A propósito de la sentencia sobre el “muelle de la vergüenza”

La Audiencia Provincial de Las Palmas archivó, el pasado 17 enero, la denuncia presentada contra el Gobierno de España por las condiciones en las que, en noviembre de 2020, llegó a hacinar en el Muelle de Arguineguín, que se popularizó como el “muelle de la vergüenza”, a 2.600 personas migrantes llegadas por vía marítima. El juez no ha apreciado delito en las actuaciones. Sin entrar en consideraciones de tipo jurídico, sí quiero valorar algunas de las afirmaciones vertidas por el magistrado en el auto que no se ajustan a la evidencia ni a los datos con los que contamos y mucho menos a los informes de las ONG que documentaron ese hacinamiento.

En el auto, aunque se reconoce que las condiciones eran “lamentables”, se asegura que ''se intentó ofrecer amparo, protección y asistencia, si se quiere insuficiente, pero no había otra alternativa, no era posible prever tan masiva llegada”. Una afirmación que llama poderosamente la atención ya que se formula sin sustentarse en ningún dato y en contra de los informes de todas las organizaciones especializadas en el ámbito, incluida FRONTEX, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

En primer lugar, la llegada de migrantes a Canarias por vía marítima no es ni mucho menos un fenómeno nuevo. Han pasado ya más de 26 años desde el 28 de agosto de 1994, fecha en la que llegó la primera patera a las islas, a las costas de Fuerteventura, y aún seguimos sin un sistema estable y adecuado de primera acogida con centros suficientes para atender a estas personas. Pero es que además tampoco es la primera vez que nos enfrentamos a un aumento súbito de las llegadas. Ya en el año 2006 Canarias recibió 31.678 migrantes en la llamada “crisis de los cayucos” y ni después de esa experiencia se han puesto los medios necesarios para atender a este tipo de situaciones.

Por otra parte, esta ola de llegadas se produjo en medio de una pandemia mundial, en la que se impusieron severas restricciones a la movilidad humana, se cerraron las fronteras y durante la cual las llegadas por vía aérea (la principal vía de entrada en España) se redujeron drásticamente. Es decir, que en la Península había miles de plazas de acogida libres para personas migrantes, pero no se quiso derivar a estas personas fuera de Canarias, como tuvieron que hacer de manera solapada y paulatina tiempo después.

Dice asimismo el auto que no era previsible prever “tan masiva llegada”. Sin embargo, el informe de análisis de riesgo de Frontex de 2019 ya avisaba de un aumento de las llegadas a las islas y de la reactivación de la llamada “ruta canaria” debido al cierre de otras alternativas marítimas y terrestres. Es más, el aumento no fue súbito, sino que desde principios de 2020 se fue produciendo un incremento de las llegadas sin que se tuviera preparada una respuesta institucional acorde al volumen de personas desembarcadas en nuestras costas.

También se contaba ya con datos sobre cómo las restricciones pandémicas habían afectado gravemente al envío de remesas de los inmigrantes a sus países de origen y a la venta ambulante, dos de las principales fuentes de ingresos en los países africanos de nuestro entorno. O sobre las consecuencias del aumento de la inestabilidad y del conflicto bélico en el norte de Mali. Es decir, había información más que suficiente que permitía prever un escenario como el que se produjo.

Insisto, sin querer entrar en aspectos jurídicos, llama la atención también que no se aprecie delito alguno en las brutales vulneraciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el campamento y que fueron ampliamente documentadas. Se hacinó a 2600 personas en unas carpas cuya capacidad máxima establecida era de 400, se superó ampliamente el plazo máximo de 72 horas de retención (hubo personas que pasaron más de dos semanas bajo custodia policial en el muelle), se les privó de asistencia letrada pese a que muchos eran potenciales solicitantes de asilo, no contaban con inodoros ni agua suficiente y dormían tirados en esterillas en el suelo, entre basura e incluso ratas. Pero parece que nada de esto es constitutivo de delito.

Por último, el magistrado Carlos Vielba concluye en el auto “parece posible huir de la idea de que esta isla (refiriéndose a Gran Canaria) quiera ser convertida en una nueva Lesbos”. En este punto ignora no solo los informes y denuncias de las ONG expertas en materia de migración y asilo, sino incluso la propuesta de la Comisión Europea del “Nuevo Pacto de Migración y Asilo”, así como del Reglamento de Procedimiento de Asilo que, de aprobarse, consolidaría y daría cobertura legal a la actual situación que estamos viviendo y que nos convertiría en un territorio de detención y/o retención de personas migrantes y más concretamente, en este caso, de solicitantes de asilo.

En ese texto se recoge que durante el proceso de asilo (cuya duración no se delimita y por lo tanto es indeterminada) y también si la solicitud de asilo es rechazada, las personas deben permanecer en las “fronteras exteriores de la UE” (es decir en territorios como Canarias) hasta que sean devueltas a sus países. En conjunto las mujeres y hombres migrantes podrían permanecer varios meses retenidos en las islas en contra de su voluntad.

Como han explicado varios expertos y expertas en migraciones como Blanca Garcés, la contención de los migrantes en islas como las griegas o Canarias y el freno a los traslados a territorio continental forman parte de la nueva estrategia que la Comisión Europea quiere implantar en toda la Unión, espoleada por los populismos anti-inmigración de extrema derecha y la complacencia de la derecha tradicional y parte de la socialdemocracia,.

En este sentido, un caso paradigmático es el de los migrantes menores no acompañados que llegan a las islas. Se trata de menores que han pasado por una experiencia en muchos casos traumática, que son especialmente vulnerables y que requieren de centros con personal especializado y políticas de integración. Una competencia estatal que por la vía de los hechos parece haber sido transferida a comunidades autónomas y cabildos. Desde estas instituciones hemos asumido la acogida de estos niños y niñas sin recibir compensación alguna por parte del Gobierno de España y sin que se produjeran derivaciones, a pesar de que en muchos casos la presión sobre los centros de menores era casi inasumible.

Canarias acoge en estos momentos unos 2.645 menores extranjeros que llegaron a las islas no acompañados, de los cuales 1.496 se encuentran en Gran Canaria. Y las derivaciones hacia otras comunidades autónomas apenas ascienden al 3,7%, poco más de un centenar. El Cabildo de Gran Canaria ha llegado a destinar unos 8 millones de euros al año para la atención de estas personas, a pesar de ser una competencia estatal. Las derivaciones son necesarias para poder ofrecer una atención adecuada a estos menores en materia de educación e integración social y laboral para cuando cumplen la mayoría de edad.

En definitiva, al margen de consideraciones jurídicas sobre si lo acontecido en 2020 en Arguineguín pudiera ser constitutivo de delito, lo que sí queda claro es que, pese a lo que dice el auto de la Audiencia Provincial, sí que era previsible el repunte de llegadas, sí que había alternativas al hacinamiento que se produjo y sí que había una manifiesta voluntad política del Gobierno de España de utilizar Gran Canaria y Canarias como un espacio de retención de personas migrantes en consonancia con la orientación de la política europea. Y desde el Cabildo vamos a luchar con todos nuestros recursos para impedir la aplicación de estas políticas. Porque sigue pasando. De hecho, en estos momentos se encuentran hacinadas más de 400 personas en la que se conoce como “nave de la vergüenza”, en Arrecife de Lanzarote, sin condiciones de habitabilidad e higiene y con baños químicos escasos o un único grifo de agua para el aseo.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Gran Canaria vive un momento decisivo de transformación, de superación de una profunda y prolongada crisis. El cambio que se está produciendo afecta a todos los sectores y a toda la ciudadanía, y no sólo es económico y ecosocial: es un cambio cultural profundo. Es un reto para toda la comunidad y sus instituciones, para un territorio con una identidad marcada por la realidad insular y su vocación universal.

