La propuesta elaborada por los Servicios Jurídicos se enriquece con aportaciones de los grupos parlamentarios en la búsqueda de un frente común para defender la ‘solución canaria’

El Ejecutivo contempla cuatro vías legislativas, pero apuesta por la modificación del Código Civil mediante decreto ley como fórmula “más rápida” para conseguir la distribución de los menores

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes la Comunicación que elevará al Parlamento de Canarias sobre menores extranjeros no acompañados y sobre la necesidad de una modificación del marco normativo actual que garantice su protección integral mediante la distribución en todo el territorio español.

La propuesta aprobada por el Ejecutivo se sustenta en varias vías de cambios legislativos elaboradas por los Servicios Jurídicos de la comunidad autónoma, pero ha sido enriquecida con las aportaciones realizadas por los grupos parlamentarios. Todos, con la única excepción de Vox, han participado en el proceso abierto por el Gobierno en la búsqueda de un frente común en defensa de un reparto solidario y obligatorio de los menores migrantes no acompañados.

La Comunicación pasa ahora la Cámara regional para su debate, donde los grupos parlamentarios podrán realizar nuevas aportaciones antes de su votación en pleno. Se cumple de este modo el acuerdo alcanzado, el pasado 31 de enero, por el presidente Fernando Clavijo y el vicepresidente Manuel Domínguez con las fuerzas políticas adheridas al Pacto Canario por la Migración firmado el 19 de octubre de 2023, cuando se comprometieron a trabajar por unidos en aras del consenso.

En este sentido, el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, se ha mostrado convencido de que habrá un acuerdo “casi unánime” en el Parlamento “en defensa de la solución canaria”. A su juicio, este consenso “dará más fuerza a Canarias” para lograr el respaldo del Estado y de las Cortes Generales a las modificaciones legislativas necesarias para distribuir “de forma solidaria y vinculante” a los menores migrantes no acompañados por todo el territorio español.

Cabello ha explicado la hoja de ruta pactada con las fuerzas con representación en el Parlamento canario para lograr este objetivo. Tras la aprobación de la Comunicación en la Cámara, la Junta de Portavoces invitará a sus homónimos del Congreso de los Diputados a visitar las islas para conocer de primera mano la situación de los 5.500 menores migrantes que el Gobierno autonómico tutela en la actualidad. En esa visita, los grupos trasladarán a los portavoces de las fuerzas de la Cámara baja la propuesta de modificaciones legislativas para obtener su apoyo.

De forma paralela, el Gobierno presidido por Fernando Clavijo informará al Estado del acuerdo adoptado por el Parlamento, según ha explicado el portavoz tras subrayar que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha comprometido a “dar una respuesta a la solución canaria antes del 31 de marzo”.

Derechos de la infancia

La Comunicación del Gobierno al Parlamento de Canarias sobre menores extracomunitarios no acompañados tiene como objetivo principal “salvaguardar y promover los derechos de los menores, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio” sobre la base del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia reconocido a nivel internacional y nacional.

En este sentido, la propuesta del Ejecutivo autonómico considera urgente “establecer un marco legal coherente y efectivo que asegure que los menores migrantes no acompañados sean tratados de acuerdo a sus derechos, garantizando su acceso a la protección y a la atención adecuada”. Para el Gobierno de Canarias, el número de actual de menores “imposibilita” cumplir estas obligaciones de tutela, entre ellas, “la integración social”.

El texto que ahora debatirá el Parlamento contempla varias vías de modificación del marco normativo actual mediante las que se puede garantizar la distribución de los menores migrantes no acompañados por todo el territorio español.

Sin embargo, el portavoz ha resaltado la preferencia del Gobierno de Canarias por un cambio en el artículo 172.1 del Código Civil y del Protocolo Marco, ya que se puede abordar mediante un decreto ley aprobado por Consejo de Ministros que después debería ser refrendado por las Cortes Generales. “Es la solución más rápida”, ha recalcado Cabello.

Como alternativas, la Comunicación elevada a la Cámara regional aporta otros cambios legislativos “más gravosos, complejos y lentos” al tratarse de modificaciones de leyes orgánicas, cuya aprobación requiere ser tramitada y refrendada por mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. En concreto, serían necesarias modificaciones en la Ley de Extranjería, en la de Protección Jurídica del Menor y en el decreto de Extranjería.