lo largo de estos meses”. Asimismo, ha calificado el reparto como “fundamental” para “avanzar en la senda de la transición energética y lograr el objetivo de descarbonizar Canarias en el año 2040”.

“La instalación de renovables, la mejora de la eficiencia energética y el autoconsumo en las administraciones públicas son clave para la sostenibilidad de nuestras islas”, apuntó el consejero, añadiendo que “los servicios públicos tienen que dar ejemplo y fomentar e impulsar este tipo de medidas para que la ciudadanía también dé el paso y se una a la senda de la transición hacia un modelo donde primen las energías limpias”.

Finalmente, Zapata apuntó que “desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía se colaborará con el resto de áreas para lograr que, paulatinamente, todos los sectores se unan a este modelo de futuro que buscamos para Canarias”.

Estos fondos, que forman parte de la Estrategia de Energía Sostenible en Las Islas, a cargo de fondos Next Generation, deberán formar parte de proyectos integrales que incluyan, tanto medidas de eficiencia como de instalación de energía renovable fotovoltaica integrada para autoconsumo.

Los 7´6 millones de inversión se reparten en función de las necesidades demandadas por cada una de las consejerías implicadas.

En primer lugar, la Consejería de Sanidad ha trasladado a la Dirección General de Energía la previsión de inversiones directas por un importe total de 5.270.000 euros, que tendrán como objetivo la instalación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo en los principales hospitales y centros de salud del archipiélago, así como en proyectos de eficiencia energética. Estas inversiones quedan enmarcadas en la Estrategia Salud Zer0 Emisiones Netas 2030 del SCS, una ambiciosa iniciativa que pretende lograr la descarbonización de los servicios sanitarios en una década.

Por su parte, Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, destinará 2 millones de euros, que fundamentalmente se destinarán a la instalación de energía solar fotovoltaica para el autoconsumo en 28 institutos y centros integrados de formación profesional repartidos por toda Canarias, reduciendo el consumo y, por tanto, el gasto; mejorando la sostenibilidad y evitando problemas en unas instalaciones, que, hasta ahora, adolecían de falta de inversión, una inversión que se suma a otros proyectos en esta línea.

Finalmente, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria ha solicitado 400.000 euros que serán destinados a la instalación de energía solar fotovoltaica en escuelas de capacitación agraria, cofradías de pescadores e institutos de FP Marítimo Pesquero en varias islas del archipiélago.

Esta actuación ha recibido una subvención de 523.248,13 euros con cargo a la medida 4.3 del PDR, destinada a inversiones en infraestructuras para el desarrollo, modernización o adaptación de la agricultura y la silvicultura

El director general de Agricultura, Javier Gutiérrez Taño, asistió el viernes pasado, 19 de enero, a la puesta en marcha del Pozo de Costa Las Breñas en Breña Alta (La Palma). Este proyecto, que aborda el acondicionamiento, electrificación en media y baja tensión, bombeo e instalación de conducción de aducción del pozo de captación de aguas destinadas al riego agrícola, cuenta con una inversión total de 1.162.773,64 euros.

Esta actuación ha recibido una subvención de 523.248,13 euros con cargo a la medida 4.3 del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Canarias, la cual se destina a inversiones en infraestructuras para el desarrollo, modernización o adaptación de la agricultura y la silvicultura.

Se trata de un pozo de tipo tradicional, con un diámetro de 3 metros y una profundidad aproximada de 206,52 metros desde el piso del brocal. Su activación permite aportar caudales a la futura red de San Miguel, además de aprovechar la aducción de este depósito para bombear agua hasta el Complejo Hidráulico de Aduares, desde donde puede ser elevada hasta el Valle de Aridane o ser vertida en el depósito de riego de Aduares.

Por lo tanto, estas acciones posibilitan la incorporación de nuevos caudales al sistema hidráulico de transporte insular, asegurando el suministro tanto para la vertiente este a través del Canal General La Palma I (Barlovento – Fuencaliente), como para la vertiente oeste mediante el Eje Aduares-Hermosilla.

La aportación al sistema hidráulico insular es de 67,2 m3, contribuyendo así a paliar la situación de sequía prolongada que padece la isla de La Palma.