Los grancanarios y grancanarias hemos superado a lo largo de nuestra historia crisis muy graves, devastadoras. Y en esos momentos ha sido primordial la acción cultural como respuesta colectiva, propia, original, que aprovecha la experiencia, el conocimiento, las ideas y nuestras tradiciones, para actuar en el presente y anticiparnos diseñando el futuro. Y así lo ha venido haciendo Gran Canaria desde hace poco más de un siglo, con una institución como el Cabildo que ha desarrollado una política de infraestructuras y servicios de promoción convirtiéndose así en el principal motor cultural de la isla. Y su proyecto crece, se completa y nos representa.

Sin embargo, en estos años marcados por el aislamiento de la pandemia, seguido por la esperanza en las vacunas y -encima- con toda la atención centrada en la imparable destrucción del volcán, ha pasado desapercibido el comienzo de esta nueva etapa cultural, con actuaciones de gran trascendencia que cimentan el desarrollo sostenible de iniciativas artísticas, junto a industrias culturales y creativas. La Cultura también forma parte del ecosistema, de la ecoísla.

En primer lugar, logramos un acuerdo histórico que garantiza la preservación del imponente y frágil legado arqueológico del Museo Canario. Una entidad que ha sufrido una larga crisis -desde 2009-, que ha superado gracias a una buena gestión, junto a aportaciones, fundamentalmente, del Cabildo. La situación cambió a comienzos de 2021, tras la firma del convenio que consolida y aumenta la participación insular al incorporarlo como Museo Concertado de Arqueología, lo que supone la más firme apuesta por conservar y divulgar su extraordinaria colección arqueológica. El Gobierno Insular tiene la responsabilidad de buscar y velar por la conservación, protección y difusión del patrimonio cultural de Gran Canaria y este acuerdo cubre todos los objetivos. Paralelamente, hemos iniciado el mayor plan de restauración de yacimientos arqueológicos y de la red insular de centros de interpretación, museos y parques arqueológicos (Cueva Pintada, Cenobio de Valerón, La Fortaleza…). Y compartimos con la humanidad el compromiso de velar por el Patrimonio Mundial de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria tras haberse conseguido su declaración por la Unesco en 2019, creando el Instituto para su gestión y la de la Reserva de la Biosfera

Rescatar, conservar y difundir nuestra riqueza cultural es una de las premisas del Cabildo desde sus orígenes, creando junto a otras entidades e instituciones una red de museos y centros culturales que abarcan una gran variedad de temáticas. Surgirán más, pero quedaba pendiente ofrecer la gran riqueza plástica de la extensa y admirable relación de artistas de nuestra isla. Por ello, el Gobierno Insular crea el Museo de Bellas Artes (MUBEA), para reunir las obras de nuestros grandes creadores y creadoras y mostrar el discurso artístico de nuestra realidad, nuestra evolución, a través de su mirada y su recreación estética. Por fin, esta isla podrá contar con un Museo que muestre la extraordinaria pinacoteca, tras un largo camino, iniciado con la creación de la Casa de Colón, hace 70 años, cuya puesta en funcionamiento gestó la primera gran colección de arte canario. La Casa de Colón surgió para atender muchas necesidades culturales en una ciudad que ya reclamaba una Universidad, destinando este espacio a nuestra proyección atlántica y americanista. Gracias a este conjunto arquitectónico, Gran Canaria es un referente internacional sobre la figura de Cristóbal Colón, quien hace 530 años cambió radicalmente el papel de la isla en la Historia del Mundo.

En el ámbito de las artes plásticas, la Casa de Colón cedió parte de su colección en 1989 al Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), también en Vegueta, al igual que la sala de exposiciones San Antonio Abad y el Centro de Artes Plásticas. Más recientemente, se abriría el San Martín que crece para convertirse en el MUBEA. Un espacio arquitectónico que, junto al nuevo aparcamiento y las mejoras de accesibilidad que se han realizado, contribuirá a dinamizar Vegueta.

Nuestra actividad cultural se ha extendido a diversos campos de las artes, impulsados por la iniciativa de nuestras industrias culturales y artísticas, a pesar de las dificultades endémicas propias del aislamiento y las crisis que padecemos. Por ello es importante desarrollar las singularidades fiscales y la conectividad, cuyo ejemplo más claro es la fiscalidad especial para la producción audiovisual, un sector que permite diversificar la economía y el empleo. El Cabildo da respuesta a las necesidades de las empresas cinematográficas con los nuevos platós y el centro de animación en la Institución Ferial de Canarias. Una apuesta que también suma recursos, como el Centro de Cultura Audiovisual recientemente remodelado en Schamann y que incorpora nuevas líneas de trabajo.

Otra de nuestras grandes apuestas gira en torno a la música y el folclore, con una larga trayectoria de colaboración con históricos festivales, fundaciones (Nanino Díaz Cutillas, Pancho Guerra y el Instituto de las Tradiciones, en colaboración con Los Gofiones). Mantenemos así la tradición de vanguardia que en nuestra isla supuso la creación de la primera Sociedad Filarmónica de España, precursora de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. También impulsamos nuestro apoyo al legado de Alfredo Kraus, a través del convenio con la Fundación del gran tenor. Así vamos a poder contar con un espacio de formación, archivo, museo y centro cultural como había deseado el propio Kraus y su familia al constituir la Fundación hace 25 años.

En las letras canarias, no olvidamos que nuestras islas fueron avanzadilla de la literatura surrealista, de la poesía social, del redescubrimiento del habla canaria. Mantenemos la investigación, con diversos concursos, premios, jornadas, coloquios..., las ediciones, la librería. Una actividad que crecerá con la ampliación de la Biblioteca Insular, junto al Guiniguada.

Y todo ello es posible gracias a una red de equipamientos que el Cabildo posee en toda la isla. Entes vivos que programan permanentemente, departamentos que promueven la formación, la actualización y la promoción exterior de nuestra cultura. Entre otras actuaciones, el Cabildo es el promotor, gestor o colaborador fundamental en una amplia oferta cultural. Un repaso no exhaustivo y que en parte hemos citado, incluye: las Casas-Museo Galdós, Colón, Antonio Padrón, Tomás Morales y León y Castillo; el Teatro Cuyás, Sala Insular de Teatro, Biblioteca Insular, librerías y tiendas, la Fedac, Orquesta Filarmónica, Servicio de Publicaciones, CAAM, San Antonio Abad, el Centro de Artes Plásticas, el Mubea, y el uso de Infecar y otros recintos (deportivos, etc) para eventos culturales. Además, el Cabildo participa al cincuenta por ciento en la gestión del Auditorio Alfredo Kraus y del Teatro Pérez Galdós. Son numerosas las entidades culturales que se acogen a las convocatorias del Cabildo, así como otras que han sido alojadas en instalaciones de la Corporación Insular, como la Escuela de Actores de Canarias.

A ello se suman programas específicos, circuitos de arte o espectáculos, o el ‘Pacto por la lectura y escritura en Gran Canaria. Isla de libros’. Estas y otras iniciativas tienen un objetivo claro: fortalecer una identidad cultural que se ha forjado desde el aislamiento hacia nuestra comprensión del mundo.

