Candelaria Delgado detalló hoy en comisión parlamentaria las medidas que se han impulsado desde la nueva Dirección General de Discapacidad y explicó que por ley, mientras la administración revisa el grado de discapacidad, la persona interesada mantiene el que tenía hasta que haya una nueva resolución

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias está llevando a cabo una profunda reestructuración de la gestión de la discapacidad en Canarias que pasa por descentralizar las tramitaciones con ayuda de los cabildos, seguir incorporando a más personal y poner en marcha la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad. Esta última ya en la última fase de desarrollo para su puesta en marcha y de la que aprovechó para mostrar un modelo de cuál será su aspecto.

La consejera reconoció los atrasos en las tramitaciones de las solicitudes “en Canarias y en todas las comunidades” y señaló que, según la normativa vigente, “cuando la Administración competente no haya revisado el grado de discapacidad en plazo, por causas ajenas a la persona interesada, se mantendrá el grado de discapacidad hasta que haya una nueva resolución”.

Candelaria Delgado argumentó que el periodo de pandemia por covid “provocó durante meses la suspensión de las valoraciones y luego una reducción del número de citas en atención debido al aforo limitado de los espacios públicos. Asimismo, la entrada en vigor en el año 2023 del Real Decreto 888/2022 de 18 de octubre, por el que se establece un nuevo procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y el nuevo aplicativo informático BAREDI, creado expresamente por el IMSERSO, han ocasionado más retrasos”.

Aún así, la consejera aseguró que desde que accedió al cargo se han adoptado una batería de medidas desde la nueva Dirección General de Discapacidad para aligerar las listas que ya están dando sus resultados y, de hecho, “en los últimos meses, el número de valoraciones realizadas ha sido superior a la entrada de nuevas solicitudes”.

Entre otras medidas, informó sobre la dotación de todos los puestos vacantes, que “cuando asumimos la gestión, superaban con creces la veintena”, y la dotación de personal médico para los centros de valoración de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife. “Doce ya están trabajando y dos más se incorporarán próximamente”.

También mencionó el encargo a la entidad “FUCAS” para la implantación de otros dos nuevos equipos adicionales en cada una de las islas capitalinas, para la valoración del grado de discapacidad; el incremento del personal que integran los equipos de valoración de la discapacidad, dependientes del Cabildo Insular de Fuerteventura mediante un convenio ya firmado; la negociación con los Cabildos Insulares de La Gomera y de El Hierro para la realización, en sus respectivos territorios, de los procedimientos de valoración de la discapacidad, y la preparación de los convenios de colaboración a celebrar con los Cabildos Insulares para la encomienda de la emisión de informes médicos, psicológicos y sociales.