El miembro del Ejecutivo canario destacó la colaboración y aportaciones de esta instalación entre diversas administraciones y entidades para la puesta en marcha, entre las que se encuentran el Gobierno de Canarias, el Cabildo de la Palma, la Comunidad de Riegos Comarca Santa Cruz de La Palma – Breñas – Mazo, y las distintas empresas que han intervenido en la obra.

Solo un 14% de los agricultores, según una encuesta realizada por UPA, utiliza la asociación de cereales y leguminosas como parte de su rotación habitual. El motivo: las múltiples barreras (agronómicas, de mercado o formativas) que encuentran los productores para apostar por esta práctica

España cuenta con casi 12 millones de hectáreas de cultivos extensivos, de las cuales unos 6 millones se dedican a la producción de cereales y alrededor de un millón se dedican a producir cultivos leguminosos, principalmente guisantes, veza, alfalfa, yeros, lentejas y garbanzos. Los agricultores españoles han abandonado en gran medida el cultivo de leguminosas en las últimas décadas por diversas razones, en las que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha ahondado mediante la elaboración de encuestas que arrojan luz sobre la situación de este cultivo en nuestro país.

El trabajo de investigación se ha desarrollado en los últimos meses en el marco del proyecto europeo Leguminose, en el que participan UPA y el CSIC, que trata de fomentar las posibilidades de desarrollo de la técnica conocida como intercropping, basada en mezclas de cereales y leguminosas.

Las encuestas han mostrado datos preocupantes, como que sólo el 5% de los agricultores utiliza las leguminosas para mejorar la fertilidad de sus suelos, frente al 41% que utiliza estiércoles o purines, solos o combinados con fertilizantes minerales. Sobre la asociación entre cereales y leguminosas, apenas el 14% de los agricultores encuestados asegura que la asociación de cereales y leguminosas suele formar parte de su rotación, y el 25% nunca ha oído hablar de esta posibilidad, aunque el 32% cree que hay bastantes probabilidades de que pueda realizar esta práctica.

Entre los motivos de la baja apuesta por implantar las asociaciones de cultivo cereal/leguminosas, el 32% cita la falta de maquinaria adecuada; el 39%, la falta de ayudas específicas –algo que la nueva PAC trata de cambiar– y el 34% la incertidumbre sobre los rendimientos. La falta de formación (23%), la dificultad de venta del producto obtenido (35%) y el control de las malas hierbas (24%), son los otros motivos por los que no se desarrollan más estos cultivos.

Las posibilidades de las leguminosas

El cultivo de leguminosas aporta significativos beneficios al campo, al mejorar la estructura de los suelos y su materia orgánica, algo muy importante en el contexto de crisis climática. Sobre estos aspectos también fueron consultados los agricultores, de los cuales un 78% aseguró haber sufrido episodios de sequía importantes; un 40%, fenómenos de erosión y un 50% episodios de baja fertilidad de sus suelos. Así mismo, el 22,5% aseguró haber sufrido inundaciones y un 70% infestaciones de malas hierbas.

Sobre las ventajas más destacadas que observan los encuestados ante la posibilidad de incorporar leguminosas están la reducción del uso de fertilizantes (señalado por un 47%), el aporte de nutrientes al cultivo siguiente (40%), la mejora de la estructura del suelo (39%), y la colaboración en el control de malas hierbas (35%) y plagas y enfermedades (34%). Precisamente estos dos últimos apartados son considerados como muy importantes y que exigen una monitorización continua por casi uno de cada dos agricultores.

UPA está realizando en estos momentos ensayos en campo en hasta once localizaciones en cinco regiones de España para analizar las posibilidades y los problemas del intercultivo de cereales y leguminosas, cuyos resultados se darán a conocer en los próximos meses. Esta información servirá para ayudar a los agricultores a planificar sus siembras, una tarea que cada vez requiere de un mayor asesoramiento.