Las Palmas de Gran Canaria optará en 2031 a ser Capital Europea de la Cultura. El Cabildo de Gran Canaria no solo apoya esta propuesta sino que contribuye de manera decidida y decisiva a hacerla posible.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria.

No cejan los lobbies del gas en su intento de imponernos un combustible caduco y contaminante aún a costa de retrasar la penetración de las energías renovables. Obviamente, les importa un comino el calentamiento global y sus peligrosas consecuencias. Hay que producir gas, hay que vender gas y no se puede frenar esta espiral porque limitaría su capacidad de control estratégico sobre la política y la economía y mermaría considerablemente sus multimillonarias ganancias. Y detrás acaudaladas y torticeras campañas para hacernos creer que es un combustible fósil menos contaminante y más limpio a costa de conducir al planeta a su devastación climática.

El pasado año el precio de la electricidad no dejó de subir de manera alarmante en España y en la mayoría de los países europeos. Son muchos los factores que influyen en esta alza de precios. En España y en algunos otros estados juega un papel importante un conjunto de impuestos que se cargan en el recibo de la luz y también los derechos de emisiones, pero el motivo fundamental radica en un sistema mayoritario marginalista que obliga a pagar la electricidad al precio que marca la generación más cara.

Pues bien, la causa principal de ese constante aumento del precio de la electricidad en el último año se debe a que el petróleo y el carbón se han encarecido, pero especialmente a que el gas ha aumentado su precio en un 340% y no ha servido para nada que las renovables fueran las energías más baratas en España y en el mundo en el 2020 y que en ese mismo año el 44% de la energía consumida en España fuera renovable.

Pero es más, la inseguridad del suministro de gas en Europa es cada vez mayor por razones geoestratégicas. En España el conflicto último entre Argelia y Marruecos a causa del Sáhara ha dificultado la llegada del gas argelino a la península a través del país alauita. La mayoría de los países suministradores están inmersos de manera continuada en inestabilidades y conflictos.

La batalla parecía ganada. Salvo los sectores negacionistas más reaccionarios –que siguen invirtiendo cifras multimillonarias para deslegitimar la evidencia científica del calentamiento global- ya casi nadie dudaba de la necesidad de frenar el aumento de 2 grados de la temperatura en el planeta y sus peligrosas consecuencias. El consenso era también muy amplio en la comunidad internacional sobre el objetivo imprescindible de reducir a la mitad las emisiones de CO2 en los próximos 30 años y la descarbonización plena en el 2050.

Pero la Unión Europea ha dado un paso atrás gravísimo en los últimos días al anunciar que va a proponer incluir a la energía nuclear y al gas natural en su catálogo de actividades verdes. No cabe la menor duda de que es una decisión fruto del poder de los lobbies sobre las fuerzas conservadoras que dominan el espectro político, junto al juego de poderes entre los países más potentes del continente que libran una batalla por mantener sus estatus en torno a las nucleares, el gas, el hidrógeno o las renovables.

Este giro de la política energética y ambiental se debe también, con absoluta certeza, a la incapacidad de los gobiernos para afrontar una transición energética real y contundente liberados del yugo de las grandes energéticas y corporaciones trasnacionales. Los pasos para hacer posible la democratización de la energía a través del ahorro y la eficiencia, el autoconsumo, las comunidades energéticas o las instalaciones públicas han sido imprecisos, vacilantes, cuando no nulos o muy limitados. Lo cierto es que esta decisión frenaría de manera brutal la inversión en energías limpias porque se abren otras posibilidades inversoras en un sistema bastante cautivo de los grandes fondos, cuyo único credo es la obtención del máximo beneficio aunque sea a costa de la salud del planeta. Conseguiría, de la misma manera, desviar las ayudas públicas al gas y a las nucleares y disminuir, por tanto, las destinadas a las renovables.

Si bien es verdad que muchos países han mostrado su rechazo a esta medida (algunos como Austria han amenazado con llevar la decisión final a los tribunales), la realidad es que España mantiene una posición de calculada ambigüedad. Desde luego, bastante menos beligerante que las de Alemania o Austria. La Ministra Teresa Ribera ha abogado porque la UE no califique como verde al gas y a la energía nuclear sino que las sitúe en una categoría intermedia, como “ámbar”. En esa línea ya estaba trabajando el Ministerio español para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que acaba de someter a información pública una orden por la que pretende dar vía libra a la penetración del gas –también para Canarias y Ceuta- en sustitución del fuel y como elemento de transición (la eterna matraca), aunque en el caso de nuestro archipiélago la legislación impide nuevas inversiones que lleven sobrecoste.

Obviamente el gas no puede ser –y menos en Canarias- ni verde ni ámbar. Lo ha dicho por activa y por pasiva hasta la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. También lo ha dicho el Gobierno de Canarias en este mandato y lo sigue defendiendo el Cabildo de Gran Canaria. No habrá regasificadoras en las islas bajo ningún concepto. En la misma línea se ha pronunciado igualmente Endesa, la empresa propiedad del Estado italiano, a quien no convence una inversión gasista para una transición a las renovables que podría ser casi un salto, inmediata. Otra cosa es el gas líquido como combustible para los buques en nuestros puertos.

El propio Banco Europeo de Inversiones anuló en octubre de 2019, ante una denuncia del Cabildo de Gran Canaria y de la Asociación de Empresarios de El Goro, la financiación destinada a Redexis para hacer posible la penetración del gas ciudad en las islas.

Invertir en Canarias en infraestructuras gasistas de alto coste (regasificadoras, gaseoductos, etc…) sería dar la puntilla a la penetración de las renovables. Su única significación sería parar el proceso de introducción de las energías limpias. El Ministerio debería asumir de una vez por todas que la penetración masiva de las renovables pasa por la búsqueda de almacenamientos como el del Salto de Chira y otros sistemas complementarios, por el autoconsumo masivo sin las trabas burocráticas que hoy lo limitan y ralentizan y sin las ayudas suficientes, por desarrollar de una vez por todas la legislación que permita avanzar con las comunidades energéticas, por ordenar el espacio marino para la eólica en el mar y por flexibilizar la generación con plantas de menor envergadura y distribuidas por el territorio.

Sobre todo esto también tendrían mucho que reflexionar los nuevos neonegacionistas “verdes” quienes, con elucubraciones e intereses ajenos a la lucha contra el cambio climático, de diversas maneras están poniendo trabas a las energías limpias impidiendo así su penetración. Lo he afirmado en distintas ocasiones, la demanda de una absurda moratoria desde algunas organizaciones ecologistas no hace sino dar alas a los lobbies de los hidrocarburos, a las petroleras, y frenar un cambio de modelo absolutamente imprescindible. Eso no quita que exijamos rigurosidad en la ordenación de los espacios, en la aplicación de todos los mecanismos de protección medioambiental, en la protección de la biodiversidad…

Joan Herrera, ex director del IDAE y ex diputado de Izquierda Verde IU-ICV, escribió en La Vanguardia el pasado 13 de mayo de 2020 un artículo titulado “Renovables: avanzar, condicionar, nunca paralizar”, donde afirma que “paralizar los proyectos de energías renovables es dar un aval a los ciclos combinados, a una mayor contaminación, al bloqueo de la electrificación de la movilidad y al continuismo de las nucleares”. Miren si tenía o no razón en sus advertencias.

