La reciente concesión por parte de Marruecos de una licencia exclusiva a una empresa israelí para explorar yacimientos de gas y petróleo al sureste de Canarias, en las costas del Sáhara Occidental, añade una gran preocupación para los ciudadanos y las instituciones españolas, y en particular para los hombres y mujeres de Canarias, a la que no se puede dar la espalda. No es un hecho aislado; la operación se enmarca en los intensos esfuerzos del régimen de Marruecos por consolidar una posición de hegemonía en la región del Atlántico Oriental. Esa dinámica está en el origen de la cadena de conflictos que impiden el desarrollo equilibrado y sostenible de la región africana más próxima al Archipiélago y se consolida como una seria amenaza para la integridad de Canarias, en la medida en que desprecia la política de buena vecindad y hace peligrar la gestión de los recursos naturales del Archipiélago y de sus aguas. Tenemos además muy presente la experiencia de la pérdida del banco de pesca canario-sahariano.

La monarquía y el Gobierno marroquí mantienen una posición desafiante en la región que enturbia cualquier posibilidad de convivencia serena, al violentar los derechos de Canarias como pueblo y al generar una amenaza constante en muy diversos escenarios, que alteran la paz en nuestra tierra y en su entorno. Por ello, el Gobierno de España debe abandonar de forma urgente la pasividad aplicada en las últimas décadas. La extrema debilidad que sufre Canarias tiene una de sus raíces en la ausencia de alternativas estratégicas en la política exterior del Estado, que impide una defensa más activa y contundente de los derechos humanos y de la identidad de los pueblos de la zona.

Los episodios de tensión se suceden a un ritmo de aceleración creciente. El incremento de la inmigración desde las costas africanas hacia el Archipiélago canario no es ajeno a la ausencia de controles de las fuerzas que Marruecos tiene desplegadas en los territorios de origen de las pateras. Una buena parte de las personas que se juegan la vida cruzando el mar sin garantías de supervivencia son de procedencia marroquí, a pesar de las enormes ayudas que desde la Unión Europea se aportan cada año al Gobierno de Marruecos para mitigar este fenómeno. Las vidas de muchos migrantes se han convertido en moneda de cambio de esta dinámica de tensiones, como ha quedado en evidencia en los recientes acontecimientos sufridos en Ceuta y como, desde mucho antes, viene sucediendo en las costas de Canarias cada vez que surge alguna dificultad en otros escenarios. En este contexto, España no puede dar respuestas distintas al fenómeno de la inmigración en función de la cercanía a la península de los puertos de llegada y es por eso mismo que Canarias no puede convertirse en el patio trasero – cuando no cárcel- donde se acumulan las víctimas de este trato inhumano, ni los canarios vamos a permitirlo. La prioridad de la diplomacia española debe dirigirse a exigir el cumplimiento de los objetivos de la cooperación entre Europa y Marruecos no sólo en la aplicación de medidas de seguridad fronteriza sino en el desarrollo de políticas activas de protección de los migrantes, que acaben con la aportación de recursos a fondo perdido.

El conflicto sobre la soberanía del Sáhara Occidental está en la raíz de esta dinámica de pulsos que el régimen político de Marruecos aplica a sus vecinos. Canarias no sólo es testigo directo de la tensión acumulada en la región desde que España abandonó el Sáhara en 1975; es también víctima directa de los distintos fracasos de la comunidad internacional en la búsqueda de una solución pacífica y duradera para este conflicto.

La responsabilidad de España no es sólo la que se deriva de las convulsiones históricas sufridas por el pueblo saharaui, cuyo derecho a la autodeterminación mantiene plena vigencia ante la comunidad internacional. Es también la que implica a Canarias en la configuración de un modelo de convivencia en la región impulsor del respeto a los derechos humanos y al pleno reconocimiento de la identidad de los pueblos. No puede ser que la diplomacia española se conforme con auspiciar de forma cada vez más elocuente una solución que consolide la ocupación marroquí del Sáhara, como vienen pregonando sin pudor los distintos grupos de presión afines a los intereses de la potencia invasora. Antes debe evidenciarse el esfuerzo por cumplir con los mandatos de la Organización de Naciones Unidas, y completar el proceso del referéndum de autodeterminación como la solución que permita superar el actual estado de las cosas en la región.