Preguntados sobre la selección de variedades, el 72,5% asegura hacerlo de manera concreta por su respuesta a enfermedades o por competencia con malas hierbas o que tengan un alto rendimiento y el 77,5% hace la elección basándose en su propia experiencia de años anteriores. Además, el 60% asegura planificar qué cultivos sembrar en la mayoría de la explotación con meses de anticipación, y el 45% elige cultivos que le ayudan a mejorar el contenido de materia orgánica en el suelo. Sólo el 40% aseguró planificar las siembras en función de las señales del mercado.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales lanzan un podcast que dará cabida a voces de la agricultura, la ganadería y el medio rural

La organización agraria que representa en España a la agricultura y ganadería familiar, UPA, y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) han anunciado el lanzamiento de un nuevo soporte de comunicación en formato podcast. Bajo el título de LA TIERRA Podcast, el programa, de periodicidad mensual, recoge las demandas, propuestas e ideas de integrantes y representantes de ambas organizaciones, así como de entidades e instituciones de su ámbito de actuación.

El formato toma el nombre de la cabecera oficial de ambas organizaciones, La Tierra de la Agricultura y la Ganadería, que precisamente acaba de celebrar su 40 aniversario. El podcast tendrá un carácter monográfico, dedicando cada episodio a un tema concreto. El primer episodio, dedicado al “Cambio climático” que analiza los efectos de este fenómeno en la agricultura, la ganadería y el sistema alimentario en su conjunto, y que cuenta con la colaboración de Agroseguro, ya está online en las principales plataformas de podcast.

El podcast de LA TIERRA contará con voces expertas de afiliados y afiliadas, así como de representantes de UPA y FADEMUR. También recogerá los testimonios de personas de entidades destacadas en cada tema que se aborde. En sucesivas ediciones se abordarán cuestiones como la vivienda en el medio rural, la digitalización del campo, los avances en bienestar animal o el emprendimiento en las zonas rurales.

LA TIERRA Podcast se enmarca en el trabajo de UPA y FADEMUR, como organizaciones representativas del medio rural, para fomentar el progreso sostenible y dar solución a los problemas de los pueblos y sus habitantes mediante la difusión de los mismos. Por eso el podcast tendrá un doble público objetivo: por un lado, hacia el gran colectivo de la agricultura y la ganadería, y por otro, hacia la sociedad urbana en general, cada vez más concienciada de que lo que ocurre en los pueblos nos afecta a todos y todas.

El episodio 1 de LA TIERRA Podcast ya está disponible en las principales plataformas de emisión:

Spotify: https://open.spotify.com/show/0YTm4d0BZky3Sv9vPPJx6A?si=164cafed941e40ad
iVoox: https://go.ivoox.com/rf/122501817
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/la-tierra-podcast/id1725480488

El consejero, Narvay Quintero, ha explicado que estos fondos se dirigen a compensar los sobrecostes por el alto consumo de energía que suponen la obtención y suministro de agua desde pozos y galerías, así como de aguas desaladas o regeneradas en el Archipiélago

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha publicado la Resolución por la que se conceden subvenciones destinadas a abaratar los costes derivados de la extracción de agua de pozos y galerías, así como a la desalación y/o producción de aguas regeneradas para riego agrícola en el Archipiélago, por valor de 10.586.917,61 euros, y con cargo a la línea de actuación de «ayudas a potabilizadoras y comunidades de pozos para riegos”, correspondientes a 2023.

Un total de 76 beneficiarios, recogidos en el Anexo 1 de dicho texto, son los receptores de estos fondos, entre los que se encuentran entidades locales, corporaciones de derecho público, empresas públicas o heredamientos, comunidades de aguas canarias, así como personas físicas o jurídicas que se dediquen a la producción de agua para riego agrícola.

En Canarias, la escasez de aguas superficiales obliga a abastecer la demanda de la población y de la actividad agrícola a partir de aguas subterráneas captadas mediante galerías y pozos, y debido a la escasez de estas en las islas orientales y al incremento de la demanda por encima de las disponibilidades en las capitalinas, a la búsqueda de alternativas como la desalación o la reutilización de aguas depuradas.