Cité en su día al filósofo Ramón del Castillo “la derecha está cada día más encantada con una izquierda que transige con la ecología espiritualista, porque así ella puede reivindicar la ecología realista”. Como plantea el radical activista y teórico sueco Andreas Malm, la única solución posible para el cambio climático pasa por reducir el combustible fósil, no tanto por llevar bolsas de tela al supermercado. Y termino haciendo referencia, a modo de reflexión, a un articulo publicado días atrás en El País por el Profesor Oriol Bartomeus ( El peligro del ecologismo bobo). El texto finaliza así: “La lucha contra la emergencia climática entra en un terreno peligroso. Su implementación no es neutra ni el consenso alrededor de su necesidad es unánime y será eterno. Su saldo empieza a contar con algunos damnificados, que deben ser tomados en consideración. Si la derecha reaccionaria se sale con la suya y consigue volver a amplios sectores sociales contra las políticas medioambientales, va a ser prácticamente imposible frenar el calentamiento global y cada vez más serán más frecuentes las cumbres de tristes finales y compromisos vagos”. Es para hacérnoslo mirar

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria.

El mismo día que el Patronato de Turismo cambió su histórico nombre por Turismo Gran Canaria, firmamos la Carta de Compromiso con el Turismo Sostenible, el acuerdo que nos compromete a impulsar el sector económico más importante de la isla hacia un futuro acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y con las tendencias de un mercado europeo cada vez más preocupado por los problemas ambientales. La Carta fue firmada por el consejero de Turismo, Carlos Álamo, el director del Instituto de Turismo Responsable (ITR), Tomás de Azcárate y yo, como presidente del Cabildo. Nos acompañaron varios consejeros/as del Grupo de Gobierno y de la oposición, así como empresarios/as y profesionales de un sector que abarca un gran número de actividades y repercute directamente en el resto de sectores económicos, además de su enorme impacto en el empleo. Este día marcó una nueva etapa para el turismo en nuestro destino. Con más fuerza en la marca y hacia un modelo más sostenible para nuestra isla.

El pacto de Gobierno firmado por el PSOE, Podemos y Nueva Canarias establece un objetivo central y transversal al que llamamos Ecoísla y persigue la consecución de un desarrollo adaptado a nuestra realidad, a nuestras necesidades y a un proyecto de futuro para Gran Canaria. La Carta pretende llevar al sector turístico los criterios de certificación elaborados por expertos de la Unesco, el organismo de Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible, mediante la adhesión al programa internacional Biosphere, del ITR, certificado por la Unesco y por la Organización Mundial del Turismo.

La certificación que vamos a impulsar no se limitará a avalar el turismo sostenible, sino que será una herramienta para difundir la importancia de nuestro pequeño trozo de Biosfera para el mundo. Y también servirá para que tomemos conciencia de que es la isla que compartimos y queremos la que hemos de defender y preparar para la crisis climática.

Para poder profundizar en nuestra apuesta como Destino Biosphere, desarrollaremos el método del ITR que dirige Tomás Azcárate, un experto que ha presidido los organismos de la Unesco que impulsan el Programa Hombre y Biosfera (MAB), como son el Consejo Internacional del MAB y el Consejo Asesor de Reservas de la Biosfera de la Unesco. A ello se suma su participación directa en las políticas europeas como Secretario General de Medio Ambiente de la Asamblea de Regiones de Europa.

No es menos relevante el conocimiento que Azcárate tiene de Canarias, una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo, tras dirigir el Centro de Ecología de Canarias del Icona, presidir el Patronato del Parque Nacional de Doñana y ser miembro del Patronato del Teide. A todo ello, se suma su respaldo activo a la labor de la Unesco como Presidente de la Asociación Internacional de Amigos de las Reservas de Biosfera. Pocos mejor que Azcárate pueden entender la relación entre biosfera, Canarias y el desarrollo turístico sostenible.

El Cabildo es consciente de la importancia de la actividad turística en la consecución de un proyecto de desarrollo ecosocial para nuestra isla. La demanda de nuestros visitantes es cada vez mayor en este sentido y están dispuestos a pagar más por la sostenibilidad del destino, según las encuestas realizadas en el sector. Por ello, promovemos un sistema de medición de la sostenibilidad. Gracias a esta iniciativa, cualquier empresa de la isla podrá obtener distintivos que reconozcan su contribución a los objetivos de la ONU.

Estamos adaptándonos para alcanzar -sin dilación- los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El diagnóstico preliminar que hemos realizado en este Cabildo concluye que estamos ya trabajando en un 70% del conjunto de las metas de los ODS. Y lo hacemos en todas las áreas, en cumplimiento del Pacto de Gobierno entre las fuerzas progresistas de Gran Canaria. Un proyecto político que iniciamos hace seis años, que se vertebra sobre la defensa del territorio, del paisaje, de la isla y la conciencia sobre el planeta. Porque actuar preparándonos para el futuro es mejorar nuestro presente, crear empleo y potenciar nuestro desarrollo económico. La movilización de los recursos de la Corporación junto a los fondos europeos para la recuperación, impulsarán el cambio. Es nuestra oportunidad y nuestro deber.

El sector turístico de Gran Canaria inicia el último tramo para ser un 'Biosphere Destination'. Este reconocimiento es otra importante herramienta para lograr nuestros fines. Se suma a la creación del Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Y también a la declaración de la isla como Destino Starlight. De esta manera, la Unesco ya aportará cuatro reconocimientos a la isla, pero llevamos a cabo más actuaciones. En toda la isla, en todos los ámbitos. Vamos a presentar la candidatura por el Parque Nacional de Guguy y contamos con un Pacto de las Alcaldías, gracias al cual disponemos de diagnósticos y planes de actuaciones para cada municipio. Hemos sido la primera isla en desarrollar esta iniciativa.

Nuestro modelo de ecoísla apuesta por la soberanía energética, la soberanía alimentaria, la soberanía hídrica, la movilidad y el turismo diversificado y sostenible, las economías verde, azul y circular, la reforestación del territorio, la innovación y la digitalización que nos hará avanzar hacia una isla inteligente, la cohesión social necesaria defendiendo la igualdad y la inclusión social combatiendo la pobreza, la exclusión social y el desempleo. Todo este proceso forma parte de nuestra Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, la primera de Canarias.

Además, nuestras presas nos han permitido llegar a acuerdos para potenciar el ciclo de energía, agua, agricultura y reforestación, que será pionero en el mundo y a revertir el histórico e intensivo trasvase de aguas de cumbre a costa, devolviendo a las zonas altas sus recursos para afianzar su población y sus actividades económicas, con lo que contaremos con suficientes reservas de agua. Y lo haremos con energías renovables. Son muchas más medidas y actuaciones, incluido el análisis del parque de viviendas y construcciones, como el Cabildo, que han sido objeto de auditorías de sostenibilidad. Y es que hay muchísimo por hacer.

Los Destinos Biosfera son ya un amplio listado de lugares en el mundo que realizan una medición integral de su contribución a los 17 ODS de Naciones Unidas y al Acuerdo de París contra el Cambio Climático, a través de las directrices señaladas en la Carta Mundial de Turismo Sostenible +20. Todos estos destinos contribuyen con sus experiencias a mejorar los modelos de análisis y actúan coordinadamente en foros internacionales.