El Gobierno español tiene una gran oportunidad de contribuir a esta solución aportando toda la colaboración posible al nuevo enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, que desde el pasado 1 de noviembre ejerce el papel de mediador en el conflicto por mandato del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres. La reciente ruptura del alto el fuego y los distintos incidentes que se vienen registrando desde hace meses en zonas como el paso de Guerguerat, en la frontera con Mauritania, obligan a redoblar los esfuerzos para imponer la paz en la región, frente a los muchos intereses partidarios de mantener el actual status quo. A nadie se le esconde que los distintos fracasos de los anteriores mediadores y la tensión acumulada en la zona pueden provocar en cualquier momento un proceso incontrolable, que deje la región a merced de la ley del más fuerte. Y puede pasar en estos días con el ataque mortal del ejercito marroquí a tres ciudadanos argelinos en el Sáhara.

Este escenario resultaría del todo inaceptable para Canarias, por el dolor y la dinámica de violencia que impondría a sus habitantes. Y es por eso que los gobiernos y las instituciones canarias, españolas y europeas no pueden renunciar a sus obligaciones en defensa de un modelo de convivencia basado en el respeto a los derechos humanos y la convivencia pacífica. No es el momento de callarse, sino de redoblar los esfuerzos en esta dirección. Por eso invito a todas las entidades públicas y privadas de Canarias a reafirmar públicamente el compromiso del Archipiélago con la paz en la región.

La explotación de los recursos naturales en los territorios y las aguas del Sáhara Occidental está condicionada a la solución definitiva de la soberanía del pueblo saharaui. De forma reiterada lo han sentenciado todos los organismos internacionales consultados, como recientemente ha expuesto el Tribunal General de la Unión Europea con sede en Luxemburgo. Ese contrato suscrito por Marruecos con una compañía israelí constituye un desafío, otro más, en contra de los esfuerzos por alcanzar una solución justa y duradera en la región, y aunque sólo fuese por eso, merece el rechazo frontal de todos los demócratas. El régimen marroquí trata de aprovechar la ventaja de los acuerdos con Israel apadrinados el año pasado por el anterior Gobierno de Estados Unidos, que fuerzan un escenario de mayores conflictos en la región, en cuanto afectan a las políticas de sostenibilidad ambiental y de generación, comercio y consumo de energías fósiles.

Ese contrato prevé prospecciones petrolíferas y de gas en las aguas del Sáhara Occidental que lindan o invaden las aguas canarias, y por eso ya está tardando en conocerse algún pronunciamiento del Gobierno español que advierta de las injerencias que acarrea esa actividad. La inmensa mayoría del pueblo canario ya mostró con contundencia su rechazo a la pretensión de la industria petrolera de explorar los yacimientos marinos en las aguas canarias cuando el gobierno del Partido Popular, animado por el ministro José Manuel Soria, consintió las perforaciones al noreste del Archipiélago. El nuevo planteamiento no es distinto; la misma industria, con actores diferentes, tratando de forzar la voluntad de los canarios en un escenario internacional de agotamiento de los combustibles fósiles. Ya está tardando el Gobierno de España en definir una estrategia ante las actuaciones que violentan la voluntad de los canarios, que debe incluir el tratamiento sobre las tierras raras situadas en aguas de jurisdicción española.

Otra decisión marroquí que no ha sido contestada es la aprobación por su Cámara Alta de la ampliación a 200 millas de su zona económica exclusiva y la plataforma continental la extiende a 350 millas, lo que supone asignarse, además, las aguas del Sáhara Occidental. Esta ampliación afecta directamente a aguas canarias y se hace para la explotación del subsuelo rico en telurio, cobalto y tierras raras y como medio de presión, de nuevo, al gobierno español y canario. Como se puede deducir sin dificultad, las decisiones marroquíes son de todo menos amistosas y propias de un país amigo. Por el contrario, mantiene una posición de extorsión y de hechos consumados – como la marcha verde, coincidiendo con un gobierno débil, el último de la dictadura- que necesitan una respuesta contundente y unánime de la sociedad canaria y del gobierno de España. Las razones de Estado no pueden estar por encima de las razones de Canarias. Desde el Cabildo de Gran Canaria apoyaremos todas las medidas que nos hagan avanzar en la dirección de ser contundentes en la defensa de los derechos de Canarias.