El titular del Departamento, Narvay Quintero, explicó que la obtención y suministro de agua desde pozos y galerías, así como de aguas desaladas o depuradas conlleva altos costes de consumo de energía que derivan en elevados precios del agua para el regadío agrícola. “Por ello, defendimos que en la última modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) se recogiera la obligación de establecer un sistema de compensación en los Presupuestos Generales del Estado para garantizar en el Archipiélago la moderación de estos costes hasta alcanzar un nivel equivalente al de los agricultores y agricultoras de la Península”, agregó.

La Resolución recoge que las personas beneficiarias deberán repercutir, salvo que se trate de autoconsumo, la subvención recibida en el coste del agua, a las personas regantes en función del agua consumida, y deberán justificarlo en un plazo máximo de 60 días naturales contados desde el día siguiente de la publicación de la Resolución en el tablón de anuncios (el 21 de diciembre).

El texto de la Resolución puede consultarse a través del siguiente enlace:

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/2bf921d2-6b4a-47ea-b3d8-101c993cc10c

El consejero anunció este incremento presupuestario en el marco de las jornadas del ICIA para la presentación de resultados de los proyectos CAIA del presente año

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, anunció hoy jueves, 21 de diciembre, que el Ejecutivo invertirá un total de 1.293.697 euros de fondos propios para el desarrollo de 12 proyectos de investigación agraria, lo que supone un 4,6% más que en 2023. Así lo indicó el titular del Departamento en la inauguración de las jornadas celebradas en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), junto a la directora científica del centro, María Jaizme-Vega, para presentar los resultados de los proyectos CAIA (aprobados por el Consejo Asesor de Investigaciones Agrarias) de este año.

Durante el encuentro, Quintero mencionó que «estos proyectos abordan desafíos del sector primario que presentan dificultades para obtener financiación externa en el marco de otras líneas de investigación”. Estas acciones se implementaron en 2017 con un presupuesto de 150.000 euros, durante la Legislatura 2015-2019, cuando Quintero también estaba a cargo de este Departamento.

El centro prevé desarrollar una docena de iniciativas en el próximo periodo que serán propuestas al Consejo Asesor para su valoración y aprobación. Este órgano colegiado en el que están representadas las principales asociaciones profesionales agrarias, las dos universidades canarias, así como diferentes departamentos del Ejecutivo regional con competencia en materia económica y de investigación. Además, los cabildos insulares son invitados sin derecho a voto, pero desempeñan un papel decisivo en la formulación de estos proyectos.

A lo largo de la jornada se presentaron los resultados de los proyectos CAIA 2023, que abordaron el desarrollo de estrategias agroecológicas para el manejo de sistemas plataneros y para el manejo del suelo, selección y mejora de frutales tropicales; la producción sostenible de aguacate en Canarias; la gestión integrada de plagas; la mejora en gestión de las explotaciones avícolas y caprinas; la recuperación de la biodiversidad del género Vitis mediante el rescate de variedades minoritarias capaces de diferenciar los vinos canarios; la caracterización genética del arbusto Teline stenopetala con interés forrajero en las Islas, la reducción del desperdicio alimentario, y el estudio de la función de los suelos volcánicos en el ciclo del carbono en un escenario de cambio climático de dos ecosistemas característicos del Archipiélago: el pinar y la laurisilva.

Quintero destacó que «el aumento en la financiación de estos proyectos estratégicos responde al compromiso del ICIA de atender las necesidades de los productores y productoras a través de iniciativas de I+D que permiten asimismo la transferencia de conocimiento al sector primario”.

Además, el consejero se refirió a la aprobación por parte de la Dirección General de la Función Pública para la contratación laboral indefinida para el desarrollo de proyectos de investigación, así como el aumento en las partidas destinadas al desarrollo de estrategias agroecológicas (+6%) y para la transferencia y divulgación científica (+15%) que se recogen en los presupuestos para 2024 de este organismo autónomos adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria.

La Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS), en la que se integra UPA, solicita a la Comisión Europea la renovación urgente del herbicida glifosato, amparada en el criterio científico, ya que es esencial para la competitividad del sector productor agroalimentario y para cumplir los objetivos de sostenibilidad de la UE.

La Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS), integrada por las organizaciones de agricultores ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de España, la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX) y la Asociación Española Agricultura de Conservación Suelos Vivos (AEAC.SV), agrupadas para asegurar la sostenibilidad agrícola, solicita a la Comisión Europea la renovación urgente del herbicida glifosato, tras la votación en el Comité Apelación de la Unión Europea (UE).

Hoy, en dicho Comité, España ha votado a favor de la renovación de la aprobación de la sustancia activa glifosato en la UE. La ciencia ha jugado un papel central en la decisión de la Comisión Europea de presentar esta propuesta de renovación de la aprobación del glifosato.

La propuesta de la Comisión, para una renovación de la aprobación del glifosato por un periodo de 10 años, se ha basado en un riguroso proceso de evaluación que comenzó en 2019, conducida por Francia, Hungría, los Países Bajos y Suecia, como Grupo de Evaluación del Glifosato (AGG) y respaldada por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que confirmaron que el glifosato no cumple los criterios para ser clasificado como carcinógeno, mutagénico o tóxico para la reproducción y que concluyó que no existen áreas de preocupación permitiendo la renovación de la sustancia.

No obstante, pedimos a la Comisión Europea que renueve la sustancia por 15 años, tal y como marca la normativa europea.

El glifosato es una sustancia activa empleada desde hace más de 50 años en agricultura para controlar las malas hierbas y libre de cualquier patente, y que actualmente no tiene alternativa. Además, la evidencia científica revela también que el glifosato contribuye a los objetivos de sostenibilidad de la UE en términos de lucha contra el cambio climático al permitir que los agricultores adoptemos prácticas de agricultura regenerativa, como la agricultura de conservación, que captura carbono en el suelo, fomenta la preservación y mejora de la biodiversidad en los ecosistemas agrícolas y mejora la calidad del agua.

Un voto a favor de la renovación de la aprobación del glifosato no solo ha sido un voto a favor de la toma de decisiones amparada por el criterio científico, sino también un voto a favor de nuestros propios agricultores que necesitan una mayor disponibilidad de todo tipo de herramientas de lucha y control de plagas, enfermedades y malas hierbas, indispensables para la sostenibilidad de la agricultura.

Cabe recordar que los agricultores hacemos un uso responsable del herbicida glifosato, respetando las dosis establecidas en su etiquetado y reduciendo el número de aplicaciones, así como eligiendo el momento más adecuado en su aplicación para que no existan derivas ni contaminación de fincas colindantes. La actividad agraria se encuentra altamente supervisada y sus técnicas de producción perfectamente reguladas y sometidas a los más rigurosos y estrictos controles.

Los agricultores somos los mayores interesados en poder garantizar unas condiciones de producción seguras para el ser humano, respetuosas con el medio ambiente, el bienestar animal y el entorno rural con el fin de poder ofrecer a los consumidores productos de primera calidad y máximas garantías sanitarias, y contribuir a la conservación del suelo, la calidad del agua y la biodiversidad.

Sobre ALAS

Alianza para una Agricultura Sostenible (ALAS) es una agrupación de entidades del sector productor español surgida para manifestar su apoyo a todos los modelos de agricultura productiva sostenible. ALAS está integrada por las Organizaciones Profesionales Agrarias de ámbito nacional y general ASAJA, UPA y COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de España, la Federación Española de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX) y la Asociación Española de Agricultura de Conservación/Suelos Vivos (AEAC.SV).

Narvay Quintero defiende que con estas ayudas del PDR se promueve el relevo generacional en el sector primario, brindando apoyo a los emprendedores y emprendedoras para el desarrollo de sus proyectos empresariales

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha publicado la Resolución de concesión definitiva de subvenciones destinadas a apoyar la creación de empresas por jóvenes agricultores y agricultoras para la campaña de 2023, dotadas con 2.426.000 de euros distribuidos en dos anualidades (1.273.000 de euros corresponden al ejercicio 2023 y 1.153.000 de euros al de 2024). Esta cuantía ha permitido atender las peticiones de todos los solicitantes que cumplían con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Un total de 45 jóvenes, mayores de 18 años y menores de 41 años en el momento de la presentación de la solicitud que acceden por primera vez a la actividad agrícola como titulares o cotitulares de una explotación (personas físicas), se acogen a esta línea de ayuda del Programa de Desarrollo Rural (PDR).