Con la implantación del Sistema de Turismo Responsable y la obtención del certificado Biosphere, Gran Canaria avanza hacia un nuevo modelo de desarrollo turístico, respetuoso con su cultura, con el medio ambiente y con la responsabilidad socioeconómica. No se trata de una imposición, sino de un camino que hemos de recorrer entre todos y todas, para conseguir ser un destino de referencia medioambiental y de sostenibilidad en el mundo.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Si la economía azul mundial fuera un país, sería la séptima economía más grande del mundo. Es un segmento económico que incluye sectores como la pesca, la acuicultura, el transporte marítimo, el sector portuario, la biotecnología marina, el turismo costero y las energías renovables marinas, entre otros

Pero la importancia de la economía azul no se puede medir solo por el volumen de negocios, los puestos de trabajo o el valor añadido. Los mares y océanos no solo son el activo más importante de la economía azul, sino que también producen la mitad del oxígeno mundial y son uno de los principales sumideros naturales de carbono. Estamos ante un gran eje de oportunidad que será testigo y escenario de la mayoría de los avances que deberán posicionarnos en sostenibilidad, innovación, soberanía alimentaria, cohesión e inclusión social.

En estos últimos años hemos demostrado que la apuesta del Cabildo por el crecimiento azul es indudable. El modelo de ecoísla que defendemos solo se puede entender si dirigimos nuestra mirada hacia el mar como un recurso clave para nuestra diversificación económica. Estamos convencidos de que el sector marino-marítimo desempeñará un papel crucial en la descarbonización de Gran Canaria, especialmente a través de la energía renovable marina a partir de tecnologías como la eólica, la undimotriz, la mareomotriz o la solar que deben desarrollarse con el máximo respeto al paisaje, las actividades tradicionales de pesca o los deportes náuticos.

El Cabildo de Gran Canaria ha apostado por apoyar con subvenciones directas a las entidades locales que desarrollan actividades de I+D en el medio marino. En este sentido destaca la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) que recibe 450.000€ para la contratación de tecnólogos altamente especializados para el desarrollo de proyectos de I+D+i en colaboración con empresas.

Junto con el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), y el Centro Demostrador de las TIC para la Innovación Turística (CDTIC) estamos desarrollando diversas iniciativas por valor de 12,5 millones de euros para proyectos tecnológicos innovadores en materia de desalinización de agua marina, uno de los principales retos que afrontamos en unas islas que dependen de la desalación para su subsistencia.

Por otra parte desde el Cabildo hemos contribuido con 1 millón de euros a potenciar el talento científico-técnico de jóvenes en formación e investigadores con experiencia vinculados a los departamentos de aguas, energías renovables y biotecnología y hemos subvencionado al ITC con 700.000€ con el fin de desarrollar actuaciones vinculadas al Departamento de Biotecnologías para la gestión de insumos, la producción y el procesado de microalgas marinas una de las actividades vinculadas al mar con mayor futuro.

En breve esperamos poner en marcha con el ITC el equipamiento de un banco de datos para la medición del recurso eólico y condiciones meteoceánicas en los parques eólicos experimentales de Gran Canaria, situados en el mar, dotado con 500.000 euros y además destinaremos otros 600.000€ para el equipamiento de un banco de ensayos que busca soluciones experimentales en la valorización de salmueras de plantas desaladoras de agua de mar en Gran Canaria.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria juega un rol fundamental en la generación de conocimiento aplicado en diversas áreas de la Economía azul de extrema importancia para facilitar la transferencia a la sociedad a través de proyectos de I+D en colaboración con el sector empresarial. En este sentido, el Cabildo ha contribuido a través de subvenciones por importe de más de 2.200.000€ en los últimos 3 años a potenciar el talento local y la mejora de las infraestructuras y equipamientos en diferentes áreas, especialmente aquellas vinculadas a la iniciativa BIOASIS Gran Canaria para el desarrollo del sector de la biotecnología azul y la acuicultura.

BIOASIS Gran Canaria es la iniciativa del Cabildo que ofrece oportunidades no solo en alimentación humana a través de la acuicultura sostenible con baja huella de carbono, sino también a través de otras aplicaciones como la nutrición, la cosmética o los nuevos materiales, así como la enorme contribución a la descarbonización y la circularidad de la economía local.

Para ello, a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) se ha puesto en marcha la Incubadora de Alta Tecnología en biotecnología azul y acuicultura con una inversión global que asciende a 3.000.000 de euros, de los que 1.112.000€ han sido financiados a través de fondos europeos gestionados por la Fundación INCYDE. El objetivo de esta infraestructura singular es la de facilitar a las empresas su implantación en Gran Canaria de manera ágil y simplificada. El puerto de Taliarte, con una inversión de más de 14 millones para su modernización está llamado a ser uno de los grandes polos estratégicos de investigación y desarrollo para la potenciación de la economía azul en la isla.

El tema de la edición del Foro Gran Canaria Economía Azul, celebrado hace unos días en Gran Canaria, fue el de la digitalización en los puertos. El transporte marítimo y los puertos no sólo mantienen unida a la economía mundial, sino que, además, suponen un ecosistema complejo donde interactúan múltiples cadenas de valor que se comunican y se influencian mutuamente en materias industriales, energéticas y alimentarias.

De todas las cuestiones y desafíos marítimos, la digitalización portuaria es uno de los más cruciales, por cuanto tiene la capacidad no solo de resolver problemas inmediatos, sino también por su capacidad de permear, replicar y escalar soluciones hacia otros problemas portuarios, algunos incluso sin identificar. Así pues, podemos afirmar sin ningún género de dudas que ha llegado la hora del desarrollo de los “puertos inteligentes”. Un puerto inteligente es aquel que utiliza automatización y nuevas tecnologías para mejorar su rendimiento, pero también para generar una mayor democratización del dato y de la gestión de las operaciones.

Las oportunidades que presenta son claras: un sistema interactivo para monitorear y gestionar todas las actividades portuarias, con control total sobre toda la industria logística. Si la infraestructura portuaria se digitaliza correctamente, la eficiencia, la seguridad y la rentabilidad irán de la mano. Además, es una transición que necesitamos contemplar en el contexto global de cambio climático, cambio en el consumo de energía y la innovación tecnológica, por ejemplo.

Los puertos pueden ser aceleradores o cuellos de botella en la economía de un territorio. En el caso de Gran Canaria, contamos con un puerto bien posicionado geográficamente, con una infraestructura física robusta, una comunidad involucrada y ágil y la confianza de la industria marítima global. Si queremos que nuestro puerto sea además un acelerador digital, debemos apostar por la inversión en innovación tecnológica y generar nuevos campos de trabajo conjunto entre nuestra comunidad portuaria y nuestra comunidad digital.

El Cabildo de Gran Canaria impulsa también a través de la SPEGC tres iniciativas que pretenden desarrollar un ecosistema innovador en el Puerto de las Palmas: el Programa SmartPort Gran Canaria, que busca la aceleración de ideas innovadoras para el sector portuario; la Incubadora de Alta Tecnología en Inteligencia Artificial y Datos aplicados a entornos marino-marítimos y el desarrollo del PortCentre, con dos centros empresariales dentro del recinto portuario, que más allá de su presencia física, supondrá un foco para el encuentro y creación de ideas para el sector.

En definitiva, la economía azul es sin duda alguna, una de las principales oportunidades que tenemos de diversificar nuestro modelo de desarrollo, para hacerlo más sostenible, innovador y generador de empleo de calidad. Por ello, el Cabildo de la mano de instituciones científicas y empresas está invirtiendo para convertir a la isla en un referente de esta nueva economía.

El tomate ha sido sin duda uno de los productos clave para la economía canaria en el último siglo y medio. Su cultivo y exportación no solo han sido factores determinantes del desarrollo económico de Canarias sino que influyeron decisivamente en la configuración de las dinámicas sociales y poblacionales de muchas zonas de las islas, como es el caso de Agüimes y el sureste de Gran Canaria, de dónde provengo, o de La Aldea.