En estos momentos de crisis climática global se hace más apremiante y necesario avanzar hacia la soberanía alimentaria a través del impulso y la promoción de la producción y el consumo local de alimentos. Es una de las líneas estratégicas de trabajo del Cabildo de Gran Canaria. Dentro de este ámbito ha cobrado especial importancia el vino, uno de los productos estrella de nuestro sector primario y gastronómico que lleva años viviendo un proceso continuado de mejora y crecimiento.

El Cabildo ejecuta con este fin el Programa Insular de Desarrollo de la Viticultura, que tiene como principal objetivo el fomento de este sector en la isla, a través del aumento de la superficie cultivada, la mejora en las prácticas culturales y la valorización de sus vinos, no solo como pilar fundamental para el aumento de la producción local sino como factor trascendental para la protección del paisaje rural, para la prevención de los incendios y para frenar la desertización del suelo.

Un ejemplo del valor medioambiental y paisajístico del desarrollo de esta actividad es que durante el incendio de 2019 las parcelas de viñas de cumbres y medianías se comportaron como auténticos ‘cortafuegos’, evitando su propagación o, en algunos casos, la llegada del fuego a las viviendas. Cada copa, cada botella de vino producido en Gran Canaria es un pedazo de terreno más protegido contra el fuego, conservando nuestro paisaje y biodiversidad, junto a variedades de uva únicas en el mundo.

Aunque en estos momentos estamos realizando un diagnóstico actualizado de la situación del sector vitivinícola en Gran Canaria, tenemos constancia de que en la isla dedicamos, en 2020, 250 hectáreas al cultivo de la vid, habiéndose incrementado en unas 10 ha en los 2 últimos años, lo que da trabajo a 291 viticultores, quienes vendimiaron 332.695 Kg para elaborar 231.000 litros de vino. Esto ha permitido la creación de 350 puestos de empleo directos y 875 indirectos.

Dentro del Programa Insular de Desarrollo de la Viticultura, desde el Cabildo de Gran Canaria hemos puesto en marcha el vivero oficial de viña, el único vivero oficial de Canarias con viñas no viróticas (es decir, no vulnerables a los virus actualmente presentes en Canarias), lo que va a mejorar, sin duda, la rentabilidad de los viticultores al partir la producción de plantas libres de virus. Esta acción nos permite llevar a cabo la campaña de reparto de cepas, que en 2021 ya ha distribuido más de 17.000 plantas entre asociaciones y viticultores de la isla, haciendo un total de 57.740 desde 2015. Este vivero trabaja también en la caracterización varietal, en la valoración sanitaria del material vegetal y en la búsqueda de variedades mejorantes demandadas por los viticultores.

En esta misma línea de mejora de la calidad en los cultivos avanza el proyecto de crear un banco de germoplasma de variedades locales. Esta acción se va a desarrollar en el año 2022 y en la Finca del Gamonal de Santa Brígida, propiedad del Ayuntamiento de Santa Brígida, con el material que esté libre de virosis. Se creará una colección de 180 variedades de uva.

También se han aprobado distintas líneas de subvenciones para nuevas plantaciones y recuperación de viñedos y se están realizando inversiones importantes para la mejora y la creación de nuevas infraestructuras hidráulicas (red de riego de Camaretas, Monte Lentiscal, etc). Igualmente se está rehabilitando la Casa del Vino, en Santa Brígida, para convertirla en un referente de la interpretación y la divulgación del patrimonio y la producción vitícola de la isla.

Pero si queremos asegurar el futuro del sector, el elemento clave es la formación de profesionales cualificados que sigan impulsando la modernización, la innovación y la calidad en el sector. Por ello, en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el IES Vega de San Mateo y la Federación Insular de Asociaciones del Sector Vitivinícola de Gran Canaria (VINIGRAN), se ha puesto en marcha el Curso oficial de Técnico de Grado Superior en Vitivinicultura, en el que ya hay 20 personas formándose para ser profesionales de excelencia.