El consejero del Área, Narvay Quintero, explicó que “con estas subvenciones se fomenta el relevo generacional en el sector primario de las Islas, brindando el apoyo necesario a los emprendedores y emprendedoras para el desarrollo de sus proyectos empresariales, la creación de empleo, y el fomento y mantenimiento de la población rural”.

Estas están financiadas en un 85% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en un 4,5% por el Ministerio de Agricultura, Pesca, y Alimentación (MAPA), y en un 10,5% por fondos propios de la Consejería.

La ayuda cubre todo el proceso de creación de una empresa y cuenta con una prima básica de 18.000 euros en la primera anualidad para gastos corrientes, que puede verse incrementada por crear una Unidad de Trabajo Agrícola (UTA) adicional en la explotación agrícola (9.000 euros), y por ser productor ecológico (20.000 euros). Mientras, la segunda anualidad consta de 25.000 euros y pueden sumarse hasta 27.000 euros más por inversiones. El monto máximo que una persona beneficiaria puede recibir en el marco de esta medida es de 70.000 euros. Con el nuevo marco de ayudas, el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC 2023-2027) esta cuantía alcanzará los 100.000 euros.

Se incrementa la puntuación de aquellas solicitudes de inversión cuyas titulares sean mujeres, así como la contratación de un seguro agrario, el uso de técnicas o prácticas que empleen energías renovables y un uso más eficiente del agua y aquellas acciones que promuevan la lucha contra el cambio climático. La ubicación de las explotaciones en áreas de la Red Natura 2000 también constituye un criterio relevante para la valoración de las solicitudes, además de otros aspectos como el asesoramiento y apoyo gratuito a través de GESPLAN en el proceso de constitución de la empresa.

El plazo para la justificación de la anualidad de 2023 queda establecido para el día 30 de noviembre de 2023. Para ello, se deberá presentar la documentación justificativa a través del requerimiento habilitado al efecto en la Sede electrónica del Gobierno de Canarias. Los beneficiarios y beneficiarias cuentan con el Servicio de Asesoramiento de GESPLAN , así como con el personal técnico del Servicio de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural, para resolver posibles dudas.

La memoria detallada con los objetivos alcanzados y las actividades realizadas en el marco del Plan empresarial deberá ejecutarse como muy tarde el 31 de octubre de 2024.

El texto completo de la Resolución puede consultarse en el siguiente enlace:

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/110b495f-f308-46a9-967e-d52e97b1adb8

Narvay Quintero explicó hoy en Comisión parlamentaria que los presupuestos del próximo ejercicio de su departamento se dirigen “a dignificar a los profesionales del sector primario de las Islas y a sentar las bases de un sector estable, moderno, profesional y, en consecuencia, competitivo”

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias gestionará un total de 486,2 millones de euros durante el ejercicio 2024, según anunció hoy el consejero del Área, Narvay Quintero, en la Comisión parlamentaria destinada a presentar las cuentas de su departamento. Durante su intervención, el titular del Área explicó que de esta cuantía, 127,4 millones de euros corresponden a fondos propios, 53,5 millones a fondos estatales, y 305,3 millones proceden de la Unión Europea.

«Estos presupuestos buscan dignificar a los profesionales del sector primario de las Islas y sentar las bases de un sector estable, moderno, profesional y, en consecuencia, competitivo; en un contexto marcado por el alto coste de los insumos previo a la pandemia del COVID y que se ha intensificado con la guerra entre Rusia y Ucrania, la escasez de agua, el abandono de tierras, la falta de relevo generacional, las dificultades de producción por nuestra condición de territorio ultraperiférico y fragmentado, y la dependencia de las importaciones”, destacó.