Todo empezó cuando a finales del siglo XIX los ingleses decidieron comenzar a plantar en Canarias esta hortaliza para su exportación. Se generalizó así el consumo de un producto que hasta entonces no era tan común. Su cultivo pasó por varias fases, aunque especialmente importantes fueron los años 50 del siglo pasado en los que tras la Segunda Guerra Mundial su plantación experimentó un gran crecimiento.

Familias enteras se desplazaban desde el interior de la isla a las zonas de cultivo para hacer la campaña del tomate. Incluso llegaban desde otras islas como Fuerteventura, hecho que ha quedado reflejado en algunos topónimos del Sureste de Gran Canaria, como Las Majoreras en Ingenio, llamado así por el lugar en el que residían durante la campaña las mujeres que llegaban desde la isla vecina a trabajar en la plantación y empaquetado de tomate.

El otro hito histórico importante en la historia de esta plantación es la entrada de Canarias en la Unión Europea en 1986. Hay que tener en cuenta que el 80% del tomate se destina a la exportación, por lo que la entrada en el mercado único implicó cambios estructurales, así como las subvenciones derivadas de la Política Agrícola Común (PAC).

Aún hoy, el cultivo de tomate sigue teniendo un importante papel en Gran Canaria, especialmente en municipios como La Aldea. En la isla, 3.500 familias trabajan de manera directa en esta actividad y contamos con 500 hectáreas de cultivo repartidas entre 10 municipios. En Gran Canaria 6 empresas producen 65.700 toneladas de tomates y pepinos, de las cuales 45.700 se dedican a la exportación a Reino Unido, Europa Central y Escandinavia.

No obstante, pese a la importante historia y presencia del tomate en Canarias, la exportación hortofrutícola en este archipiélago, y fundamentalmente en Gran Canaria, lleva más de una década en recesión. En este tiempo se ha perdido el 75% de la superficie de cultivo destinado a la exportación y más del 50% de las empresas y cooperativas que se dedican a ello. El sector ha dado la voz de alarma en reiteradas ocasiones, trasladando a las instituciones la situación agónica que está sufriendo, con el fin de buscar alternativas y tomar decisiones efectivas para evitar su desaparición.

Las claves de la recesión son fundamentalmente la competencia desleal, el incremento de los costes de producción y las plagas que afectan al cultivo. La competencia viene principalmente de Marruecos, país que además tiene un acuerdo preferente con la Unión Europea, pero también de Turquía, Egipto y países del Magreb. Por otra parte se ha producido un aumento desorbitado de los costes de producción (insumos, fertilizantes, embalajes, etc.) y del transporte, sin poder repercutirlos en los precios de venta, que además se suman a los ya de por sí altos costes estructurales que tiene la comercialización en Canarias.

Por último, el tomate ha sufrido las consecuencias de la aparición de recientes plagas y virosis como el daño producido por el mildiu (mancha negra) a inicios de año o el temido “rugoso del tomate” que ya se ha notificado en Murcia y Andalucía. Además, la tropicalización del clima de Canarias como consecuencia del cambio climático parece apuntar a un aumento a corto plazo del riesgo de virus y plagas.

A estos elementos estructurales se han sumado otros factores más coyunturales como la implantación del Brexit, con la consiguiente pérdida de las ayudas necesarias para continuar exportando a este importante destino y la devastación del COVID desde el pasado mes de marzo de 2020, que afectó de lleno a la campaña 20/21.

Por todos estos motivos el pasado día uno de diciembre mantuve una reunión con la Federación De Exportadores Hortofrutícolas de la Provincia de Las Palmas (FEDEX) en la que abordamos el sombrío futuro del tomate en Gran Canaria. Es imprescindible impulsar un proceso de reconversión – como se ha hecho con distintos sectores económicos en el conjunto del estado español - que permita mantener la actividad en el sector primario insular, bien con la continuidad de los productos tradicionales o bien diversificando la oferta. Permitirá no solo proteger la actividad, el empleo, la logística y la distribución, sino también la reputación, la tecnificación, la eficiencia y la experiencia consolidadas durante tantos años. En el mismo acto solicité una reunión urgente al Presidente de Canarias para avanzar en esta propuesta. Se trata de mantener una agricultura que necesita para su producción un 60% de mano de obra y que es clave, por tanto, para el empleo, la economía y la industria local.

Es más, lo conveniente sería diversificar y no apostar el futuro del sector a una sola carta. La experiencia de nuestra agricultura y algunos cultivos experimentales llevados a cabo en la Granja del Cabildo de Gran Canaria nos señalan algunos caminos posibles. El primero y más obvio pasa por cultivar aquellos productos que todavía se importan pero que se podrían dar en Canarias. Asimismo se podrían reforzar los cultivos ya existentes de frutas tropicales como papayas, fruta de la pasión, etc, aunque cuentan con el inconveniente de que, en la mayoría de los casos, son frutas con poco consumo y demanda en los países a los que exportamos.

También se podrían introducir nuevos cultivos como los arándanos y los frutos rojos en general ya que las pruebas hechas en la Granja Experimental señalan que algunas variedades serían viables en la isla, con un consumo de agua muy moderado y con la ventaja de que es un producto con una gran demanda en Europa a lo largo de todo el año. Caben también posibilidades como el cannabis medicinal o las algas.

Por la dimensión de la reconversión de la que estamos hablando y las graves consecuencias que puede tener sobre el empleo, la cohesión social y el desarrollo de nuestra agricultura, este es un plan que debe implicar al sector y a todas las instituciones, empezando por el Ministerio de Agricultura, que debe aportar fondos, así como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos de los municipios que cuentan con más hectáreas de cultivo, cuya experiencia y conocimiento de la realidad social y económica es imprescindible.

No se trata, por tanto, de insistir en las ayudas al tomate, que también, pero que no dejan de ser un parcheo. Es ineludible entonces que se avance en la creación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del tomate canario y que se cree urgentemente una mesa de trabajo que profundice, sin dilación, en la reconversión de un sector indispensable para la diversificación de nuestra economía. El Cabildo de Gran Canaria lo considera estratégico y se volcará en ello para hacerlo posible.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria.

La reciente concesión por parte de Marruecos de una licencia exclusiva a una empresa israelí para explorar yacimientos de gas y petróleo al sureste de Canarias, en las costas del Sáhara Occidental, añade una gran preocupación para los ciudadanos y las instituciones españolas, y en particular para los hombres y mujeres de Canarias, a la que no se puede dar la espalda. No es un hecho aislado; la operación se enmarca en los intensos esfuerzos del régimen de Marruecos por consolidar una posición de hegemonía en la región del Atlántico Oriental. Esa dinámica está en el origen de la cadena de conflictos que impiden el desarrollo equilibrado y sostenible de la región africana más próxima al Archipiélago y se consolida como una seria amenaza para la integridad de Canarias, en la medida en que desprecia la política de buena vecindad y hace peligrar la gestión de los recursos naturales del Archipiélago y de sus aguas. Tenemos además muy presente la experiencia de la pérdida del banco de pesca canario-sahariano.

La monarquía y el Gobierno marroquí mantienen una posición desafiante en la región que enturbia cualquier posibilidad de convivencia serena, al violentar los derechos de Canarias como pueblo y al generar una amenaza constante en muy diversos escenarios, que alteran la paz en nuestra tierra y en su entorno. Por ello, el Gobierno de España debe abandonar de forma urgente la pasividad aplicada en las últimas décadas. La extrema debilidad que sufre Canarias tiene una de sus raíces en la ausencia de alternativas estratégicas en la política exterior del Estado, que impide una defensa más activa y contundente de los derechos humanos y de la identidad de los pueblos de la zona.