El Cabildo ha cedido las estancias necesarias para el desarrollo de la actividad docente del ciclo formativo en la Bodega Insular de Gran Canaria, en San Mateo, que cuenta con un aula, despacho, servicios, laboratorio y sala de procesado. Asimismo ha adquirido los equipos de laboratorio para las prácticas del alumnado y, además, realiza el mantenimiento anual de las instalaciones. El Gobierno de la isla ha invertido en el último año 800.000 euros en rehabilitar y poner a punto esta Bodega Insular, que se inauguró en 2005 y se cerró dos años después. Hoy está en uso, prestando servicios de formación y dispuesta a acoger las uvas que se precisen a partir de estos momentos.

Fruto de todo este trabajo y el esfuerzo conjunto de la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), la Denominación de Origen ‘Vinos de Gran Canaria’ y la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria ‘AIDER’, Gran Canaria consiguió recientemente la certificación oficial de su ‘Ruta del Vino’ la primera que se certifica fuera de territorio peninsular.

La reciente acreditación otorgada por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN), de la que el Cabildo es socio desde hace más de 2 años, incluye a 52 establecimientos, de los cuales 13 son bodegas o explotaciones agroganaderas, 13 restaurantes y bochinches, 6 tiendas especializadas y enotecas, y el resto son alojamientos rurales y operadores turísticos. No obstante, aquellas bodegas y explotaciones agrarias que no se han acreditado hasta ahora, se están adaptando a los criterios exigibles por Rutas del Vino de España, con la ayuda y el apoyo del Cabildo de Gran Canaria.

La ‘Ruta del Vino de Gran Canaria’ es un producto cultural de alto interés turístico que se basa en el sector primario, en la soberanía alimentaria y que tiene su hilo conductor en la cultura del vino y su historia, la calidad y diversidad enológica que ofrecen las bodegas y el paisaje de viñedos de Gran Canaria. Esta propuesta permitirá a la isla mostrar al mundo su cara enológica, su patrimonio varietal y su belleza paisajística como parte del destino turístico. De hecho, el lema de La Ruta del Vino de Gran Canaria “hacemos vinos y embotellamos paisajes”, resume perfectamente la filosofía que ha guiado esta propuesta.

En El Patio del Cabildo podemos ver en estos días la exposición que sobre el lagar comunal de las Casas de Bandama y los viñedos del Monte Lentiscal ha montado la Asociación Sociocultural de Amigos de Bandama, un complejo y rico paisaje grancanario que desde finales del siglo XVIII comenzó un rápido proceso de transformación que lo llevó a convertirse a lo largo del siglo XIX y hasta la actualidad en el paisaje del vino por excelencia de Gran Canaria. Un paisaje de vides, viñedos, bodegas y lagares creciendo sobre el negro picón del más sobresaliente de los volcanes jóvenes de la geografía insular y que más pronto que tarde tendrá que tener su Centro de Interpretación.

En definitiva, la estrategia de promoción del sector vitivinícola en Gran Canaria es un ejemplo de éxito para el impulso de la soberanía alimentaria en Canarias. Se hace posible con el apoyo, el impulso y la inversión pública para la mejora y la innovación, con el compromiso y el trabajo del sector privado, con la colaboración entre administraciones, con la formación y la proyección fuera de Canarias… lo que lo convierte también en un producto turístico excelente. Son las claves que nos están permitiendo hacer de Gran Canaria una referencia vinícola, con premios internacionales y comercialización en diferentes lugares del mundo, recuperando así aquella fama que nos hizo alcanzar las obras de Shakespeare cuando escribía en " Enrique IV" (acto II, escena IV): "...por mi fe, habéis bebido demasiado ‘canarias’; es un vino maravillosamente penetrante y que perfuma la sangre...". Contribuyeron a ello también otros grandes escritores como Edgar Rice Burroughs, Robert Louis Stevenson, Herman Melville, Schiller, Keats, Lord Byron, Ben Jonson, Walter Scott, Casanova, Kant, Góngora…