Por ello, según defendió Quintero, esta planificación económica está encaminada a avanzar hacia la soberanía alimentaria, aumentando la producción local, a través de la búsqueda de nuevos mercados, y promocionando y concienciando a los consumidores sobre la importancia de apostar por los productos de kilómetro cero, con lo que contribuimos a favorecer el desarrollo de las zonas rurales desde un enfoque sostenible y a la fijación de población en el medio rural. “Nuestro propósito es mejorar la situación de la pesca profesional y recreativa, impulsar el asociacionismo como medida de fortalecimiento del sector primario, y potenciar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria y pesquera como empresarios y empresarias en este sector”, agregó.

De los 305,5 millones de financiación europea, 207 millones de euros provienen del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI), 62 millones del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), 20,4 millones del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027 (PEPAC) y 15,9 millones de euros corresponden al FEMPA.

Asimismo, la financiación estatal se distribuye en 32 millones de euros del POSEI adicional; 8 millones de euros de las ayudas para la extracción de agua de pozos y galerías, desalación y producción de aguas regeneradas para riego agrícola; 3,5 millones de euros de fondos Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), y 10 millones de euros del Plan de Reconstrucción de La Palma en materia agraria.

En cuanto a los fondos de la Comunidad Autónoma, que suman 127,4 millones de euros para 2024, el consejero explicó que estos se incrementan un 1,1% respecto a 2023 si se excluye la partida del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), “financiación comunitaria pero que figura como fondos propios”. En este sentido, aclaró que la ficha financiera del FEMP (15,9 millones de euros) experimenta una merma en 25,5 millones debido al cierre del programa actual y la implementación del nuevo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), ya prevista en su programación plurianual.

“Además esta comparativa se realiza en base a 2023 cuyo presupuesto creció respecto a 2022 principalmente por los 8,5 millones de ayudas por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, de los que ya no disponemos, y por los 10 millones para la reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica, cuantía que para el próximo año está incluida en una partida presupuestaria que figura en la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas y no en la de Agricultura”, matizó.

En cuanto a los presupuestos de la Dirección General de Agricultura, Quintero destacó las partidas de 18,8 millones de euros para inversiones en regadío (de los cuales 14,4 corresponden a inversión pública, lo que se traduce en un incremento de más del 55% respecto al actual ejercicio) y la dirigida a los Cabildos insulares para la mejora de las infraestructuras agrarias (que cuenta con una dotación de 1,5 millones de euros, lo que supone un 44,3% más). En el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria (PEPAC) los presupuestos recogen 3,9 millones para ayudas agroambientales y para la conservación de recursos genéticos y 12,5 millones para líneas de actuación que promueven el desarrollo rural.

Desde la Dirección General de Ganadería se destinan 113.114 euros a la actualización y modernización de los registros ganaderos (de explotaciones ganaderas, de identificación individual de animales, de transporte de animales vivos, etc.) así como 288.747 euros para avanzar en la regularización de explotaciones ganaderas. Se consigan 642.132 euros a la conservación, fomento y mejora de las razas autóctonas canarias, y en materia de sanidad animal, 735.000 euros a subvenciones a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) y 1,2 millones de euros a la campañas de erradicación de enfermedades y saneamiento ganadero. También se subvenciona a las asociaciones apícolas con 85.000 euros.

En el marco del PEPAC destacan las líneas dirigidas a la modernización y mejora de las explotaciones agrarias, financiada con 10,1 millones de euros, a la primera instalación de jóvenes agricultores y ganaderos, dotada con 12,8 millones de euros, y la de inversiones en transformación, que suma 1,7 millones de euros. Los fondos para potenciar los seguros agrarios pasan de 3,4 a 4 millones de euros y se destinan 700.000€ a culminar la elaboración de las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSAS) y la publicación del Reglamento regulador de los usos agrarios y usos complementarios. Además se consignan 1,61 millones de euros a impulsar el asociacionismo agrario y a inversiones en las tres Escuelas de Capacitación Agraria de Canarias.

Las cuentas de la Dirección General de Pesca contemplan unos dos millones para las entidades asociativas pesqueras, de los cuales 1,69 millones de euros se dirigen a las cofradías (+200.000 euros) y el resto a sus federaciones; y 16 millones del Poseican Pesca, correspondientes a dos anualidades. Se mejoran las líneas dirigidas a la conservación y mantenimiento de infraestructuras e instalaciones pesqueras, maquinaria y suministros (473.140 euros, es decir, 150.000 euros más que en 2023), se refuerzan los medios asignados a las inspección y vigilancia pesquera (80.000 euros, lo que supone 10.000 euros de incremento), y se implementa una nueva ayuda a la renovación de la flota canaria por importe de 800.000 euros. También figuran 420.000 euros para el desarrollo de estudios científicos.