Los episodios de tensión se suceden a un ritmo de aceleración creciente. El incremento de la inmigración desde las costas africanas hacia el Archipiélago canario no es ajeno a la ausencia de controles de las fuerzas que Marruecos tiene desplegadas en los territorios de origen de las pateras. Una buena parte de las personas que se juegan la vida cruzando el mar sin garantías de supervivencia son de procedencia marroquí, a pesar de las enormes ayudas que desde la Unión Europea se aportan cada año al Gobierno de Marruecos para mitigar este fenómeno. Las vidas de muchos migrantes se han convertido en moneda de cambio de esta dinámica de tensiones, como ha quedado en evidencia en los recientes acontecimientos sufridos en Ceuta y como, desde mucho antes, viene sucediendo en las costas de Canarias cada vez que surge alguna dificultad en otros escenarios. En este contexto, España no puede dar respuestas distintas al fenómeno de la inmigración en función de la cercanía a la península de los puertos de llegada y es por eso mismo que Canarias no puede convertirse en el patio trasero – cuando no cárcel- donde se acumulan las víctimas de este trato inhumano, ni los canarios vamos a permitirlo. La prioridad de la diplomacia española debe dirigirse a exigir el cumplimiento de los objetivos de la cooperación entre Europa y Marruecos no sólo en la aplicación de medidas de seguridad fronteriza sino en el desarrollo de políticas activas de protección de los migrantes, que acaben con la aportación de recursos a fondo perdido.

El conflicto sobre la soberanía del Sáhara Occidental está en la raíz de esta dinámica de pulsos que el régimen político de Marruecos aplica a sus vecinos. Canarias no sólo es testigo directo de la tensión acumulada en la región desde que España abandonó el Sáhara en 1975; es también víctima directa de los distintos fracasos de la comunidad internacional en la búsqueda de una solución pacífica y duradera para este conflicto.

La responsabilidad de España no es sólo la que se deriva de las convulsiones históricas sufridas por el pueblo saharaui, cuyo derecho a la autodeterminación mantiene plena vigencia ante la comunidad internacional. Es también la que implica a Canarias en la configuración de un modelo de convivencia en la región impulsor del respeto a los derechos humanos y al pleno reconocimiento de la identidad de los pueblos. No puede ser que la diplomacia española se conforme con auspiciar de forma cada vez más elocuente una solución que consolide la ocupación marroquí del Sáhara, como vienen pregonando sin pudor los distintos grupos de presión afines a los intereses de la potencia invasora. Antes debe evidenciarse el esfuerzo por cumplir con los mandatos de la Organización de Naciones Unidas, y completar el proceso del referéndum de autodeterminación como la solución que permita superar el actual estado de las cosas en la región.

El Gobierno español tiene una gran oportunidad de contribuir a esta solución aportando toda la colaboración posible al nuevo enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, que desde el pasado 1 de noviembre ejerce el papel de mediador en el conflicto por mandato del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres. La reciente ruptura del alto el fuego y los distintos incidentes que se vienen registrando desde hace meses en zonas como el paso de Guerguerat, en la frontera con Mauritania, obligan a redoblar los esfuerzos para imponer la paz en la región, frente a los muchos intereses partidarios de mantener el actual status quo. A nadie se le esconde que los distintos fracasos de los anteriores mediadores y la tensión acumulada en la zona pueden provocar en cualquier momento un proceso incontrolable, que deje la región a merced de la ley del más fuerte. Y puede pasar en estos días con el ataque mortal del ejercito marroquí a tres ciudadanos argelinos en el Sáhara.

Este escenario resultaría del todo inaceptable para Canarias, por el dolor y la dinámica de violencia que impondría a sus habitantes. Y es por eso que los gobiernos y las instituciones canarias, españolas y europeas no pueden renunciar a sus obligaciones en defensa de un modelo de convivencia basado en el respeto a los derechos humanos y la convivencia pacífica. No es el momento de callarse, sino de redoblar los esfuerzos en esta dirección. Por eso invito a todas las entidades públicas y privadas de Canarias a reafirmar públicamente el compromiso del Archipiélago con la paz en la región.

La explotación de los recursos naturales en los territorios y las aguas del Sáhara Occidental está condicionada a la solución definitiva de la soberanía del pueblo saharaui. De forma reiterada lo han sentenciado todos los organismos internacionales consultados, como recientemente ha expuesto el Tribunal General de la Unión Europea con sede en Luxemburgo. Ese contrato suscrito por Marruecos con una compañía israelí constituye un desafío, otro más, en contra de los esfuerzos por alcanzar una solución justa y duradera en la región, y aunque sólo fuese por eso, merece el rechazo frontal de todos los demócratas. El régimen marroquí trata de aprovechar la ventaja de los acuerdos con Israel apadrinados el año pasado por el anterior Gobierno de Estados Unidos, que fuerzan un escenario de mayores conflictos en la región, en cuanto afectan a las políticas de sostenibilidad ambiental y de generación, comercio y consumo de energías fósiles.

Ese contrato prevé prospecciones petrolíferas y de gas en las aguas del Sáhara Occidental que lindan o invaden las aguas canarias, y por eso ya está tardando en conocerse algún pronunciamiento del Gobierno español que advierta de las injerencias que acarrea esa actividad. La inmensa mayoría del pueblo canario ya mostró con contundencia su rechazo a la pretensión de la industria petrolera de explorar los yacimientos marinos en las aguas canarias cuando el gobierno del Partido Popular, animado por el ministro José Manuel Soria, consintió las perforaciones al noreste del Archipiélago. El nuevo planteamiento no es distinto; la misma industria, con actores diferentes, tratando de forzar la voluntad de los canarios en un escenario internacional de agotamiento de los combustibles fósiles. Ya está tardando el Gobierno de España en definir una estrategia ante las actuaciones que violentan la voluntad de los canarios, que debe incluir el tratamiento sobre las tierras raras situadas en aguas de jurisdicción española.

Otra decisión marroquí que no ha sido contestada es la aprobación por su Cámara Alta de la ampliación a 200 millas de su zona económica exclusiva y la plataforma continental la extiende a 350 millas, lo que supone asignarse, además, las aguas del Sáhara Occidental. Esta ampliación afecta directamente a aguas canarias y se hace para la explotación del subsuelo rico en telurio, cobalto y tierras raras y como medio de presión, de nuevo, al gobierno español y canario. Como se puede deducir sin dificultad, las decisiones marroquíes son de todo menos amistosas y propias de un país amigo. Por el contrario, mantiene una posición de extorsión y de hechos consumados – como la marcha verde, coincidiendo con un gobierno débil, el último de la dictadura- que necesitan una respuesta contundente y unánime de la sociedad canaria y del gobierno de España. Las razones de Estado no pueden estar por encima de las razones de Canarias. Desde el Cabildo de Gran Canaria apoyaremos todas las medidas que nos hagan avanzar en la dirección de ser contundentes en la defensa de los derechos de Canarias.

En estos momentos de crisis climática global se hace más apremiante y necesario avanzar hacia la soberanía alimentaria a través del impulso y la promoción de la producción y el consumo local de alimentos. Es una de las líneas estratégicas de trabajo del Cabildo de Gran Canaria. Dentro de este ámbito ha cobrado especial importancia el vino, uno de los productos estrella de nuestro sector primario y gastronómico que lleva años viviendo un proceso continuado de mejora y crecimiento.