Los presupuestos de Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) recogen 763.991 euros para consolidar el Plan Escolar de Consumo de Frutas y Verduras, 706.468 euros en concepto de ayudas a los Consejos Reguladores como órganos de gestión de las diferentes DOP del Archipiélago (cuantía que crece en relación a los CCRR de las DOP de Vinos para abordar la creación de un panel de cata canario), y 925.766 euros para el fomento de la producción ecológica, su desarrollo, comercialización y consumo, con los que se financia el Programa Ecocomedores de Canarias entre otras acciones. Asimismo, se sufraga la promoción institucional de los productos canarios con 599.497 euros, y se mantienen los recursos del programa de control y certificación de las DOP e IGP y de apoyo a la creación de marcas de calidad diferenciada (230.000 euros), así como los dirigidos al fomento de la calidad agroalimentaria (70.000 euros), con los que se prevé la puesta en funcionamiento de un registro oleícola, entre otras medidas. Experimentan un aumento presupuestario las actuaciones para el control del fraude mediante el análisis y vigilancia de productos agrarios y agroalimentarios (60.000 euros, es decir, 10.000 euros más) y los fondos para el laboratorio de calidad agroalimentario (220.000 euros, 20.000 euros más).

En relación a la asignación económica del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), Quintero puso en valor el aumento en un 4,6 % de la inversión destinada a proyectos estratégicos de Investigación y Desarrollo (I+D) en el ámbito agrario (1.293.697€). Con estos fondos se mantienen diez líneas de investigación aprobadas por el Consejo Asesor de Investigaciones Agrarias (CAIAs) para el año 2023 (entre las que se encuentran los estudios para la gestión integrada de plagas, la reducción de desperdicios alimentarios, de especies de interés forrajero, y la mejora en la gestión sostenible de las explotaciones avícolas y caprinas, entre otros) y se incorporan otras nuevas cuyos fines son conservar y diversificar las alternativas de cultivo en papaya, cacao, café o tunera.

Asimismo, se incentiva el desarrollo de estrategias agroecológicas con una inversión de 150.000 (+66%), se refuerza el montante asignado a impulsar la transferencia y la divulgación científica con el objetivo de trasladar los resultados de las investigaciones agrarias al sector primario (347.508 euros, un 15% más que en el presente ejercicio) y se apuesta también por la experimentación para el desarrollo de sistemas más eficientes de riego con 43.508 euros. Se mantiene la asignación (214.000 euros) para incentivar la eficiencia energética a través de la mejora de las instalaciones (cubiertas, envolventes e impermeabilizante de los diversos edificios), infraestructuras y equipamientos del ICIA (500.000 euros).

Por último, la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR) mantiene su presupuesto, de 4.254.672 euros, respecto a 2023. Dicha cuantía se destina a reorganizar y dar estabilidad financiera y laboral a la empresa, así como a reforzarla como medio propio de la Consejería y de otras administraciones públicas, como Cabildos y Ayuntamientos, para el desarrollo de las políticas agrarias y pesqueras, la promoción de los productos de cercanía, y servir de apoyo a los pequeños productores facilitando la comercialización de sus producciones.

Con estos fondos se prevé recuperar el proyecto “Crecer Juntos” y la marca “Volcanic Xperience” para la valorización de las producciones locales a través de sinergias con otros sectores como el turístico entre otras iniciativas.

En cuanto a las inversiones destinadas a la recuperación de La Palma tras la erupción volcánica, el consejero señaló que se han asignado 165.000 euros a la realización de un mapa de calor, 300.000 euros a una asistencia técnica para “localizar suelo agrario”, 443.493 euros a ayudas al sector primario, y 50 millones al Plan de Reconstrucción de La Palma, “de los cuales, una buena parte se destinan a la recuperación agraria”.