El Cabildo ejecuta con este fin el Programa Insular de Desarrollo de la Viticultura, que tiene como principal objetivo el fomento de este sector en la isla, a través del aumento de la superficie cultivada, la mejora en las prácticas culturales y la valorización de sus vinos, no solo como pilar fundamental para el aumento de la producción local sino como factor trascendental para la protección del paisaje rural, para la prevención de los incendios y para frenar la desertización del suelo.

Un ejemplo del valor medioambiental y paisajístico del desarrollo de esta actividad es que durante el incendio de 2019 las parcelas de viñas de cumbres y medianías se comportaron como auténticos ‘cortafuegos’, evitando su propagación o, en algunos casos, la llegada del fuego a las viviendas. Cada copa, cada botella de vino producido en Gran Canaria es un pedazo de terreno más protegido contra el fuego, conservando nuestro paisaje y biodiversidad, junto a variedades de uva únicas en el mundo.

Aunque en estos momentos estamos realizando un diagnóstico actualizado de la situación del sector vitivinícola en Gran Canaria, tenemos constancia de que en la isla dedicamos, en 2020, 250 hectáreas al cultivo de la vid, habiéndose incrementado en unas 10 ha en los 2 últimos años, lo que da trabajo a 291 viticultores, quienes vendimiaron 332.695 Kg para elaborar 231.000 litros de vino. Esto ha permitido la creación de 350 puestos de empleo directos y 875 indirectos.

Dentro del Programa Insular de Desarrollo de la Viticultura, desde el Cabildo de Gran Canaria hemos puesto en marcha el vivero oficial de viña, el único vivero oficial de Canarias con viñas no viróticas (es decir, no vulnerables a los virus actualmente presentes en Canarias), lo que va a mejorar, sin duda, la rentabilidad de los viticultores al partir la producción de plantas libres de virus. Esta acción nos permite llevar a cabo la campaña de reparto de cepas, que en 2021 ya ha distribuido más de 17.000 plantas entre asociaciones y viticultores de la isla, haciendo un total de 57.740 desde 2015. Este vivero trabaja también en la caracterización varietal, en la valoración sanitaria del material vegetal y en la búsqueda de variedades mejorantes demandadas por los viticultores.

En esta misma línea de mejora de la calidad en los cultivos avanza el proyecto de crear un banco de germoplasma de variedades locales. Esta acción se va a desarrollar en el año 2022 y en la Finca del Gamonal de Santa Brígida, propiedad del Ayuntamiento de Santa Brígida, con el material que esté libre de virosis. Se creará una colección de 180 variedades de uva.

También se han aprobado distintas líneas de subvenciones para nuevas plantaciones y recuperación de viñedos y se están realizando inversiones importantes para la mejora y la creación de nuevas infraestructuras hidráulicas (red de riego de Camaretas, Monte Lentiscal, etc). Igualmente se está rehabilitando la Casa del Vino, en Santa Brígida, para convertirla en un referente de la interpretación y la divulgación del patrimonio y la producción vitícola de la isla.

Pero si queremos asegurar el futuro del sector, el elemento clave es la formación de profesionales cualificados que sigan impulsando la modernización, la innovación y la calidad en el sector. Por ello, en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el IES Vega de San Mateo y la Federación Insular de Asociaciones del Sector Vitivinícola de Gran Canaria (VINIGRAN), se ha puesto en marcha el Curso oficial de Técnico de Grado Superior en Vitivinicultura, en el que ya hay 20 personas formándose para ser profesionales de excelencia.

El Cabildo ha cedido las estancias necesarias para el desarrollo de la actividad docente del ciclo formativo en la Bodega Insular de Gran Canaria, en San Mateo, que cuenta con un aula, despacho, servicios, laboratorio y sala de procesado. Asimismo ha adquirido los equipos de laboratorio para las prácticas del alumnado y, además, realiza el mantenimiento anual de las instalaciones. El Gobierno de la isla ha invertido en el último año 800.000 euros en rehabilitar y poner a punto esta Bodega Insular, que se inauguró en 2005 y se cerró dos años después. Hoy está en uso, prestando servicios de formación y dispuesta a acoger las uvas que se precisen a partir de estos momentos.

Fruto de todo este trabajo y el esfuerzo conjunto de la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), la Denominación de Origen ‘Vinos de Gran Canaria’ y la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria ‘AIDER’, Gran Canaria consiguió recientemente la certificación oficial de su ‘Ruta del Vino’ la primera que se certifica fuera de territorio peninsular.

La reciente acreditación otorgada por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN), de la que el Cabildo es socio desde hace más de 2 años, incluye a 52 establecimientos, de los cuales 13 son bodegas o explotaciones agroganaderas, 13 restaurantes y bochinches, 6 tiendas especializadas y enotecas, y el resto son alojamientos rurales y operadores turísticos. No obstante, aquellas bodegas y explotaciones agrarias que no se han acreditado hasta ahora, se están adaptando a los criterios exigibles por Rutas del Vino de España, con la ayuda y el apoyo del Cabildo de Gran Canaria.

La ‘Ruta del Vino de Gran Canaria’ es un producto cultural de alto interés turístico que se basa en el sector primario, en la soberanía alimentaria y que tiene su hilo conductor en la cultura del vino y su historia, la calidad y diversidad enológica que ofrecen las bodegas y el paisaje de viñedos de Gran Canaria. Esta propuesta permitirá a la isla mostrar al mundo su cara enológica, su patrimonio varietal y su belleza paisajística como parte del destino turístico. De hecho, el lema de La Ruta del Vino de Gran Canaria “hacemos vinos y embotellamos paisajes”, resume perfectamente la filosofía que ha guiado esta propuesta.

En El Patio del Cabildo podemos ver en estos días la exposición que sobre el lagar comunal de las Casas de Bandama y los viñedos del Monte Lentiscal ha montado la Asociación Sociocultural de Amigos de Bandama, un complejo y rico paisaje grancanario que desde finales del siglo XVIII comenzó un rápido proceso de transformación que lo llevó a convertirse a lo largo del siglo XIX y hasta la actualidad en el paisaje del vino por excelencia de Gran Canaria. Un paisaje de vides, viñedos, bodegas y lagares creciendo sobre el negro picón del más sobresaliente de los volcanes jóvenes de la geografía insular y que más pronto que tarde tendrá que tener su Centro de Interpretación.

En definitiva, la estrategia de promoción del sector vitivinícola en Gran Canaria es un ejemplo de éxito para el impulso de la soberanía alimentaria en Canarias. Se hace posible con el apoyo, el impulso y la inversión pública para la mejora y la innovación, con el compromiso y el trabajo del sector privado, con la colaboración entre administraciones, con la formación y la proyección fuera de Canarias… lo que lo convierte también en un producto turístico excelente. Son las claves que nos están permitiendo hacer de Gran Canaria una referencia vinícola, con premios internacionales y comercialización en diferentes lugares del mundo, recuperando así aquella fama que nos hizo alcanzar las obras de Shakespeare cuando escribía en " Enrique IV" (acto II, escena IV): "...por mi fe, habéis bebido demasiado ‘canarias’; es un vino maravillosamente penetrante y que perfuma la sangre...". Contribuyeron a ello también otros grandes escritores como Edgar Rice Burroughs, Robert Louis Stevenson, Herman Melville, Schiller, Keats, Lord Byron, Ben Jonson, Walter Scott, Casanova, Kant, Góngora…